GASTOS DE GUERRA

23.11.2019 15:39

 

 

PRESENTACIÓN

Por: Diego Otero Prada 

GASTOS DE GUERRA, OPORTUNIDAD PERDIDA 

Camilo González Posso – Presidente de INDEPAZ 

Lo que una sociedad gasta en la guerra lo está perdiendo en oportunidades para una mejor vida. Suena dramáticamente parecido a decir que lo que cuesta una guerra son vidas perdidas y días perdidos de vida de millones de personas. Una y otra cuenta puede referirse a medidas distintas y los contadores dirán que no se suman ni se restan, pero al final significan lo mismo: lo que se dedica a destruir y lo que se destruye. 

A la hora de las razones o de las explicaciones se escucharan versiones de héroes o de villanos, todos con licencia para aniquilar a otros por su causa justa. Así ha sido desde la historia de los tiempos y para no ir muy lejos por aquí en Colombia es la historia de estos, los últimos tiempos, los de estas décadas en que se no ha ido la oportunidad de otros pasados... y de otros futuros. 

Este estudio realizado por Diego Otero Prada, con la colaboración del economista Juan Gustavo Villamarín, nos habla de un pedazo de las cuentas de la guerra, de lo que se define como gasto en guerra entendido como el exceso de gasto en defensa y justicia con respecto a la situación del promedio de países del subcontinente que no han estado en condiciones de conflicto armado interno o de situaciones bélicas. Eso se mide considerando el porcentaje del Producto Bruto Interno (PIB) que dedican los países sin guerra a defensa y justicia, comparándolo con el de Colombia. Así que como el promedio de Latinoamérica ha estado entre 1,0% y 1,5% del PIB en esos gastos, se supone que el exceso en Colombia corresponde al esfuerzo por encima de ese promedio que se ha hecho para afrontar la guerra o las situaciones de seguridad que se encuadran en lucha contra la subversión y factores asociados. 

¿Que significa descubrir que en Colombia para hacer la guerra se ha gastado de los impuestos pagados por la gente la colosal cifra de $179.000.000.000 (ciento setenta y nueve mil millones) de dólares de hoy? 

Esa es la cifra gruesa que nos entrega el estudio para el periodo 1964 a 2016 teniendo en cuenta sólo los gastos públicos. Otero suma como exceso de gasto en guerra el que se cuenta por encima de 1,5% del PIB en el rubro de seguridad, defensa, más un sobre costo por guerra del 30% en el rubro justicia. También calcula los gastos con un exceso por encima del 1% del PIB y totaliza $142.000 millones de dólares para el mismo periodo. 

No se incluyen en el dato de gasto de guerra los datos ofrecidos por estudios que calculan el exceso de gasto privado que asumen las personas o empresas en vigilancia o esquemas de protección en respuesta a los riesgos del conflicto armado o situaciones de violencia extrema que le están asociadas o integradas. 

Ni los gastos de las guerrillas o de los grupos paramilitares o narco-paramilitares. 

Tampoco se incluyen los que salen de los impuestos departamentales o municipales para seguridad o los del sistema de salud que cubren la atención a heridos y menos lo que paga la gente de sus bolsillos para emergencias o para enterrar los muertos de la guerra. 

Las situaciones de violencia y conflictos armados multiplican el asalto legal e ilegal a las finanzas públicas, lo que se llama la corrupción de guerra que impone contratos leoninos, evasión de impuestos, pillaje y otras formas de apropiación fraudulenta de lo público: este gasto permanece invisible. 

Allí en esa cifra sólo está lo que el Estado ha dedicado del presupuesto general de la nación para costear defensa y justicia en razón de la guerra. 

La cuenta de gastos es distinta a la de los costos de todo aquello que ha destruido la guerra o la violencia armada. Esos costos de la guerra a la sociedad son una suma macabra que comienza por ponerle valor a los muertos y a los desaparecidos. Sigue con el valor del tiempo perdido por los heridos, torturados, secuestrados y otros privados de la libertad. Agrega el valor del tiempo no productivo de los que quedaron con alguna limitación física o mental; además el valor presente de los bienes públicos y privados destruidos y el de los muebles, tierras, viviendas y animales perdidos, más el beneficio que se esfumó por haber tenido que desplazarse o quedar en una comunidad destrozada en sus relaciones de vida. Se incluye en los costos hasta el valor moral perdido por la destrucción de la vida en relación con la familia y los allegados. 

En la lista de gastos del Estado que suman los $179.000 millones de dólares – o $142.000 millones si se toma la opción menor - está lo dedicado a la fuerza pública destinada a la guerra y los excesos en presupuesto para justicia por casos del conflicto armado a lo largo de setenta años. Pero hay que destacar que el 85% de todo ese guarismo corresponde al gasto de guerra entre 1994 y 2016. En esa fase se da la mayor escalada de la guerra, la alta intensidad de las confrontaciones, el mayor gasto y seguramente los mayores costos humanos. 

Observando la serie larga de gastos de guerra se refuerza la tesis de que en el ciclo de violencia generalizada, guerras y conflictos armados que se ha presentado en Colombia desde mediados del siglo pasado se pueden distinguir el periodo 1948 – 1958 que puede llamarse de guerra civil y dictaduras – y el periodo 1958 – 2016 de guerra contra insurgente y conflictos armados. Y en este último periodo la primera fase es una guerra de baja intensidad hasta 1977, la segunda de media intensidad hasta 1994 y de alta intensidad y escalamiento desde 1994 a 2014. 

Durante el Frente Nacional y hasta los años ochenta se mantuvo el gasto en defensa y seguridad cerca de 2% del PIB. El crecimiento en valor comienza a acelerarse lentamente desde el paro cívico nacional de 1977 en respuesta a la situación de crisis post frente nacional. En lo internacional influye el giro de los Estados Unidos a su política de fuerte intervención en Centro América después de la derrota de Somoza en Nicaragua por un levantamiento liderado por las guerrillas del sandinismo. A pesar de la irrupción del M19 con impactos de propaganda urbana, en los años setenta la crisis del Frente Nacional fue sobre todo política, por pérdida de legitimidad, y social por el ascenso de las luchas por reivindicaciones urbanas, protestas estudiantiles reformistas y desenlace de la movilización campesina entre 1968 y 1976. Las FARC se mantienen en la autodefensa sin iniciativa hacia la toma del poder en estos años. Por su parte el ELN y el EPL están reducidos a su mínima expresión. Hasta comienzos de los años ochenta puede decirse que en Colombia hay más contrainsurgencia que insurgencia; la contrainsurgencia tiene un componente central de tipo preventivo que, desde el triunfo guerrillero en Cuba, es importante en la preparación de las fuerzas armadas para contener la influencia comunista o los brotes de rebeldía que pudieran favorecerla. 

Belisario Betancur intentó disolver la amenaza guerrillera que se anunció con la recomposición de las FARC y la emergencia del M19 pero fracasó en el primer intento de solución negociada. En los años ochenta las mayores preocupaciones de seguridad se desplazaron al enfrentamiento al narcotráfico y su ofensiva terrorista de respuesta a la política de extradición e inicio de la guerra antidroga en Colombia. Pero el gasto de guerra estuvo relativamente bajo hasta 1994 como lo muestra el gráfico de exceso de gasto según los últimos 10 periodos presidenciales. 

El salto a la guerra se observa desde la administración Samper con crecimiento exponencial sostenido hasta los gobiernos de Santos. Pero si se leen en conjunto las curvas de guerra y de lo invertido por el gobierno central en gasto militar se constata que la guerra se escaló desde los años ochenta una vez se cierra dolorosamente el intento de pacto. En los noventa se combinan todas las guerras, la del narcoterrorismo, con las de insurgencia y contrainsurgencia – incluido en paramilitarismo – y la mal llamada guerra de las drogas. El nuevo siglo se inicia bajo el signo de la guerra mundial antiterrorista. 

El papel de Estados Unidos es más importante en la guerra interna de lo que indican las cifras. Los datos que recoge Diego Otero muestran aportes en los sesenta, en el rango de 6 a 7 millones de dólares anuales en los años sesenta y de 35 millones de dólares entre 1968 y 1998; luego pasa a cifras promedio de $398 millones de dólares para un total de $7.158 millones de dólares entre 1999 y 2016. Del total de gasto de guerra en el largo periodo de siete décadas, la ayuda de los Estados Unidos ha representado menos del 5%. Pero el 78% de ese aporte corresponde a los últimos 15 años, especialmente bajo la estrategia del Plan Colombia. En los cinco gobiernos que promovieron el Plan Colombia el aporte de Estados Unidos al gasto central de guerra significó el 10% del total de gasto de guerra con recursos locales. Este porcentaje puede mostrar que la intervención de Estados Unidos fue efectiva por su focalización en alta tecnología, inteligencia y comando y de dudoso impacto en lo dedicado a la lucha antidroga incluida la guerra con químicos tóxicos. 

Este trabajo sobre el gasto en guerra será completado con otros sobre el costo de la guerra y los costos de la reparación integral que deben asumirse en las próximas dos décadas. Se ha estimado que se requiere una inversión anual sostenida de 2% del PIB en reparación a las regiones, comunidades y víctimas para que se logre compensar con transformaciones sustanciales la destrucción que ha significado la guerra y sus violencias asociadas. Esta será otra historia. 

Los-Gastos-de-la-Guerra.pdf