MILITARIZACIÓN Y DETERIORO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA.

25.09.2020 15:35

Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, CCEEU. 

1. Estado corporativo y militarización. 

Al igual que en muchos otros temas de la política pública, el gobierno de Iván Duque no tiene una agenda propia, sino que depende de los designios de su jefe, Álvaro Uribe, y de su propio partido (Duzán, 2020). Estos, en su propósito de avanzar en la consolidación de un Estado corporativo y un esquema de control autoritario de la sociedad en su conjunto han visto como un estorbo para consolidar sus intereses la agenda de reformas que firmó el Estado colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) y la que venía en marcha con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de modo que han hecho hasta lo imposible por acabar con ambos procesos y volver a instalar en el país las políticas de seguridad y defensa que se implementaron entre 2002 y 2010, durante los periodos de Uribe: política de recompensas, redes de informantes, facilitación de armamento en manos de civi- les, directivas que favorecen falsos positivos y espionaje ilegal a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. 

Aunque con nombres cambiados, las políticas son en esencia las mismas en los ejes de sus respectivos planes de gobierno: legalidad, emprendimiento y equidad en el gobierno de Duque son los equivalentes funcionales de seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social de los gobiernos de Uribe. Mantienen constantes los objetivos centrados en la configuración de un gobierno autoritario, un Estado corporativo y miserabilismo asistencial focalizado. Dados los altos niveles de exclusión social, desigualdad y concentración acelerada de privilegios que genera este modelo, con sus consecuencias de inconformidad y pérdida de legitimidad de las instituciones, la militarización de la sociedad y del Estado se constituyen en la única manera de someter al conjunto de la población a la voluntad de los sectores políticos y económicos que lograron hacerse con el control del gobierno con el propósito de imponer una “venganza genocida” contra los sectores que impulsaron los procesos de paz con las FARC y el ELN y contra los líderes sociales que luchan por su avance y su implementación, tal y como acertadamente lo expresó el arzobispo de Cali Mons. Darío Monsalve (Cárdenas, 2020). 

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