Si algo le faltaba a la nefasta corporación Monsanto era un ejercito oficial de asesinos a sueldo. Monsanto YA ES la corporación “Umbrella” de Resident Evil, pero en el mundo real. Controla el suministro de alimentos, comparte financistas con la industria farmacéutica y fabrica armas nucleares y biológicas. Así lo revela un reporte de Jeremy Scahill para The Nation donde expone que el ejército mercenario más grande del planeta, (conocido antes como Xe Services y, más recientemente, “Academi”).

El “servicio” criminal de inteligencia Blackwater fue vendido a la corporación transnacional Monsanto. Tras incontables denuncias internacionales por violaciones a la Ley, y habiendo adquirido fama por sus masacres de civiles en Irak y otros países, Blackwater cambió su nombre en el año 2009. No obstante, continua siendo el mayor contratista privado del Departamento de Estado de Norteamérica, como una agencia secreta de “servicios de seguridad” que practica terrorismo de Estado dándole al gobierno la posibilidad de negarlo.

¿Por qué las cacerolas no sirven?

Political Blind Spot denunció que: “Muchos agentes de la CIA y ex militares trabajan para Blackwater o compañías relacionadas, las cuales buscan desviar la atención de su mala reputación y obtener cuantiosos beneficios comerciales. Estos mercenarios venden sus servicios que van desde información ilegal hasta inteligencia de infiltración, lobbismo político y entrenamiento paramilitar – para gobiernos, bancos y corporaciones multinacionales. Acorde a Scahill, los negocios con Monsanto, Chevron, y gigantes financieros como el Barclays o el Deutsche Bank, se canalizan a través de dos empresas cuyo propietario es Erik Prince, dueño de Blackwater: Total Intelligence Solutions y Terrorism Research Center. Estos organismos comparten funcionarios y directores con Blackwater.

Elizabeth Reyes

Prensa Rural

El ex jefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, dijo en junio de 2007 que la masacre de Barrancabermeja fue un error. En medio de una borrachera, alias ‘Camilo Morantes’ dio la orden de matar a 25 de los 32 barranqueños secuestrados el 16 de mayo de 1998, a sabiendas que eran inocentes, según lo atestiguó Mario Jaimes Peña, alias ‘Panadero’, paramilitar que había desertado de las Farc, en versión libre en abril de 2008. Le constaba porque fue él quién comandó esa carnicería.

En el paseo de la muerte que hicieron los paramilitares ese día fueron asesinados los mellizos Diego Fernando y Ana María Ochoa de 20 años, unos jóvenes que participaban en bazar de su barrio.

Con las confesiones de ‘Bolívar’ y de ‘Panadero’, la madre de los mellizos, Luz Marina López, pudo por fin demostrar desde que ocurrió el crimen, en mayo de 1998, que sus hijos no eran guerrilleros. La verdad que conoció de boca del ‘Panadero’ fue demoledora. Dijo que los jóvenes hermanos fueron los últimos que ejecutaron tras 22 días de secuestro; que Ana María, la única mujer del grupo, fue violada, y que las fosas donde los enterraron fueron movidas por informantes en busca de recompensas. Se cree que un hueso que dejaron es de uno de sus hijos pero aún no ha sido identificado.

Esto último se supo luego que Hermes Anaya Gutiérrez, alias ‘Chicalá’ o ‘Junior’, desmovilizado del Bloque Norte, recorrió en mayo de 2008 con un fiscal de exhumaciones de Justicia y Paz una extensa zona rural de Sabana de Torres y la parte baja de Rionegro, municipios cercanos a Barrancabermeja, donde supuestamente están las fosas de 25 desaparecidos, de los 32 muertos.

Las ciudadanías libres de Colombia, unidas por voluntad propia, anhelantes de construir un futuro mejor para las generaciones venideras, manifestamos a la opinión pública internacional que: 

Ningún colombiano ha vivido en paz en nuestro país. Todos somos o hemos sido víctimas de la violencia. Una violencia causada por la concentración permanente del poder político en manos de reducidos sectores económicamente privilegiados, que han usado las leyes en beneficio propio, condenando a la mayoría de la población a la mas deshonrosa pobreza. La inequidad social causada por las malas prácticas políticas, ha sido el principal alimento de la guerra que, a su vez, ha producido miles de muertos a lo largo de los años. 

Uno de las etapas más violentas vividas en nuestra historia reciente, transcurrió entre los años 1998 y 2010, lapso correspondiente a los periodos presidenciales de Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez.

Por:Insurrección

En Arauca las comunidades campesinas desde el año 2004 decidieron erradicar ellas mismas los cultivos de coca y reemplazarlos por plantaciones de plátanos, cacao y arroz, junto a proyectos ganaderos; sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito hecha con esfuerzo propio y sin ayudas del Gobierno Nacional o de la comunidad internacional.

El Plan Colombia -el disfraz de la Guerra estadounidense contra las drogas-, se quedó sin justificación en este Departamento del oriente del país, pero esta nueva realidad no sirvió para neutralizar la militarización, intensificada los últimos años, con el propósito de posicionar las tropas colombianas más especializadas en esta frontera con Venezuela, en cumplimiento del plan de agresión que contra la hermana República Bolivariana de Venezuela adelanta el Gobierno de los Estados Unidos.

Los distintos Frentes y Compañías del Frente de Guerra Oriental (FGO) Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño permanecen junto al pueblo de los Departamentos del oriente colombiano, confrontando la inmensa militarización que impone el régimen oligárquico.

Durante el mes de marzo las unidades guerrilleras del FGO realizaron 26 acciones militares, que le dejaron 22 muertos y 32 heridos a las Fuerzas Armadas del régimen.

Voladuras a oleoductos

1) Marzo 1: voladura del oleoducto Caño Limón Coveñas, en el kilómetro 98 más 800 metros, en la vereda Caño Claro, del municipio de Saravena, Departamento de Arauca.

Raúl Zibechi

Los niveles a los que está llegando la aplicación del Código de Policía en Colombia

Cuando el control social que ejercen los estados y las empresas se convierte en una malla tan fina que atrapa y sujeta todas las manifestaciones de la vida cotidiana, ¿es importante quién gobierna?

El concepto de gobierno (instituciones estatales, nacionales, federales o municipales) es absolutamente insuficiente para comprender lo que está sucediendo en el día a día de nuestras sociedades.

La semana pasada en Bogotá, escuché asombrado los relatos sobre los niveles a los que está llegando la aplicación del Código de Policía. Un joven de 22 años, trabajador y estudiante universitario, fue castigado con una multa de 280 dólares (más de cinco mil pesos mexicanos) por comprar una empanada en la calle. La vendedora también fue multada.

En apenas dos años de vigencia del código se impusieron 400 mil multas, por situaciones cotidianas como correr en una estación de autobuses, comprar a vendedores ambulantes o defender a quien sufre multa policial, por obstrucción de la labor de los uniformados.

El Código de Policía fue aprobado en 2017, mientras se negociaba la paz con las FARC. El objetivo es evidente: taponar los poros por donde respira la cultura popular y juvenil, ya que se castigan hábitos como beber en las plazas, hacer malabarismo, actitudes circenses hacia la policía, entre muchas otras.

Para los de abajo, el nuevo código implementa el estado de excepción permanente del que nos hablaba Walter Benjamin, que forma parte de la vida cotidiana de las personas oprimidas.

Hay muchos más ejemplos sobre el control social. La realidad se acerca cada vez más al concepto de democracia totalitaria, del portugués João Bernardo.

En su libro de próxima aparición en castellano, registra la estrecha relación entre el autoritarismo empresarial y el gubernamental, ya que los trabajadores pasan buena parte de su vida sometidos a la estricta disciplina imperante en el horario laboral.

Tony López R.

A 71 años del asesinato del caudillo revolucionario Jorge Eliecer Gaitán, continúan detentando el poder los herederos de quienes orquestaron y fueron autores intelectuales del magnicidio, aquel 9 de abril de 1948, cuando ese atroz hecho dividió en dos la historia de Colombia, así de recia y prestigiosa era la figura y el liderazgo de Gaitán, un líder que sustentaba luego de las lecturas del El Capital de Karl Marx, se preguntaba: ¿Cuál es la función del capital? y se respondía “La función del capital reside en facilitar la aptitud del trabajo para producir riquezas” y añadía “así como la producción es social, social sea también la apropiación”. Era evidente que su discurso no era aceptado por una oligarquía conservadora-liberal y no podían permitir que un hombre con ese pensamiento social, cuya culta y pedagógica oratoria y liderazgo alcanzara la presidencia de la República en las elecciones que se avecinaban en 1950.

De ese asesinato no fue ajeno el gobierno de Harry S. Truman , el que tuvo una importante influencia sobre los complotados a través de la recién fundada Agencia Central de Inteligencia (CIA) y cuyo objetivo era eliminar y sacar del camino al líder de pueblo colombiano, cuya elección como futuro presidente de Colombia, era inconveniente para los intereses de Estados Unidos en la Región. Resulta sospechoso que ninguna de las agencias de inteligencia se pronuncien.

De acuerdo a informaciones publicadas por Gloria, hija de Jorge Eliecer Gaitán dice: “el ministro del gobierno de Ospina Pérez, Eduardo Zuleta Angel se encargó de desaparecer el informe que elaboró Scottland Yard sobre el crimen de mi padre el 9 de abril y el traductor del documento murió ahogado en una bañera”. Extraños sucesos que ponen en evidencia la responsabilidad de la oligarquía conservadora liberal en este magnicidio.

Tampoco la CIA ha desclasificado las informaciones que tienen de los sucesos del 9 de abril de 1948, a pesar de que según lo reglamentado, la CIA debe desclasificar la documentación después que pasan 50 años de lo sucedido. Han pasado 71 año y nada. ¿Qué esconderá está maquiavélica y tenebrosa Agencia del crimen?.

Por: JAIRO ESTRADA ÁLVAREZ

Profesor del Departamento de ciencia Política universidad nacional de Colombia

Las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz son la evidencia más contundente de la enorme distancia que hay entre la retórica gubernamental acerca del compromiso con la implementación del Acuerdo de paz y las actuaciones

adelantadas en forma mancomunada entre el poder ejecutivo, la bancada del Centro Democrático y sus aliados más cercanos en el Congreso de la República. A ello se agrega la trama que han montado esos dos poderes públicos con la obligación de incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo un capítulo específico de la implementación (PPI) para atender lo ordenado explícitamente por el acto legislativo 01 de 2016, en su artículo 3.o, el Documento CONPES 3932 de 2018 y el Plan Marco de Implementación. En ambos casos se está demostrando que el camino por el que ha optado la facción del bloque de poder que hoy gobierna al país, es el de avanzar hacia la consumación de la perfidia.

Más allá de los debates jurídicos –en buena medida ya resueltos por la Corte Constitucional– y del trecho que aún se debe andar en el Congreso de la República, tanto con las objeciones a la JEP como con el capítulo específico de la implementación en el PND, lo que está en el fondo del asunto es que por cuenta del santanderismo más hirsuto y burdo se le quiere hacer creer a la opinión pública que la derecha más recalcitrante tendría voluntad de construir el “nuevo consenso” de una paz verdaderamente incluyente, al tiempo que expresaría su disposición de adjudicar en el PND los recursos requeridos para la paz durante el actual cuatrienio presidencial.

En contraposición al carácter en extremo especializado del debate sobre la JEP, aparentemente exclusivo para los doctos, la facción dominante ha optado por la simplificación ramplona, fabricar mensajes directos y jugar con cierta habilidad y holgura en la cancha de las emociones, las pasiones, los odios y las mentiras. Y, además, por continuar cabalgando sobre una polarización construida en gran medida– en forma mediática, gracias a la cual obtuvo rendimientos, primero, en el plebiscito y, luego, durante las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2018.

AUTOR: TELESUR TELESUR

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) fue creada en 1961 con la intención de ampliar el “Plan Marshal” a los países estratégicos del mundo, canalizando sus políticas para: uno, impedir que las fuerzas comunistas –que se fortalecieron al derrotar al fascismo en la Segunda Guerra Mundial– tomasen el poder, y dos, abrir nuevos mercados a las empresas estadunidenses. El vínculo entre la USAID y la Oficina de Seguridad Pública, entonces dirigida por el agente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) Byron Engle ha ido renovándose año tras año: en 2015 Barack Obama nombró a la directora del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Gayle Smith como la directora de la Agencia.

Según WikiLeaks, entre 2004 y 2006, la USAID realizó diversas acciones en Venezuela y una donación de 15 millones de dólares a decenas de organizaciones civiles, con el fin de llevar adelante la estrategia del ex-embajador estadounidense William Brownfield, basada en provocar una fractura en el chavismo y organizar a los sectores descontentos con las reformas del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Un grupo de colombianos emprendió una marcha desde París hasta la Corte Penal Internacional de La Haya con el objetivo de denunciar los asesinatos de cientos de líderes sociales y activistas en Colombia desde la firma de los acuerdos de paz.

En el Trocadero parisino, frente a la Torre Eiffel, decenas de colombianos realizaron este jueves 28 de marzo un acto para iniciar el largo camino que les espera desde la capital francesa hasta La Haya.

Recorrerán más de 400 kilómetros, en parte a pie y en parte en autobús, para poder manifestarse el 5 de abril próximo ante la Corte Penal Internacional (CPI), donde entregarán documentación sobre los asesinatos de líderes sociales y activistas en Colombia.

"Queremos que nuestros líderes sociales sean escuchados allá en la Corte Penal Internacional. No queremos que este genocidio en Colombia siga, y para pararlo hay que manifestar y hay que caminar hasta La Haya y mostrarle a la CPI que tiene que hacer la investigación suficiente para que podamos tener garantías en Colombia", contó a RFI el franco-colombiano Adair Lamprea.La marcha tiene dos objetivos fundamentales, explicó asimismo Inés Dacosta, una de las organizadoras de la marcha: "La fiscal general de la CPI recibirá a una delegación de tres senadores y a una delegación de la gente de Europa y del mundo que ha podido desplazarse hasta las puertas de La Haya. Y en Colombia, nos están siguiendo todas las asociaciones, todos los líderes y lideresas, y todos los grupos de izquierda amantes de la paz que quieren que la guerra finalmente termine".

En medio de la fuerte campaña de desprestigio en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que han emprendido ciertos sectores políticos, la Corte Penal Internacional (CPI) se pronunció en defensa de este mecanismo de  justicia transicional, argumentando que es necesario que la institución mantenga un marco legal definido.

Según la declaración de James Stewart, vicefiscal de la CPI, el tribunal internacional reconoció a la JEP como el mecanismo clave de justicia transicional conforme con el acuerdo de paz. Al respeto de las preocupaciones del Fiscal Nestor Humberto Martínez, Stewart manifestó que es el deseo de la CPI "que la Fiscalía General de la Nación y la JEP puedan establecer conjuntamente una distribución eficiente de trabajo y sinergias." Si la JEP no pueda mantener un marco legal definido, la CPI tendría que "considerar sus implicaciones."

Las declaraciones de James Stewart:

“La Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, se ha referido siempre a la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, también conocida como “JEP”, desde la perspectiva de sus propias responsabilidades de evaluar si las autoridades nacionales se están ocupando de los crímenes del Estatuto de Roma, como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, de manera genuina.

El proyecto de la extrema derecha colombiana tiene varias aristas y sus alcances aterradores se extienden desde la “filosofía” de implemento de un “Estado de opinión” hasta la radical negación de la historia. O su acomodamiento al amaño de los cabecillas del engendro. Y si bien no es novedad, sí tiene ahora, como encajando escaques y peones, una sustancial presencia en puestos clave del Estado y en sus continuos ataques a la memoria, la educación, la cultura y la disidencia.

Ha trascendido la “horrible noche” laureanista (basada, a su vez, en el falangismo, el franquismo, las tácticas fascistas para negar al hombre y someterlo) y tiene novedades en la táctica y estrategia de tomar por asalto la mente y los corazones de lo que Chomsky podría denominar el “rebaño desconcertado”, adiestrado a punta de manipulaciones y toda clase de atropellos a la razón y la dignidad.

Es un proyecto que desde hace tiempos hunde sus basamentos en el acallamiento del opositor; que contempla no solo aspectos de lo que algún filósofo llamó la “superestructura”, sino en el pragmático diseño de “borrar” al otro y no solo en lo físico, sino en otras manifestaciones más intangibles. Es una construcción ideológica y material. Y para ello ha escalado diversos puntos clave del Gobierno y del Estado.

Por el momento se habla de 9 muertos y muchos heridos en Cisneros, municipio de Dagua, vía a Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. Cuesta escribir entre lágrimas de dolor y de rabia. En un rancho humilde, como acá lo narra un compañero, quien diera la noticia de inmediato y cuyo testimonio compartimos mientras hay más noticias: son al parecer Guardias Indígenas Embera y Nasa. A partir de la decisión de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) de sumarse desde la macro-occidente a la Minga del Sur-Occidente a partir de este domingo 24 de marzo. Esta decisión implica la llegada de unas 5 mil personas al punto de congregación, por lo cual una avanzada de la que hacían parte estos jóvenes guardias muertos se desplazó a la zona para adelantar tareas de logística para acomodar a las y los comuneros que participarán de la Minga. 

Los medios comerciales se apresuraron a aseverar que quienes fallecieron como consecuencia de una explosión manipulaban explosivos, sembrando esta versión aún antes de que se iniciaran las investigaciones. De otra parte, el de Luto por Dagua señala que presuntamente alguien lanzó el objeto que estalló en el rancho causando la muerte de estas personas. Las “autoridades” y el ejército pretendían realizar los levantamientos sin permitir la presencia de indígenas. Dada la tradición establecida de manipular pruebas y los intereses creados en que esto se haga encubriendo la verdad, las autoridades indígenas y la Guardia impidieron que se realizaran estos levantamientos en su ausencia.