LA MASACRE DEL SALADO - HISTORIA DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

04.12.2019 08:45

Condenan a la Nación por masacre paramilitar de El Salado

 

El fallo ordena que el Estado deberá indemnizar patrimonialmente a los familiares de las víctimas del crimen de lesa humanidad, pago tasado en $22.000 millones.

Entre el 16 y el 22 de febrero del 2000, 450 paramilitares al mando de “Juancho Dique” asesinaron a 60 personas de El Salado. / Gustavo Torrijos

 

 

 

El Tribunal Administrativo de San Andrés y Providencia condenó a la Nación por su responsabilidad en el asesinato de 33 personas en El Salado, Carmen de Bolívar, realizada por paramilitares de los bloques Norte y Héroes de Montes de María, al mando de alias Jorge 40 y Juancho Dique. Por este crimen de lesa humanidad, ocurrido en febrero de 2000, el Estado deberá indemnizar patrimonialmente a los familiares de las víctimas con un pago de $22.000 millones.

La sentencia, en la que halló responsable al Ministerio de Defensa, la Armada y Policía por dejar en estado de indefensión a los pobladores de El Salado, también ordenó al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que realice un documental en el que difunda la realidad de lo ocurrido en la masacre de El Salado. A su vez, el Estado tendrá que instalar una placa conmemorativa y una obra artística, cuyos diseños estarán a cargo de las comunidades que sobrevivieron al baño de sangre.

Se ordenó también a estas instituciones del Estado publicar la sentencia en sus respectivas páginas web e incluir el fallo en sus cursos de derechos humanos y de DIH para prevenir que estos hechos se repitan. En julio de 2018, la Corte Suprema dejó en firme la condena de 13 años de prisión en contra el capitán de la Armada, Héctor Martín Pita Vásquez, quien en su momento no habría desplegado las acciones militares para detener a los paramilitares que ejecutaron el ataque.

La sentencia señala que "se trataron de homicidios que contravinieron el derecho interno, el derecho internacional humanitario, puesto que las víctimas fueron golpeadas, amenazadas, acusadas y sometidas de manera degradante y arbitraria, delante de sus familiares, vecinos y amigos, para luego ser separados de ellos, retenidos en contra de su voluntad y asesinados, lo que implicó actos crueles en su contra y en contra de quienes fueron testigos de tales hechos".

“Dichas muertes y las de las demás personas que fueron asesinadas en los acontecimientos, corresponden a ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, las cuales sucedieron en un marco situacional en el que salta a la vista, actos de tortura ejecutados materialmente por miembros de las Autodefensas, habida cuenta que se aseguraron de que sus comportamientos causaran dolor y sufrimiento físico y mental, y que fuesen percibidos como una consecuencia de la supuesta colaboración que las víctimas habían prestado a la guerrilla”, indica el documento.

En ningún momento, señaló el tribunal, se evidenció que las 33 víctimas mortales hicieran o hubiesen sido colaboradores del grupo subversivo de las Farc. Por el contrario, se probó que fueron puestos en estado de indefensión para ser asesinados. El fallo nace a raíz de una acción de reparación directa interpuesta por Alfonso Alvis Badel, en representación de las familias de las víctimas en el cual también se narró como los paramilitares contaron con el apoyo de helicópteros de la Fuerza Pública para perpetrar el crimen. 

 

El Salado, la masacre que se repitió

César A. Marín Cárdenas*

Este corregimiento de El Carmen de Bolívar sufrió dos masacres en tres años; la mayoría de las víctimas fueron ajusticiadas en la plaza central del pueblo. En la última matanza los paramilitares tuvieron apoyo de helicópteros.

Entre el 16 y el 22 de febrero del 2000, 450 paramilitares al mando de “Juancho Dique” asesinaron a 60 personas de El Salado. / Gustavo Torrijos

 

 

Después de tres años de la matanza del 23 de marzo de 1997, en la que cincuenta paramilitares asesinaron a cinco personas en la plaza central del pueblo, nadie en El Salado imaginó que era solo el comienzo de una tragedia de espantosas proporciones: entre el 16 y el 21 de febrero del 2000, 450 paramilitares dieron muerte a sesenta personas.

Tras la masacre se produjo el éxodo de la comunidad. La mayoría de los habitantes del corregimiento donde ocurrió la masacre, ubicado en El Carmen de Bolívar, se dedicaban a la producción de tabaco, yuca, ñame, maíz, ajonjolí y leche, como en casi todos los Montes de María. Entre los agricultores asesinados en la masacre del 2000 estaba don José Irene Urueta Guzmán.

“Tengo unos recuerdos muy lindos de mi papá durante mi infancia y la de mis hermanos: era una persona muy especial con nosotros. Nos consentía mucho; jamás nos levantó la mano para castigarnos y nunca se escuchó una grosería de parte de él. No pasa un día de mi vida sin que lo tenga presente”, cuenta Ruth Esther Urueta Sánchez, hija de don José Irene.

Era un hombre con una generosidad sin límites, les enseñó a sus siete hijas y un hijo el amor por la vida campesina. “Nosotros vivíamos en ese tiempo en una finca no muy distante del pueblo, y mi papá nos inculcó las cosas del campo, como montar a caballo y en burro, echar agua, cortar leña o arrancar una mata de yuca”, recuerda Ruth Esther.

Cuando ocurrió la primera masacre, en 1997, toda la familia se desplazó a una finca muy cercana a Ovejas, Sucre. Don José Irene también se llevó para ese lugar más de cincuenta cabezas de ganado y unos cerdos de su propiedad, pero solo duraron allá como siete meses y se devolvieron para El Salado. Tres años después ya tenían más de ochenta vacas.

La masacre de febrero del 2000

“Yo estaba en Ovejas cuando ocurrió la masacre, pero mi mamá nos contó lo que pasó ese día. Dijo que a mi papá lo tenían los paramilitares encerrado en una casa y que se había escapado hacia los lados de la montaña, donde está ahora la antena de celulares. Es una cima cerca de la entrada del pueblo, y que a la mayoría de la gente la asesinaron en la plaza central del pueblo”.

Con la esperanza de que esa huida hubiera cosechado su fruto, la esperanza germinaba; sin embargo, el paso de los días sin ningún indicio de supervivencia, luego de la salida de los paramilitares de El Salado, comenzó a sembrar el mal agüero.

“Como a los 15 días de ocurrida la masacre, el cuerpo de mi papá fue encontrado en esa montaña cerca a la antena. Finalmente fue enterrado en una bóveda en el cementerio de El Salado, junto con el cuerpo del marido de una sobrina de mi papá, a quien también asesinaron”.

La muerte de don José Irene trajo consecuencias nefastas para el hogar: “Mi mamá se enfermó, la familia quedó completamente rota y la economía se dañó, porque buena parte de los bienes de su papá se perdieron”, agrega Ruth.

Recuerda que desde hace 15 años comenzaron a llegar fundaciones y entidades para acompañar a la comunidad en su recuperación luego de la masacre, aunque cree que ha faltado más articulación de estas para que, de la mano de la gente saladera, se logre dejar atrás esos hechos que llenaron de tristeza a la comunidad.

“Acá llegaron la Fundación Semana, el Incoder, Acción Social, después la Unidad para las Víctimas y otras entidades a trabajar con la gente que perdió familiares y su tranquilidad. Sabemos que ya han indemnizado a algunos y otros faltamos, pero reconozco que el acompañamiento de esas entidades ha sido valioso”.

Ruth también rescata el proceso de paz con las Farc. “El desarme de esa guerrilla ha generado bastante tranquilidad en esta región. Hasta hace unos años la situación era bastante tensa y hoy sin ese grupo armado la cosa está mejor”.

Sobre el perdón asegura que “no puedo odiar a nadie. Si algún día las personas que mataron a mi padre me piden perdón, pues se los daré, porque el que no perdona y odia no tiene tranquilidad en su vida”.

Hoy, mientras el marido de Ruth trabaja en labores del campo, ella todos los días le saca punta a la enseñanza optimista de su padre: “Cuando llegue la cosecha nos va a ir bien”, así, con la fe siempre en alto, se rebusca el sustento remendando ropa a sus vecinos y amigos saladeros, y cosiendo con la esperanza de un futuro mejor.

 

En firme condena contra capitán de la Marina por la masacre de El Salado

 

La Corte Suprema explicó que Héctor Martín Pita Vásquez, en su condición de comandante de la Compañía Orca, no desplegó las acciones militares para detener a los paramilitares que ejecutaron el ataque, por lo que ratificó la condena de 13 años de prisión          

La masacre ocurrió entre el 16 y el 21 de febrero de 2000.Archivo

 

 

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el falló que condenó a 13 años de prisión al capitán de corbeta, Héctor Martín Pita Vásquez, por su responsabilidad en la masacre de El Salado, ocurrida entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 en el departamento de Bolívar. La decisión de la Sala Penal es ratificar la condena emitida en primera instancia por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena, y en segunda instancia por el Tribunal Superior de la capital de Bolívar.

De acuerdo con el fallo de 90 páginas, Pita Vásquez no desplegó las labores militares como comandante de la Compañía Orca para detener las acciones que en ese momento desplegaron los paramilitares para perpetrar el ataque. El capitán y otros oficiales de la primera brigada de la Infantería de Marina “permitieron el accionar violento de los grupos paramilitares que se tomaron durante varios días la población de El Salado y sus zonas aledañas”. La Corte Suprema expresó que el capitán no actuó conforme a sus funciones que le imponían, entre otras cosas, contrarrestar las acciones que los paramilitares cometieron. Igualmente, en la sentencia se explica que el 19 de febrero, después de que los paramilitares asesinaran a 38 personas y de desplegarse por varias zonas del municipio, la Compañía Orca no desplegó ninguna acción militar para detener a los paramilitares que, a su paso por las áreas rurales de la población, cobraron la vida de Euclides Torres Zabala, Edgar Cohen Castillo, Ornedis Cohen Sierra, Eliseo Torres Sierra y Eduardo Torres Pérez.

Para la Sala Penal quedó claro que el capitán incumplió sus deberes de impedir los acontecimientos conocidos: “se encontraba a su alcance funcional contrarrestar las acciones desplegadas por los ofensores, quienes a partir de ese momento y en su retirada continuaron realizando conductas contra la vida de varios habitantes”, se lee en el fallo. La Corte Suprema dijo que no se pueden justificar los argumentos que planteó la defensa sobre la supuesta omisión de la tropa de Pita Vásquez a los paramilitares.

“No puede estar justificada en consideraciones tales como que ‘los bandidos tenían más de hora y media de haberse ido’, o que los militares llegaron a El Salado después de caminar muchos kilómetros, o que para ese momento estaban cansados o, en fin, que no tenían que seguir a los agresores ‘por montes y veredas oscuras’”, detalló la corporación en la sentencia.

La Sala Penal tuvo en cuenta y revalidó lo que dijo el infante de marina Alfonso Enrique Benítez Espitia, el 17 de marzo de 2000 ante un juez penal militar. En su testimonio, dijo que existía una “connivencia” o complicidad entre los militares y paramilitares para ejecutar las acciones en El Salado, y que hubo disparos que provenían del grupo igual anunciando su salida cuando la tropa del capitán de aproximaba. El infante también dijo que después de salir del corregimiento se encontraron con los paramilitares y, en lugar de atacarlos, departieron y discutieron sobre la coordinación de sus acciones. Por último, la Corte Suprema indicó que la declaratoria de lesa humanidad debe estar inmersa en todas las conductas perpetradas en esta masacre, por lo que, según la sentencia, le corresponderá a la Fiscalía hacer esa declaratoria sobre quienes se esté adelantando procesos penales y sobre los que aún no se están investigando.

Los muertos incompletos de la masacre de El Salado

 

Diana Carolina Durán Núñez / Enviada especial, Montes de María

Del 2 al 5 de julio la Fiscalía entregará los restos de nueve personas asesinadas en esa masacre. Lo grave es que algunos restos de tres personas más no aparecen.

 

La familia Tapia dice que prefiere no mostrar su rostro en medios: “Ahora está todo tranquilo, pero de pronto la guerra estalla de nuevo...”. / Gustavo Torrijos - El Espectador

 

 

El alma de José Manuel Tapia anda divagando. Eso, al menos, teme su familia, que se niega a recibir sus restos mientras no haya cráneo que enterrar. Pero cráneo no hay. No hay. ¿Se esfumó? ¿Se desintegró? Misteriosamente desapareció de la tierra que lo resguardó desde 2000 hasta 2013, cuando fue exhumado. Desaparecieron también algunos huesos de los brazos que estiraba al entonar la ranchera Rama seca, de Antonio Aguilar, anunciando que la parranda había terminado y que volvía a casa. Y de la caja torácica que protegía los pulmones que le daban aire para cantar: “Rama seca que cuelga del árbol / nunca vuelve a tener hojas verdes…”.

Ni sus seis hijos ni su viuda, doña Ignacia, vivían en El Salado cuando un comando de unos 450 paramilitares entraron a ese corregimiento de El Carmen de Bolívar el 18 de febrero de 2000, con sus botas que resonaban como truenos y su delirio de Moiras, aquellas divinidades griegas que cortaban a su antojo los hilos que regían los destinos humanos. Por eso ellos no lo sepultaron: lo hicieron un concuñado, un hijastro y vecinos, cuando los fusiles de los “paras” todavía echaban humo. Así fue como doce de las víctimas de El Salado resultaron en cuatro fosas comunes.

“A papi prácticamente le hace falta todo, porque a mí me parece que de aquí arriba hay más cuerpo. Están las manos, la cara, el pecho, ¿ya? Pero de aquí pa’ abajo ya es muslito, no hay nada. Si él aparece de aquí pa’ arriba, bueno, es que tuvo un accidente y perdió las piernas. ¡Cuántos mochos no han muerto! Pero cuando me dicen que es de la cintura pa’ arriba yo digo: ¡ah no, eso es to’, está to’ perdío!”, reprocha Milady, una de las hijas. Su hermana mayor, Damaris, pide una explicación, cualquiera, la que sea: “Hombre, digan: ‘lo botamos’…”.

Según la versión oficial, funcionarios del CTI de la Fiscalía y de Medicina Legal fueron los últimos en manipular los restos de las doce víctimas que fueron enterradas por sus propios familiares y amigos en cuatro fosas comunes. El 16 de febrero de 2000, los hombres con delirio de Moiras empezaron a asesinar en veredas cercanas a El Salado: 28 muertos. El 18 de febrero, en El Salado cortaron orejas, patearon, ahorcaron, clavaron bayonetas y cuchillos, golpearon con palos, violaron, empalaron: 38 muertos más. El 19 apareció la Infantería de Marina, cuando ya para qué: El Salado lloraba a 66 difuntos. Y el 21, ¡por fin!, pudo ingresar el CTI.

Entonces, por un momento, los doce cuerpos volvieron a sentir el aire del Caribe: el CTI y Medicina Legal los sacaron de las fosas que se habían cavado con ayuda de infantes de Marina (¿para qué combatir “paras” si era más fácil sepultar cadáveres?). Como las condiciones de seguridad no daban para más, de inmediato los volvieron a poner donde estaban: un terreno que podría aspirar a llamarse colina, a unos cuantos metros de la iglesia del pueblo y de la cancha de microfútbol donde los hombres con delirio de Moiras acribillaron a los saladeros al son de tamboras, gaitas y acordeones que se habían robado de la Casa de la Cultura.

“Saquearon el ron de las tiendas y repartían trago cada vez que asesinaban a alguien, y nadie podía llorar. A la gente también le tocó recibirles trago y tomarlo para celebrar la muerte de… nosotros mismos”, recuerda Ladis Redondo Torres. Los hombres con delirio de Moiras mataron a su hermano Luis Pablo y a su madre, Rosmira, y ella y su hermano menor los enterraron.

En diciembre de 2012 los familiares, a través de la Unidad de Víctimas, le solicitaron a la Fiscalía que los identificara y entregara para darles cristiana sepultura. Qué de cristiano tiene enterrar a papi sin cabeza, dirán los Tapia. Así, entre el 20 y el 27 de mayo de 2013, la Fiscalía llegó a El Salado. Cavó. Exhumó. Oh-oh: uno, dos, tres cadáveres con huesos escurridizos: José Manuel Tapia, su hermano Néstor y la esposa de éste, Margoth Fernández. En esa fosa sólo quedó intacto Víctor Arias, primo de los hermanos con esqueletos a medias. (¿Habrán sido animales de carroña?).

De los esposos Tapia Fernández, sin embargo, nadie había hablado. Representando a los seis hijos de José Manuel Tapia, los abogados de la Comisión Colombiana de Juristas le pidieron una reunión a la Fiscalía, que para ese momento ya empezaba a buscar fechas de entrega. Damaris Tapia le pidió a su primo Jorge, hijo de Néstor y Margoth, que la acompañara. Lo que sucedió después fue el desastre, recuerda Jorge Tapia Fernández en el sur de Barranquilla donde vive haciendo maromas para mantener a sus dos niños con un salario de un trabajo informal que le deja en promedio $20.000 diarios.

“Me llevo yo la sorpresa cuando dicen: es que el cadáver de José Manuel no es el único incompleto, ahora hay dos más. El de la señora Judith Margoth Fernández y el del señor Néstor Aníbal Tapia. Eso fue una impresión. ¡Imagínate! ¡O sea que si yo no asisto a esa reunión por invitado de Damaris no me entero! El antropólogo me dijo: se le iba a avisar un día antes de la entrega. ¡¿Cómo así?! ¡¿O sea que tú me ibas a avisar a mí un día antes para que yo no pudiera solucionar na’ o siquiera preguntar qué pasó con los cadáveres?! Yo me molesté, ¿ya?”. Era 31 de julio de 2014. (¿Santería? ¿Trofeos de guerra?).

A José Manuel Tapia lo mataron con 65 años cuando, asustado, se echó a correr. Mientras caía, herido mortalmente, alcanzó a pasar su mano sobre la pared de una casa que ahora es una tienda que administra un desplazado de Cocorná, Antioquia, quien no vivía en El Salado durante la masacre. Néstor Tapia, 58 años, también murió baleado. Pero Margoth, ay, Margoth… Según el Centro de Memoria Histórica, “a ella la cogieron, la tiraron, la levantaron a porro, a pata, la tumbaron. Le decían ‘hijueputa, acuéstate; malparida, tírate, tírate’. Ella no aguantó y cayó. Fue herida de muerte con la bayoneta del fusil en el cuello, el tórax y el abdomen. Tenía 47 años”.

Los primos de Jorge Tapia no alcanzaron a llegar a El Salado porque en esa época se decía que el camino estaba minado. Jorge, por su parte, había pasado la noche anterior a la masacre en el monte, al igual que todo el pueblo, porque los hombres con delirio de Moiras llevaban dos días matando gente en veredas cercanas. El 18 de febrero salió huyendo sin poder constatar cómo estaban sus padres: los fusiles se le atravesaron. El sepulturero de la pareja fue un hermano de Margoth afanado, le contaría luego a Jorge, porque los cadáveres se estaban descomponiendo a la velocidad de un tren bala.

“Nosotros alcanzamos a salir por la vía a Zambrano, pensando que mis papás habían salido por Canutal. A mí me dijeron: ellos van po’ el lao de arriba. Éramos un grupo de 30 personas y duramos caminando en los Montes (de María) como tres días, sin comer, hasta que llegamos a la casa de un señor que nos ofreció agua y prendió su radiecito. La masacre era el pan del día en todas las emisoras. Empezaron a decir los nombres de las personas que habían asesinado y pues… imagínate… eso fue impactante cuando mencionaron el nombre de mi mamá, el nombre de mi papá, de mi tío, de mis primas…”.

(Las primas de las que habla Jorge son Neivis y Helen Margarita Arrieta Martínez. A Neivis, acusada de ser la novia de un guerrillero, la acostaron boca abajo, la desnucaron y la empalaron. A Helen Margarita la escondió en el monte una vecina que, después de tres días sin comida ni líquidos, le ofreció orina para que no se deshidratara. La pequeña de siete años se negó a tomarla, convulsionó y falleció. Jorge también había perdido dos primos lejanos en la primera masacre de El Salado, la del 97, en la que murieron cinco personas. Dicen los saladeros que en este pueblo todo el mundo es familia por un lado o por el otro).

“Que se pierdan estructuras óseas muy pequeñas es normal. A veces el suelo o el agua afectan. Pero hablar de un cráneo o de huesos largos implica que hay un error de procedimiento que no se puede atribuir a fenómenos externos. Y hubo muchos de esos errores por parte de las instituciones del Estado”, dicen los antropólogos forenses de la ONG Équitas, que está apoyando el trabajo de los abogados de estas víctimas. “Hablar en retrospectiva es muy fácil. Pero no se puede olvidar que las condiciones de trabajo en 2000 no fueron las mismas que en 2013, y podemos asegurar que la exhumación de 2013 fue muy rigurosa”, dicen en la Fiscalía.

El 1º de septiembre de 2014, lo admite la Fiscalía, vino el error garrafal. El fiscal Hugo Villalobos señaló en un documento oficial que la comunidad era la “responsable del resguardo y protección del lugar”. “La Fiscalía nos echó la culpa a nosotros, ¿puedes creerlo?”, reprocha Ladis Redondo Torres. Ella y las demás familias les habían dicho a los Tapia que no habría entrega de restos sin explicaciones convincentes, pero el tiempo pasaba, el desespero crecía y el destino de los huesos seguía siendo enigma. (¿Se creyó su dueño algún coleccionista de huesos?).

Los Tapia, agradecidos, les dijeron que no había razón para retrasar más la entrega.

En este asunto todo el mundo tiene una hipótesis. Se ha hablado de animales de rapiña y roedores, pero tanto los forenses de Équitas como la Fiscalía lo descartan. Que se ensañaron con los cuerpos; pero la Fiscalía reitera que ninguna evidencia sostiene esa afirmación. Alguien mencionó una cañada, pero esta pasa tan lejos de donde estaban las fosas (al menos 50 metros, comprobamos nosotros en El Salado) que ni siquiera tiene sentido. Que se los robaron, pero, se pregunta la Fiscalía, ¿quién? ¿Con qué fin? ¿Por qué sólo unas partes y no el esqueleto entero? En esa fosa, además, apareció un pedazo de loza: ¿cómo llegó allí?

(OK: asumamos que no hubo profanadores de huesos. ¿Cómo explicar entonces que a la madre de Ladis Redondo Torres la hayan desenterrado con una ropa diferente al vestido fucsia con que sus hijos la enterraron, y con calzoncillos de hombre encima de todo?).

Los funcionarios de la Fiscalía que se encargaron de hacer las exhumaciones en 2013 no sólo analizaron los restos de las fosas. Analizaron también el suelo y concluyeron que maquinaria pesada, como retroexcavadoras, sí había sido utilizada para erigir el monumento que la Unidad de Víctimas construyó justo al lado de las fosas, porque el movimiento del terreno es “significativo”. La Unidad de Víctimas y los saladeros aseguran que no hubo retroexcavadoras. La Fiscalía cree que, si hubo maquinarias, éstas podrían haber deshecho los huesos y ese indicio, esa posibilidad, es lo más cerca que se llegará a la verdad. Porque certeza, certeza, acepta la propia Fiscalía, nunca habrá.

Érase una vez unos huesos que ya no son: ¿se extraviaron? ¿Los refundieron? ¿Existen todavía en algún lugar del planeta? A José Manuel Tapia, Néstor Tapia y Margoth Fernández los mataron hace 15 años, pero ni muertos estos muertos de la masacre de El Salado han encontrado paz.

“Rama seca que cuelga del árbol / nunca vuelve a tener hojas verdes…”.

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¿Justicia? ¿Dónde?

 

Que 450 paramilitares pudieran llegar a El Salado y estuvieran por la zona cinco días, masacrando a sus habitantes, sin que nadie los detuviera, dice mucho de la responsabilidad del Estado en este oscuro episodio de la historia del conflicto colombiano. Para el 10 de abril de 2003, 15 hombres habían sido detenidos y condenados hasta a 40 años de prisión por su responsabilidad en este crimen masivo, pero en 2010 solamente el 3% de los autores habían recibido castigo por ésta, una de las peores masacres de las autodefensas: los mismos 15 hombres sentenciados en 2003. 

El año pasado, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde. Allí se habló de su participación en la masacre también. 

Dato particular: Damaris Tapia se enteró a través del informe de Memoria Histórica que un primo de su padre, Eliécer Augusto Guao Arias, había estado involucrado en la masacre.

 

FUENTE DEL ARTICULO : EL DIARIO EL ESPECTADOR