Reflexiones para una comprensión del momento político

02.04.2019 13:02

 

 

Por: JAIRO ESTRADA ÁLVAREZ

 

Profesor del Departamento de ciencia Política universidad nacional de Colombia

 

Las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz son la evidencia más contundente de la enorme distancia que hay entre la retórica gubernamental acerca del compromiso con la implementación del Acuerdo de paz y las actuaciones

adelantadas en forma mancomunada entre el poder ejecutivo, la bancada del Centro Democrático y sus aliados más cercanos en el Congreso de la República. A ello se agrega la trama que han montado esos dos poderes públicos con la obligación de incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo un capítulo específico de la implementación (PPI) para atender lo ordenado explícitamente por el acto legislativo 01 de 2016, en su artículo 3.o, el Documento CONPES 3932 de 2018 y el Plan Marco de Implementación. En ambos casos se está demostrando que el camino por el que ha optado la facción del bloque de poder que hoy gobierna al país, es el de avanzar hacia la consumación de la perfidia.

Más allá de los debates jurídicos –en buena medida ya resueltos por la Corte Constitucional– y del trecho que aún se debe andar en el Congreso de la República, tanto con las objeciones a la JEP como con el capítulo específico de la implementación en el PND, lo que está en el fondo del asunto es que por cuenta del santanderismo más hirsuto y burdo se le quiere hacer creer a la opinión pública que la derecha más recalcitrante tendría voluntad de construir el “nuevo consenso” de una paz verdaderamente incluyente, al tiempo que expresaría su disposición de adjudicar en el PND los recursos requeridos para la paz durante el actual cuatrienio presidencial.

En contraposición al carácter en extremo especializado del debate sobre la JEP, aparentemente exclusivo para los doctos, la facción dominante ha optado por la simplificación ramplona, fabricar mensajes directos y jugar con cierta habilidad y holgura en la cancha de las emociones, las pasiones, los odios y las mentiras. Y, además, por continuar cabalgando sobre una polarización construida en gran medida– en forma mediática, gracias a la cual obtuvo rendimientos, primero, en el plebiscito y, luego, durante las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2018.

 

La ofensiva contra la JEP y los verdaderos propósitos

 

Frente a la notoria desinflada del globo del “presidente encargado” Guaidó, con seguridad también –frente a la muerte sin haber nacido– de la falacia de la nueva integración a través de Prosur, o de cara al fracaso de la pretensión de arrinconar a Cuba y mostrarla como país protector del terrorismo (desconociendo los protocolos de la terminación de diálogos acordados con el ELN), el Gobierno de Duque necesita ampliar el espectro de pretextos que le permitan mantener la iniciativa política y mejorar unos cuantos puntos adicionales en las encuestas de imagen. Por ello, convertir a la JEP en blanco de deslegitimación y desprestigio y en instrumento de impunidad ha devenido en la tarea central (y continuada) del momento.

La JEP sería –ni más ni menos– que el nuevo de caballo de Troya de la amenaza comunista que seguiría recorriendo nuestro país, en cuyo interior estaría agazapado un sinnúmero de funcionarios públicos al servicio del narcoterrorismo. Las acciones son combinadas: por un lado, las objeciones presidenciales a la JEP; por el otro, la orquestación mediática de montajes que empezaron con el caso de Jesús Santrich y continúan ahora con falaces sindicaciones a la excomandancia de las FARC-EP, convertida en máquina de depredación sexual y de violación de menores. Se trata de una jugada a múltiples bandas. Primero, debe producir rendimientos electorales de cara a los comicios departamentales y municipales de octubre del presenta año para apuntalar la continuidad del proyecto político de la ultraderecha en las presidenciales de 2022; segundo, debe fomentar la te- sis de que no puede haber paz con impunidad para las FARC, y que la encarnación de dicha impunidad sería el Acuerdo final firmado en La Habana; tercero, debe impedir que el partido de la FARC haga política, al buscar mantener a su dirigencia en una permanente posición defensiva y con disminuida iniciativa política y al sembrar la cizaña de la inseguridad jurídica entre los antiguos mandos guerrilleros y, en general, entre la exguerrillerada, con todas las implicaciones que se pueden derivar de tal propósito; cuarto, debe contribuir a construir una noción extendida del enemigo, al ampliarlo a todos aquellos sectores que se digan amigos del proceso de paz y que asuman posturas de apoyo a la JEP. Y quinto, debe generar todo tipo de obstáculos a fin de que, si no se logra el cometido mayor, esto es, “acabar la JEP”, al menos se pueda evitar que cumpla con sus funciones esenciales: aportar al esclarecimiento de la verdad, a la identificación y reconocimiento de las múltiples responsabilidades en el conflicto y a la sanción de los responsables, todo ello, como es sabido, con el propósito de avanzar en la materialización de los derechos integrales de las víctimas.

No obstante, tras el debate sobre el destino de la JEP –por cierto ya maltrecha y distorsionada respecto de lo acordado en La Habana luego de su paso por el Congreso de la República, y evidentemente con una dosis de impunidad pero en relación con los llamados civiles terceros en el conflicto– se esconde en realidad, un propósito fundamental de mucho más calado del gobierno actual: Superar la anomalía que para la estabilidad del régimen de dominación de clase representó el Acuerdo de paz, al abrir la posibilidad de iniciar un ciclo de reformas básicas (democrático-liberales y modernizantes, con alcance popular) aplazadas históricamente y con un potencial transformador y desencadenante de nuevos cambios, del cual podría derivarse un nuevo régimen de luchas que en perspectiva podría afectar la trayectoria histórica del proceso de acumulación capitalista.

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