Colombia. Comando Central del ELN: Los borrachos no cierran la campaña

22.05.2018 14:29

Por COCE del ELN

Dicen que Hidroituango costó 4.000 millones de dólares, que están amenazados según algunos por “errores de ingeniería y de reducción de costos en el diseño”, pero para otros se trata de “irregularidades en proyectos, contratos y ejecuciones”, una manera disimulada para nombrar la corrupción

 

En el cierre de esta campaña electoral, van por un lado los discursos de los candidatos presidenciales, quienes apenas sobrevuelan la superficie de la realidad nacional, mientras Colombia se arrastra por el fondo de sus problemas estructurales, develados en el derrumbe de Hidroituango, la mayor obra de ingeniería del país; a lo que se suma la pésima calificación que obtuvo el Estado en el reciente Examen Periódico Universal que hace el Comisionado de Derechos Humanos de la ONU; tragedia que se agrava con el último reporte de organizaciones defensoras de DDHH sobre los 385 líderes sociales asesinados desde 2016.

Dicen que Hidroituango costó 4.000 millones de dólares, que están amenazados según algunos por “errores de ingeniería y de reducción de costos en el diseño”, pero para otros se trata de “irregularidades en proyectos, contratos y ejecuciones”, una manera disimulada para nombrar la corrupción que ya se ha venido demostrando eficiente para derrumbar edificios en todo el país, y hasta el puente de Chirajara, galardonado por un premio nacional de ingeniería.

Los damnificados del derrumbe de Hidroituengo ascienden a 130.000, pero antes registra por su cuenta varias masacres y el asesinato de numerosos líderes sociales que se opusieron a la hidroeléctrica, lo que motivó a 25 diputados del Parlamento europeo a pedir frenar su construcción y el llenado del embalse para poder recuperar los cuerpos de estas víctimas, que algunos llaman del conflicto y otros las nombran como víctimas del desarrollo.

Simultáneamente en Ginebra, Suiza, la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el Estado colombiano fue recriminado por sus incontables incumplimientos, que constituyen otro derrumbe en el que los damnificados somos todas y todos los colombianos. En un diario de Bogotá la semana pasada entrevistaron a Kate Gilmore, la Alta comisionada adjunta de la ONU para los DDHH, quien se refirió a este derrumbe en estos términos:

“Hay una infección en la región que yo considero muy dañina. Existe un apetito tan grande para progresar que está estrechamente relacionado con un concepto de desarrollo que tiene que ver con explotar todos los recursos del país para alcanzar estos beneficios estrechamente relacionados al desarrollo económico, pero no social ni ecológico. Esas sociedades basadas en el desarrollo económico son las que son más vulnerables a la corrupción. Y me refiero a esto con el tema de los defensores de derechos, especialmente los relacionados con el medio ambiente, porque son ellos quienes denuncian las irregularidades que pueden existir cuando se le da relevancia al desarrollo económico. Cuando ellos levantan la mano y dicen que algo está mal, sabemos que muchos actores, incluyendo los no estatales, están relacionados con muchos asesinatos… vemos con temor que los gobiernos de la región están viendo esta situación casi como aceptable, que las voces de la sociedad deben ser silenciadas”.

Por su parte, el director del Instituto para el desarrollo y la paz (Indepaz), en su publicación del 18 de mayo señala, “Qué hacen el gobierno y los poderes del Estado ante la agresión a los líderes sociales”, y analiza que quienes se lucran de la guerra, están escalando su oposición violenta a la paz para avanzar en la neocolonización del territorio. Ofensiva que es acompañada desde el Estado por medio de la continuación del anterior plan contrainsurgente que “califica de enemigo al contrario y de terrorista al opositor”, principalmente a todos aquellos de la izquierda anti neoliberal. Así protegen lo que los seguidores de Uribe Vélez denominan “confianza inversionista”.

Afirma el analista que el régimen “asumió la firma del pacto final con las FARC como la victoria en la guerra”, lo que explica la embriaguez triunfalista que sufren las clases dominantes en Colombia, que las hace menospreciar la solución política del conflicto y sustenta su amenaza de hacer trizas a la paz. Por esta borrachera, “en la implementación de los acuerdos (firmados con las FARC el 23 de noviembre de 2016) se ha impuesto la renegociación a diferentes niveles”.

Sería positivo que así como los candidatos presidenciales derechistas han hecho un pare en sus discursos de polarización y odio, los embriagados jefes del régimen también detengan su campaña por la conservatización de la sociedad colombiana y por la guerra, para hacer uso de un sano juicio por la solución política y la paz.

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