Rastreo de una Barbarie Silenciada

12.06.2019 18:09

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política (en adelante Banco de Datos), del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), mantiene desde 1988 una base de datos en la cual se registran día a día las violaciones más graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, los episodios más sangrientos del conflicto armado que se ciñen a las reglas establecidas de la guerra, y los casos de violencia política y social que solo cuentan con información fragmentaria sobre presuntos autores y móviles, pero cuya importancia para esclarecimientos futuros y para análisis de contextos y de estructuras es innegable. Al mismo tiempo, el Banco de Da- tos asume la lectura y visibilización de “casos tipo” en los cuales la mirada se concentra en espacios geográficos restringidos o en prácticas sociales delimitadas, con el fin de señalar la convergencia de factores históricos, estructurales o coyunturales tanto económicos como políticos, culturales o militares, que contribuyen a producir cuadros generalizados de violencia, injusticia o barbarie, y que de ordinario se conjugan con respuestas institucionales que agravan los problemas y encuentran complicidad en gremios empresariales y medios masivos de comunicación. 

Antes de que existiera formalmente el Banco de Datos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (cpdh), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (cspp) y el Cinep publicaron en 1982 un cuaderno titulado Muerte y tortura en Caquetá, Colombia, 1979-1981

En 1979 había ocurrido el famoso robo de armas al Cantón Norte del Ejército, en Bogotá, por parte del Movimiento 19 de Abril (M-19). Al parecer, el Ejército recuperó buena parte de las armas valiéndose de detenciones y tortura brutales, a pesar de haber sido distribuidas y escondidas en muchos lugares, entre ellos el Caquetá. En 1981, el M-19 negoció otro cargamento de armas que según algunos venía del norte de África y según otros de Panamá o Centroamérica, en un buque de nombre Karina. El Karina alcanzó a llevar parte del cargamento (unos 500 fusiles) a La Guajira y cuando se disponía a entregar el resto en zonas del Pacífico fue detectado y atacado por la Armada, y finalmente hundido por los mismos guerrilleros. Sin embargo, las armas descargadas en La Guajira fueron trasladadas al Caquetá el 21 de octubre de 1981, en un avión de Aeropesca que acuatizó en el río Orteguaza, en una operación audaz y muy riesgosa. 

Los comandos campesinos del M-19 se apresuraron a esconderlas en diferentes poblados y zonas rurales. 

El gobierno de Turbay Ayala (1978-1982), concretamente su cúpula militar, se pro- puso recuperar esas armas a sangre y fuego, para lo cual estableció verdaderos campos de concentración en el Caquetá, pasando por encima de toda norma legal y ética, y pisoteando tanto la Constitución Nacional como todos los tratados internacionales de derechos humanos. El instrumento central fue la tortura generalizada y la ejecución extrajudicial sin respeto alguno por procedimientos jurídicos ni éticos, lo que convirtió la zona en un verdadero infierno en el que el mayor porcentaje de víctimas eran absolutamente inocentes. Hubo poblados donde fue difícil encontrar algún joven que no hubiera pasado por la experiencia horrenda de la tortura.1 Este proceso, unido a otros muchos de barbarie en el país, como los desatados tras el robo de armas del Cantón Norte, atrajo por primera vez la preocupación de la comunidad internacional sobre el estado de los derechos humanos en Colombia; como reacción, se realizaron visitas urgentes de Amnistía Internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se produjeron rápidamente informes que condenaron a Colombia como país violador de los derechos humanos fundamentales. El cuaderno Muerte y tortura en Caquetá, Colombia, 1979-1981, antes mencionado, alcanzó a documentar 144 ejecuciones extrajudiciales y 240 casos de tortura, entre cuyas víctimas 31 quedaron definitivamente desaparecidas. Los métodos de tortura que las víctimas denunciaron se clasificaron en 40 y revelan la perversidad extrema de los victimarios, quienes competían en crueldad. 

Muchos otros factores se han desarrollado desde entonces en el Caquetá para configurar un cuadro de violencia y desconocimiento sistemático de los derechos humanos: las desigualdades y conflictos económicos impulsaron el desarrollo de organizaciones político militares; las características especiales de la región la hicieron apta para la proliferación de cultivos de uso ilícito; el Estado continuó respondiendo, a su vez, con prácticas represivas criminales que pisotean la Constitución y los tratados internacionales, destacándose con niveles escandalosos la práctica conocida como “falsos positivos” y la desaparición forzada de personas; los partidos de izquierda legales fueron perseguidos y casi exterminados con el pretexto de que eran “fachadas de las guerrillas”; el paramilitarismo reforzó como cuerpo aliado la represión militar, extremando la crueldad, como lo prueba el escalofriante libro publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (cnmh), con la relatoría de la doctora Helka Alejandra Quevedo, antropóloga forense, titulado Textos corporales de la crueldad. Memoria histórica y antropología forense (2014), sobre lo que revelan los restos exhumados en la inspección de Puerto Torres (Belén de los Andaquíes), donde los paramilitares habían montado una escuela de desmembramiento de personas, aproximadamente en el año 2000. 

Las cifras de desaparición forzada en Caquetá son enormes, pero el aparato judicial continúa en una ineficiencia proverbial que configura una impunidad sistémica.

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