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En plena huelga de hambre, tras su captura por las autoridades colombianas, que lo acusan de planear el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, el líder de la Farc habló con France 24.

01.05.2018 12:11

Por Katalina Vázquez

“¿De dónde voy a sacar yo diez toneladas de coca? Yo nunca orienté gente que moviera coca. Yo nunca he tenido manejo de las finanzas”, dice Seuxis Hernández, más conocido como Jesús Santrich, a varios días de no probar alimento, mientras se lleva a la boca un chicle diminuto que más tarde combinará tan solo con aguas aromáticas, lo único que consume –además de sus medicinas para la epilepsia- desde que las autoridades colombianas lo detuvieron en la casa que el Gobierno le rentó en el barrio Modelia de Bogotá, donde ocho policías y ex rebeldes –sus escoltas- lo custodiaban día y noche.

Santrich es uno de los líderes más radicales del partido político de la antigua guerrilla de las FARC y uno de los diez congresistas a los que el grupo desmovilizado tiene derecho según el acuerdo al que llegó con el Gobierno de Juan Manuel Santos a fines de 2016.

 

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El montaje judicial contra Santrich

26.04.2018 14:00

El gobierno de Colombia tiene la ametralladora para los hijos de la patria

Y la rodilla en el suelo para el oro yanqui”

Jorge Eliécer Gaitán

 

 

El pasado 9 de abril, poco después de conmemorar en la Casa Museo Rafael Uribe Uribe los setenta años del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, y participar de un sentido homenaje a las millares de víctimas del genocidio gaitanista, nos enteramos a través de las redes sociales de la captura, con vicios de legalidad, del ex comandante de las FARC Jesús Santrich, tras ser allanada su residencia ubicada en el Barrio Modelia de Bogotá. Según trascendió más tarde en los medios masivos de comunicación el CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones dependiente de la Fiscalía General de la Nación) daba cumplimiento así, a una orden internacional de captura emitida por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, la cual sindica al ex guerrillero del cargo de conspiración para exportar 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, bajo circunstancias que involucran a otros ciudadanos colombianos también detenidos allí.

Fuenteovejuna todos a una”

Pocas horas después el presidente de la república, Juan Manuel Santos se dirigía a la nación para informar de los hechos, anunciando que “como resultado de rigurosas investigaciones tiene pruebas contundentes y concluyentes que demostrarían la responsabilidad del señor Seuxis Hernández conocido como ‘Jesús Santrich’ en delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo”. Según su declaración, estas supuestas pruebas habrían sido facilitadas por el Fiscal General de la Nación, quien también intervino para decir que el Tribunal de Nueva York contaba con una “copiosa prueba que da cuenta de estos delitos de narcotráfico, de pruebas electrónicas, de pruebas documentales, videos que dan cuenta de la intervención de todos estos sujetos en actividades de narcotráfico”, para finalmente enfatizar que los hechos mencionados ocurrieron después de la firma de los Acuerdos de paz de La Habana.

 

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El Estado colombiano en la lupa del grupo de detenciones arbitrarias de la ONU

26.04.2018 12:53

Ante el grupo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, fue presentado el caso de la defensora de derechos humanos Natalia Trujillo Nova, Andrés Mauricio Bohórquez Flórez, Boris Ernesto Rojas Quijano, Alejandra Méndez Molano, Cesar Andrés Barrera Téllez, Juan Camilo Pulido Rivero, Lina Vanessa Jiménez y Lizeth Johana Rodríguez Zarate y Cristian Sandoval, capturados en 24 junio de 2017, bajo cargos de homicidio con fines terroristas, terrorismo y concierto para delinquir, entre otros hechos, por los ocurridos el mismo mes y año en el Centro Comercial Andino de Bogotá, en los que murieron tres mujeres y 9 personas resultaron heridas.

Los abogados defensores y organizaciones que suscribieron la solicitud, alegan que se ha concretado una detención arbitraria, por la grave violación de la presunción de inocencia perpetrada por autoridades del orden nacional y distrital, así como por delegados de la Fiscalía, quienes ante los medios masivos de comunicación han dado por sentada la responsabilidad penal de los acusados, sin que los mismo hayan sido oídos y vencidos en un juicio justo.

Argumentan igualmente que la filtración de supuestas pruebas de cargo a la prensa y la difusión permanente de información no controvertida en el contexto adversarial del proceso judicial, dando lugar a especulaciones encaminadas a mostrar a las y los detenidos como culpables de los cargos por los que fueron acusados, ha generado un juicio paralelo que pone en alto riesgo la independencia judicial.


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PERSISTENCIA DEL PARAMILITARISMO Y FALTA DE VOLUNTAD ESTATAL PARA SU JUDICIALIZACION Y DESMANTELAMIENTO

26.04.2018 12:01

1. POSTURA DEL ESTADO FRENTE AL FENÓMENO PARAMILITAR

Una actitud constante en los últimos años por parte de distintas agencias del Estado Colombiano y especialmente por parte del Gobierno Nacional ha sido la negación de la realidad del paramilitarismo. Luego de cuestionado proceso de desmovilización de parte de las estructuras paramilitares en el año 2006 el Estado adoptó la categoría de “Bandas Criminales” – Bacrim para continuar denominando las estructuras que sobrevivieron al paramilitarismo y las que se han creado y reproducido desde entonces1.

Posteriormente, a través de la Directiva 015 de 2016 el Ministerio de Defensa modifica la categoría y engloba a estas estructuras bajo las denominaciones de Grupos Armados Organizados GAO y Grupos Delictivos Organizados GDO2. Como consecuencia de ello se disponen métodos de combate a estas organizaciones que posibilitan emplear contra ellos el despliegue la máxima fuerza letal disponible. Las informaciones más recientes dan a conocer que para el Estado, los GAO identificados son: Los Pelusos, Los Puntilleros y el Clan del Golfo. Estos nombres corresponden a rótulos puestos por el Ministerio de Defensa a organizaciones que son conocidas como el Ejército Popular de Liberación – EPL (los Pelusos), El Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC) que agrupó a las estructuras paramilitares Libertadores de Vichada y Bloque Meta (a quien denominan como los Puntilleros) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC o Urabeños fundadas por Vicente Castaño (denominado Clan del Golfo). Según el Ministro de Justicia, este último es el que presenta mayor crecimiento a nivel nacional, al llevar a cabo acciones de expansión estratégica, lo que les ha permitido tener injerencia en 132 municipios.

 

 

Agarrón en el uribismo: el "favor" que el Patriota dice que le hizo a José Obdulio Gaviria

26.04.2018 10:08

El abogado Jaime Restrepo, conocido como el Patriota, sostuvo que visitó a Carlos Enrique Areiza, asesinado el 16 de abril, por “hacerle un favor a José Obdulio” y denuncia que él será el próximo asesinado. Por su parte, el senador Gaviria asegura que el abogado miente.

 

Dos días pasaron para que la columna del periodista Daniel Coronell tuviera efectos políticos. En ella, el columnista de la revista Semana revela la última declaración que dio a la justicia el exparamilitar Carlos Enrique Areiza, quien fue asesinado el pasado 16 de abril en Bello (Antioquía), y declaró en su momento que temía por su vida y que la amenazas se habían incrementado desde el momento en que rindió testimonio contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos.

 

 

VIDEO DE DANIEL CORONEL SOBRE EL ASESINATO DE CARLOS AREIZA

23.04.2018 18:29

El columnista de SEMANA comenta su publicación, donde reconstruye la última declaración del testigo asesinado. Carlos Areiza mostraba entonces el miedo que sentía por su participación en el caso del exgobernador Luis Alfredo Ramos.

Alerta sobre Incriminación de las Defensoras de Derechos Humanos y Activistas del Proceso de Comunidades Negras en Colombia -PCN; Sara Liliana Quiñonez Valencia y Tulia Marys Valencia

21.04.2018 14:53

Defender los derechos humanos No es un delito.

Hoy viernes 20 de Abril del 2018 en la ciudad de Cali- Valle, siendo las 6:29 de las mañana, fue detenida por miembros de LA DIJIN de Bogotá, bajo órdenes de la Fiscalía General de la Nación – Bogotá, las compañeras defensoras de derechos humanos y activistas del Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN); SARA LILIANA QUIÑONEZ VALENCIA Y TULIA MARYS VALENCIA QUIñONEZ, a las cuales se les sindica de rebelión, y ser parte del grupo guerrillero ELN. Sara y Tulia, son madre e hija y se han dedicado a la defensa de los derechos étnicos colectivos de la comunidad negra del Alto Mira y Frontera.

Sara Liliana Quiñonez Valencia y Tulia Marys Valencia, son oriundas de Tumaco- Nariño. Sara ha sido Presidenta y vicepresidenta de la junta de gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. En el 2015 Sara y su familia fueron víctimas de desplazamiento forzado, tras amenazas contra la vida e integridad física y moral de Sara, por la labor que asumió como parte del gobierno propio en pro de la defensa y protección de los derechos étnicos colectivos de su comunidad. Su segundo desplazamiento se provocó en octubre de 2017, cuando la junta del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera fue amenazada y en consecuencia desplazada; ha este consejo comunitario le han asesinado dos de sus representantes legales y otros miembros de la junta de gobierno. En la actualidad Sara y su nucleo familiar se encuentraban en situación de desplazamiento forzado en la ciudad de Cali, bajo medida cautelar de la Comision Interamericana de Derechos Humanos y con esquema de proteccion de la UNP.

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DETENCIONES ARBITRARIAS LÍDERES Y DEFENSORES DE DDHH

21.04.2018 14:20

(...) proteger de manera especial a las personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de su cargo y adelantar las funciones relacionadas para la ejecución de planes, programas, proyectos, acciones y estrategias orientadas para tal fin.” Decreto 4065 de 2011

Hoy 20 de abril de 2018, las organizaciones abajo firmantes denunciamos, la realización de operativos de dentención masiva a líderes y defensores derechos humanos efectuados en el suroccidente colombiano, específicamente en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño por parte del Estado Colombiano en representación de la fuerza pública, presuntamente a cargo de la SIJIN. 

Los sucesos ocurren bajo preocupantes circunstancias que vulneran el debido proceso y claro está el derecho a la libertad expuesto en el artículo 28 de la constitución política. Tanto así que no se ha podido ubicar el lugar a donde han sido transladas algunas de las personas detenidas, ni se cuenta con un pronunciamiento oficial de las organizaciones competentes. Por lo pronto se registran más de 30 personas privadas de la libertad, entre ellos varios líderes pertenecientes a comunidades índigenas y afrodecendientes. 8 de ellos pertenecientes al municipio de Samaniego- Nariño, donde se identificaron algunos exalcaldes y expersoneros del municipio. 

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La casualidad ya mató a 9 testigos

20.04.2018 17:43

 

Hay inquietud en el ambiente, más que nada porque estamos acostumbrándonos a que la familia Uribe sea salpicada de sangre, pero nunca le quede mancha alguna.Todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero debe llevarse a cabo una investigación juiciosa en torno al contexto y los hechos, de modo que se pueda esclarecer la verdad. Y también aplica para Santiago Uribe Vélez.

En este proceso, es fundamental que la parte investigada muestre su voluntad y disposición para ser indagado y auscultado, porque el que nada debe, nada teme. Así pues, resultan varios interrogantes que hay que responder en torno al caso Santiago Uribe Vélez, Los Doce Apostóles y, por supuesto, el siempre salpicado, pero nunca con manchas, expresidente Álvaro Uribe.

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Asesinan a testigo en caso Cepeda-Uribe al que la corte había ordenado redoblar su seguridad

16.04.2018 18:22

 

El hombre, que había aceptado haber mentido en el proceso contra el ex gobernador de Antioquia, fue baleado en el municipio de Bello, en Antioquia. La corte compulsó copias para investigar las circunstancias en las que resultó condenado por falso testimonio y ordenó redoblar su seguridad.

En los informes de homicidios que presentó este fin de semana la Policía Metropolitana de Medellín, quedó registrado el asesinato de un hombre en el municipio de Bello, más exactamente en la carrera 50 con calle 52. En ese punto sicarios en moto lo balearon. Algunos reconocieron a la víctima como alguien a quien le decían ‘Papo‘. Pero solo al constatar la identidad se supo que se trataba de un hombre con antecedentes judiciales. 

Su nombre, Carlos Enrique Areiza. Había sido condenado por falso testimonio en una decisión que fue cuestionada por la Corte Suprema de Justicia en el caso que por parapolítica le siguen al ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero.

El testigo fue uno de los capítulos más importantes del fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia en el que absolvió al senador Iván Cepeda por manipulación de testigos y compulsó copias para investigar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Precisamente, por la información que entregó en dos diligencias rendidas ante magistrados de este alto tribunal, se ordenó redoblar las medidas de seguridad para él y para su familia, así como pidió que se investigara al fiscal del caso que lo llevó a sentencia por falso testimonio

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Preocupa a la Coordinación Colombia Estados Unidos la captura de “Jesús Santrich” sin pasar por la revisión de la JEP

13.04.2018 18:45

La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU, plataforma nacional de derechos humanos, en la que convergen más de 260 organizaciones de todo el país, expresa su preocupación por la reciente captura con fines de extradición del ciudadano Seuxis Pausivas Hernández Solarte conocido como Jesús Santrich, designado como representante a la Cámara de Representantes por el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, producto de los acuerdo de Paz firmados entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP. 

La Fiscalía General de Nación ha argumentado que la captura de Jesús Santrich, se hizo por solicitud del gobierno de los Estados Unidos por presuntos cargos relacionados con narcotráfico. Tal y como lo establece el Acto legislativo 01 en su Art. 19 corresponde a la Sección de revisión del Tribunal para la Paz, evaluar la conducta atribuida al Señor Santrich y decidir el procedimiento apropiado, respetando principios constitucionales como la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa que incluye la oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas ante la sección de revisión, como garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo en relación a los cargos que se le imputan. 

 

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Pronunciamiento de Parlamentarios Europeos

12.04.2018 19:54

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         Bruselas 12 de abril de 2018.

Los euro parlamentarios abajo firmantes frente a la detención con fines de extradición, el día 9 de abril, del Sr. Jesús Santrich, uno de los negociadores del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, que condujo a la reincorporación de dicha a la vida civil y a la lucha política en democracia, manifestamos:

1. El acuerdo de paz entre el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos y las FARC, ha sido respaldado de forma unánime por la comunidad internacional y por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es de carácter vinculante para las partes y de obligatorio cumplimiento por las autoridades del Estado colombiano.

2. En el acuerdo se pactó y se incorporó en la Constitución Política a través del Art. Transitorio 19 del Acto Legislativo del 01/2017, que corresponde a la sección de revisión del tribunal para la paz evaluar la conducta atribuida cuando se presenta solicitud de extradición fundada en conductas o hechos ocurridos con posterioridad a la firma del acuerdo final.

3. Por tanto el Sr. Santrich no debería ser privado de su libertad sino dejado a disposición de la justicia transicional para que esta valore si la evidencia aportada por el Gobierno de los EEUU daría pie o no para que el Sr. Santrich sea puesto a disposición de la justicia ordinaria.

4. Dada la gravedad de lo ocurrido y la trascendencia que estos hechos tienen para la credibilidad del proceso de paz, solicitamos que el Sr. Eamon Gilmore, Representante Especial de la UE para el proceso de Paz en Colombia, convoque una observación internacional de urgencia con los países garantes del acuerdo y las Naciones Unidad sobre dicho proceso, para que se garantice el debido proceso del Sr. Santrich y cualquiera sea la decisión de la sección de revisión del Tribunal Especial para la paz sea respetada por las autoridades colombianas, por el Gobierno de los EEUU y respaldada por la comunidad internacional.

   

Tania González Peñas 

Miguel Urban Crespo 

Marina Albiol Guzman 

Paloma López Bermejo 

Xabier Benito Ziluaga 

Lidia Senra Rodriguez

Javier Couso Permuy 

Estefania Torres Martín 

Lola Sánchez Caldentey

Ernest Urtasun Domenech 

Florent Marcellesi

 
   

 

SEGURIDAD DEMOCRATICA, DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTORICA EN COLOMBIA

12.04.2018 11:57

En relación con el proceso de investigación desarrollado en la Maestría Comunicación-Educación, línea de Cultura Política, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el presente documento presenta las bases teóricas de la reflexión sobre los impactos en materia de Derechos Humanos de la Política de Seguridad Democrática del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Y documenta tres casos de asesinatos extrajudiciales de jóvenes del municipio de Soacha, Cundinamarca. 

En este sentido, se definen estos elementos como categorías con el objetivo de ser explicados y contrastados a través de varias fuentes documentales, las categorías son: Seguridad Democrática, Impactos negativos en materia Derechos Humanos, Memoria histórica y Cultura política en el conflicto armado colombiano y el estudio de caso de Soacha. 

Para el desarrollo se tuvo como referentes: indagaciones, informes y reflexiones de investigadores que han seguido de cerca el conflicto armado colombiano, como Jairo Libreros, Rodrigo Uprimny, Francisco Leal, Camilo Castellanos, Gonzalo Sánchez, entre otros, y documentos periodísticos del portal La Silla Vacía, Verdad Abierta y de la Corporación Nuevo Arco Iris. 


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COMUNICADO DE PRENSA

12.04.2018 11:08

 

LÍDERES DEL SUR DE BOLIVAR SE PRESENTAN VOLUNTARIAMENTE ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Tras más de un año de seguimientos, persecución, señalamientos y hostigamientos por parte de la fuerza pública y de autoridades judiciales de Cartagena; presiones contra sus familias y su entorno comunitario, cinco líderes comunitarios, directivos de diferentes organizaciones sociales y comunitarias, todas afiliadas a la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, tomaron la decisión de presentarse voluntariamente ante la Fiscalía para tratar de aclarar si la presión a la que están siendo sometidos obedece a algún requerimiento judicial.

Los líderes que se presentaron en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación son: Raúl Balmacea Neira, Julio Arboleda Hernández, Pablo de Jesús Santiago, Eugenio Gómez Quiñonez y Andrés Trillos Varela.

La diligencia se llevó a cabo hoy 11 de abril de 2018 en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata ubicada en el búnker de la Fiscalía en Bogotá. En el trámite fueron atendidos por la doctora Leonor Merchán, Fiscal Segunda Especializada Delegada para Seguridad Ciudadana. Realizada la consulta en los diferentes sistemas de antecedentes se constató que ninguno de los líderes que hicieron su presentación registra ningún tipo de requerimiento.

Lo anterior muestra que miembros de la fuerza pública que operan en la región pretenden atemorizar e intimidar a los líderes sociales mediante la difusión de falsos requerimientos judiciales contra ellos, para de esta manera debilitar y/o destruir su labor como líderes.

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COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE

12.04.2018 10:24

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo de nuevos hechos que corroboran nuestra anteriores constancias y que evidencian la persistencia de políticas estatales de carácter criminal, las cuales, aunque sean negadas reiteradamente por el gobierno y las instituciones del Estado colombiano, sin embargo se continúan desarrollando en la realidad real y de ninguna manera pasan desapercibidas para las víctimas, quienes tenemos que sufrir sus consecuencias desastrosas de manera permanente.

·      El30 de marzo de 2018, Viernes Santo, cuando un numeroso grupo de integrantes de nuestra Comunidad de Paz se desplazaba entre las veredas La Esperanza y Mulatos Medio, en un recorrido por los caminos ensangrentados de nuestras montañas donde el Estado colombiano ha masacrado a centenares de nuestros compañeros, caminos que habitualmente recorremos en memoria de la Pasión de Cristo reproducida en la Pasión de Nuestro Pueblo y de Nuestra Comunidad, pudimos encontrar un campamento de paramilitares en terrenos de la FINCA DEL SEÑOR  MUÑOZ. El testimonio fotográfico de este hecho lo difundimos pocas horas después por las redes sociales.

 

·      Eldomingo 1° de abril de 2018, cuando un grupo grande de integrantes de nuestra Comunidad de Paz regresaba del recorrido del Via Crucis hacia San Josesito y otras veredas, pudo comprobar la presencia de un conjunto de paramilitares en la vereda Mulatos Cabecera.

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¿Por qué “Santrich” sí y “Popeye” no?

11.04.2018 12:13

Pregunta: si las encuestas señalaran que el candidato con mayor opción de ganar la carrera por la Presidencia de la República fuera, por ejemplo, Humberto de la Calle o Sergio Fajardo, ¿Estados Unidos habría escogido este momento electoral para pedir la captura de Jesús Santrich e iniciar su proceso de extradición? Dicho de otro modo, el rimbombante e innecesario operativo que montó el fiscal general para detener a quien hubiera podido ser simplemente esposado por uno de sus escoltas policiales, ¿impacta la campaña y le asegura el triunfo a la ultraderecha personificada en el uribismo, o a la derecha casi extrema del vargasllerismo? Visto desde otro lado: ¿el apoyo que varios millones de colombianos le hemos dado al desmonte de las Farc como guerrilla y a su paso a la legalidad política queda disminuido con la acusación de que uno de sus negociadores en La Habana era, en realidad, un gran capo del narcotráfico?

No deja de ser una curiosa coincidencia que una operación encubierta de la fuerza extranjera DEA en nuestro territorio, habiendo comenzado en junio de 2017 según reza el indictment publicado, se active solo ahora y en forma tan espectacular, a tan solo seis semanas de celebrarse la votación para la primera vuelta y cuando los sondeos indican que el favoritismo de los electores se concentra en el pupilo del mayor enemigo de la paz. No hay que olvidar que el rival más fuerte de Duque es el candidato Gustavo Petro quien ha sido sindicado por la misma ultraderecha de ser el Maduro de Colombia, una historieta que difunden complacidos los partidarios de aumentar votos poniéndoles combustible al miedo y al odio.

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