El acceso a la tierra en Colombia: una deuda histórica pendiente

13.11.2019 15:40

La Reforma rural integral avanza a paso lento. Ni el inventario de baldíos ni la restitución y formalización de tierras tienen logros significativos en el gobierno del presidente Duque. Académicos y organizaciones sociales hacen críticas y sugerencias para resolver un problema histórico del país.

Por Juan Camilo Gallego Castro -

 

Alejandro Reyes Posada sugiere una fórmula para resolver el problema de la tierra en Colombia, de manera “simple” y en tres pasos. Lo amplió en el seminario “Acceso a la tierra en Colombia: un reto a superar”, un evento del que participaron organizaciones sociales, excombatientes y académicos en la Universidad de Antioquia. El primer paso, según Reyes, es “decretar como reserva natural inadjudicable a perpetuidad toda la tierra no ocupada”, para cerrar la expansión de la frontera agraria. El segundo, “considerar propiedad privada toda la tierra usada para la producción y definir, en cada caso de informalidad, a favor de quién debe expedirse el título de propiedad, atendiendo al criterio de la posesión material”. Y tercero, “extinguir el dominio, como está establecido hace casi un siglo, a quienes no usen la tierra para la producción sino para capturar la valorización”. Esta se ingresaría al fondo de tierras para ser distribuida.

En dicha presentación no habló del despojo de tierras ni de casos, como el de Urabá, en donde fueron desplazadas 180 mil personas entre 1995 y 1997, para ser ocupadas las tierras de campesinos por parte de empresarios, paramilitares y testaferros, como lo describe el informe “Van por nuestras tierras a sangre y fuego”, que entregaron a la JEP varias organizaciones, entre ellas el Instituto Popular de Capacitación (IPC).

Al cuestionar a Alejandro Reyes sobre su propuesta, pues daba entender que los despojadores de tierras seguirían con ellas, bajo el argumento de que estaban produciendo, hizo claridad en que no podría aplicársele a ellos, pues las tierras despojadas entrarían en el proceso de restitución.

Durante la presentación de los casos regionales de Urabá y Chocó, Luz Nely Osorno, presidenta del IPC, aseguró que “en los relatos institucionales de lo que pasa en Urabá con relación a los actores armados, poco se refieren a otros actores a quienes les ha convenido esa violencia. ¿Cuáles son los bienes en disputa? ¿Quiénes tienen hoy las tierras? El llamado es a cuestionar los relatos que no cuestionan la verdad completa. ¿Quiénes han estado detrás del despojo?”.

En ese sentido, la abogada Martha Isabel Pérez, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, dijo que para hablar del acceso a la tierra se tiene que discutir primero sobre el despojo, como sucede en el Bajo Atrato chocoano, en donde acompañan a varias comunidades. Y esa indagación debe pasar por el paramilitarismo, las operaciones militares y la concentración de la tierra que se dio desde mediados de los noventa.

“No podemos seguir mirando los territorios desde los actores armados. En Colombia resulta más fácil saber quién dispara. Tenemos que pasar por un proceso de verdad y garantías de no repetición”, agregó Osorno en este evento del 26 de septiembre, organizado por Ielco, Mujeres que Crean, Confiar, Kavilando, Redipaz, Universidad de Antioquia, partido Farc y el IPC.

El acceso a la tierra

“Hemos tenido un enorme despojo y desplazamiento forzoso en Colombia, más de seis millones de hectáreas, son como dos tercios de tierras abandonadas y dos millones de tierras despojadas. Para superar un conflicto violento tenemos que restituir las tierras de los que lo perdieron con ocasión del conflicto. Esto es complicado porque en Colombia el conflicto empobrece los territorios. La tierra pierde valor. Cerca de la mitad se han desestimado porque no cumplen los requisitos de la ley. La restitución es una política que forma parte de la reforma rural integral”, dijo Alejandro Reyes.

Esta discusión del acceso a la tierra también pasa por la Reforma rural integral, el primer punto de los Acuerdos de Paz.  Agregó Reyes, “en Colombia, en 100 años, el estado ha adjudicado 25 millones de hectáreas. No se ha hecho a los colonos campesinos que tumbaron la selva. La gran mayoría se ha hecho a los compradores de mejoras y se ha concentrado la propiedad, la adjudicación de baldíos no ha democratizado el acceso a la tierra”. El Gini colombiano es de 0.87, es decir, es uno de los países con mayor concentración de tierra en el mundo.

En La Habana se acordó la creación de un fondo de tierras para distribuir tres millones de hectáreas, formalizar siete millones de hectáreas y restituir dos millones de hectáreas. Sin embargo, Ana Jimena Bautista Revelo, investigadora de De Justicia, escribió que “de acuerdo con el informe de la PGN, a 31 de marzo de 2019, al Fondo de Tierras habían ingresado un total de 546.700 hectáreas que representarían el 18% del total de tierras que se espera ingresen al fondo. No obstante, es importante tener en cuenta que no toda la tierra que ingresa al fondo podrá ser adjudicada, es decir, al fondo tendrán que entrar mucho más de tres millones”. Para ella, a más de un año y medio de la implementación del acuerdo, la Reforma rural integral no arranca y los principales avances son desarrollos normativos; no evidencia progresos en la distribución de la tierra y el acceso a servicios y bienes públicos.

Con relación a la formalización de la tierra, un tema clave del primer punto de los acuerdos, Miguel Samper, ex director de la Agencia Nacional de Tierras durante el gobierno de Juan Manuel Santos, dijo en el Seminario que “el único inventario de baldíos es el inventario de adjudicaciones”. Es decir, la ANT tenía como responsabilidad hacer un inventario de baldíos, sin embargo, esto no se logró.

“El principal problema para hacer el inventario de baldíos era cómo funcionaba la institucionalidad. Ahora lo que hay que hacer es llegar a todos los territorios y saber dónde están ubicados los baldíos”, agregó Samper. Criticó a la actual Agencia Nacional de Tierras, pues para el 2020 tiene un recorte del 30% de su presupuesto y en lo que lleva no ha ejecutado ni el 15%.

El catastro multipropósito lo definió como un “catálogo de buenas intenciones” del gobierno Duque, pues “son 150 millones de dólares para formalizar 65 mil predios, eso da un valor de millón y medio por predio. Pero el gobierno se puso la meta de llevarlo a 13 millones de predios, eso son 20 billones de pesos y no sé de dónde van a sacar ni los recursos ni la capacidad de ejecución de las instituciones”.

En cuanto a la restitución de tierras, a agosto, y de acuerdo con la Fundación Forjando Futuros, se habían restituido 316.200 hectáreas, es decir, el 4.9%.

Avances lentos

Según el último informe del instituto Kroc sobre el seguimiento a los Acuerdos de Paz, “preocupa que la implementación de este punto continúa siendo lenta. Es necesario acelerar y avanzar en temas normativos pendientes como la Reforma de la Ley 160 de 1994 (Ley de Tierras), y los mecanismos para democratizar y generar seguridad jurídica sobre el uso y el acceso a la tierra. Uno de los principales retos del Acuerdo es llegar lo antes posible con bienes y servicios públicos a los territorios rurales más rezagados, excluidos y abandonados.”

Para ello considera importantes la implementación de los PDET, PNIS y planes nacionales centrados en la provisión de bienes y servicios públicos rurales.

 

 “Los PDET son el nombre que se le da al desarrollo, apoyado por el estado, a los territorios periféricos. Sin embargo, apenas está apenas empezando”, explicó Alejandro Reyes, “y si va a tomar fuerza o no, depende de quién gane las próximas elecciones presidenciales y si ese nuevo gobierno quiere meterle acelerador a la reforma rural o no, y depende de las organizaciones sociales que deben presionar de abajo hacia arriba. El próximo gobierno, porque en este gobierno no tengo la esperanza de que haya la voluntad política necesaria para hacer una reforma rural, nos hace falta que llegue un nuevo gobierno.”

 

Fuente del articulo: Agencia de Prensa IPC