El papá de un futbolista colombiano ajusta veinte años desaparecido

29.06.2018 15:26

El domingo 8 de marzo de 2015, familiares y amigos realizarán un acto de conmemoración por la desaparición forzada de Jaime Enrique Quintero Cano, padre del futbolista colombiano Juan Fernando Quintero Paniagua y hermano de la líder de víctimas Silvia Quintero, quien durante dos décadas ha buscado incansablemente a su pariente.

Por Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes -

 

Foto: cortesía de Silvia Quintero

El 01 de marzo de 1995 fue la última vez que la familia supo de Jaime Enrique. Ese día partió de su casa para presentarse al Ejército Nacional, buscando obtener la libreta militar para acceder a un empleo que le permitiera brindarle mejor bienestar a su bebé de 24 meses. Veinte años después, su hijo Juan Fernando se ha convertido en un reconocido futbolista colombiano, integrante en varias ocasiones de la selección nacional y jugador del Porto de Portugal, hazaña que no pudo ver su padre quien desapareció en extrañas circunstancias días después de enfilarse en las Fuerzas Armadas.

“Son dos décadas de búsqueda y de reclamarle al Estado que nos diga dónde está, 20 años navegando en el mar de impunidad. Por eso decidimos hacer un acto conmemorativo con un componente espiritual en homenaje a mi hermano”, expresó Silvia Quintero, directora de la Corporación Proyecto DES…, organización de víctimas que apoya la jornada. La ceremonia será en la Comuna 13, occidente de Medellín.

Jaime Enrique tenía 23 años cuando se presentó a la IV Brigada, el 01 de marzo de 1995. Esa mañana salió de su casa en el barrio El Socorro, de la Comuna 13, vistiendo un conjunto de sudadera gris y unos tenis blancos. Un día después de llegar a la Cuarta Brigada fue enviado en avión con otros reclutas hacia la Brigada VII en el municipio de Carepa, Urabá Antioqueño. Allí fue asignado al Batallón Voltígeros. Hasta aquí no hay problema. Pero pasados dos días el joven fue retirado del Ejército y devuelto hacia Medellín. Esa fue la última vez que se tuvo razón de él.

La familia se enteró de la desaparición muchos días después, cuando le envió una carta a Jaime Enrique con un vecino que prestaba servicio en el batallón Vélez de la Brigada XVII. “Este vecino nos llamó a los tres días y dijo que no lo había encontrado y que sentía que algo muy extraño estaba pasando porque fue a donde el capitán de la Compañía de Instrucción, Eduardo Zapateiro Altamiranda, y él dijo que ese muchacho debía estar en Medellín, hasta fumando marihuana, pero que él mismo lo había embarcado en un avión y que le dio la orden de que se presentara a la IV Brigada”, aseguró Silvia Quintero.

Según versiones recogidas por la hermana de la víctima, Jaime Enrique tuvo un altercado con el capitán Zapateiro Altamiranda, a quien habría agredido con un pico de botella. Esta insubordinación desencadenó la orden de regresar al joven a Medellín. El Ejército atribuyó la decisión al mal comportamiento del recluta y al consumo de drogas.

Pero cuando los familiares llegaron a la Cuarta Brigada para indagar por su paradero, encontraron que no había razón de dónde estaba. La última información era que el 04 de marzo hacia las seis de la tarde había sido despachado a Medellín en un bus de Sotraurabá, y no en un avión como había ordenado el capitán Zapateiro, según les confirmó Edison de Armas Áviles, el servidor público que coordinó el traslado. Por estos hechos la familia interpuso una demanda contra el Ministerio de Defensa por la desaparición del muchacho, asegurando que el Ejército debió garantizar su seguridad, más en una zona de fuerte conflicto con presencia de grupos paramilitares y guerrilleros.

De acuerdo con la información recopilada por Silvia Quintero, un grupo de hombres bajó a Jaime Enrique del bus cuando este llegó al Puente de Mutatá. Ese día el joven vestía un jean y una camiseta con estampado café y azul. Hasta la fecha, el Ejército no da razón de su paradero y la Fiscalía poco ha avanzado en la búsqueda según la líder de víctimas.

En el año 2001, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó la demanda de la familia al Estado por la desaparición de Jaime Enrique. Catorce años después, los familiares siguen exigiendo la realización de sus derechos como víctimas: a conocer la verdad sobre ¿Qué pasó? ¿Por qué lo desaparecieron? Y ¿Quiénes fueron los responsables?; a que se haga justicia con los autores de este crimen de lesa humanidad; a tener garantías de que no se repetirán estos hechos; y, ante todo, a encontrar su ser querido para aliviar el dolor y la incertidumbre que causa la desaparición forzada.

Mientras no sea hallado y su caso esté condenado al olvido estatal, Jaime Enrique seguirá haciendo parte de esa fría estadística que aumenta cada día en Colombia: 153.400 hechos de desaparición forzada entre 1985 y 2015 (44.840 víctimas directas y 108.560 indirectas); de estos, 29.371 en Antioquia (8.612 víctimas directas y 20.759 indirectas), según datos de la Red Nacional de Información del Registro Único de Víctimas.

 

La desaparición forzada, como los demás hechos victimizantes del conflicto, es una tragedia que puede tocar a cualquiera: al padre de un futbolista, al esposo de una joven madre, al hermano de una líder. Y ellos no descansarán hasta encontrar a su ser querido, porque con él se fue una parte de sus vidas, de su historia, de sus sueños.