Por : AGENCIA PRENSA RURAL 

Muertos buenos y malos, es otra de las señales deshumanizadoras que sirven de caldo de cultivo a la retoma fascista del poder global, desensibilización y desnaturalización a la cual se le adelantó el afianzamiento del dominio financiero sobre las diferentes actividades y sectores económicos. 

Carlos Manuel Zapata Carrascal Rector Institución Educativa José Manuel de Altamira, municipio de San Bernardo del Viento, Córdoba 

Increíble, pero cierto. 

La reciente escalada de masacres de jóvenes, siendo la más reciente la perpetrada el barrio caleño de Llano Verde, ha sido minimizada por la manipulación mediática, sobre dimensionando el caso judicial del expresidente Uribe, generando confusión para inducir a la necesidad de fortalecer la seguridad en contra de enemigos internos asociados con la invención de la toma del Poder por parte del comunismo castrochavista. 

Estamos inmersos en condiciones en donde aplica el aporte del documentalista inglés Adam Curtis, en el sentido que 

“Vivimos en un mundo donde los poderosos nos engañan. Sabemos que mienten, y ellos saben que sabemos que mienten, pero no les importa. Decimos que nos importa, pero no hacemos nada. Nada nunca cambia. Es normal”. 

El dominio de los políticos en el fondo es aparente, porque la perdida de la hegemonía de aquellos se remonta a 1975, desde cuando paulatinamente fueron relegados al cumplimiento de las órdenes del sector financiero. 

La evidente soledad del vulgar capataz o patriarca contrasta con el afán de periodistas-estafetas de medios y programas radiales como Caracol, CM&, RCN, La W y La FM de limpiarle la impúdica imagen y por esa vía, unirse al mini coro del que hace parte el (sub) presidente Duque, que, a voz en cuello, exige la libertad del reo 1087985.

Han pasado ya 9 días desde que los cinco magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictaron medida de aseguramiento contra el expresidente y congresista, Álvaro Uribe Vélez. Decisión que, a pesar de haberse tomado en derecho y de acuerdo con el material probatorio hasta el momento allegado, ha sido asumida por el propio afectado, por Iván Duque Márquez, miembros del Centro Democrático, periodistas-estafetas y claro, por áulicos que tratan de incendiar el país desde las redes sociales, como una decisión política asociada a una persecución con ese mismo talante o carácter. Por supuesto, se trata de una argucia, propia de quienes por largo tiempo se han sentido intocables ante la Justicia.

El 4 de agosto de 2020 constituye, desde ya, una fecha memorable, por varias razones a saber: porque el teflón y de allí el carácter de “intocable” de Uribe Vélez, cayeron por la fuerza de lo encontrado y analizado por los cinco magistrados, en relación con las acciones adelantadas por el senador antioqueño conducentes a manipular testigos y por esa vía, incurrir en el delito de fraude procesal y compra de testigos; actividades estas, nada acordes con su condición de expresidente. Y es que en este aspecto hay que señalar que Uribe jamás se sintió cómodo como Jefe de Estado. Su condición de ganadero, latifundista, caballista y de “rufián de esquina”, como lo llamó en su momento Juan Manuel Santos, siempre la puso por encima de su dignidad presidencial, la misma que mancilló durante sus ocho años de mandato.

Masacre de cinco jóvenes afrocolombianos en Barrio Llano Verde en Cali 

Están matando a nuestros niños y jóvenes. Quieren destruir nuestra cultura, presente y futuro. “ni siquiera tenemos el derecho a la vida”. 

AFRODES Cali y todas las familias afrocolombianas víctimas del conflicto que viven en el Barrio Llano Verde de Cali estamos de luto. En una masacre, cinco jóvenes, casi niños, fueron asesinados con crueldad el día de ayer 11 de Agosto: Josmar Jean Paul Cruz Perlaza (16 años), Leider Cárdenas Hurtado (16 años), Luis Fernando Montaño (15 años), Álvaro José Caicedo Silva (15 años) y Jair Andrés Cortes Castro (14 años). Sus cuerpos, con signos de tortura y tiros de gracia fueron dejados en un cañaduzal a pocos metros de nuestras viviendas. Aun no se conocen detalles sobre los hechos pero la realidad es clara: se confirma el proceso deliberado de destruirnos como grupo étnico-afrocolombiano ante la incapacidad e indiferencia del gobierno y la sociedad. Asesinar a nuestros niños y jóvenes implica destruir la posibilidad de continuar nuestra existencia cultural: “ni siquiera tenemos el derecho a la vida”. 

Paz ... ¿Cuál Paz? 

[Estas reflexiones fueron escritas para ser presentadas en el Foro Internacional: “Paz.... Cuál Paz?”, programado para el 18-20 de marzo de 2020 en Bogotá, en el Congreso Nacional y la Universidad Nacional, evento cancelado a causa de la pandemia Covid-19] 

Se suele hablar de paz cuando se logra la solución de un conflicto. Pero esa solución puede consistir en abordar las causas del conflicto y llegar a un acuerdo entre las partes enfrentadas, de modo que ambas queden satisfechas, o en imponer y lograr que se acepte la posición de una de las partes contra la voluntad de la otra, lo cual lleva a una paz forzada, imperfecta o aparente, que continúa obrando como germen de nuevos conflictos. 

espectro de una heredada médula violenta 

El conflicto armado colombiano es inseparable del conflicto social. Desde la independencia de España, el tipo de nación o república o Estado que se fue configurando llevaba el conflicto en su misma médula, como una fuerza congénita. Las tierras, riquezas y beneficios se repartieron como conquistas a los oficiales combatientes en la guerra de independencia. A los indígenas se les desconoció su tradición de propiedad colectiva de la tierra y se buscó someterlos a un régimen de propiedad privada negociable, el cual fracasó y obligó a devolverles a medias los resguardos, no sin calificarlos oficialmente como “salvajes” (Ley 89 de 1890), marginados de la civilización y considerados prácticamente como menores de edad. 

María Fernanda Cabal Molina

Partido Centro Democrático

Años en el Congreso

5

Votos

37,905

Patrimonio

$2.374.516.000

A María Fernanda Cabal la han rodeado personas vinculadas al narcotráfico, a los señalados como ‘paraísos fiscales’ y una red de negocios relacionados a sus familiares cuyos activos totales suman más de $5 billones. Cuestión Pública encontró que Cabal está en dos sociedades registradas en Panamá. Vendió un apartamento al empresario Rodrigo José Sarasti Guerrero, quien entró en la Lista Clinton por gerenciar empresas fachada de los narcotraficantes Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali. El padre de la senadora fue depositario de bienes expropiados a narcotraficantes por el DNE en los gobiernos Pastrana y Uribe. Una empresa en la que Cabal ha sido accionista, es socia de Riopaila Castilla S.A, donde sus familiares han tenido participación y han sido miembros de la junta directiva. Riopaila adquirió y concentró cerca de 41 mil hectáreas de tierra en Vichada por medio de 27 sociedades españolas y un holding en Luxemburgo. Su esposo, José Felix Lafaurie, ha sido señalado por presuntos vínculos con exjefes paramilitares. Directivos de Augura, aportante de su campaña en 2018, fueron financiadores de las Convivir.

*Por : Wilson Arevalo

"A Uribe Vélez:

- lo traicionó Noguera (preso), 

- lo traicionó Narvaez (preso), 

- lo traicionó Yidis (presa), 

- lo traicionó Sabas (preso), 

- lo traicionó Santoyo (extraditado), 

- lo traicionó su primo Mario (preso), 

- lo traicionó Buitrago (extraditado), 

- lo traicionó Arias (prófugo) , 

- lo traicionó Arana (preso), 

- lo traicionó su cuñada Dolly (extraditada), 

- lo traicionó su sobrina Ana María (presa), 

- lo traicionó Pedro Juan Moreno (asesinado), 

- lo traicionó Meneses (exiliado), 

- lo traicionó Job (asesinado), 

- lo traicionó Bernardo Moreno (preso), 

- lo traicionó 'la coneja' Hurtado (presa), 

- lo traicionó Velásquez (preso), 

- lo traicionó Villalba (asesinado).

Y la lista sigue... Pobre hombre, todos lo traicionan, menos el pueblo ignorante que todavía le sigue creyendo sus mentiras para mantenerse en el poder y de esta manera nos siga jodiendo la vida.

Yebrail Ramírez Chaves*No seremos nosotros quienes, ante las feroces amenazas que hostigan a la humanidad como consecuencia de la permanencia del sistema del capital, nos sumemos al coro destemplado y cobarde: Après nous le déluge!** Sin embargo, este es el adagio que siguen entonando, desde las cúspides del poder político y económico, las estiradas reliquias de la oligarquía colombiana, que no hacen otra cosa que recordarlo en cuanta tribuna se instalen, ya sea para eludir los dramáticos impactos de la crisis capitalista y de la pandemia en los sectores populares, ya sea ante a su propia incapacidad y desinterés de hacerles frente. En unos casos, el coro se esconde tras los recursos eufemísticos tipo «Todos los colombianos debemos estar unidos», «Juntos podemos salir adelante», «Nuestro comportamiento es el que garantiza que cumplamos con todas las pautas de higiene». ¿Acaso la responsabilidad dirige al estómago como el titiritero al títere? En otros casos, el coro orgulloso y sin maquillaje le cierra las puertas a posibles ceses bilaterales al fuego, se sostiene en la perfidia al acuerdo de La Habana, arroja al basurero las propuestas de renta básica universal y lanza salvavidas a los  grandes emporios económicos. 

Con el ánimo de entablar un diálogo con este importante medio de comunicación, solicitamos aclaraciones sobre lo que consideraban “temas relacionados con política” así como las diferencias que establecían con las columnas que sí consideraban de derechos humanos.

Derecho a la libertad de opinión |

Desde 2019 contamos con un valioso espacio de opinión en el portal informativo Pulzo.com el cual, en cabeza de nuestra vicepresidenta Soraya Gutiérrez Argüello, hemos dedicado a difundir el trabajo que realizamos en acompañamiento a víctimas de crímenes de Estado y comunidades en defensa de su territorio, así como las reflexiones de 41 años de litigio nacional e internacional en favor de los derechos humanos.

El pasado martes 21 de julio, después de varios días de haber enviado nuestra colaboración semanal, y solo al indagar por su no publicación, nos enteramos de que la dirección del portal consideraba que nuestra tres últimas columnas (El Fiscal Barbosa debería renunciar a su cargo, La erradicación forzada: un error más que comete Duque y ¿Donaciones o lavado de imagen?, la que no fue publicada por el portal) no se ajustaban a su línea editorial por abordar “temas políticos” y no de derechos humanos, y que por lo tanto, nuestro espacio semanal entraría en un periodo de prueba.

A pesar de la desconcertante respuesta y con el ánimo de entablar un diálogo con este importante medio de comunicación, solicitamos aclaraciones sobre lo que consideraban “temas relacionados con política” así como las diferencias que establecían con las columnas que sí consideraban de derechos humanos.

Tomado de la pagina oficial de SINALTRAINAL 

EFREN CUELLAR PARRA trabajador al servicio de la empresa COLOMBINA S.A. y presidente de la Junta Directiva de Sinaltrainal Seccional Zarzal, el 27 de julio de 2020, siendo aproximadamente las 7:30 am, en la salida norte del municipio de Bugalagrande – Valle del Cauca, dos hombres desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, lo interceptaron y uno de ellos con arma de fuego se le acercó y al notar la presencia de más personas en el lugar y al ver que Efren Cuellar Parra se trato de resguardar en un vehículo que pasaba por el lugar, empredio la huida al tiempo que le dijo:“ASÍ TENGA CHALECO NO SE SALVA SINDICALISTA HIJUEPUTA…”

Éste hecho hecho contra la integridad y la vida de EFREN CUELLAR PARRA quién por le riesgo enque se encuentra su vida, la Unidad Nacional de Protección le tiene asignado un chaleco blindado antibalas, se presente luego de actividad de protesta en solidaridad con los trabajadores despedidos por la empresa ACCIONES y SERVICIOS S.A.S. del grupo ACCIONES PLUS empresa tercerizadora e intermediara de la antisindical y antiobrera empresa COLOMBINA S.A. de propiedad de la familia Ciacedo que ha perseguido a los trabajadores desde el momento de afiliarse a Sinaltrainal llamándolos a descargos, con despedidos, intimidación, discriminación, hostigamiento, estigmatización a través de campañas que realizan al interior de la fabrica de Colombina S.A.S. contra los trabajadores afiliados a Sinaltrainal.

Los trabajadores y familias al servicio de la empresa Colombina S.A.S. de propiedad de la familia Caicedo, han sido víctimas de amenazas de muerte en sus casas, sicarios que en vehículos de personas que laboran el Colombia han llegado hasta la sede sindical a llevar cartas de renuncia de trabajadores a Sinaltrainal, han aparecido panfletos con amenazas de muerte en el municipio de de Zarzal,  han usado la Policía Nacional para reprimir las protestas, los integrantes de la Junta Directiva de Sinaltrainal han sido sacados de la fabircas y llevados a sitios para ser aislados, con amenazas de muerte, despidos y la campaña de terror y persecución en Colombina S.A.S. aniquilaron la Seccional de Sinaltrainal en Santander de Quilichao .

También es conocido por todo el mundo que el ELN ha mantenido y mantiene relaciones políticas con organizaciones políticas en diferentes momentos, tanto en tiempos de diálogos con el Gobierno, como en ausencia de ellas; hasta con los Partidos Conservador y Liberal, por si quedan dudas; y con las organizaciones insurgentes es igual; pero no respondemos por las acciones de ninguna de ellas. Cada cual responde por lo suyo. 

Ahora la Fiscalía, que se ha caracterizado por tener malos Fiscales Generales, pero nadie tan malo como el actual Francisco Barbosa, quiere hacer un gran despliegue mediático presentando a Natalia Trujillo Novoa “detenida y acusada de pertenecer al MRP, y presuntamente haber participado en la explosión en el Centro Comercial Andino”, de haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía para delatar a estudiantes de la Universidad Nacional de ser supuestos integrantes del ELN, a cambio que “le perdonen” su responsabilidad en las acciones que le imputa la Fiscalía. 

Si la Fiscalía le “quiere perdonar” a Natalia Trujillo, debería hacerlo con base en principios judiciales, pero no como un negocio a la usanza de la justicia norteamericana, donde todo se compra y se vende si le sirve al gobernante o a sus Fuerzas Militares o de Policía.