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El miedo a los “falsos positivos” vuelve al sur de Bolívar.

20.07.2019 19:03

Pasadas las cinco de la tarde del 7 de marzo, el campesino Henri Sarabia, de 27 años, jugaba fútbol con otros jóvenes en el corregimiento de Micoahumado, sur de Bolívar, cuando fue herido durante una acción militar que buscaba combatir a la guerrilla del ELN en la zona. Su amigo ‘Coco’, de 18 años y también campesino, fue asesinado en el operativo. Desde entonces, la tensión ha aumentado en esta población de la costa colombiana.

El homicidio ocurrió en la pequeña cancha de fútbol entre las veredas Guásima y Progreso Alto: un pedazo de tierra flanqueado por rústicos arcos de madera, ubicado a menos de 100 metros de una vivienda, a unos 200 de la escuela y a unos 40 minutos en moto del casco urbano de Micoahumado. Desde la cancha se ve la Serranía de San Lucas. A un lado está la trocha por donde transitan los habitantes y, comúnmente, hombres del ELN que hacen presencia en la zona.

Enclavado en las montañas, Micoahumado es un lugar de difícil acceso, no solo por las condiciones de seguridad, sino por el largo viaje: media hora por carretera desde Aguachica hasta Gamarra; un ferry para cruzar el río Magdalena; otro trecho de carretera hasta el municipio de Morales, al que pertenece el corregimiento; unos minutos en chalupa hasta Moralito; y luego subir por caminos lastrados por varias horas, dependiendo del medio de transporte. 

En el camino, en la montaña, aparece el primer cartel: “ELN. Zona minada. FGDRC”. Las siglas corresponden al frente que opera en la región: Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. En la entrada del casco urbano, otro letrero dice: “Bienvenidos. Territorio de paz”, aunque por estos días la conflictividad está al alza.

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VIOLACIONES ASOCIADAS CON LOS COMPLEJOS PALMEROS EN COLOMBIA. (Video de Contravia )

18.07.2019 16:55

En Colombia, los impulsores gubernamentales del modelo agroindustrial de grandes plantaciones y las áreas de marketing y publicidad de las grandes empresas palmeras afirman que con la palma aceitera todo el mundo gana. Ganan las finanzas del Estado, ganan los empresarios y gana el conjunto de la sociedad, ya que explican que el cultivo trae grandes beneficios sociales, la paz y el desarrollo nacional, además de beneficiar la salud de los consumidores finales y el clima del planeta.

 

Aunque estudios específicos sobre los impactos de este monocultivo en el departamento del Chocó e informaciones recopiladas en otras zonas indican lo contrario, los estamentos impulsores de esta agroindustria no hacen ningún reconocimiento de los problemas asociados al monocultivo de palma. Las únicas quejas que se escuchan de par- te del sector palmero son las dificultades que encuentran para poder plantar más palma debido a las restricciones que en determinados territorios imponen las leyes constitucionales de protección étnica y ambiental.


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FALSOS POSITIVOS UNA HERIDA QUE SIGUE ABIERTA

01.07.2019 14:11

La noticia de que miembros del Ejército habían cometido miles de ejecuciones extrajudiciales estremeció al país hace siete años. Sin embargo, pasado el escándalo, las investigaciones tienen pocos avances, hay nuevas denuncias, y la reparación todavía no les llega a muchas de las víctimas.

Hace dos semanas 80 familias de todas las regiones realizaron en Bogotá el primer encuentro nacional de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Su principal objetivo es que las muertes de sus hijos, padres y hermanos no queden en la impunidad y que se aclaren las circunstancias en las que éstas ocurrieron. Algo que no será nada fácil si se tiene en cuenta que según la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, hay 5.700 denuncias, y la Fiscalía adelanta 3.430 investigaciones por estos hechos.

Las trabas son muchas. Siete años después de que se conociera la existencia de ‘falsos positivos’, y de que 27 altos militares fueron separados de las fuerzas armadas por haber permitido que estos ocurrieran, apenas seis coroneles han sido condenados, y a ningún general se le han imputado cargos. En varios casos las familias han tenido que insistir hasta por cinco años para que la Fiscalía abra una investigación y el proceso no quede en manos de la Justicia Penal Militar. Y la justicia ordinaria va demasiado lenta. Las familias se quejan de dilaciones en las investigaciones; de la incapacidad de los fiscales para vincular a los altos mandos militares; de una preocupante racha de amenazas contra víctimas y testigos; y, en algunas regiones del país, de complicidades de los funcionarios judiciales con los miembros de la fuerza pública imputados.

La mayor frustración para este grupo víctimas es que los ‘falsos positivos’, al parecer, no son cosas del pasado. En este especial VerdadAbierta.com recoge las denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas hace pocos meses en Huila y Nariño. “Nosotros estamos aquí y seguimos reclamando porque no queremos que más madres se queden sin sus hijos”, le dijo una víctima al Fiscal General Eduardo Montealegre durante el encuentro.

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Paramilitarismo en el Choco (Colombia)

01.07.2019 10:17

Desde el pasado 23 de abril, comunidades indígenas de Cedral y Bongo en Juradó, Chocó, compuesta por cerca de 800 habitantes fue sitiada por las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) quienes después de asentarse en las comunidades de Buena vista, Dos Bocas y Pichindé, se han tomado este corredor que resulta estratégico para las rutas del narcotráfico.

Carlos Mario Cardona, personero de la comunidad indígena de Cedral señala que el confinamiento al que están sometidas las comunidades ha impedido que se movilicen y desarrollen sus actividades de pancoger y limitar la comunicación con poblados aledaños, según el defensor, de continuar esta presión la población ha expresado que «se desplazarán hasta el casco urbano de Jurado».


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Aida Quilcué: “Que nos judicialicen a los veinte mil”

26.06.2019 11:54

Texto: Camilo Alzate - Foto: Lazas & Letras - El Pital Cauca

 

La histórica lideresa indígena Aida Quilcué tiene la historia en su cabeza y en sus pies. Cree que el 'círculo vicioso' de las protestas es provocado por unas élites a las que "se les volvió un vicio matar indios, negros y campesinos para sacarlos de sus tierras”.

 

Aida Quilcué es una mujer pequeña y maciza que se volvió célebre porque lideró varias de las mayores protestas indígenas que enfrentaron los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. A la cabeza del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) durante varios años, y ahora como consejera de derechos humanos de la Organización Indígena de Colombia, Quilcué ha sabido mantener una posición firme y coherente en defensa de los derechos y territorios de los pueblos originarios; además, hace parte de la comisión política de la minga indígena encargada de dialogar con el gobierno el levantamiento de la protesta que ya ajusta veinte días. Conversamos con ella en uno de los puntos de bloqueo que la minga mantiene sobre la vía Panamericana.

—El gobierno está en una clara táctica de dilación a ver ustedes cuánto aguantan. ¿Hasta cuándo van a aguantar?

Nosotros en épocas anteriores aguantábamos un mes, dos meses, si eso es lo que quieren no hay problema, vamos a estar aquí. La decisión está en manos del gobierno.

—Si usted tuviera que explicarle al país rápidamente por qué los pueblos se levantaron en minga ¿Qué le diría?

Primero, tenemos unos puntos políticos que tienen que ver con el derecho a la Madre Tierra y la protección del territorio. Hoy el gobierno colombiano mercantiliza con mayor fuerza nuestros territorios. Las licencias que estaban entregadas a las multinacionales se han hecho más evidentes, ya no es solamente exploración y explotación del petróleo, sino también fracking. Y está en riesgo la vida, porque si está en riesgo el territorio está en riesgo la vida de los pueblos.

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Los obispos del Pacífico y del Suroccidente dicen no a las fumigaciones, sí a la vida.

26.06.2019 11:38

 

Los jerarcas de la iglesia católica en algunas de las zonas más golpeadas por el conflicto reconfigurado han decidido dejar clara su posición a favor de la paz y en contra de los retrocesos anunciados por este Gobierno. Conoce su posición.

Hay cuatro mensajes claros que han salido hoy del encuentro en Popayán de obispos católicos del Pacífico y del Suroccidente del país: un no rotundo al regreso a las fumigaciones con glifosato, un llamado al Gobierno para que cese el asesinato de líderes sociales y de exguerrilleros de las FARC, una apuesta por la reapertura inmediata de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un llamado a la participación de la sociedad civil como garante de la paz y de la democracia.

Son siete los obispos que han firmado un comunicado público claro y contundente: Darío de Jesús Monsalve Mejía (Cali), Luis José Rueda Aparicio (Popayán), Edgar de Jesús García Gil (Palmira), Orlando Olaya Villanoba (Tumaco), Mario de Jesús Álvarez Gómez (Istmina-Tadó) y José Saúl Grisales Grisales (Ipiales). Las autoridades eclesiales apoyan con rotundidad en este comunicado el posicionamiento el pasado 19 de junio de los obispos de frontera de Colombia y Ecuador (Ipiales, Pasto, Tumaco, Mocoa-Sibundoy, Ibarra, esmeraldas y Sucumbíos) en el que rechazaban el anuncio del Gobierno de Iván Duque de volver a fumigar con glifosato.

Consideran los firmantes que el Gobierno debe priorizar la vida, el medio ambiente y la sustitución voluntaria de cultivos para uso ilícito y que debe entender que muchos de estos cultivos se producen como consecuencia, precisamente, del abandono estatal que sufren los habitantes.

Para la iglesia católica en dos de las zonas más golpeadas por este conflicto reconfigurado que oficialmente se denomina como postconflicto, el asesinato selectivo de líderes sociales y de exguerrilleros es muy preocupante y piden a todas las instancias del Estado colombiano que activen todos aquellos recursos y acciones necesarias para atajar este desangre que entre 2016 y el 20 de mayo de 2019 ya se ha cobrado la vida de 702 líderes y lideresas y de unos 135 excombatientes, según Indepaz.

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LOS FALSOS POSITIVOS POR EL EJERCITO DE COLOMBIA

24.06.2019 20:56

 

QUIEN DIO LAS ORDENES

DE 

LOS FALSOS POSITIVOS

 

Fuente del articulo : La revista Semana.

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Luis Felipe y el Montaje del Ejercito Colombiano

23.06.2019 21:53

María del Pilar Hurtado: el asesinato de una mujer frente a sus hijos que indigna a Colombia

23.06.2019 15:42

Derechos de autor de la imagen

CORTESÍA ANDRÉS CHICA

Image caption

María del Pilar Hurtado fue asesinada por dos sicarios que huyeron en una motocicleta.

El niño no deja de lanzar gritos de impotencia y golpes a las paredes. Frente a él se encuentra, en el piso, el cuerpo de su madre.

El nombre de la mujer es María del Pilar Hurtado, quien fue asesinada unos minutos antes por un par de sicarios que escaparon en una motocicleta.

La víctima tenía cuatro hijos y dos de ellos presenciaron cómo las balas acabaron con la vida de su progenitora.

El episodio, sucedido el viernes en la localidad de Tierralta —departamento de Córdoba (noroeste)— despertó múltiples muestras de indignación en Colombia.

Instituciones como la Defensoría del Pueblo condenaron lo ocurrido. "Los gritos del hijo de Maria del Pilar Hurtado representan el dolor de todo un país", señaló la entidad.

El asesinato también provocó una vigilia con velas en la noche del viernes protagonizada por decenas de personas en Medellín, como acto de repudio por el asesinato de la mujer, así como de otros cientos de líderes sociales en el país.

Organizaciones sociales de Tierralta denuncian que la víctima, junto a otras personas, estaba amenazada desde junio por el grupo armado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que opera en la zona hace más de dos décadas.

"No nos escucharon y los paramilitares cumplieron su amenaza", lamentó Andrés Chica, activista por los Derechos Humanos de la región.

El presidente Iván Duque, por su parte, expresó su condena ante el "atroz crimen".

 

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La CIA y los intelectuales progresistas – Pablo Pozzi

19.06.2019 01:11

La CIA y los intelectuales progresistas

En esta nota Pablo Pozzi analiza un documento de la CIA recientemente desclasificado. Allí queda clara la política cultural que la agencia se dio para ganar intelectuales “progresistas”. En el número 31 de Razón y Revolución ofreceremos al lector el texto completo del documento.

Pablo Pozzi

Prof. Titular de Historia de los EE.UU. en la UBA

 

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana acaba de desclasificar un documento de trabajo que comprueba su política hacia la intelectualidad progresista y de izquierda, y brinda algunos datos nuevos.[1] El documento se titula Francia: la defección de los intelectuales de izquierda y describe, detalladamente, cómo captar e influenciar intelectuales, particularmente aquellos nucleados en la revista Annales, la Ecole des Hautes Etudes, y los que se referenciaban en Michel Foucault, Jacques Derrida y Jacques Lacan, en lo que visualiza como “una guerra cultural”. Si bien el eje del documento son los intelectuales franceses, los principios y criterios que plantea fueron aplicados a través del mundo. En el mismo se describen sus tácticas y estrategias para generar un ambiente intelectual anti marxista a partir de influenciar a los intelectuales post marxistas y a los críticos del Partido Comunista francés (PCF).

El documento establece que “durante las protestas de mayo-junio de 1968 […] muchos estudiantes marxistas miraban hacia el PCF para liderazgo y la proclamación de un gobierno provisional, pero la dirección del PCF trató de aplacar la revuelta obrera y denunció a los estudiantes como anarquistas”.


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ACUERDOS DE PAZ DE LA HABANA

18.06.2019 17:13

“El presidente colombiano no tiene voluntad política de cumplir los Acuerdos de Paz”

Gladys Rojas, secretaria de la corporación Sembrar, y Pablo de Jesús Santiago, síndico de la Federación Agrominera del sur de Bolívar, denuncian el incumplimiento de los Acuerdos de Paz de La Habana.

En estos días están de gira por Europa Gladys Rojas, secretaria de la corporación Sembrar, y Pablo de Jesús Santiago, síndico de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar —Fedeagromisbol—. Su objetivo es dar a conocer las causas que están impidiendo la implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP y la grave crisis de vulneración de los derechos humanos que vive el país.

Aprovechando su paso por Madrid, compartieron un tiempo con Paz con Dignidad, donde aprovechamos para hacerles una entrevista.

La Comunidad internacional y los movimientos sociales de solidaridad están preocupados por la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre las FARC-EP y el gobierno colombiano. ¿Qué opinión tenéis al respecto?

Gladys Rojas: Colombia vive en los últimos años una carrera de obstáculos. Se dio el proceso de Paz en la Habana y desde las comunidades se vio de forma dispar. En aquellas con más presencia de las FARC-EP fue más intenso que en el resto, pero fue un momento muy importante para todas las comunidades del país.

Desde dichas comunidades veíamos con esperanza, tanto la implementación de los acuerdos, como las negociaciones con el ELN, porque se creaba una oportunidad para solucionar el conflicto político, social y armado que se vive en Colombia. Pero hay dos momentos en los que se visualiza la precariedad de la situación: en 2016 con la pérdida del Plebiscito que refrendaría el acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP y cuando se rompe el diálogo con el ELN.

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EL PELIGRO DE SER LIDERESA SOCIAL EN COLOMBIA

18.06.2019 14:13

 

En su artículo “La dificultad de ser una lideresa social hoy en día en Colombia” el Instituto de Ideas y Desarrollo para la paz señala que, “aunque el nivel de participación de las mujeres en ámbitos políticos y de liderazgo es muy bajo, las tasas de amenazas, violencia y asesinatos contra ellas son muy elevadas”. Según el más reciente informe de Somos defensores, de 155 asesinatos a  líderes sociales 9% fueron mujeres, porcentaje que es muy alto si se tiene en cuenta que tan solo el 12% de los cargos de elección popular son ocupados por ellas. 


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VIOLENCIA POLITICA EN COLOMBIA

16.06.2019 02:02

“Por violación a los Derechos Humanos debe entenderse toda conducta positiva o negativa mediante la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera, en cualquier persona y en cualquier tiempo, uno de los derechos enunciados y reconocidos por los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Defensoría del Pueblo, “Algunas Precisiones sobre la Violación de los Derechos Humanos en Colombia”, Serie Textos de Divulgación, No. 2

Los dos elementos específicos que convierten un acto de violencia cualquiera en una violación de derechos humanos son, por una parte el autor, y por él otro la materia. Si el autor es un agente directo o indirecto del Estado, y si el derecho violado es alguno de los consagrados en los pactos internacionales de derechos humanos, entonces, el acto de violencia se constituye en una violación de derechos humanos.

Si se dan los dos elementos anteriores, los móviles no modifican tal caracterización. Por ello, una violación de derechos humanos puede tener como móvil la persecución política, la “intolerancia social” o el simple abuso o exceso de autoridad.

La autoría estatal, como elemento determinante para tipificar una violación de derechos humanos, puede darse de varias maneras:

1. Cuando el acto de violencia es realizado directamente por un Agente del Estado (a este respecto se entiende por Agente del Estado aquel que tiene funciones represivas o de control, o a quien se le ha asignado la protección de un derecho) que ejerce una función pública;

2. Cuando el acto de violencia es realizado por particulares que actúan con el apoyo, la anuencia, la aquiescencia o la tolerancia de agentes del Estado;

3. Cuando el acto de violencia se produce gracias al desconocimiento de los deberes de garantía y protección que tiene el Estado respecto a sus ciudadanos.

Modalidades de violación de los derechos humanos según los móviles

en el supuesto de que la responsabilidad del acto violento resida en el Estado por alguna de las tres causas arriba examinadas y, que por lo tanto, está tipificada una violación de derechos humanos, ésta puede asumir diversas modalidades según las motivaciones que se infieren en los victimarios:

Violación de Derechos Humanos como Persecución Política Este tipo de violación ocurre ordinariamente en el marco de actividades, encubiertas o no, relacionadas con el mantenimiento del “orden público” o la “defensa de las instituciones”, razones éstas tradicionalmente conocidas como “razones de Estado”.

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INFORME SOMOS DEFENSORES 2019

15.06.2019 15:10

Lamentablemente, como es usual en los últimos años, debemos comen- zar este informe resaltando la crítica situación de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos en el país. El 2018 fue, sin duda, el peor año para defensoras y defensores, esto lo demuestran los datos, pues registramos las cifras de agresiones más altas que se hayan presentado desde el inicio de nuestro Sistema de Información en 2009. Eso sin contar la cantidad de casos que por diferentes motivos no se encuentran incluidos, pues partimos de aceptar la existencia de un subregistro, lo que quiere decir que el nivel de violencia es mucho más alto del que podemos imaginar.

Aunque el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC y los diálogos del Gobierno con el ELN planteaban una oportunidad histórica para la construcción de paz en el país, el contexto político ha dado unos giros altamente temidos, que han hecho más compleja la situación de la violencia y que han pretendido arrinconar a organizaciones sociales y a sus líderes en los diferentes territorios.

Las fallas en la implementación de los acuerdos, la finalización abrupta de los diálogos y la ausencia de medidas integrales que intervengan los círculos de violencias, entre otros asuntos, han desencadenado un escalamiento del conflicto armado en el que han aparecido en escena muchos más grupos armados con diferentes intereses, pero con una necesidad en común, la de adherir a su poder territorios y con ellos sus poblaciones. Frente a estos hechos es imposible no sentir lo que desde muchos sectores ya se expresa, que hemos retrocedido en el tiempo en materia de seguridad y que el proceso de paz solo fue un corto oasis del que salimos abruptamente, sobre todo cuando ocurrió el cambio de Gobierno.


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Fuga de Petróleo Responsabilidad de Ecopetrol

15.06.2019 02:29

 

Rastreo de una Barbarie Silenciada

12.06.2019 18:33

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política (en adelante Banco de Datos), del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), mantiene desde 1988 una base de datos en la cual se registran día a día las violaciones más graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, los episodios más sangrientos del conflicto armado que se ciñen a las reglas establecidas de la guerra, y los casos de violencia política y social que solo cuentan con información fragmentaria sobre presuntos autores y móviles, pero cuya importancia para esclarecimientos futuros y para análisis de contextos y de estructuras es innegable. Al mismo tiempo, el Banco de Da- tos asume la lectura y visibilización de “casos tipo” en los cuales la mirada se concentra en espacios geográficos restringidos o en prácticas sociales delimitadas, con el fin de señalar la convergencia de factores históricos, estructurales o coyunturales tanto económicos como políticos, culturales o militares, que contribuyen a producir cuadros generalizados de violencia, injusticia o barbarie, y que de ordinario se conjugan con respuestas institucionales que agravan los problemas y encuentran complicidad en gremios empresariales y medios masivos de comunicación. 

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