Arabia Saudí, Irán y Panamá ofrecían materia de estudio tan fascinante como inquietante, pero parecían al mismo tiempo excepciones a la regla general. Por la existencia de inmensas reservas de petróleo en los dos primeros países y la presencia del Canal en el tercero, no encajaban en la norma. La situación de Colombia, en cambio, era más típica y MAIN se adjudicó el proyecto y la dirección técnica de un magno sistema hidroeléctrico. 

Un profesor universitario colombiano que estaba escribiendo un libro de la historia de las relaciones panamericanas me dijo una vez que Teddy Roosevelt había entendido la importancia de su país. Señalando Colombia en un mapa, el presidente estadounidense y ex combatiente voluntario en Cuba había dicho «es la clave del arco de Suramérica». No tengo comprobada esta anécdota, pero es verdad que vista en un mapa, Colombia parece la piedra que remata el resto del continente. Conecta a todos los países más meridionales con el istmo centroamericano, es decir, con los de América Central y del Norte. 

Dijese Roosevelt estas palabras para describir a Colombia o no, lo cierto es que fueron muchos los presidentes que comprendieron la importancia crucial del país. Desde hace casi dos siglos, Estados Unidos viene contemplando a Colombia como la clave o, mejor dicho, como la puerta de entrada al hemisferio Sur para sus negocios y su política. 

Colombia es también un país dotado de grandes bellezas naturales: playas espléndidas ribeteadas de palmerales tanto en la costa atlántica como en la del Pacífico, montañas majestuosas, pampas que rivalizan con los grandes llanos del Medio Oeste de Estados Unidos y enormes extensiones de bosque tropical húmedo con una enorme biodiversidad. Los habitantes también son de una particularidad especial, resultado de la combinación de los rasgos físicos, culturales y artísticos de distintas etnias, desde los aborígenes taironas hasta las diversas importaciones de África, Asia, Europa y el Oriente Próximo. 

Por RODRIGO UPRIMNY · 21 DE ENERO DE 2019

Aun a riesgo de que algunos me gradúen de terrorista o de abogado del ELN, considero que la exigencia del gobierno Duque de que Cuba capture y le entregue a los negociadores del ELN no sólo es un error político sino que, además, es jurídicamente  insostenible.

Comienzo por reiterar que el atentado del ELN en la Escuela General Santander fue no sólo atroz sino que, además, es una violación grave al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que el ELN dice respetar.

Contrario a lo sostenido por esa guerrilla en su comunicado, no es cierto que los cadetes de una escuela policial  o militar sean un objetivo militar legítimo pues no participan aún directamente en las hostilidades sino que son estudiantes que algún día podrían llegar a pertenecer a la Fuerza Pública y convertirse en combatientes, pero que en ese momento son aún estudiantes.

Y en todo caso, si hubiera dudas sobre el estatus de combatientes de los cadetes, el ELN debió aplicar la regla del DIH de que, “en caso de duda acerca de la condición de una persona, se la considerará civil”,  como lo dice el artículo 50 del Protocolo I a los Convenios de Ginebra, que se refiere a conflictos internacionales pero que la mayoría de sus normas y principios son aplicables también a conflictos internos, como lo reiteró la sentencia C-225 de 1995 de la Corte Constitucional.

Pero no quiero entrar en el debate sobre si ese atentado violó o no el DIH pues considero que incluso si hubiera sido conforme al DIH, era en todo caso un ataque injustificable no sólo por el dolor que ocasionó sino, además, porque,  como bien señaló el colega Currea-Lugo, con ese atentado fue el ELN quien hizo trizas el proceso de paz. Era totalmente previsible que después de un atentado de esa magnitud, el gobierno Duque rompiera unas negociaciones que estaban estancadas, por la falta de voluntad real de progreso de las dos partes.

Este año nuevo comenzó con el asesinato de siete líderes sociales en la primera semana, una masacre y dos atentados a víctimas.

Juliana Jaimes Vargas @julsjaimes

Este año empezó con sangre. Hasta ahora van 15 días y ya se han registrado el asesinato de siete líderes sociales en diferentes zonas del país, una masacre en el Valle del Cauca que dejó cuatro víctimas, un atentado a una fundación de víctimas de desaparición forzada en Bogotá y un ataque que buscaba dejar sin vida a Alfamir Castillo, víctima de ejecuciones extrajudiciales. Solo dos semanas han pasado y la lista sigue creciendo. El año 2019 tuvo un arranque violento en una Colombia sin piedad. Una situación para la que, a pesar de los llamados de atención nacionales e internacionales, hasta el momento no se han visto posibles soluciones o, al menos, signos de cambio.

Según cifras de la Fiscalía, aunque en las capitales la tasa de homicidio ha disminuido, en los municipios que antes controlaban las Farc los asesinatos aumentaron 30 % en 2017 respecto al año anterior. Asimismo, en 2018, se cree que al menos 6.808 crímenes estuvieron relacionados con disputas entre bandas criminales, que cada vez toman más fuerza en las diferentes regiones del país. Para la Fiscalía, el incremento se debe, en parte, a la redistribución y el reacomodamiento de grupos armados, ya sean disidencias de las Farc o bandas criminales que buscan el control de territorios claves para las rutas de narcotráfico o el control de la región.

En la tarde del 11 de enero, los cuerpos de cuatro hombres fueron hallados en el corregimiento de San Antonio, en Jamundí (Valle del Cauca). Las autoridades señalaron que los cuerpos fueron arrojados a la vía desde una camioneta. Fue la segunda masacre cometida en menos de un mes, pues el 17 de diciembre de 2018 fueron asesinadas seis personas en Mapiripán (Meta). Aún se desconocen las causas del homicidio colectivo en Jamundí. Sin embargo, una líder social del municipio aseguró a este diario que en el territorio hay presencia de diferentes grupos armados que se asientan en la parte alta, pues la zona tiene comunicación directa con la región de El Naya y el Cauca. Los Pelusos, el cartel de Sinaloa y Eln se disputan el territorio que antes estaba bajo el mando de las Farc.

Los Pachencas ejercen un férreo control territorial en zona rural de Santa Marta. Esta semana fue asesinado Wilton Orrego, funcionario de Parques Nacionales Naturales. A principios de enero mataron a Maritza Quiroz. Varios líderes intentan salir de la zona y 30 más están amenazados.

Por: Nicolás Sánchez A. / @ANicolasSanchez

Sepelio de Maritza Quiroz, líder de la Mesa de Víctimas de Santa Marta, asesinada el 5 de enero de 2019 / Archivo particular.

Aunque el pacto de paz con los paramilitares se dio después de 2006, los residuos de quienes reciclaron esa guerra siguen cobrando la vida de líderes y defensores del territorio y el medioambiente. La reciente ola de violencia se dio en el arranque de este 2019: Maritza Quiroz, lideresa y reclamante de tierras, fue asesinada en zona rural de Santa Marta el pasado 5 de enero, misma suerte que corrió Wilton Orrego, contratista de Parques Nacionales Naturales, muerto a tiros el 14 del mismo mes en el corregimiento Guachaca.

El riesgo estaba diagnosticado desde hace un año. En una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, emitida en mayo de 2018, se llamó la atención frente a los riesgos que viven los reclamantes de tierra, líderes sociales y funcionarios de entidades estatales en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y se hizo énfasis especial en el corregimiento donde fue ultimado Orrego: Guachaca. “En ese lugar ejerce un férreo control el grupo paramilitar denominado los Pachencas. Dicho actor armado surgió en 2007, un año después de la desmovilización del frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia”, dice el documento.

Escrito por Humanidad Vigente y CAJAR 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por las ejecuciones extrajudiciales de seis jóvenes presentados falsamente por el Ejército como “muertos en combate”.

El pasado 21 de diciembre de 2018, la Corte IDH notificó la sentencia del caso Villamizar Durán y otros vs. Colombia, en la que declaró responsable al Estado colombiano por la ejecución extrajudicial bajo la modalidad de “falsos positivos” de los jóvenes Wilfredo Quiñones Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes, Albeiro Ramírez Jorge, Gustavo Giraldo VIllamizar Durán, Elio Gelves Carrillo y Carlos Arturo Uva Velandia, ocurridas en los departamentos de Arauca, Santander y Casanare entre los años 1992 y 1997.

Los casos, que se habían tramitado de manera independiente ante la Comisión Interamericana, se acumularon en la fase de fondo antes de llegar a la Corte, lo que permitió analizar el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales a lo largo de la década de los noventa. La Corte concluye que para esos años existió “una política que impulsaba o al menos toleraba la comisión de ejecuciones sin proceso”.

La Corte se refiere a los “falsos positivos” como “ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado colombiano, con un modus operandi caracterizado por la muerte de civiles posteriormente presentados como miembros de grupos armadas ilegales dados de baja en combate, mediante diversos mecanismos de distorsión de la escena del crimen y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos” (párr. 115).

Si bien la Corte ha conocido otros casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, es el primer fallo de un tribunal internacional en que se reconoce un patrón de comisión de “falsos positivos”. Para ello, la Corte analizó pronunciamientos internacionales de órganos de Naciones Unidas y decisiones de órganos como la Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado proferidos a lo largo de los años 90.