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EL CERREJÓN, CARBÓN PARA LAS POTENCIAS Y MISERIA Y POBREZA PARA COLOMBIA Y LA GUAJIRA

11.03.2020 16:50

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA MUNDIAL DE CARBÓN

FUENTE: ANDRES IDARRAGA, Conflicto Laboral en el Cerrejón Reivindicaciones descabelladas?, página 2.

El carbón genera el 39% de la electricidad producida en el mundo, dicha proporción, según la AIE, se mantendrá en los próximos 30 años. Se estima que para el lapso del 2008 al 2035, la demanda mundial por energía primarias pasara del 33% al 28%; pese a la abaja en la demanda, el carbón, seguirá, según, el parecer de la agencia encabezando las fuentes de generación de electricidad.



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Conversamos con Ilich Rojas, excombatiente de las FARC-EP, sobre su pasado en la guerrilla, el proceso de paz y los desafíos que implica dejar las armas para hacer política con las ideas.

11.03.2020 15:46


El 1 de enero, Benjamín Banguera Rosales viajaba en una moto cuando fue asesinado por hombres armados en el cálido y húmedo municipio de Guapi, ubicado en la exuberancia del litoral pacífico del departamento del Cauca, al sur del país. Este hombre de 41 años, exguerrillero de las FARC-EP, que ya había denunciado amenazas en su contra, fue el primer desmovilizado de la antigua guerrilla asesinado en 2020.

La implementación del acuerdo de paz, firmado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y la guerrilla de las FARC-EP a finales de 2016, no ha sido una tarea sencilla. En septiembre del año pasado el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) junto con el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (CERAC) publicaron un documento en el que realizaron un balance de la implementación de los acuerdos teniendo en cuenta los principales avances y retos. En materia de reincorporación de los excombatientes, reina la incertidumbre en relación con la titularidad de los terrenos en donde estos viven actualmente, las garantías de seguridad en estos espacios y la adquisición de tierras para que los desmovilizados lleven a cabo sus proyectos productivos.

El panorama para los desmovilizados se vuelve más oscuro con las preocupantes cifras de asesinatos de excombatientes de la antigua guerrilla. Desde la firma del acuerdo hasta la fecha, el asesinato de desmovilizados de las FARC-EP, hoy convertidas en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), sigue en aumento. En el informe más reciente de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, publicado en diciembre de 2019, hasta finales del año pasado 173 desmovilizados fueron asesinados desde la firma del acuerdo, 77 de ellos en 2019. En lo que va de 2020 al menos 5 excombatientes han perdido la vida de manera violenta. A estas preocupantes cifras se suman 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio.



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Informe Estructural Situacion de Riesgo por Conflicto Armado en la Costa Pacifica Caucana

11.03.2020 14:09

 

PRESENTACIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

La Defensoría del Pueblo, ha venido monitoreando la crisis humanitaria que padecen las comunidades que habitan en la costa pacífica caucana, municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay, con el objetivo de impulsar la efectividad de sus derechos y libertades fundamentales. Para ello ha fomentado acciones de prevención y protección ante diversas situaciones de vulnerabilidad y riesgo de sus habitantes, los cuales pertenecen mayoritariamente a comunidadesétnicas. Según el DANE, en 2005 el Censo registró que el 96,7% de los habitantes de la zona se autoreconoce como negro, mulato, afrodescendiente, raizal o indígena. 

Dada la persistencia del conflicto armado colombiano, la variedad de grupos armados que se ven involucrados y la multiplicidad de violaciones a los DDHH y al DIH que se derivan de las acciones violentas, las comunidades étnicas que habitan en la costa pacífica del departamento del Cauca, han registrado en los últimos años altos niveles de riesgo. A ello se suman factores como la ocupación y despojo de sus territorios, la minería ilegal no artesanal, la erradicación de cultivos ilícitos a través de aspersiones aéreas, la precariedad en la prestación de los servicios públicos, la baja cobertura en salud, y la deficiente calidad de la educación. Así mismo, la precaria infraestructura vial y de telecomunicaciones. Todos estos son factoresque ponen en grave riesgo la seguridad alimentaria, la autonomía de los territorios, suscostumbres, tradiciones y creencias; y por ende su conservación y supervivencia como grupos étnicos. 

Es por esto que se hace necesario contar con información verificable, basada en evidencia, recolectada y analizada con estándares metodológicos, que permita identificar patrones en el accionar de los grupos armados, en las dinámicas de victimización y en las condiciones socioeconómicas de estas comunidades, que aporten a la efectividad de las medidas para disminuir los impactos de la violencia de conflicto y mejorar su calidad de vida. 

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Los Crucificados por Ayudar a Uribe

10.03.2020 15:01

Los detalles desconocidos de la guerra fría del Gobierno Duque con la ONU

10.03.2020 11:51

La relación entre la Casa de Nariño y las Naciones Unidas está más tensa que nunca. Rechazo de nombramientos, desplantes y cruces de acusaciones han deteriorado los vínculos con las agencias del organismo multilateral y apuntan a replantear su presencia en Colombia.

“Es una intromisión a la soberanía”. “Un informe chambón”. “No sé de dónde sacan sus fuentes”. “Espero que hagan mejor su trabajo la próxima vez”. Esa andanada de frases salió de la Casa de Nariño por el último informe sobre derechos humanos de las Naciones Unidas. Desde las épocas de la presidencia de Álvaro Uribe, cuando este no reconocía la existencia de un conflicto armado interno, la ONU no había recibido mensajes tan duros del Gobierno colombiano. 

El tema se convirtió en el centro de la controversia política y de las organizaciones de derechos humanos esta semana. #ONUFueraDeColombia fue, de hecho, una de las principales tendencias en redes sociales. Mientras tanto, ese organismo, el gran padrino del proceso de paz, encargado de verificar tareas fundamentales del acuerdo con las Farc, recibía estoicamente la arremetida por su trabajo en Colombia desde hace décadas. 



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Informes oficiales confirman el daño que ocasionan las multinacionales en el Cesar

03.03.2020 13:26

 

Un informe de la Contraloría General de la Nación y otro de la Defensoría del Pueblo del Cesar señalan a tres multinacionales como las causantes de daños ambientales en el agua, el aire y en la salud de las poblaciones. Sin embargo la Drummond se sigue expandiendo a pesar de que acumula nuevas demandas. Los rezos del Papa no alcanzan a afectar la impunidad de las multinacionales en Colombia.

En el 2010, la Autoridad Minera había impuesto a las compañías Drummond, Prodeco y Colombian Natural Resources -CNR- la reubicación de los pobladores de Plan Bonito Hatillo y Boquerón. Los pueblos quedaron rodeados por las minas en pésimas condiciones de contaminación y pobreza. Solo hasta el año pasado los habitantes de Plan Bonito fueron reubicados, algunos se resistieron a hacerlo pero finalmente salieron  porque ya no había condiciones para habitarlo. Ya no era posible vivir de la pesca, los cultivos ni la ganadería, todo se lo derribó la minería. Plan Bonito se convirtió en cerros de carbón que arrojan año tras año millones de ganancias a las multinacionales.

EL INFORME DE LA CONTRALORÍA

En 2014 la Contraloría General de la Nación presentó un informe donde señala que “La titulación minera desordenada, desprolija, improvisada y oportunista ha conducido a que el panorama sea realmente desolador”. El estudio señala que las multinacionales Drummond, Operación Conjunta La Jagua y Norcarbón han presentado informes difusos del monitoreo que deben realizar del impacto generado por la actividad minera. Dichos resultados arrojaron un índice de calidad del aire dañino. La salud de los pobladores de las regiones donde operan esas multinacionales se ha visto afectada, los niños han presentado problemas respiratorios y sordera por las explosiones continuas de las mineras.


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DERECHOS AMBIENTALES , CONFLICTIVIDAD Y PAZ AMBIENTAL.

28.02.2020 11:11

La injusticia ambiental surge por la persistencia de una conflictividad ambiental irresuelta, en la cual unos seres humanos se apropian injustificadamente de lo que pertenece a otros (a muchos o a todos) y, por tanto, desconocen, suspenden, eliminan o violan los derechos que radican en cabeza de sujetos de derecho. 

Las teorías de derechos más comunes, orientadas por el liberalismo y sus nuevas vertientes neoliberales, han indicado que los derechos son limitados y que sus titulares son unos pocos seres. Desde nuestra perspectiva, hemos defendido una teoría sobre la integralidad y procesualidad de los derechos a la que denominamos teoría de los derechos ambientales, que se fundamenta en el paradigma ambiental, entre otras fuentes. 

Desde un enfoque de integralidad, mostramos que los derechos son múltiples y son de todos los sujetos; asimismo, precisamos que los derechos no son solo normas y que cobijan no solo a individuos, sino también a sujetos colectivos. Esto es, los derechos son de todos los seres humanos, pero también de otros sujetos diferentes (como los animales, los ecosistemas y el ambiente o naturaleza); además, los derechos están interconectados, no separados, y son tanto de las presentes como de las futuras generaciones de humanos y de otras especies. 

Por otro lado, desde un enfoque de procesualidad señalamos que los derechos son procesos sociales, políticos y culturales de demandas deideas de dignidad concretas en tiempos y espacios específicos, es decir, son no solo los derechos luchados ayer, sino también los que se están defendiendo y reivindicando hoy y, con certeza, los que se pelearán mañana si persiste el desconocimiento de ellos. Por ello, los derechos involucran la historia material de los derechos, tanto su negación como su reivindicación y consagración normativa, procesos que se repiten históricamente al compás de las luchas para poder ser sujetos de derechos con dignidad. 

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CASOS COLOMBIANOS FALLADOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ESTUDIO A TRAVÉS DE LA TEORÍA DEL DERECHO PROCESAL

26.02.2020 21:00

1. INTRODUCCIÓN 

La jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH) ha recibido una serie de críticas, entre varios motivos, debido a que tiene una tendencia hacia el eficientismo cuando el Estado es el demandado, en el sentido de que aspectos procesales como los probatorios, en algunos casos se aplican en favor de las víctimas o se interpretan diferente a la teoría clásica del derecho procesal, como ocurre con la amplia libertad otorgada el juez para traer pruebas practicadas en el escenario de un proceso judicial con sentencia en firme a otro que se encuentra en trámite, o como los favorecimientos probatorios dados a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, como es el caso de la valoración de los testimonios o peritajes practicados ante fedatario público, la denominada prueba affidávit (Cadavid Cano y otros 2012). 

Sin embargo, las reglas para acceder a la competencia de la Corte IDH y para que el Estado sea juzgado, no están al arbitrio de los individuos que se sienten vulne- rados en sus derechos, tanto así, que solo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión IDH) se constituye como parte para llevar los casos contra el Estado que deban ser juzgados por la Corte IDH. 



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La encrucijada de la JEP ante el caso de Mario Montoya

25.02.2020 20:04

 

La paradoja

El general en retiro del ejército, Mario Montoya, compareció ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 12 de febrero.

Allí no solo negó toda responsabilidad en el caso, sino que invocó el derecho a guardar silencio ante las preguntas de los magistrados. Al final respondió de forma vaga, y a tal punto que su participación fue descrita por las víctimas de los llamados “falsos positivos” como una burla hacia ellas.

El caso conmocionó a los colombianos por la contradicción evidente entre las expectativas de la JEP —especialmente en su Sala de Reconocimiento— y la posición de guardar silencio de Montoya.

Dado que se presentó a la JEP de forma voluntaria, se esperaría que lo hiciera para reconocer conductas delictivas en el marco del conflicto armado. Sin embargo, si se revisa con detenimiento el desarrollo de la Justicia Transicional, son varios los actores que se han presentado para no reconocer o para negar las imputaciones por crímenes de guerra, de lesa humanidad o de otra naturaleza.

 

¿Guardar silencio es posible?

El marco constitucional contempla el derecho a guardar silencio dentro de un sistema de defensa, que impone la carga de la prueba a la Fiscalía.

Lo extraño y contradictorio es que se invoque después de haberse presentado de forma voluntaria ante la JEP, y justo en la sala cuya tarea es recibir las declaraciones que aporten a la verdad y al reconocimiento de las responsabilidades individuales y colectivas por los crímenes cometidos en el marco del conflicto.

En principio diríamos que la conducta de Montoya no tiene sentido dentro de la JEP.


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El conflicto armado y el riesgo para la mujer rural.

19.02.2020 14:58

Bien sea como habitantes de poblaciones donde se producen enfrentamientos, como participantes y lideresas de organizaciones sociales, como reclamantes de derechos, como productoras o poseedoras de tierras, las mujeres rurales son frecuentemente afectadas en forma diferencial por el conflicto armado; vulneradas en sus derechos fundamentales, y en sus derechos de posesión, explotación y restitución de la tierra. La Defensoría del Pueblo ha evidenciado en diversos informes de riesgo regionales, temáticos y coyunturales, cómo el conflicto armado golpea de forma diferente y más intensa a las mujeres. Como parte de la necesidad de continuar haciendo visible el grave impacto sobre sus derechos funda- mentales, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario surgió el reto de visualizar las circunstancias que las mujeres atraviesan en el mundo rural.

El presente informe sobre escenarios de riesgo para las mujeres rura- les en Colombia da cuenta de la violencia ejercida en su contra. De manera particular, advierte y analiza la situación de derechos de las sobrevivientes del conflicto armado y las afectaciones en los roles de liderazgo y procesos organizativos, a través de estudios de caso realizados en los departamentos de Chocó, Córdoba, Santander y Caquetá. Esto en el marco de la Ley 1448 de 2011, que demanda el monitoreo y análisis de la situación humanitaria en el país y su impacto en el ejercicio de los derechos de las mujeres en Colombia. 

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ALVARO URIBE VELEZ EN LISTA DE CORRUPTOS Y CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD

08.02.2020 13:02

ALVARO URIBE VELEZ EN LISTA DE CORRUPTOS Y CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD

Document type or Classification Level: Declassified.

Importance Document: Very High.

Degree of sensitivity: Very sensitive.

Por: CENIC Div. Investigación

En Centro CENIC Internacional en su División de estudios especializados geopolíticos, políticos y sociales,  ha tomado la decisión de ingresar a : Álvaro Uribe Vélez, individuo de la vida pública y política colombiana a la Lista de Corruptos y CLH - Criminales de Lesa Humanidad, para ser presentado formalmente ante el Tribunal de La C.P.I. - Corte Penal Internacional de La Haya



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Defensa del Territorio y Minería en Colombia.

07.02.2020 21:43

                                       

El Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia (Observatorio ADPI) quiere expresar su agradecimiento a todas las personas y organizaciones que, desde su caminar, sus saberes y energías, hicieron posible la elaboración de este informe. 

En primer lugar, agradecer el apoyo brindado por el Ayuntamiento de Barcelona en el marco del proyecto “Teixint Noves solidaritats”

En segundo lugar, este informe no hubiera sido posible sin la solidaridad, la confianza y la sabiduría de todas aquellas personas que forman parte de las comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y afro descendientes con las que se ha compartido e intercambiado intereses y aspiraciones. Merecen una mención especial el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y su programa económico ambiental; el Cabildo Mayor Yanakona, en particular a todas y cada una de las amables y acogedoras mujeres y hombres del Cabildo de Santa Bárbara; en Nariño, gracias a la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) por abrir sus puertas y enseñar la cruda cotidianidad de la guerra que sigue padeciendo el Pueblo Awá aún en la actualidad. Todas ellas, desde distintos puntos del territorio colombiano y con sus testimonios de vida, son las verdaderas tejedoras de las reivindicaciones y propuestas que se han visto representadas en estas páginas. 

Así mismo, queremos destacar la labor de las organizaciones radicadas en Colombia y que trabajan en defensa de los derechos humanos des- de diferentes ámbitos. Su acompañamiento diario a las comunidades es imprescindible y crucial para visibilizar y reivindicar un modelo de desarrollo distinto para el país, sin violencia de ningún tipo y respetuoso con la autonomía y dignidad de los pueblos. Agradecer especial- mente el trabajo de Socorro Corrales, Cofundadora de Comunitar, organización que acompaña la Ruta pacífica de las mujeres; a Moritz Tenthoff y a Catalina Caro, gracias por explicar, escuchar y colabora en todo lo que ha estado en sus manos; a Pablo Martínez Silva y a Marilyn Machado por su compromiso; a Arturo Escobar y a Claudia Jimena Pai por su apoyo incondicional a lo largo de este trabajo. 



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MISIÓN HUMANITARIA EN BUENAVENTURA . (VIDEO FOTOGRAFICO DE LA MISION)

05.02.2020 14:19

 MÚLTIPLES OBRAS INCONCLUSAS Y VIOLACIÓN DIH VERIFICÓ MISIÓN HUMANITARIA EN ZONA RURAL DE BUENAVENTURA 

Del 30 de enero al 2 de febrero del 2020, la misión humanitaria recorrió los ríos Naya, Yurumangui, Cajambre, Raposo y Calima en los cuales realizó reuniones con las autoridades territoriales y miembros de las comunidades negras que habitan las riveras de los ríos, logrando verificar la crisis humanitaria, el escalonamiento del conflicto, y la flagrante violación a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que enfrentan las comunidades hace más de dos décadas. 

La misión humanitaria buenaventura 2020 verificó la violación de normas internas y protocolos internacionales que garantizan los derechos étnicos territoriales en 5 ríos de la zona rural de Buenaventura y las condiciones de vulnerabilidad a causa del escalonamiento del conflicto a raíz de la presencia del ELN, las Disidencias de las FARC, grupos paramilitares, Armada Nacional, y actores de guerra no identificados que ponen en riesgo la vida de la población civil. 

La misión manifiesta su alta preocupación por la intensificación del conflicto armado que pone en riesgo a la población civil generando desplazamiento forzado, confinamiento, desintegración comunitaria y cultural, riesgo de reclutamiento, abuso sexual violento, especialmente a mujeres y niñas. 

El informe especial de la misión se presentará ante el comité de justicia transicional el cual se solicitará sea convocado de manera extraordinaria. 

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BUSQUEDA DE LA EQUIDAD DE GENERO

02.02.2020 12:18


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ACA - Asociación Campesina de Arauca

26.01.2020 14:03

ASOCIACIÒN CAMPESINA DE ARAUCA

ACA
NIT. 834.001.299-5 P.J.No. 500296-1

Arauquita, 23 de enero 2020

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Desde la Red de Derechos Humanos de la Asociación Campesina de Arauca, expresamos nuestras más profunda preocupación y rechazo a la sistemática violencia en contra de los lideres y lideresas del país que hoy pone al país en los deshonrosos primeros lugares de genocidios de estas características en el mundo.

Como araucan@s no podemos guardar silencio ante las declaraciones dadas por el Señor MIGUEL VIVANCO de Human Rights Watch, frente a la seguridad de nuestro departamento; pues de acuerdo a la interpretación que se le de, puede llegar a convertirse en una estigmatización mas para el movimiento social araucano que por experiencia sabemos equivale a poner en riesgo una vez mas nuestra vida y libertad, por ello damos a conocer a la opinión pública del País y de la región lo siguiente:

Con la firma del proceso de paz entre las FARC-EP y el Gobierno del Dr. JUAN MANUEL SANTOS, se llegó a considerar por parte de las comunidades en su momento, que existía una importante posibilidad de iniciar a construir el camino hacia una paz estable y duradera para las zonas más afectadas por la confrontación armada. Una paz que hoy está convertida en un manido recuerdo, que se desvanece con las balas que dan muerte a quienes han luchado por la vida y la permanencia en el territorio. Una paz que nunca le intereso al gobierno, una paz militarizada que vuelve a llenar de zozobra y miedo a nuestra población.

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EDUCAR A LOS OTROS

22.01.2020 11:09

PRESENTACIÓN 

EL Grupo de Estudios en Educación Indígena y Multicultural – GEIM de la Universidad del Cauca - en la conmemoración de sus veinte años - y el programa Proandes-UNICEF entregan el libro “Educar a los otros” a la comunidad educativa y organizaciones sociales. 

En este libro los profesores Axel Alejandro Rojas y Elizabeth Castillo hacen un re- cuento histórico del origen del concepto de diversidad cultural y del lugar que ésta ha ocupado en el país, analizan las implicaciones que ha tenido su apropiación por parte de las políticas educativas, y examinan las tensiones que ha generado entre las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. 

Las organizaciones indígenas desde la década del sesenta y el movimiento afrocolombiano desde los ochenta han venido promoviendo la investigación y producción de políticas y estrategias que aporten a la solución de su problemática en función de su especificidad cultural. Estos esfuerzos organizativos y políticos se potenciaron a partir de la promulgación de la Constitución de 1991, así como de un conjunto de instrumentos jurídicos, por medio de los cuales se reconoce a Colombia como país multiétnico y pluricultural. 

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