PARA EL GOBIERNO DE DUQUE SER LIDER SOCIAL SI ES DELITO

14.09.2018 10:13


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ECOPETROL Y EL GOBIERNO DE IVAN DUQUE ARREMETEN CONTRA LOS LIDERES Y LIDERESAS SOCIALES EN CASTILLA LA NUEVA – META 

El día 10 de septiembre de 2018, entre las 8 am y las 2 pm, fueron capturados en Castilla la Nueva de manera arbitraria y bajo un montaje judicial encabezado por la Fiscalía General de la Nación y pagado por Ecopetrol, siete líderes y lideresas sociales, reconocidos en la región por su lucha en la defensa de los derechos de las comunidades a beneficiarse de las inversiones sociales y laborales derivadas de la explotación de hidrocarburos en la zona por parte de la estatal petrolera. 

La comisión nacional de derechos humanos y paz del Congreso de los Pueblos, observa con indignación los hechos ocurridos y en especial el atentado contra la dignidad y la honra de estos líderes y lideresas; denuncia la campaña estigmatizadora de la policía nacional para hacer ver que las protestas de las comunidades son dirigidas por bandas criminales, y la burda violación a la presunción de inocencia que hace la policía nacional y la fiscalía al publicar carteles señalando a los líderes como integrantes de estructuras delincuenciales, exponiéndolos al escarnio público y al gatillo de los sicarios que a diario asesinan líderes sociales en todo el territorio nacional. 

Mientras que la fiscalía, la policía nacional y Ecopetrol se encargan de despedazar la honra de estos líderes de la comunidad, endilgándoles nueve delitos tan graves como concierto para delinquir, homicidio en grado de tentativa, y terrorismo, entre otros, los asesinatos de líderes que defienden el territorio y defienden sus derechos continúan. 

Es cínico por demás, que ante el genocidio de más de 500 líderes y lideresas sociales en todo el país, y los más de 35 en lo que va corrido del gobierno de Iván Duque, el Estado y Ecopetrol, destinen jugosas sumas a perseguir el constitucional y legal derecho a la protesta a través de contratos interestatales con alto grado de ilegalidad que buscan eliminar la oposición de las comunidades a sus arbitrarias prácticas depredadoras en los territorios, disfrazando como en este caso, la legitima y legal protesta social con la comisión de delitos; mientras tanto el movimiento social se desangra ante la mirada cómplice del Estado y el gobierno. 

Exigimos la libertad inmediata de los líderes y lideresas detenidos injustamente en castilla la Nueva, y en todo el territorio nacional, y la restitución pública de sus derechos a la honra y la presunción de inocencia, así como el cese de la estigmatización y la judicialización como practica social genocida de este régimen. 

Congreso de los Pueblos
Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz Septiembre 12 de 2018