MILITARIZACIÓN Y DETERIORO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA.

25.09.2020 15:23

Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, CCEEU. 

 

1. Estado corporativo y militarización. 

Al igual que en muchos otros temas de la política pública, el gobierno de Iván Duque no tiene una agenda propia, sino que depende de los designios de su jefe, Álvaro Uribe, y de su propio partido (Duzán, 2020). Estos, en su propósito de avanzar en la consolidación de un Estado corporativo y un esquema de control autoritario de la sociedad en su conjunto han visto como un estorbo para consolidar sus intereses la agenda de reformas que firmó el Estado colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) y la que venía en marcha con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de modo que han hecho hasta lo imposible por acabar con ambos procesos y volver a instalar en el país las políticas de seguridad y defensa que se implementaron entre 2002 y 2010, durante los periodos de Uribe: política de recompensas, redes de informantes, facilitación de armamento en manos de civi- les, directivas que favorecen falsos positivos y espionaje ilegal a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. 

Aunque con nombres cambiados, las políticas son en esencia las mismas en los ejes de sus respectivos planes de gobierno: legalidad, emprendimiento y equidad en el gobierno de Duque son los equivalentes funcionales de seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social de los gobiernos de Uribe. Mantienen constantes los objetivos centrados en la configuración de un gobierno autoritario, un Estado corporativo y miserabilismo asistencial focalizado. Dados los altos niveles de exclusión social, desigualdad y concentración acelerada de privilegios que genera este modelo, con sus consecuencias de inconformidad y pérdida de legitimidad de las instituciones, la militarización de la sociedad y del Estado se constituyen en la única manera de someter al conjunto de la población a la voluntad de los sectores políticos y económicos que lograron hacerse con el control del gobierno con el propósito de imponer una “venganza genocida” contra los sectores que impulsaron los procesos de paz con las FARC y el ELN y contra los líderes sociales que luchan por su avance y su implementación, tal y como acertadamente lo expresó el arzobispo de Cali Mons. Darío Monsalve (Cárdenas, 2020). 

La necesidad de imponer una militarización creciente en la sociedad y en el Estado se explica por el tipo de medidas políticas, económicas y (anti)sociales que desde el Gobierno se vienen implementando para controlar el creciente descontento popular producto de la crisis del modelo corporativo capitalista que busca imponer. La violencia represiva en aumen- to, el asesinato de los líderes sociales, las facultades crecientes a las fuerzas milita- res y de policía para contener mediante la violencia la inconformidad y la protesta social, la apelación a métodos ilegales y extrainstitucionales (espionaje ilegal, ejecuciones extrajudiciales, favorecimiento del paramilitarismo) buscan inhibir o frenar el desarrollo cualitativo y cuantitativo en la organización popular e imponer un estado de miedo para impedir que la población se organice y luche por mejorar sus condiciones de vida. La creciente movilización popular que se desató desde noviembre de 2019 y durante las primeras 10 semanas de 2020, habían logrado detener y entrabar la agenda ultraliberal del gobierno (privatizaciones, reformas regresivas en materia laboral y pensional, desmonte de los compromisos del acuerdo de paz, desfinanciación de entidades de salud y educación, represión violenta a la protesta social, exterminio de líderes y trato de guerra al campesinado movilizado por alternativas de desarrollo legal e incluyente) y que se estableciera una agenda de negociación al Gobierno con el movimiento social. La llegada de la pandemia de la covid-19 brindó al gobierno las condiciones para imponer por decreto la agenda regresiva que no había podido llevar a cabo, con apoyo en el control mayoritario que la coalición gobernante ejerce en el Congreso, la Fiscalía, la Contraloría y otras entidades del Estado. 

La sumisión del Congreso a los intereses del Ejecutivo, la ausencia de control político y la supresión de facto y por decreto de la protesta social han debilitado enorme- mente el Estado de Derecho. Además, con la militarización impuesta para garantizar el aislamiento social y el confinamiento obligatorio se han otorgado nuevas facultades a las fuerzas militares y de policía para restringir derechos fundamentales de circulación, reunión, expresión y pro- testa, para hacer viable la gestión financiarizada de la crisis pandémica que ha favorecido principalmente los intereses del gran capital y de los bancos, y negando las posibilidades de ingresos básicos (renta básica) a cerca de 9 millones de familias que han caído en el desempleo, en la pérdida de sus medios de subsistencia y el abandono estatal, justificadas todas estas medidas en decretos de estados de excepción económica y social. 

2. Una cúpula militar para reactivar la guerra. 

Durante el segundo año del gobierno Duque, se mantuvo la conformación de la cuestionada cúpula militar a pesar de graves cuestionamientos que señalaban su relación con casos precedentes de graves violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, actos de corrupción y vínculos con el paramilitarismo (HRW, 2019). Especial preocupación causó el caso del general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército, por su desempeño anterior como jefe del estado mayor en la Décima Brigada Blindada (Cesar y Guajira) entre octubre de 2004 y enero de 2006. En ese lapso, las tropas bajo su mando cometieron al menos 23 presuntas ejecuciones extrajudiciales, entre ellas, la de una niña indígena de 13 años; por sus muertes, el general pagó recompensas. 

Militarizacion-y-Deterioro-de-Situacion-de-DDHH-en-Colombia.pdf