El exilio de Colombia en EE.UU

Esto hace parte de nuestra propia historia que no podemos olvidar
Gerardo Cajamarca y Marino Córdoba: la cara del lobby anti-TLC en Estados Unidos

Los dos llegaron a Estados Unidos con una diferencia de tres años, ambos huyendo de los paramilitares. Ninguno de los dos hablaba inglés ni había viajado antes a Estados Unidos. Pero juntos, desde orillas distintas, han organizado desde allá una férrea y eficaz oposición al Tratado del Libre Comercio. Se trata de Marino Córdoba y Gerardo Cajamarca.  

Cuando en los próximos días el ministro de Comercio Exterior se encuentre con el delegado de Barack Obama para reactivar la discusión sobre el tratado comercial, se enfrentará a las historias de estos dos hombres. Desvirtuarlas no será fácil. La diplomacia de los líderes comunitarios y de la izquierda colombiana en contra del TLC lleva más años y ha sido más consistente y efectiva que la adelantada por el gobierno y los empresarios colombianos. 

Como líder comunitario en Riosucio, Chocó, Marino Córdoba duró años peleando por el título colectivo de su tierra alrededor del Bajo Atrato pero cuando finalmente obtuvo la titulación de las tierras alrededor del río Truandó el 13 de diciembre de 1996 tuvo poco tiempo para celebrar: siete días después, en la madrugada del 20 de diciembre, los paramilitares atacaron este pueblo en el bajo Atrato del Urabá chocoano. 

“Los gritos me despertaron, corrí con otros a refugiarme en el pantano”, cuenta Córdoba. Dice que se quedó en el agua durante tres días para evadir los bombardeos del Ejército, que actuó en complicidad con los paramilitares. Luego, se escondió en el monte. Pero en febrero volvieron los paramilitares y junto con otros 20 mil campesinos salió huyendo del Chocó para convertirse en un desplazado más en Bogotá.

 

Ya en la capital, Marino Córdoba fundó la Asociación Nacional de Desplazados Afrocolombianos (Afrodes), cuyo capítulo en Estados Unidos hoy dirige. Pensaba que su vida estaba a salvo, hasta que en noviembre de 2001 sufrió un atentado y tuvo que abandonar el país. En enero de 2002 obtuvo asilo político.

Dos años después, también como asilado, llegó a Madison, Wisconsin, Gerardo Cajamarca huyendo del Bloque Capital de las AUC. Lo hizo con la ayuda del senador del Polo Gustavo Petro, del Padre Javier Giraldo del CINEP y de Sinaltrainal, el sindicato de las empresas de alimentos, con el que trabajaba en Colombia. Cajamarca, un mecánico oriundo de Sasaima, jamás había viajado, pero de la noche a la mañana se encontró en un avión rumbo al país que hasta ese momento representaba el enemigo en su imaginación.

Desde el día que llegaron, tanto Marino Córdoba como Gerardo Cajamarca, se dedicaron a abogar en Estados Unidos por los derechos de los negros y de los sindicalistas colombianos, respectivamente. Su trabajo ha sido tan efectivo que, con el apoyo de ONG, políticos y otros líderes comunitarios, lograron poner estos dos temas en el radar de los congresistas demócratas y en el corazón del debate sobre el TLC.

 

Las estrategias

El lobby de Marino Córdoba empezó en el 2001. Con el apoyo de ONGs como Witness for Peace, Wola, Transafrica y el US Office on Colombia, Córdoba se contactó con la asistente del congresista John Conyers, uno de los fundadores del Black Caucus, a quien había conocido unos meses atrás. Ella lo conoció en Colombia e impresionada con la situación de riesgo de Córdoba le pidió a su jefe que le ayudara a Marino a conseguir visa para Estados Unidos. Cuando ya llegó a Washington como asilado, el viejo congresista de Detroit le concedió a Córdoba cinco minutos para que hablara en la plenaria del Black Caucus sobre la lamentable situación de los negros colombianos. 

“Yo les conté mi historia y cuando ellos escucharon que parte del trabajo que estaban haciendo aquí estaba afectando a los afrocolombianos, se preocuparon”, dijo Córdoba por teléfono a la Silla Vacía. “A partir de ahí se empieza a tomar cierto interés en los afrocolombianos”.

Así entró el tema por la puerta de atrás en la agenda bilateral pues los afrodescendientes encontraron en el Black Caucus una palanca excepcional frente al gobierno. Esto debido a que la coalición de congresistas negros -a la cual pertenecía Obama- es una ficha clave para Colombia porque sus 43 votos podrían inclinar la balanza a favor o en contra del TLC y asegurar la continuidad del Plan Colombia.

Córdoba se reunió luego con otros congresistas del ala más izquierdista del Black Caucus como Donald Payne y Cinthya McKinney, quienes desde entonces se convirtieron en fuertes aliados de los afrocolombianos. McKinney ya no está en el Congreso.

Payne es miembro de la Comisión de Asuntos del Hemisferio Occidental y muy cercano a Nancy Pelosi y a Hillary Clinton. Tiene un largo récord de activismo por el respeto de los derechos humanos en países del Tercer Mundo, sobre todo en el África.

Fiel a su historia, la lucha de Córdoba se ha centrado en convencer a ONGs gringas y a los congresistas de la necesidad de poner presión al gobierno colombiano para que respete los derechos humanos de las negritudes, y en particular, su derecho a los territorios colectivos y a la consulta de las comunidades afro previamente a la ejecución de megaproyectos en sus territorios, asuntos que él considera se verían vulnerados con la firma del TLC.

En los diversos ámbitos donde es invitado a hablar, Marino argumenta que este tratado obligaría al gobierno colombiano a abrir el tapón del Darién, ampliar el puerto de Buenaventura y promover en los territorios negros la explotación de palma, de caña y de minerales, lo cual en su opinión, traerá más desplazamiento, violencia y miseria para las comunidades.

Con un discurso igualmente vehemente y cargado ideológicamente, Gerardo Cajamarca argumenta que el TLC sólo beneficiaría a los paramilitares y a sus beneficiarios y que los principales perjudicados serían los sindicalistas. “El TLC es la ruina del agro, es la implementación de políticas e intereses de grupos transnacionales que no respetan legislaciones de protección al medio ambiente ni derechos laborales así tengan que aliarse con el demonio o fortalecerlo: ver caso Chiquita Brands, Drummond o Coca-Cola”, dice.

“Nuestra tarea fue evidenciar que teníamos unos intereses comunes con los norteamericanos: la lucha contra las drogas y contra terrorismo”, explicó Cajamarca a la Silla Vacía. “Mostrar el drama del desplazamiento en Colombia por los intereses en la tierra donde hay megaproyectos. Mostrar que estaban pasando la ley de minas, ley de tierras, y que todas esas leyes coincidían con los intereses políticos y estratégicos de un Congreso vinculado con la mafia.”

Esto dice Cajamarca en cada uno de los pueblos gringos a donde va desde que se vinculó al Sindicato de Acero (Steelworkers Union) como organizador en justicia global reclutando inmigrantes latinos para el sindicato. Luego, cuenta su historia para corroborarlo: trabajaba como concejal del Polo Democrático en el municipio de Facatativá y promotor de derechos humanos y organización social.

“Cuando los paramilitares llegaron a la Vereda de la Tribuna en marzo de 2002, yo inicié una serie de alertas tempranas, foros sobre derechos humanos, llamados a la ciudadanía y autoridades advirtiendo lo que ocurriría si se aceptaba en silencio estas prácticas”, explica Cajamarca. “Por esta razón los paramilitares, militares y clase política me amenazaron y presionaron hasta obligarme a salir del municipio y luego del país”.

 

Su tarea es hacer estas presentaciones en pueblitos pequeñitos que parecen pesebres, en los suburbios, donde están los que financian campañas. Ellos llaman a su senador y les piden que no apoyen el TLC con Colombia. “Es una tarea de hormiga desde la base”, dice Cajamarca.

Su trabajo sería inofensivo si la ‘base’ o audiencia a la que él llega no estuviera constituída por casi un millón de afiliados. El SteelWorkers Union es de lejos el sindicato industrial más poderoso de Estados Unidos. En las elecciones al Congreso del 2006 contribuyeron 2,4 millones de dólares a los demócratas y sus votos fueron cortejados intensamente por Obama y Clinton después de que John Edwards se retiró de la contienda. Cuando finalmente endorsaron a Obama, fue noticia de primera plana en todos los diarios.

 

 

 

 

Desde que Cajamarca se vinculó, el presidente del sindicato, Leo Gerard, y el abogado Dan Kovalik de USW, han enviado innumerables cartas a Uribe con copias a su gobierno protestando por la muerte de los trabajadores sindicalizados y la impunidad para dar con los responsables. Su presión y la de otros sindicalistas exiliados como Luis Adolfo Cardona, ex trabajador de Coca-Cola, también ha logrado interesar a algunos congresistas en la causa de los sindicalistas colombianos.

Uno de ellos es Sander Levin, quien estuvo en Colombia la semana pasada revisando los avances en el tema. Levin preside el subcomité de temas comerciales y dado que sus votos se concentran en Detroit, el corazón de la industria automotriz, es muy sensible a los temas sindicales. También lo es George Miller, otro de los congresistas que más ha insistido en el respeto a los derechos sindicales en Colombia como condición previa para aprobar el TLC. Miller coordina el Comité de Educación y Trabajo. Su propuesta de aumentar el salario mínimo de los trabajadores en más de dos dólares fue aprobada el año pasado. También han sido claves William Delahunt, Jim McGovern y Linda Sánchez.

 

Los logros 

Tanto Marino Córdoba como Gerardo Cajamarca sienten que su trabajo y el de todas las ONGs, líderes de base y políticos ha rendido frutos. 

En enero de 2007, bajo el liderazgo del representante Payne, el Congreso de E.U. incluyó una partida por 15 millones de dólares en el presupuesto del 2008 para programas de desarrollo económico y de derechos humanos de los afrocolombianos.

También lograron con su presión la devolución de las tierras a los desplazados de Curvaradó y Jiguamiandó.

En junio del mismo año, más de 50 representantes a la Cámara de E.U. apoyaron una resolución que resaltaba la importancia de la consulta previa para las comunidades negras en Colombia en todos los proyectos de desarrollo que se hacen en sus territorios.

Pero los congresistas Gregory Meeks e Yvette D. Clarke evitaron que se aprobara esta resolución. Meeks, quien es pro TLC, se convirtió en el principal aliado del gobierno en el Black Caucus a partir del lobby de Oscar Gamboa, otro líder afrocolombiano, quien ahora es el encargado del tema de la superación de la desigualdad racial en la Vicepresidencia. Meeks también consiguió que Uribe incluyera líderes negros en altas esferas del gobierno colombiano, petición que fue tomada en cuenta y que ha empoderado a la élite afrocolombiana, marginada durante años del poder.

Cajamarca se siente satisfecho con su labor. Cree que gracias al lobby de muchos, EE.UU. ha logrado presionar al gobierno colombiano lo suficiente como para que se tome los derechos de los sindicalistas en serio. En los dos últimos años, se han resuelto más casos de asesinatos contra trabajadores sindicalizados que en los últimos veinte años.

Independientemente de que se esté o no de acuerdo con su lectura de la realidad colombiana, los casos de Cajamarca y Córdoba representan la otra cara de la lucha alrededor del TLC: mientras empresarios y gobierno quieren el tratado comercial para acceder a mercados globales, las comunidades negras, indígenas y sindalizadas lo aprovechan para hacer que su situación sea tomada en serio por el gobierno colombiano.