PERSISTENCIA DEL PARAMILITARISMO Y FALTA DE VOLUNTAD ESTATAL PARA SU JUDICIALIZACION Y DESMANTELAMIENTO

26.04.2018 11:35

 

1. POSTURA DEL ESTADO FRENTE AL FENÓMENO PARAMILITAR

Una actitud constante en los últimos años por parte de distintas agencias del Estado Colombiano y especialmente por parte del Gobierno Nacional ha sido la negación de la realidad del paramilitarismo. Luego de cuestionado proceso de desmovilización de parte de las estructuras paramilitares en el año 2006 el Estado adoptó la categoría de “Bandas Criminales” – Bacrim para continuar denominando las estructuras que sobrevivieron al paramilitarismo y las que se han creado y reproducido desde entonces1.

Posteriormente, a través de la Directiva 015 de 2016 el Ministerio de Defensa modifica la categoría y engloba a estas estructuras bajo las denominaciones de Grupos Armados Organizados GAO y Grupos Delictivos Organizados GDO2. Como consecuencia de ello se disponen métodos de combate a estas organizaciones que posibilitan emplear contra ellos el despliegue la máxima fuerza letal disponible. Las informaciones más recientes dan a conocer que para el Estado, los GAO identificados son: Los Pelusos, Los Puntilleros y el Clan del Golfo. Estos nombres corresponden a rótulos puestos por el Ministerio de Defensa a organizaciones que son conocidas como el Ejército Popular de Liberación – EPL (los Pelusos), El Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC) que agrupó a las estructuras paramilitares Libertadores de Vichada y Bloque Meta (a quien denominan como los Puntilleros) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC o Urabeños fundadas por Vicente Castaño (denominado Clan del Golfo). Según el Ministro de Justicia, este último es el que presenta mayor crecimiento a nivel nacional, al llevar a cabo acciones de expansión estratégica, lo que les ha permitido tener injerencia en 132 municipios.

Respecto a los GDO, la Fiscalía General de la Nación ha podido identificar 24 de estos grupos, entre los que se encuentran: las Oficinas de Cobro en el Valle del Cauca, las Odín en Medellín, los Rastrojos en Santander, la Constru en el departamento de Putumayo, y otras más. “En relación con estos Grupos- dice- ha sido posible establecer que se aprovechan de mercados de naturaleza ilegal para expandirse. De esta forma, el análisis del contexto ha mostrado que Colombia se encuentra en una situación en la que importantes mercados ilegales están dejando de ser controlados por organizaciones criminales que tienen una estructura jerárquica clara, para ser administrados por redes que se articulan alrededor del esos negocios ilícitos.”3

Más recientemente, el Ministerio de Defensa ha clasificado las distintas estructuras criminales al margen de la ley en categorías denominadas Tipo A (GAO), Tipo B (GDO) y Tipo C (organizaciones más pequeñas que las anteriores).

 

Como se aprecia, en relación con estas estructuras el Estado pone el énfasis en sus mecanismos de financiación y en el control de mercados ilegales que dominan para definir su naturaleza.

 

Persistencia del Paramilitarismo.pdf