FUERZA EN LA NUCA

08.05.2018 12:03

Salvo Humberto de la Calle, que salió a denunciar el chantaje, ninguno de los candidatos presidenciales ha tenido el valor de decir que se niega a aprobar la extradición exprés de Jesús Santrich, el jefe de la Farc acusado de narcotráfico por la DEA. Sin pruebas. Si las hay, la DEA no las ha mostrado. Pero todos –Duque, Petro, Vargas, Fajardo– se inclinaron dócilmente ante la exigencia

imperial de la agencia norteamericana: sí, sí, sí, sí: cuatro síes. Hay que extraditar: si la DEA así lo ordena, por algo será: no estaría ese narcoterrorista cogiendo café –y después ya se verá–. Es un viejo aforismo de eficacia militar: se fusila primero y se pregunta después.

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La DEA y por lo visto también los obedientes miembros del pelotón de fusilamiento –Duque, Petro, Vargas, Fajardo, y por supuesto el presidente Santos y el fiscal Martínez– quieren fusilar de entrada. O extraditar, que es lo mismo: quieren que los personajes políticamente incómodos de Colombia, en este caso los guerrilleros retirados como Santrich, y tal vez Iván Márquez, y a continuación todos los demás, sean quitados de en medio. ¿Quién sigue? ¿Juan Manuel Santos?

Así lo ha hecho la DEA con muchos dirigentes de América Latina, acusándolos de complicidad con el narcotráfico. En Panamá con el “hombre fuerte” y agente de la CIA norteamericana Manuel Antonio Noriega, a quien para poner preso hubo que bombardear la ciudad de Panamá causando tres o cuatro mil muertos, y sobornar al Vaticano que le había dado asilo. Y después, sin tanto bombo, con el presidente Ricardo Martinelli. Con Vladimiro Montesinos en el Perú, también agente de la CIA y “eminencia gris” del presidente Alberto Fujimori. En Honduras nada menos que con tres presidentes sucesivos: Rafael Callejas, Porfirio Lobo, José Manuel Zelaya: todos entrampados por la DEA en el narcotráfico. En Bolivia con el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, después de haberlo intentado con Hugo Bánzer: pero el cáncer les cogió ventaja. Con el presidente Alfonso Portillo en Guatemala, y después con Otto Pérez Molina, derrocado porque se atrevió a proponer la legalización de las drogas como única solución posible al poderío del narcotráfico (y de la propia DEA). Y, por supuesto, con los venezolanos. Hugo Chávez expulsó a la DEA de su país, y es hasta ahora el único dirigente político latinoamericano que se ha atrevido a hacerlo; pero su sucesor Nicolás Maduro está en la lista de los amenazados: no sé si los dos, y sus colaboradores, han sido culpables de narcotráfico, pero sí los ha denunciado la DEA por serlo. Culpables de un delito que solo existe porque los gobiernos de los Estados Unidos han decidido que lo sea, y se lo han impuesto al mundo entero.


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