Colombia: un país simbólico (de normas) frente a un país real

05.03.2018 23:27

 

 

Colombia es un país sustancialmente de normas y leyes, en la medida en cada problema o desafío que se presenta, se enfrenta con una más, como si la norma en sí conllevara la solución de la problemática, o por considerar las existentes insuficientes. La protección no es la excepción.

 

Diana Sánchez Lara

 

Directora de la Asociación MINGA, Coordinadora del Programa Somos Defensores

 

 

 

Tal vez como ningún otro asunto, el de protección a la vida e integridad física se ha convertido en punto de inflexión en el debate público del país. Ha sido una búsqueda mayor del movimiento de DDHH en las tres últimas décadas. Lo fue de manera neural en la negociación de paz en La Habana y los desarrollos normativos para darle vida a los acuerdos surgidos de allí. Es sustancial en la negociación de la Cumbre Agraria con el Gobierno Nacional. Es columna vertebral en la Mesa de Quito. Es determinante en esta precisa coyuntura por el preocupante incremento de asesinatos a líderes y lideresas sociales del país y que pone en cuestión las posibilidades de implementación los Acuerdos de Paz, y el avance de la otra mesa de negociación. Pero particularmente, la protección es aún más sensible para los liderazgos y comunidades rurales, que paradójicamente por ser protagonistas de primera línea en la implementación de los acuerdos de paz, están siendo altamente atacados.

De acuerdo al más reciente informe del Programa Somos Defensores1, de los 106 homicidios de defensores/as registrados en el 2017, 44 tenían alguna relación con la implementación de algún punto de los Acuerdos de La Habana. A ello se suma que las zonas más afectadas son las rurales y por donde pasará el post conflicto armado, y obviamente, los sectores históricamente excluidos: líderes comunales, indígenas, afros y campesinos. Esta tendencia, por demás, confirma que el pacto de paz con las Farc no significó el fin de la “horrible noche” porque no cesó la violencia.

Ante este panorama, recobra más relevancia la reivindicación de protección y garantías para el ejercicio de la defensa de los DDHH y de la política misma. En consecuencia, resulta imperativo para el Gobierno Nacional avanzar en la construcción de la ruta normativa que da vida a los Acuerdos de La Habana, muchos de los cuales ya tienen un marco legal o al menos un Decreto o Decreto Ley como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Decreto Ley 154 de 2017), la Unidad Especial de Investigación (Decreto Ley 898 de 2017), el Cuerpo Élite de la Policía Nacional y el Sistema Integral de Seguridad (Decreto Ley 895 de 2017), faltando el que desarrolla el punto 3.4.8. Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios.

Por ello, actualmente el Ministerio del Interior discute con la sociedad civil el Decreto que crea y reglamenta Programa Integral de Seguridad y Protección para comunidades y organizaciones, líderes, lideresas, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género y defensoras de derechos humanos en los territorios, que desarrolla el punto 3.4.8. Y digo se “discute”, porque para su construcción, el mismo acuerdo contempla, la participación activa y efectiva de las organizaciones, incluyendo a las mujeres y las comunidades en los territorios, y la concertación con estas, un Protocolo de Seguridad para Territorios Rurales. En consecuencia, el Ministerio del Interior echó mano de espacios de interlocución y concertación que vienen caminando de tiempo atrás, como la Mesa Nacional de Garantías y la Cumbre Agraria, para hacer la consulta con sociedad civil organizada que tienen –especialmente esta última– raíces en los procesos territoriales y particularmente, en las zonas priorizadas por los Acuerdos de Paz.

¿Un Decreto más para la Protección?

Colombia es un país sustancialmente de normas y leyes, en la medida en cada problema o desafío que se presenta, se enfrenta con una más, como si la norma en sí conllevara la solución de la problemática, o por considerar las existentes insuficientes. La protección no es la excepción. Hoy por hoy el país cuenta con varios desarrollos, entre de ellos los decretos 4912 de 2011, el 1066 de 2015, el 2078 de 2017; amén de sentencias de la Corte Constitucional. En contraste, las cifras de violencia contra defensores y defensoras no ceden, como ya se mencionó.

Pero bien, qué de novedoso tiene el decreto que reglamenta el punto 3.4.8 de los Acuerdos con las Farc. Se trata de un ambicioso Programa, en alcance y extensión, en su borrador son 29 páginas que recogen seis títulos, y como su nombre lo indica, es integral para la seguridad y protección de comunidades y organizaciones en los territorios, especialmente los priorizados por los mismos Acuerdos. En su conjunto implementa cuatro componentes, que se suponen complementarios: 1) Medidas integrales de prevención, seguridad y protección, 2) Protocolo de protección para territorios rurales, 3) Programa de Promotores/as comunitarios de paz y convivencia, 4) Programa de apoyo a la actividad de denuncia.

Prácticamente nada se queda por fuera del Decreto, pues cuenta con todos los enfoques recogidos en la política pública colombiana, reconoce la diversidad y heterogeneidad de liderazgos sociales del país, le apuesta además de prevenir hechos victimizantes a las comunidades y organizaciones y sus liderazgos, a una exhaustiva lista de mecanismos, instrumentos, medidas, instancias y coordinaciones interinstitucionales para la protección, la no estigmatización y la convivencia ciudadana. También busca armonizarse con otras normas ya existentes para no “invadir” otros mandatos. Además, como ya se indicó, contará con la participación activa de la sociedad objeto del mismo decreto, tanto en su creación como en la implementación del mismo. En otras palabras, pinta bien.

Sin embargo, en su gran ambición, a este Programa, en construcción, las organizaciones sociales le han puesto gran esperanza, de ahí su interés en participar en su arquitectura; pero la verdad, este Programa puede correr varios riesgos que es necesario destacar: uno, puede ser una norma más que diseña el Gobierno Nacional para “cumplir” formalmente con un compromiso de los Acuerdos de Paz, pero que en la práctica no será implementado como tantos otros, por ejemplo el Sistema Nacional de Derechos Humanos (Decreto 4110 noviembre de 2011) que se convirtió en letra muerta, a pesar de tanta necesidad de su funcionamiento. Dos, puede pasar que, por ser un simple decreto, el próximo gobierno no lo cumpla, entre otras cosas, el Decreto implica 6 meses para iniciar su implementación, es decir, no será este gobierno quien lo haga. Tres, su alcance de fondo es limitado, pues se desprende de un decreto ministerial con peso del ejecutivo y no estatal, que tiene la bondad de hacer coordinación interinstitucional pero no obliga a otras entidades importantes, y el problema de violencia contra comunidades rurales y líderes y lideresas sociales es estructural y su protección efectiva dependerá de políticas públicas de amplio alcance. Cuatro, la lucha central de los movimientos sociales y de DDHH en el país es lograr una verdadera política pública de garantías reales para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y del liderazgo social; esto implica, de suyo, cambios importantes, inclusive, de pensamiento (ideológicos) en las instituciones del gobierno y de Estado que siempre han tenido una concepción de enemigo interno hacia estos sectores, o las investigaciones jurídicas de fondo, que den cuenta de quiénes siguen estando detrás de los homicidios, amenazas y demás agresiones. El Programa obviamente no tiene los alcances de garantías. Quinto, este Decreto se centra en la protección colectiva a organizaciones y comunidades, sin embargo, también involucra la protección a líderes y lideresas sociales, que en la práctica son casos individuales a atender, pero como ya existen decretos que reglamentan tanto la protección individual (4912 de 2011 y 1066 de 2015) como colectiva (2078 de 2017), esto puede generar mucha confusión en las poblaciones objeto a la hora de recurrir al Programa, pero también en las instituciones centrales y territoriales, y de alguna manera, hay una especie de “esquizofrenia” con tanto mandato entrecruzado entre este Decreto y otros ya existentes. Sexto, si bien el Programa tiene alcance nacional, es decir, cubre todos los territorios, genera una expectativa grande para que llegue a todas las comunidades; su cubrimiento puede ser muy limitado, pues su implementación será priorizada a los territorios por donde pasará el post acuerdo, obviamente esto puede ser matizado por las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que se presenten, si de aquí en adelante se tienen en cuenta y responden adecuadamente.

Por otra parte, el Título V desarrolla el Programa de promotores/as comunitarios de paz y convivencia, una figura interesante, pero no muy novedosa, tendría similitud a los otrora, jueces de paz pero sin poder vinculante; es realmente muy ambicioso y le entrega a los y las futuras promotoras comunitarias un sin número de mandatos, alcances, objetivos y funciones que mirándolos a los ojos de las realidades locales más apartadas del país (ruralidad) parecieran más potentes que los mismos personeros y defensores del pueblo comunitarios. Además, hay que resaltar que estas figuras tendrán un carácter voluntario e individual, y habría que ver si contarán con recursos logísticos y económicos para su arduo trabajo, sobre todo en zonas distantes donde los desplazamientos son costosos. Así mismo, para quienes pensamos que en estos tiempos de transición es imperativo fortalecer a la institucionalidad política local para enfrentar de manera integral y distinta las problemáticas territoriales, y darle cabida al enfoque colectivo construido a pulso por las comunidades, especialmente pueblos étnicos y sus figuras políticas territoriales, los y las promotoras corren el riesgo de ir en contra vía de estos elementos en mención. Puede parecer un poco duro, pero este componente es un poco populista.

En relación al último componente, el del Programa de apoyo a la actividad de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios (Título VI), quizás sea el más cosmético, pues de fondo en Colombia el problema no es de denuncia, pues con dificultades y todo se hace, el lío mayor está en la respuesta gubernamental y estatal a las mismas. No se desprecia el loable objetivo de este Programa al pretender apoyar a las organizaciones y comunidades locales para tramitar sus denuncias y acceder a mecanismos de justicia; pero en realidad, es la impunidad y la falta de medidas para responder a ellas, la dificultad estructural que se debe superar.

En fin, los y las defensoras de DDHH aspiramos a que este Programa Integral logre un desarrollo importante y evite la agresión a muchas comunidades y organizaciones sociales, pero en Colombia de la norma al hecho, hay mucho trecho, es preciso que la misma sociedad se apropie del mismo, lo haga cumplir, lo empuje y se movilice para que entre en funcionamiento y no sea uno más en los anaqueles del Estado.

1 La Piedra en el Zapato, Informe anual 2017 Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de DDHH en Colombia, febrero de 2018. https://choco.org/documentos/informe-anual-2017-piedra-en-el-zapato.pdf