Las multinacionales entre ‘los Intocables’ del conflicto armado y social en Colombia

02.08.2018 04:22

 

Por Daniel Edgar, Resumen Latinoamericano,

 

Uno de los constantes del conflicto armado y social de Colombia desde mediados del siglo XX ha sido la participación de militares y contratistas gringos, incluso en las instalaciones y los puestos de mando y control más altos y sensibles, actuando con una cobertura oficial que les otorga todos los ‘inmunidades y privilegios diplomáticos’. Otros actores directos e indirectos en el conflicto armado y social que han disfrutado una impunidad y privilegios legales, políticos y económicos casi tan contundentes, aunque no reconocidos tan explícitamente, han sido las multinacionales. Durante el proceso de ‘Justicia y Paz’ relacionado con el acuerdo de 2005 entre el Estado colombiano y los grupos paramilitares, aumentaron cada vez más los testimonios de los comandantes de los grupos paramilitares con respecto al involucramiento de algunas multinacionales en sus actividades – hasta que fueron extradito a los Estados Unidos, terminando así sus testimonios contra las élites políticas y económicas tanto colombianas como extranjeras y en efecto poniéndolos fuera del alcance del sistema judicial colombiano.

Uno por uno los pocos procesos judiciales que los fiscales iniciaron para investigar el involucramiento de estas multinacionales en los crimines cometidos por los grupos paramilitares terminaron sin resultado. De la misma manera, las maniobras de los altos poderes del Ejecutivo y el Congreso alrededor de lo que queda del ‘proceso de paz’ más reciente (entre el Estado colombiano y las FARC-EP) hacen todo lo posible para garantizar que la impunidad de las multinacionales (y otros ‘terceros partidos’ políticos y económicos) queda intacto y resistente a cualquier intento de realizar la justicia, la verdad y la no repetición.

Sin embargo, es necesario enfatizar al principio que las multinacionales son creaciones ficticias que sirven tanto para blindar sus propietarios y beneficiarios contra responsabilidad legal y fiscal como para ocultar su identidad. Un ejemplo es la mina Cerro Matoso, la cual ha sido en el epicentro de una secuencia de desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y otros desastres sociales y ambientales afectando las comunidades en sus alrededores desde los años 80. La mina fue vendida de BHP Billiton a South 32 recientemente, supuestamente rompiendo la cadena de responsabilidad y contabilidad: sin embargo, se encuentran entre las accionistas principales de ambas multinacionales representantes del mismo puñado de gigantes financieros (tales como JP Morgan, HSBC, Citibank, BlackRock, Vanguard Group, State Street Corporation, Capital Research & Management Co., etc.) que se han apoderado de una cantidad de acciones justo suficiente para garantizar control sobre muchas de las empresas más importantes y lucrativos de la bolsa de valores australiana (donde tienen domicilio legal ambas empresas, South 32 y BHP Billiton), así como de otras multinacionales que cuentan con una presencia significante en Colombia (Edgar, 2015). En este contexto las tantas campañas sociales y ambientales exigiendo contabilidad de fachadas corporativas individuales están esgrimiendo con cortinas de humo efímeras, mientras los propietarios y beneficiarios permanecen ocultados en las sombras.

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