JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ

10.04.2018 13:35

 

La reciente renuncia del Secretario Ejecutivo de la Justicia Especial para la Paz (JEP),  Néstor Raúl Correa, tiene como antecedente una profunda disputa interna para definir el modelo de administración de este organismo, incluyendo el diseño y la contratación de una planta de más de 800 cargos.

·      Este es el panorama que revelan 22 correos privados entre los magistrados filtrados sobre el tema específico del papel de la Secretaría de la JEP y su rol decisorio frente al de los magistrados. La filtración también genera cuestionamientos sobre la conducta ética de dos de los magistrados del Tribunal de Paz de la JEP, incluyendo su presidenta Patricia Linares, quienes fueron escogidos para un periodo que se extiende hasta que funcione esta jurisdicción, es decir, como máximo 20 años.

Aunque en principio la renuncia de Correa fue presentada en otros medios como el resultado de roces con la Presidenta Linares por temas logísticos, como el tamaño de las oficinas, la falta de carros blindados y el oficio enviado por la Contraloría preguntando sobre la administración de recursos, su decisión de retirarse la Secretaría, según dijeron varias fuentes, tiene razones adicionales y de fondo acerca de cómo se está diseñando el organismo que funcionará como la columna vertebral del acuerdo de paz.

Se trata de un debate complejo sobre el modelo administrativo de la jurisdicción llamada a traer verdad, justicia y reparación para los delitos más graves cometidos en medio siglo de conflicto armado. Un debate entre crear una JEP parecida a las altas cortes colombianas, con despachos fuertes de magistrados muy poderosos que concentran el poder de contratación y una secretaría con poco poder de decisión; o una JEP más parecida a los tribunales internacionales como la Corte Interamericana, con un poder de contratación y administración de recursos más fuerte administrados por la secretaría, y despachos de magistrados con menos discrecionalidad en la administración, incluyendo la contratación de planta. Rodrigo Uprimny, de Dejusticia, anticipó esta disyuntiva en enero de este año en una columna en El Espectador, advirtiendo que de resolverse mal, lo que en opinión de Uprimny significa crear una corte a la colombiana, puede traer consecuencias “catastróficas” para el futuro de este tribunal. 

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