Odebrecht demandó a Colombia: ¿el derecho internacional protege la corrupción?

14.12.2018 10:44

La demanda

En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó los resultados de la investigación contra la constructora Odebrecht por actos de corrupción en ese país y en al menos otros diez países del hemisferio.

Según las investigaciones tocantes a Colombia, Odebrecht pagó 33 millones de dólares a funcionarios públicos para obtener la adjudicación de algunas obras y así obtuvo beneficios por un valor no inferior a los cincuenta millones de dólares.

A pesar de lo anterior, en agosto de este año Odebrecht notificó al Gobierno colombiano su intención de demandarlo por 3,8 billones de pesos correspondientes a obras ya ejecutadas dentro de la liquidación del contrato Ruta del Sol.

¿Por qué salimos debiendo?

Odebrecht argumenta que las sanciones impuestas por el Estado colombiano vulneran el artículo 4 del Acuerdo para la Promoción y Protección de la Inversión Extranjera (APPRI), suscrito entre España y Colombia.

Como lo señalamos antes en esta misma revista, los APPRIs “son tratados internacionales que protegen a quienes inviertan en el territorio de otra de las partes (…). El APPRI entre España y Colombia protege a los inversionistas españoles de los abusos del Estado colombiano y a los inversionistas colombianos de los abusos del Estado español.” Por eso, para ser protegida por el Acuerdo, la constructora demandó a través de su subsidiaria en España, Odebrecht Latinvest Transport Colombia SL.

De acuerdo con la compañía, las medidas adoptadas por Colombia equivalen a una expropiación. La empresa argumenta que el Gobierno colombiano ha sido arbitrario y discriminatorio al negarse a pagarle la liquidación que se había pactado para la terminación del contrato. Según la constructora, esto le ha causado daños y pérdidas económicas que deben ser “reconocidas”.

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