Cuba señala recrudecimiento del bloqueo estadounidense durante la pandemia

27.10.2020 15:20

Desde abril de 2019 hasta marzo de 2020, las prohibiciones y sanciones estadounidenses causaron a la isla pérdidas por 5.570 millones de dólares.

 

La Habana, 23 oct.- Aplicado con mayor severidad en el último año, el embargo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba ha supuesto dificultades adicionales para la población de la isla caribeña, en el desafiante contexto que impuso la pandemia de la covid-19.

Así lo recoge el informe “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, que fue presentado la víspera en esta capital por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

El texto, en virtud de la resolución 74/7 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), será sometido a votación en ese organismo multilateral en mayo de 2021.

La situación epidemiológica por la covid-19, y en particular en Estados Unidos y Nueva York, sede de la ONU, llevó a las autoridades cubanas a transferir la presentación de la resolución de su fecha tradicional (entre fines de octubre y principios de noviembre) a mayo de 2021, durante la sesión reanudada del periodo de sesiones 75.

De acuerdo con el texto, de abril de 2019 a marzo 2020, el conjunto de sanciones que Washington aplicada contra La Habana desde 1962 causó daños por valor de 5.570 millones de dólares estadounidenses (USD).

Se trata de la primera vez que los daños del embargo sobrepasan los cinco mil millones de USD en 12 meses.

Indica que en ese lapso se registraron alrededor de 90 acciones y medidas económicas coercitivas del gobierno de Estados Unidos, “con la intención de intervenir en los asuntos internos del país y en franco menoscabo de la libertad de comercio y navegación internacionales”.

Afectaciones

El canciller sostuvo que si bajo las restricciones del bloqueo el efecto de la pandemia no ha sido mayor en Cuba, “es por la solidez de su sistema de salud, la fortaleza de su potencial científico, la capacidad de motivar y comprometer al pueblo en esta tarea de urgencia, y por el esfuerzo de miles de cubanos en el empeño fundamental de salvar vidas”.

Puso como ejemplo que la empresa estatal Medicuba contactó a 50 compañías estadounidenses para explorar la posibilidad de importar medicamentos, equipos e insumos “que habrían sido muy beneficiosos para pacientes cubanos, particularmente en áreas como la oncología y la pediatría”.

Precisó que la gran mayoría no reaccionó, y tres de las entidades (Waters Corporation, Dexcom y la filial estadounidense de Royal Philips N.V.) argumentaron que no podían establecer vínculos comerciales con entidades cubanas debido a las regulaciones federales.

En cuanto a los retos para enfrentar la covid-19, el informe menciona acciones extraterritoriales “para privar deliberadamente al pueblo cubano de ventiladores pulmonares mecánicos, mascarillas, kits de diagnóstico, gafas protectoras, trajes, guantes, reactivos y otros insumos necesarios para el manejo de esta enfermedad”.

Precisa que las numerosas regulaciones y disposiciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos en este periodo “alcanzaron niveles de hostilidad sin precedentes”.

Señala, por ejemplo, la posibilidad de establecer demandas al amparo del Título III de la ley Helms-Burton (1996), activado en mayo de 2019, y que permite las demandas en tribunales estadounidenses contra empresas de cualquier país que se benefician de propiedades nacionalizadas en la isla tras la revolución de 1959.

Refiere también el incremento de la persecución de las transacciones financieras y comerciales, al igual que la prohibición de vuelos desde Estados Unidos hacia todas las provincias cubanas, con excepción de La Habana.

 

“El gobierno de Estados Unidos ha desatado una feroz campaña contra los programas de cooperación médica que prestamos en decenas de países” y, entre 2019 y 2020, se han introducido medidas extraordinarias y no convencionales, impropias en tiempos de paz, de acoso e intimidación a empresas que suministran o transportan combustible a Cuba, con el propósito de privarnos de ese recurso vital, argumentó Rodríguez.

Durante los dos últimos años, Washington ha arreciado sus críticas contra la colaboración sanitaria de la nación insular caribeña, la cual valora como una forma de trata de personas.

Tal argumento es rechazado por las autoridades cubanas que lo consideran parte de una campaña de descrédito y mentiras dirigido a golpear la credibilidad del país y la exportación de servicios profesionales, entre ellos los médicos, los cuales constituyen el primer rubro de la economía nacional.

Desde septiembre de 2019, La Habana señala a Washington por presionar a empresas navieras, a fin de provocar un déficit energético cuyas secuelas se han dejan sentir sobre todo en la transportación pública y las industrias.

Sin justificación

En otra parte de su exposición ante medios de prensa, el jefe de la diplomacia cubana enfatizó que “el bloqueo carece de justificación política, moral o jurídica”.

Durante 28 años la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reclamado consistentemente a Estados Unidos que le ponga fin. Su existencia representa el desprecio estadounidense a la voluntad de la comunidad internacional y una manifestación de soberbio aislamiento, complementó.

En noviembre de 2018, la resolución sin carácter vinculante que Cuba presenta en esa instancia desde 1992, fue avalada por 187 votos, tres en contra (Estados Unidos, Israel y Brasil) y dos abstenciones (Colombia y Ucrania).

Rodríguez insistió en que el bloqueo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos y transgrede las normas y principios en los que se sustenta el sistema de relaciones internacionales, incluidas las normas internacionales del comercio y la navegación.

En las condiciones actuales, dificulta el proceso de actualización del modelo económico socialista y el normal desempeño de nuestras relaciones comerciales y económicas con numerosos países, apuntó.

Según el informe, durante casi seis décadas el embargo ha provocado afectaciones por más de 144.413 millones de dólares a precios corrientes. (2020)

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