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CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOSEN COLOMBIA.

09.01.2021 10:21

La defensa de derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo en Colombia y con las estadísticas existentes puede afirmarse que, lamentablemente, Colombia es el lugar en el mundo en el que la defensa de derechos humanos entraña más riesgos. Resulta alarmante el contraste existente entre un contexto actual en el que se registran las tasas de homicidios más bajas en Colombia en los últimos 40 años en el contexto del proceso de paz y el fuerte aumento en las cifras de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en el país en este mismo periodo. Por ello, si bien la Fiscalía General de la Nación ha mantenido un discurso en el que se apuntaba a la multicausalidad en relación con las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, podemos identificar un patrón común a todos los casos: las personas defensoras son atacadas por sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos y no por líos de faldas u otro tipo de disputas privadas como llegó a sugerirse de forma irresponsable desde el poder ejecutivo colombiano .

Descargar:LA JUDICIALIZACION A DEFENSORESAS DE LA TIERRA.pdf 



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Estado colombiano enfrenta diagnósticos críticos en materia de derechos humanos

26.12.2020 19:52

En la última semana se divulgaron cuatro informes que revelan las graves vulneraciones que sufren cientos de comunidades y miles de personas en el país, entre ellas líderes y lideresas sociales, así como niños, niñas y adolescentes. El panorama descrito plantea retos a superar; no obstante, el gobierno nacional se enfocó en atacar a quienes los elaboraron.

Rechazar el diagnóstico de la grave situación que padece el país en materia de derechos humanos y desatender las recomendaciones con el objetivo de mostrar una cara más limpia al respecto, marcaron las tensiones del actual gobierno nacional con algunas agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tras divulgarse varios informes.

Las visiones internacionales de lo que ocurrió en el país en los últimos años, especialmente desde que se firmó el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc quedaron expuestas en los recientes documentos divulgados por el representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; el Secretario General de ONU sobre reclutamiento forzado; y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Los dos primeros informes le generaron un fuerte dolor de cabeza al presidente Iván Duque (2018-2022), a varios miembros de su gabinete, así como a voceros de su partido, el Centro Democrático, quienes se fueron lanza en ristre contra lo expuesto por esas dos agencias de ONU e intentaron demostrar que más de tres años después de rubricado el Acuerdo de Paz la situación no es como quedó esbozada en sus presentaciones.



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La Corte Suprema de Justicia confirmó falló de primera instancia que dejó sin efecto decisión judicial que les prescribió a su favor 862 hectáreas. El expediente involucra al actual Embajador de Colombia en República Dominicana, Daniel Cabrales.

25.12.2020 17:34

Sin la rigurosidad probatoria que debe tener un proceso de demanda de pertenencia agraria sobre predios rurales que podrían ser baldíos de la Nación, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería profirió el 1 de septiembre de 2009 una sentencia mediante la cual ordenó la prescripción de 13 predios a favor de Manuel Prisciliano Cabrales Lacharme.

En apariencia, el beneficiado con la decisión habría probado que los predios, ubicados en las veredas Alto Viento y El Ratón, del corregimiento San Felipe de Cadillo, en Tierralta, y que en su conjunto suman 862 hectáreas, tenían una procedencia privada y no de origen baldío.

Pero el pasado viernes la Corte Suprema de Justicia puso en duda ese proceso al resolver una impugnación presentada por Cabrales Lacharme contra el fallo proferido por el Tribunal Superior de Montería el pasado 12 de junio, que dejó sin efectos la sentencia de pertenencia emitida en 2009. 

De acuerdo con el alto tribunal, el juez Juan Carlos Oviedo Gómez, en ese entonces titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería y actual Notario Segundo de Montería, omitió el análisis sobre la falta de antecedentes registrales de los 13 predios prescritos y “dejó de lado la práctica de pruebas a fin de establecer la naturaleza jurídica de los mismos, y pasó por alto que ante la presunción de que eran bienes baldíos eran imprescriptibles”. (Ver sentencia de la CJS)

El proceso fallado por la Corte comenzó el 26 de febrero de este año, cuando la Agencia Nacional de Tierras (ANT) instauró una acción de tutela contra la sentencia del juzgado monteriano a favor de Cabrales Lacharme tras considerar que ese despacho vulneró los derechos de la Nación “por las acciones y omisiones” durante el trámite de la demanda de pertenencia. (TVer tutela de la ANT)



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A PROPOSITO DE UNA CIRCULAR INTERNA PERO PUBLICA

23.12.2020 00:37

 

 

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El Estado colombiano quiere desarticular al movimiento social en el país

22.12.2020 12:58

  • Los días 15 y 16 de diciembre tres importantes líderes del movimiento campesino fueron apresados por la policía de Colombia: Robert Daza, Adelso Gallo y Teófilo Acuña
  • "La judicialización de líderes constituye una estrategia sutil a través de la cual la defensa de los DD.HH. se encuentra en peligro"
  • "La ONG Transparencia Internacional y su Capítulo en Colombia alertaron en este año sobre la alarmante concentración de poderes del Gobierno de Iván Duque”

Comité de Solidaridad Internacionalista

En Colombia corrió como la pólvora la noticia de tres detenciones. Los días 15 y 16 de diciembre tres importantes líderes del movimiento campesino fueron apresados por la policía: Robert Daza, Adelso Gallo y Teófilo Acuña. Estos dirigentes son integrantes del Coordinador Nacional Agrario -CNA- y del Congreso de los Pueblos -CdP-, y viven en diferentes departamentos del país andino: Gallo en Arauca (región de Centro Oriente, frontera con Venezuela), Acuña en el Sur de Bolívar (al Norte del país) y Daza en Nariño (Suroccidente).

Los tres desempeñan vocerías (cargos de representación en estas organizaciones) y se han destacado a lo largo de los años en la defensa del papel del campesinado en los territorios, de la soberanía alimentaria y de los Derechos Humanos. Asimismo, también han realizado labores de interlocución con el Estado, en procesos de negociación como el de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (creada en el calor de las movilizaciones populares del 2013).


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COMO NOS QUITAN LA TIERRA?

18.12.2020 18:13

 

Sobre el proyecto

 

Rutas del Conflicto, con el apoyo de la Fundación Heinrich Boll les presentan esta serie que cuenta cómo nació y se perfeccionó una fórmula para desplazar violentamente a millones de campesinos y comunidades étnicas, despojarlos de sus predios y territorios con la ayuda de servidores públicos, todo para montar negocios de empresas petroleras y agroindustriales.

La serie consta de cuatro capítulos en los que se muestra desde el experimento criminal para probar la fórmula, la expansión de ese modelo a los Montes María, su perfeccionamiento en los Llanos Orientales y sus víctimas más reciente, la selva amazónica y los indígenas Nukak-Maku. ¿Cómo nos quitan la tierra?



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Los falsos amigos de la paz en Colombia

17.12.2020 20:31

Por: MARÍA JIMENA DUZÁN

El entramado del exfiscal Martínez para boicotear el acuerdo muestra un peligroso doble juego

 

En Colombia han resultado más peligrosos quienes posan de ser amigos de la paz que los enemigos que se opusieron a ella.

Hay que reconocer que el expresidente Álvaro Uribe, sin duda el mayor enemigo del Acuerdo, ha ido de frente. Nunca ha intentado maquillar sus fobias por las reformas agrarias pactadas, ni se ha arrepentido de ser el defensor acérrimo de los grandes latifundios. Cuando Uribe habla, su voz es la de un establecimiento fuerte que se inventó el coco del castrochavismo para poner a salvo sus privilegios sin sonrojarse.

Con los uribistas no hay cartas tapadas. El problema es con los que posan de defensores de la paz sin serlo, como sucedió con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, un camaleón del establecimiento político-económico que anda en el ojo del huracán por haber posado de garante de la paz mientras la pisoteaba en la penumbra.

La oposición lo señala de haber utilizado la fiscalía para sembrar pruebas sin sustento contra varios de los ex jefes guerrilleros, de algunos negociadores del Gobierno de Santos y de varios políticos que apoyaron la paz con el propósito malevo de vincularlos con el narcotráfico. En esa lista están desde el general Óscar Naranjo, quien en ese momento era vicepresidente, hasta la presidenta de la JEP —el tribunal de justicia transicional que se creó a partir del acuerdo para juzgar a los excombatientes de las FARC y a los agentes del Estado.

Desde abril de 2018, cuando la fiscalía de Martínez, junto con la DEA, capturó a Jesús Santrich un ex jefe guerrillero que había firmado la paz, muchas de las piezas no cuadraron. De forma insólita, Martínez mantuvo al presidente Juan Manuel Santos al margen de la operación y solo le informó cuando ya era un hecho consumado, marginando al presidente de los asuntos del Estado de manera arbitraria y desleal.



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DENUNCIA PUBLICA

16.12.2020 14:19

Denuncia Pública 

16 de diciembre de 2020 

Continúa la persecución, estigmatización y capturas en contra de los líderes del movimiento social y popular en Colombia 

Como Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA denunciamos que hoy miércoles, 16 de diciembre de 2020, en la ciudad de Pasto, Nariño, siendo las 3:00 de la madrugada, aproximadamente, la Policía Nacional, la Fiscalía y la SIJIN, realizó allanamiento (en casa de su hija) y capturó a nuestro compañero Rober Daza Guevara, líder campesino y vocero de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, integrante activo del Congreso de Los Pueblos, del Coordinador Nacional Agrario - CNA y del Comité de integración del Macizo Colombiano – CIMA. Rober Daza es un destacado líder del norte de Nariño, reconocido a nivel nacional e internacional por impulsar la construcción de los Territorios Campesinos Agroalimentarios – TCA a nivel nacional, los cuales constituyen una propuesta de paz territorial en las diferentes localidades, es miembro de la junta nacional del CNA y de la Secretaría de Tierras, Territorios y Territorialidad del CNA; regionalmente, ha impulsado la defensa del agua, de la tierra y de la vida como parte de la Junta de Gobierno Campesino – JGC del Territorio Campesino Agroalimentario del Norte de Nariño y Sur del Cauca – TCAM, específicamente. 

Esta acción de persecución, estigmatización y captura en contra del Compañero Rober Daza se suma a las capturas de los compañeros Teófilo Acuña y Adelso Gallo del CNA nacional, el día de ayer y a todas las demás capturas realizadas en los últimos meses contra nuestros líderes campesinos por parte del Estado colombiano y el gobierno de Iván Duque; además, estos montajes judiciales, se suman a los asesinatos de líderes y defensores, compañeros y compañeras en Cauca, Chocó y Putumayo por parte de los paramilitares, las disidencias de las FARC y del mismo Estado colombiano, lo cual ha sembrado el terror y el pánico en las comunidades originando desplazamientos forzados de los campesinos en todo el sur occidente de Colombia. 

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Hidroituango: los funcionarios acusados y la justicia que reclaman el río y las comunidades

09.12.2020 22:38

Pliego de cargos

Por muchas razones se justifica el revuelo que ha causado en los medios ─de comunicación y en los empresariales, políticos y gubernamentales─ la decisión de la Contraloría General de la República de imputarles cargos a 28 personas naturales y jurídicas por la responsabilidad fiscal que les pueda corresponder en las decisiones e indecisiones que, de una u otra manera, condujeron a la emergencia que se produjo el 28 de abril de 2018 en la presa de Hidroituango, y que desencadenó una serie de impactos de carácter geológico, ecológico, ingenieril, económico y social, que hasta hoy no han podido ser conjurados.

Posiblemente las dos razones principales que causan ese revuelo sean la lista de personalidades vinculadas a esa investigación, y el impacto que pueda tener en el proceso preelectoral que ya comenzó en Colombia; así como el monto de los perjuicios económicos (“daño fiscal”) producto de esa crisis, que en este momento está en pleno desarrollo y que la Contraloría calcula en 2,9 billones de pesos (un 2.9 seguido de 11 ceros) por destrucción de activos más lucro cesante.

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Masacres a escala revelan el rostro del genocidio en Colombia

09.12.2020 15:36

Por:Manuel Humberto Restrepo Domínguez

179 masacres con 342 asesinados entre enero y el 6 de diciembre de 2020, es el saldo a la fecha en que se recuerda la masacre de las bananeras financiada por la United Fruit Company y ejecutada por el ejército nacional contra más de 1.500 trabajadores en 1928.

“La masacre es tal vez la modalidad de violencia de más claro y contundente impacto sobre la población civil” (G. Sánchez) y “un indicador de degradación de la guerra” (C-250 de 2012). Su recurrencia anuncia un genocidio en marcha que pone al descubierto la real intención de élites y detentadores del poder político y económico. La firma del acuerdo de paz, dejaba la esperanza de que el fin de las masacres había llegado y serían un tema del pasado, junto a la guerra sucia, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, las atrocidades de corte nazi, la judicialización como amenaza cotidiana, la estigmatización y el odio por razones ideológicas que hicieron parte de una catástrofe de barbarie sin piedad que no puede ser negada ni llevada al olvido.  

Sin embargo, la masacre entendida como esta consensuado y aceptado por todos los estados miembros de las naciones unidas, que han aceptado a la declaración universal de derechos humanos, sus pactos y protocolos y con ellos sus conceptos y fundamentos, es el asesinato de varias personas en estado de indefensión al mismo tiempo, cometido con crueldad y terror. No existen otras definiciones, ni es de libre interpretación, para funcionarios, que, al tratar de hacer ajustes, revictimizan y alientan la impunidad. La masacre es un asunto que debe pasar por las reglas, juicios y penas con base a derechos humanos, no de justicia ordinaria y cualquier intromisión indebida es parte de la violación. El concepto de masacre, de origen francés (massacre), según la Real Academia de la Lengua -que no es una entidad de derechos humanos- la define como una matanza de personas, indefensas, producida por ataque armado o causa parecida, un asesinato cruel y violento, una forma de violencia colectiva contra personas indefensas que no pueden oponer resistencia. La masacre, tiene una dimensión histórica, social y política, a diferencia del homicidio simple cometido contra varias personas, que puede ocurrir en una fiesta, un hurto a mano armada o cuando alguien arremete y mata a su familia o vecinos.  



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QUE FUE EL PLAN COLOMBIA ? (RECOMENDADO)

05.12.2020 15:20

El lado oscuro del Plan Colombia 

Por Teo Ballvé 27 de mayo, 2009 

El apoyo a la investigación para este artículo fue proporcionado por el Fondo de Investigación Fundación Puffin en el Instituto La Nación, con apoyo adicional de Proyecto Palabra, una organización sin ánimo de lucro de Massachusetts dedicada a los medios de comunicación. 

www.paulhackett.net
Un grupo de trabajadores en los campos militarizados de palma de Colombia 

El 14 de mayo la Fiscalía General de Colombia publicó una noticia en su página oficial sobre una audiencia pública que decidirá el destino de COPROAGROSUR, una cooperativa de aceite de palma con sede en el municipio de Simití, en el norte del departamento de Bolívar. Un confeso narcotraficante jefe paramilitar conocido como Macaco ha entregado al gobierno los activos de la cooperativa, de la cual reivindica su propiedad, como parte de un programa de reparación a las víctimas. 

¿Está el Plan Colombia subvencionando a narcotraficantes para cultivar agrocombustibles en tierras robadas? 

Macaco, cuyo nombre real es Carlos Mario Jiménez, fue uno de los comandantes paramilitares más sanguinarios en la larga guerra civil colombiana y ha confesado el asesinato de 4.000 civiles. Él y su grupo armado son también en gran medida responsables 



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Uribismo, Luis Carlos Vélez y la educación pública

29.11.2020 17:53

El objetivo del CD, de Uribe y de sus áulicos, entre los que se cuenta Luis Carlos Vélez, es acabar con la educación pública, gratuita y fundada en el pensamiento crítico; a la derecha colombiana no le gusta que los estudiantes sean formados para confrontar a todas las formas de poder, incluyendo, por supuesto, el poder ejercido por profesores y profesoras.

 

Germán Ayala Osorio

Comunicador social-periodista y politólogo

La Escuela, como institución moderna, guarda dentro de sus tareas y objetivos, enseñar a pensar, a entregar herramientas para un saber hacer y a vivir dentro las reglas de la sociedad, lo que significa que hace parte de las instituciones disciplinantes, creadas para dominar o morigerar la siempre compleja y difícil voluntad de los individuos. Junto a la fábrica y el cuartel, en la Escuela naturalizamos las relaciones de poder y de dominación que se viven al interior del núcleo familiar, la primera institución de dominación y de aprendizaje.

Esta columna no gira en torno a la naturaleza de la Escuela, pero si lo hace en relación con el largo proceso de estigmatización y persecución que desde sucesivos gobiernos y recientemente, desde las huestes uribistas, se viene haciendo de la educación pública y Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación). Al ser asumidas la educación pública y a Fecode como centros de adoctrinamiento en los que se inoculan el socialismo, el comunismo y más recientemente, el ideario “Castrochavista”, los profesores en Colombia terminan amenazados y asesinados por sicarios al servicio del paramilitarismo; en varias ocasiones paramilitares y otros grupos violentos han puesto bajo sus miras a profesores y sindicalistas. Varios de ellos han sido asesinados, en virtud de esas actividades de estigmatización y persecución.

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Saludamos el acuerdo humanitario del Catatumbo

28.11.2020 22:40

Fuentes: ELN

Estimados integrantes Mesa Humanitaria y de construcción de paz del Catatumbo, nuestro saludo cordial para todos y todas ustedes, trabajadores y trabajadoras por la paz.

Saludamos la iniciativa de la Mesa Humanitaria plasmada en la propuesta de Acuerdo Humanitario hecha pública el pasado 28 de agosto, orientada a regular los efectos del conflicto político y armado en la región.

Destacamos el interés que ha despertado la propuesta y que ha permitido convocar como en pocas ocasiones en la región a sectores sociales, institucionales y personalidades en una causa común.

La llegada de Iván Duque al poder continúa agudizando las causas que generaron el conflicto político y armado en el país; la opción por la Guerra se ha mostrado claramente entre otros, en el levantamiento unilateral de la Mesa de Diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la represión y persecución al movimiento social, el Genocidio continuado contra la oposición política y los planes de intervención a los territorios.

Las iniciativas del Gobierno para el Catatumbo son de Guerra, anunciadas desde la primera visita de Duque el 9 de agosto del 2018 y ratificadas en sus múltiples retornos a la región.

Mientras que la región anhela la Paz el Gobierno aumenta la militarización de los territorios, fortalece su aparato represivo y promueve la expansión del narcoparamilitarismo, las violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) se han incrementado dramáticamente: asesinatos, masacres, atentados, amenazas y desplazamiento. Los “Falsos Positivos” vuelven a ser noticia en la región, así como también se ha intensificado la confrontación armada.

A las luchas de las comunidades por la defensa del territorio el Gobierno responde con medidas de sangre y fuego para imponer el saqueo de los recursos naturales, implantar la agroindustria, destruir la selva y el agua, todo para satisfacer los apetitos voraces de las corporaciones trasnacionales.

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URIBE MANDO A MATAR A JAIME GARZON Y PEDRO A MORENO

27.11.2020 17:42

Cárcel de Irwin, 3 de septiembre de 2020

 

Doctor

ALVARO LEYVA DURAN

Respetado doctor Leyva:

Reciba un cordial y respetuoso saludo, he recibido la carta enviada por usted, en la que nos invita a continuar trabajando por las víctimas y la paz del país.

Doctor Alvaro, usted fue el gestor de un encuentro vía telefónica, entre el señor RODRIGO LONDONO ex comandante máximo de las desmovilizadas FARC y el suscrito, un momento histórico para el país, pues, desde orillas contrarias, pensamientos totalmente opuestos y con situaciones personales y jurídicas totalmente desiguales, hallamos en un dialogo corto, concreto y sincero, algo que nos unió, en lo que coincidimos totalmente, como lo es, la necesidad de que el país conozca la verdad del conflicto armado, sin ambigüedades, de forma completa y que esta sea contada de CARA AL PAÍS, donde las víctimas sean honradas por nosotros con esa verdad, lo que he venido haciendo desde cuando me desmovilicé, con el único objetivo de que dicha verdad sea el cimiento sobre los cuales, se construya y transforme Colombia en un mejor país, impidiendo que se repitan esos actos que enlutaron y dañaron las vidas de miles y miles de nuestros hermanos colombianos, por eso, la mejor forma de reparación es que no solo se conozca la verdad, sino también, como una forma de no repetición que genere acciones efectivas e incluyentes por parte del Estado colombiano.

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PROGRAMA SOMOS DEFENSORES

26.11.2020 19:17

BOLETÍN TRIMESTRAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE AGRESIONES CONTRA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA –SIADDHH– 

Agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia Julio – septiembre 2020 

Durante el período julio - septiembre de 2020, el Programa Somos Defensores a través del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia –SIADDHH-1, hizo un esfuerzo importante para confirmar los datos que se incluyen en el presente boletín, tomando en cuenta las dificultades derivadas de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia por el COVID–19. Por esta razón, es necesario advertir que es probable que exista un subregistro y que el total de cifras de agresiones no represente completamente la difícil situación a la que se enfrentan actualmente las personas defensoras de derechos humanos en el país. El presente boletín, siguiendo la metodología del SIADDHH, solamente incluye los casos en los que fue posible la verificación de la información mediante fuentes en el terreno. 

Durante el tercer trimestre de 2020, se registró un total de 184 agresiones contra 182 personas defensoras de derechos humanos. En comparación con las 183 agresiones registradas en el mismo período de 2019, se evidencia un panorama sostenido de violencia contra defensoras y defensores, que las estrictas medidas de aislamiento social en una parte del período no lograron evitar; por el contrario, las condiciones de vulnerabilidad para el ejercicio de la labor de las personas defensoras de derechos humanos se recrudecieron. 

 

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SELVAS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO

23.11.2020 00:00

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.

21.11.2020 13:35

El 27 de diciembre del año pasado, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y candidato a Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, sostuvo que, con respecto al asesinato de líderes sociales en Colombia, “no podemos hablar de sistematicidad, ya que cada territorio tiene sus particularidades”. ¿Es posible considerar como particulares cientos de casos que se han extendido por casi tres años en varios departamentos del país? Si el objetivo es investigar, juzgar, sancionar y prevenir el homicidio de más líderes, la triste realidad con la que empieza el año 2020 obliga a una reflexión mucho más juiciosa sobre el concepto de sistematicidad. 
En la misma alocución, Barbosa afirmó que “del 1 de enero de 2019 al 17 de diciembre de 2019, se registraron homicidios en 5,17 % del territorio nacional, es decir, en 58 municipios. En otras palabras, en el 94,83 % del país, durante ese periodo, no se produjeron crímenes contra líderes sociales. En total, se constataron 84 casos. Para ese mismo periodo se evidenció una disminución del 25 % de crímenes con relación al periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 17 diciembre de 2018 donde se presentaron 112 homicidios”. Así presentadas, las cifras parecerían esperanzadoras: fueron asesinadas 84 personas, pero ya no 112. Además, solo hubo homicidios en una insignificante porción del territorio nacional. El consejero también añadió que “es doloroso que cualquier colombiano muera”, sin embargo, evitó hacer la suma de los dos últimos años: 160 líderes asesinados según cifras de las Naciones Unidas. 
 
 

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