JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ

10.04.2018 13:12

 

 

La reciente renuncia del Secretario Ejecutivo de la Justicia Especial para la Paz (JEP),  Néstor Raúl Correa, tiene como antecedente una profunda disputa interna para definir el modelo de administración de este organismo, incluyendo el diseño y la contratación de una planta de más de 800 cargos.

·      Este es el panorama que revelan 22 correos privados entre los magistrados filtrados sobre el tema específico del papel de la Secretaría de la JEP y su rol decisorio frente al de los magistrados. La filtración también genera cuestionamientos sobre la conducta ética de dos de los magistrados del Tribunal de Paz de la JEP, incluyendo su presidenta Patricia Linares, quienes fueron escogidos para un periodo que se extiende hasta que funcione esta jurisdicción, es decir, como máximo 20 años.

Aunque en principio la renuncia de Correa fue presentada en otros medios como el resultado de roces con la Presidenta Linares por temas logísticos, como el tamaño de las oficinas, la falta de carros blindados y el oficio enviado por la Contraloría preguntando sobre la administración de recursos, su decisión de retirarse la Secretaría, según dijeron varias fuentes, tiene razones adicionales y de fondo acerca de cómo se está diseñando el organismo que funcionará como la columna vertebral del acuerdo de paz.

Se trata de un debate complejo sobre el modelo administrativo de la jurisdicción llamada a traer verdad, justicia y reparación para los delitos más graves cometidos en medio siglo de conflicto armado. Un debate entre crear una JEP parecida a las altas cortes colombianas, con despachos fuertes de magistrados muy poderosos que concentran el poder de contratación y una secretaría con poco poder de decisión; o una JEP más parecida a los tribunales internacionales como la Corte Interamericana, con un poder de contratación y administración de recursos más fuerte administrados por la secretaría, y despachos de magistrados con menos discrecionalidad en la administración, incluyendo la contratación de planta. Rodrigo Uprimny, de Dejusticia, anticipó esta disyuntiva en enero de este año en una columna en El Espectador, advirtiendo que de resolverse mal, lo que en opinión de Uprimny significa crear una corte a la colombiana, puede traer consecuencias “catastróficas” para el futuro de este tribunal.   

Según demuestra la filtración de correos la presidenta de la JEP Patricia Linares y Alejandro Ramelli, magistrado del Tribunal Especial de Paz están envueltos en al menos un posible caso de conducta ética cuestionable, y posiblemente una falta disciplinaria en el caso de Ramelli, a raíz de su interés de moldear una JEP más parecida a las cortes colombianas. El caso puntual, y que se evidencia en los correos conocidos por El Espectador, tiene que ver con otra filtración de información reservada de la Corte Constitucional que hace Ramelli sobre la posible modulación de un fallo clave acerca de la estructura administrativa de la JEP, y el conflicto de intereses de Ramelli, quien era simultáneamente magistrado auxiliar en la Corte Constitucional, y magistrado electo en la JEP.

·      Además, la filtración muestra la intención de 9 de los 51 magistrados de la JEP convocados por la presidenta Linares en un denominado “comité estratégico”de acumular facultades de contratación y administración de un presupuesto multimillonario en cabeza de la presidencia de la JEP, que hoy ocupa Linares por los próximos tres años, y en cabeza de los propios despachos de los magistrados que integran el comité.

Una indelicada filtración de información de la Corte

El caso más grave revelado  por esta filtración de correos involucra a la presidenta del tribunal, Patricia Linares, y al hoy magistrado del Tribunal Especial de Paz de la JEP, Alejandro Ramelli. Para finales del 2017 Ramelli ya había sido escogido para integrar la JEP pero no se había posesionado y aún trabajaba como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional en el despacho del magistrado Alberto Rojas.

·      Por ese entonces la Corte Constitucional estudiaba la exequibilidad del Acto Legislativo 01 del 2017, el que establece las bases de la estructura y el funcionamiento de la JEP. Simultáneamente, Ramelli hacía parte del llamado “comité estratégico” de la nueva jurisdicción, el grupo interno de los magistrados elegidos que no se había posesionado, pero que empezaron a trabajar en la elaboración de comentarios sobre el marco jurídico que presentaría el gobierno nacional al Congreso, puntualmente la Ley Estatutaria que determina varias de las funciones de la jurisdicción transicional, incluyendo su órgano de gobierno.

Esta última es una instancia clave, y está en el centro del debate, pues desde el órgano de gobierno se establece la estructura administrativa de la JEP, y es donde se distribuye un presupuesto que en el 2018 será de $200 mil millones de pesos. De hecho, este órgano de gobierno presidido por Linares, ya creó y está contratando una planta de trabajadores de más de 800 personas, muy atractiva para las clientelas políticas y judiciales. Según la Corporación Excelencia en la Justicia la planta incluye a 60 magistrados auxiliares (tres por despacho, al igual que los magistrados de la Corte Constitucional) que ganan más de $25 millones mensuales y 208 abogados con sueldos de casi $9 millones al mes.

·      La filtración de información reservada de la Corte tiene que ver precisamente con este tema. Se da en un correo del 20 de noviembre del 2017 enviado por Ramelli a la presidenta del tribunal ya posesionada, días después de que la Corte anunciara la exequibilidad del acto legislativo en un comunicado el 14 de noviembre, una decisión trascendental que le dio vida la JEP. “Apreciada Patricia, como te comenté”, le escribe Ramelli a Linares, “este es el extracto que el Dr. Rojas le entregó al Magistrado Guerrero” y agrega un archivo adjunto denominado “límites secretario ejecutivo”.

El archivo tiene dos páginas y se titula: “Condicionamiento al parágrafo 2 del artículo transitorio 1 (Texto sugerido para ser incluido en el capítulo de conclusiones)”. Es precisamente ese parágrafo donde se encuentra la justificación legal para la decisión de la Corte de excluir del órgano de gobierno de la JEP al Secretario Ejecutivo. Este organismo, determinó la Corte, quedaría bajo el mando exclusivo de los magistrados del tribunal, en cabeza de la presidenta Linares. En el extracto enviado por Ramelli a Linares está la justificación legal del cambio de sentido de un parágrafo del Acto Legislativo de la JEP en donde el Congreso había delegado originalmente la administración del sistema tanto al Secretario Ejecutivo, como a la Presidenta de la JEP para “garantizar la autonomía administrativa, presupuestal, y técnica” del organismo.

Pero según la nueva interpretación de la Corte, donde ahora está en duda si los magistrados de la JEP ejercieron influencia en elaboración del argumento legal a través del despacho del Magistrado Rojas donde trabajaba Ramelli, se dice que “la Corte considera que el parágrafo (…) debe entenderse en el sentido de que las funciones de gobierno corresponden únicamente al Presidente de la JEP o a la instancia de gobierno de la JEP que se defina por sus Magistrados”. El rol del Secretario, entonces, queda reducido a “las funciones de administración y gestión de los recursos de la misma, siempre bajo la orientación de la Presidencia(..)”.

La explicaciones de Linares y Ramelli

Este correo pone en evidencia un conflicto de intereses de Ramelli, quien era entonces magistrado auxiliar del magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas, uno de los magistrados que participó en la decisión sobre la constitucionalidad del Acto Legislativo que le daba vida y estructura a la JEP, el mismo órgano que Ramelli llegó a integrar luego de su posesión. Luis Guillermo Guerrero es el ponente de la decisión sobre el Acto Legislativo 01 de 2017.

·      A la fecha, y a pesar de que la Corte Constitucional decidió la exequibilidad con varias modificaciones del Acto Legislativo en mención en noviembre del 2017, aún no se conoce la sentencia final de la Corte. De ahí que sea tan problemático que en el archivo adjunto del correo enviado por Ramelli a Linares, se encuentra lo que parece ser un extracto sugerido para esa sentencia, cuya versión final aún se desconoce.

Los magistrados Linares y Ramelli accedieron a dar una extensa entrevista conjunta para explicar los contendidos de estos correos. Linares aseguró que antes de la decisión sobre el Acto Legislativo no tuvo contacto con la Corte, “ni hablé con nadie, ni me dirigí a nadie de la Corte, eso se lo puedo decir mirándolo a los ojos”. En el mismo sentido, Ramelli aseguró que, aunque no se declaró impedido porque no hay un régimen de impedimentos para los magistrados auxiliares, se apartó de la discusión sobre el Acto Legislativo, “no tuve el expediente, y no conocí de la decisión”. Además, sobre su posible conflicto de intereses, Ramelli afirma que “el que uno haga el favor de enviar un correo no significa que haya conocido de la decisión, ni que la haya leído, ni que la haya redactado”.

·      Tanto Linares como Ramelli niegan que haya cualquier problema ético con haber filtrado el extracto aún después de la decisión de la Corte. Linares explica que el Ministro de Justicia Gil Botero, su enlace oficial con el gobierno, le pidió comentarios sobre cómo interpretar la decisión de la Corte en lo que tiene que ver con el rol del Secretario y el órgano de gobierno, para tener en cuenta  a la hora de elaborar el Proyecto de Ley Estatutaria que se estaba tramitando en el Congreso.

Por eso, explica Linares, “como yo no soy constitucionalista le pregunto a mi colega constitucionalista, Alejandro (Ramelli), cómo interpretaría el comunicado de la Corte, y él me dice que el magistradoRojas ya le envió al magistrado Guerrero cómo se podría interpretar eso, y él me mandó ese pedazo. Fue solo eso. Y eso no quiere decir que eso sea la sentencia, porque hasta el día de hoy, no hay sentencia”. Frente a la pregunta a Linares de por qué recibe un documento interno entre dos magistrados de la Corte, Linares responde, “Yo no sé cómo funcionará eso, yo estuve en la Corte hace mucho tiempo”, y agrega Ramelli, “eso no tiene nada de raro, son los insumos que los despachos hacen”. Insumos, que reitera Ramelli, él no elaboró, y remite al reglamento de la Corte Constitucional para argumentar que no son reservados.

Sin embargo, el artículo 37 del reglamento de la Corte consultado con posterioridad a la entrevista, que habla sobre las reservas establece que “La divulgación del sentido de los proyectos o de las providencias que se tomen en la Sala Plena, antes de que éstos sean firmados por todos los Magistrados, constituye falta grave sancionable con arreglo a la ley.” La solicitud de comentario enviada a Linares y Ramelli sobre si el intercambio de correos cae dentro de esta conducta aún no ha recibido respuesta.

Desde otra orilla, para Gloria María Borrero, directora ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia, una ONG que ha hecho seguimiento a la creación de la JEP, esta filtración es “lamentable y constituye, al menos, una falta ética. Esta es una práctica que le está haciendo mucho daño a las Altas Cortes y estoy aterrada de que ahora suceda lo mismo en la JEP”.  Borrero resalta que “hay que esperar que la Corte Constitucional haya fallado solo teniendo en cuenta la Constitución y la ley, y no en intrigas, pues fue precisamente la Corte quien en su modulación cambió el órgano conjunto de gobierno entre la Presidencia de la JEP y el Secretario, para darle cierta subordinación al Secretario frente a la Presidencia”.

·      Por otro lado, una persona involucrada directamente en el proceso jurisprudencial de la Corte Constitucional que no tiene autorización para hablar públicamente, explica la conducta de Linares y Ramelli es “éticamente muy cuestionable, pues el fundamento de las decisiones es clave y tiene repercusiones en las reglas del derecho”.  

El debate de fondo sobre la estructura de la JEP

Las posibles faltas éticas o disciplinarias de Linares y Ramelli son solo una parte de una discusión mucho más profunda acerca de cómo diseñar la nueva jurisdicción que se dio entre un grupo reducido de magistrados de la JEP. Esto queda relatado en la filtración de correos entre los miembros del “comité estratégico”, y dan cuenta de una estrategia que se venía desarrollando desde octubre, antes de que la Corte decidiera apartar al secretario del órgano de gobierno, para “sacarlo” del manejo de la contratación y los recursos, y concentrar estas facultades en la presidencia y los magistrados del Tribunal Especial de Paz.

En esta discusión son especialmente activos los ex magistrados Danilo Rojas, Iván González y Eduardo Cifuentes, y la presidenta Linares. En todo el proceso reciben el apoyo de figuras como el ex ministro de Justicia Yesid Reyes, el académico Rodolfo Arango, la ex directora de Justicia Transicional de Minjusticia Catalina Díaz, y la ex magistrada auxiliar del Consejo de Estado Anta Caterina Heyck. Estas conversaciones entre un grupo de “amigos” convocados para opinar por Linares, sientan el trasfondo de una JEP en donde, como lo pone Linares en un correo a Danilo Rojas, “de manera expresa los magistrados tengan la facultad para designar los magistrados auxiliares, funcionarios, y empleados de sus respectivos despachos”. Y por el lado de la secretaría, como lo pone el ex magistrado Iván González, “la Secretaría Ejecutiva no integre el órgano de gobierno, sino que cumpla la función de secretaría técnica”