Un nuevo informe de actividades de ese tribunal con sede en La Haya, Holanda, incluyó a la multinacional en su revisión de este año, lo que implica que las autoridades colombianas estarán bajo observación en cómo tramitan este caso, que ha tenido un lento

10.12.2018 12:34

 

Como es costumbre por esta época, la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) difundió su informe anual de actividades sobre Colombia y por primera vez referenció el caso de la comercializadora de la fruta del banano en el apartado “Procedimientos relativos a la promoción y expansión de los grupos paramilitares”, lo que indica que este proceso, que ha tenido múltiples obstáculos en la justicia nacional, estará bajo observación de la oficina del Fiscal de ese tribunal.

El país ha estado bajo examen preliminar de la CPI desde junio de 2004 y resultado de ello es la observación constante que hace esta instancia de justicia internacional sobre aquellos aspectos que son violatorios del Estatuto de Roma, entre ellos los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, sobre lo cuales ha dicho que, desde el 1 de noviembre 2002, para el primero de ellos, y desde el 1 de noviembre 2009, para el segundo, se han cometido en el país por “distintos actores”.

Resultado de esa observación es este nuevo informe en el que referenció cómo ha venido evolucionado el proceso de juzgamiento de aquellas personas que, siendo directivos o empleados de la Chiquita Brands, incurrieron el delito de concierto para delinquir, por su posible responsabilidad en la financiación de grupos paramilitares en el Urabá antioqueño.

“Durante el período sobre el que se informa, la Fiscalía General de la Nación inició procedimientos contra empresarios presuntamente involucrados en el financiamiento de operaciones de grupos paramilitares que operaban en diferentes regiones de Colombia, al menos desde 2002”, se lee en el informe anual de la Fiscalía de la CPI, bajo la dirección de Fatou Bensouda.

En consecuencia, detalló las últimas acciones que el ente acusador colombiano en este caso: “En agosto de 2018, la Fiscalía General de la Nación profirió una resolución de acusación contra 13 directivos y empleados de la compañía Chiquita Brands (filiales Banadex y Banacol) por el presunto delito de concierto para delinquir para financiar el frente paramilitar ‘Arlex Hurtado’, que operaba en las regiones de Urabá y Santa Marta, entre 1996 y 2004”.

La multinacional bananera reconoció ante la justicia norteamericana que entre 1997 y 2004 le entregaron 1,7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) mediante una estrategia que consistió en pagar tres centavos de dólar por caja exportada, razón por la cual accedió a pagar una multa de 25 millones de dólares; sin embargo, ni en Estados Unidos ni en Colombia ningún directivo de la empresa ha sido procesado penalmente.

La inclusión del caso de la Chiquita Brans en los informes periódicos de la Oficina de la Fiscalía de la CPI fue solicitada desde mayo del año pasado por un conjunto de organizaciones no gubernamentales que pidieron la revisión de las prácticas de los directivos que autorizaron esos pagos y se mantuviera la atención por el proceso ante la justicia colombiana.

Tal como lo divulgó este portal en aquella ocasión, la petición fue impulsada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard; el Colectivos de Abogados José Alvear Restrepo; y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

“Por años, los ejecutivos supervisaron y autorizaron pagos a los bloques de las Auc, denominados Bloque Norte, Bloque Elmer Cárdenas y Bloque Bananero, desde noviembre de 2002 hasta, al menos, febrero de 2004, tiempo sobre el cual la CPI tiene competencia temporal para juzgar las contribuciones. Estos tres bloques perpetraron directamente crímenes atroces en las regiones bananeras colombianas de Antioquia y Chocó (concretamente, en la región de Urabá) y el Magdalena”, argumentaron en su petición.

En el apartado “Procedimientos relativos a la promoción y expansión de los grupos paramilitares”, la CPI también incluyó la apertura de la investigación de la Fiscalía General de la Nación contra “empresarios ganaderos de Córdoba, quienes presuntamente actuaron como enlace entre algunos empresarios y los comandantes de las AUC, Carlos y Vicente Castaño”.

Asimismo, el informe hizo referencia a las declaraciones de exparamilitares del Bloque Calima entregadas a los tribunales de Justicia y Paz sobre “las contribuciones de los ganaderos, productores de harina, comerciantes y algunos empresarios presuntamente vinculados con la industria azucarera, que operaban en Colombia entre 1996 y 2002”. 

La preocupación de la Fiscalía de la CPI sobre empresas y empresarios que habrían tenido participación en el conflicto armado colombiano contrasta con la decisión que tomó la Corte Constitucional el 14 de noviembre de 2017 de eliminar la comparecencia obligatoria de terceros a los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada bajo el Acuerdo de Paz pactado entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las Farc, y dejarla sólo como voluntaria. Además de los “Procedimientos relativos a la promoción y expansión de los grupos paramilitares”, también fueron incluidos .en este nuevo informe casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, conocidos como ‘falsos positivos’, desplazamientos forzados, delitos sexuales y por motivos de género, y lo que viene ocurriendo en la JEP.

 

Fuente del articulo: verdadabierta.com