EL EXILIO Y LA PAZ

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Alerta sobre Incriminación de las Defensoras de Derechos Humanos y Activistas del Proceso de Comunidades Negras en Colombia -PCN; Sara Liliana Quiñonez Valencia y Tulia Marys Valencia

21.04.2018 14:53

Defender los derechos humanos No es un delito.

Hoy viernes 20 de Abril del 2018 en la ciudad de Cali- Valle, siendo las 6:29 de las mañana, fue detenida por miembros de LA DIJIN de Bogotá, bajo órdenes de la Fiscalía General de la Nación – Bogotá, las compañeras defensoras de derechos humanos y activistas del Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN); SARA LILIANA QUIÑONEZ VALENCIA Y TULIA MARYS VALENCIA QUIñONEZ, a las cuales se les sindica de rebelión, y ser parte del grupo guerrillero ELN. Sara y Tulia, son madre e hija y se han dedicado a la defensa de los derechos étnicos colectivos de la comunidad negra del Alto Mira y Frontera.

Sara Liliana Quiñonez Valencia y Tulia Marys Valencia, son oriundas de Tumaco- Nariño. Sara ha sido Presidenta y vicepresidenta de la junta de gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. En el 2015 Sara y su familia fueron víctimas de desplazamiento forzado, tras amenazas contra la vida e integridad física y moral de Sara, por la labor que asumió como parte del gobierno propio en pro de la defensa y protección de los derechos étnicos colectivos de su comunidad. Su segundo desplazamiento se provocó en octubre de 2017, cuando la junta del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera fue amenazada y en consecuencia desplazada; ha este consejo comunitario le han asesinado dos de sus representantes legales y otros miembros de la junta de gobierno. En la actualidad Sara y su nucleo familiar se encuentraban en situación de desplazamiento forzado en la ciudad de Cali, bajo medida cautelar de la Comision Interamericana de Derechos Humanos y con esquema de proteccion de la UNP.

 

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DETENCIONES ARBITRARIAS LÍDERES Y DEFENSORES DE DDHH

21.04.2018 14:20

(...) proteger de manera especial a las personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de su cargo y adelantar las funciones relacionadas para la ejecución de planes, programas, proyectos, acciones y estrategias orientadas para tal fin.” Decreto 4065 de 2011

Hoy 20 de abril de 2018, las organizaciones abajo firmantes denunciamos, la realización de operativos de dentención masiva a líderes y defensores derechos humanos efectuados en el suroccidente colombiano, específicamente en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño por parte del Estado Colombiano en representación de la fuerza pública, presuntamente a cargo de la SIJIN. 

Los sucesos ocurren bajo preocupantes circunstancias que vulneran el debido proceso y claro está el derecho a la libertad expuesto en el artículo 28 de la constitución política. Tanto así que no se ha podido ubicar el lugar a donde han sido transladas algunas de las personas detenidas, ni se cuenta con un pronunciamiento oficial de las organizaciones competentes. Por lo pronto se registran más de 30 personas privadas de la libertad, entre ellos varios líderes pertenecientes a comunidades índigenas y afrodecendientes. 8 de ellos pertenecientes al municipio de Samaniego- Nariño, donde se identificaron algunos exalcaldes y expersoneros del municipio. 

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La casualidad ya mató a 9 testigos

20.04.2018 17:43

 

Hay inquietud en el ambiente, más que nada porque estamos acostumbrándonos a que la familia Uribe sea salpicada de sangre, pero nunca le quede mancha alguna.Todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero debe llevarse a cabo una investigación juiciosa en torno al contexto y los hechos, de modo que se pueda esclarecer la verdad. Y también aplica para Santiago Uribe Vélez.

En este proceso, es fundamental que la parte investigada muestre su voluntad y disposición para ser indagado y auscultado, porque el que nada debe, nada teme. Así pues, resultan varios interrogantes que hay que responder en torno al caso Santiago Uribe Vélez, Los Doce Apostóles y, por supuesto, el siempre salpicado, pero nunca con manchas, expresidente Álvaro Uribe.

Lo primero que hay que dejar claro es que el proceso de investigación en contra de Santiago Uribe por presuntos nexos con el paramilitarismo empezó hace casi 20 años. Periodo en el cual han muerto, extraña y casualmente, nueve de los que fueren testigos claves para esclarecer la verdad.

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Asesinan a testigo en caso Cepeda-Uribe al que la corte había ordenado redoblar su seguridad

16.04.2018 18:22

 

El hombre, que había aceptado haber mentido en el proceso contra el ex gobernador de Antioquia, fue baleado en el municipio de Bello, en Antioquia. La corte compulsó copias para investigar las circunstancias en las que resultó condenado por falso testimonio y ordenó redoblar su seguridad.

En los informes de homicidios que presentó este fin de semana la Policía Metropolitana de Medellín, quedó registrado el asesinato de un hombre en el municipio de Bello, más exactamente en la carrera 50 con calle 52. En ese punto sicarios en moto lo balearon. Algunos reconocieron a la víctima como alguien a quien le decían ‘Papo‘. Pero solo al constatar la identidad se supo que se trataba de un hombre con antecedentes judiciales. 

Su nombre, Carlos Enrique Areiza. Había sido condenado por falso testimonio en una decisión que fue cuestionada por la Corte Suprema de Justicia en el caso que por parapolítica le siguen al ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero.

El testigo fue uno de los capítulos más importantes del fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia en el que absolvió al senador Iván Cepeda por manipulación de testigos y compulsó copias para investigar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Precisamente, por la información que entregó en dos diligencias rendidas ante magistrados de este alto tribunal, se ordenó redoblar las medidas de seguridad para él y para su familia, así como pidió que se investigara al fiscal del caso que lo llevó a sentencia por falso testimonio

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Comandante guerrillero del ELN: "Colombia es un país en guerra"

14.04.2018 15:41

El referente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y líder de su delegación en los diálogos de paz con el Gobierno, Pablo Beltrán, fue entrevistado en exclusiva por RT.

 

Es jueves 5 de abril por la tarde en la República del Ecuador. A una hora de Quito, la capital, hay una pequeña y humilde localidad llamada Cashapamba, dentro de la provincia de Pichincha, donde desde hace más de un año que representantes del Gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de aquel país están desarrollando los denominados diálogos de paz. La intención, en los papeles, es poner fin a un conflicto armado que lleva más de cinco décadas entre el grupo guerrillero y las fuerzas del Estado. Sin embargo, falta mucho para que terminen los enfrentamientos.

El predio obtenido por la Presidencia ecuatoriana para brindar un escenario a las negociaciones pertenece a la Pontificia Universidad Católica, que cedió su sede campestre para destrabar el conflicto. El sitio está escondido, y a pesar de su gran tamaño los vecinos desconocen su existencia. En otras palabras, tampoco saben que allí se está desarrollando uno de los debates más intensos de América Latina. Al final de una pequeña calle interna, puede observarse un portón negro custodiado por policías ecuatorianos. Nos dejan ingresar, pero advierten que no pueden tomarse fotografías en aquel bello terreno universitario, ideal para un día de campo.

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Solidaridad con el pueblo y el gobierno del Ecuador

13.04.2018 23:35

Preocupa a la Coordinación Colombia Estados Unidos la captura de “Jesús Santrich” sin pasar por la revisión de la JEP

13.04.2018 18:45

La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU, plataforma nacional de derechos humanos, en la que convergen más de 260 organizaciones de todo el país, expresa su preocupación por la reciente captura con fines de extradición del ciudadano Seuxis Pausivas Hernández Solarte conocido como Jesús Santrich, designado como representante a la Cámara de Representantes por el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, producto de los acuerdo de Paz firmados entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP. 

La Fiscalía General de Nación ha argumentado que la captura de Jesús Santrich, se hizo por solicitud del gobierno de los Estados Unidos por presuntos cargos relacionados con narcotráfico. Tal y como lo establece el Acto legislativo 01 en su Art. 19 corresponde a la Sección de revisión del Tribunal para la Paz, evaluar la conducta atribuida al Señor Santrich y decidir el procedimiento apropiado, respetando principios constitucionales como la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa que incluye la oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas ante la sección de revisión, como garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo en relación a los cargos que se le imputan. 

 

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Pronunciamiento de Parlamentarios Europeos

12.04.2018 19:54

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         Bruselas 12 de abril de 2018.

Los euro parlamentarios abajo firmantes frente a la detención con fines de extradición, el día 9 de abril, del Sr. Jesús Santrich, uno de los negociadores del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, que condujo a la reincorporación de dicha a la vida civil y a la lucha política en democracia, manifestamos:

1. El acuerdo de paz entre el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos y las FARC, ha sido respaldado de forma unánime por la comunidad internacional y por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es de carácter vinculante para las partes y de obligatorio cumplimiento por las autoridades del Estado colombiano.

2. En el acuerdo se pactó y se incorporó en la Constitución Política a través del Art. Transitorio 19 del Acto Legislativo del 01/2017, que corresponde a la sección de revisión del tribunal para la paz evaluar la conducta atribuida cuando se presenta solicitud de extradición fundada en conductas o hechos ocurridos con posterioridad a la firma del acuerdo final.

3. Por tanto el Sr. Santrich no debería ser privado de su libertad sino dejado a disposición de la justicia transicional para que esta valore si la evidencia aportada por el Gobierno de los EEUU daría pie o no para que el Sr. Santrich sea puesto a disposición de la justicia ordinaria.

4. Dada la gravedad de lo ocurrido y la trascendencia que estos hechos tienen para la credibilidad del proceso de paz, solicitamos que el Sr. Eamon Gilmore, Representante Especial de la UE para el proceso de Paz en Colombia, convoque una observación internacional de urgencia con los países garantes del acuerdo y las Naciones Unidad sobre dicho proceso, para que se garantice el debido proceso del Sr. Santrich y cualquiera sea la decisión de la sección de revisión del Tribunal Especial para la paz sea respetada por las autoridades colombianas, por el Gobierno de los EEUU y respaldada por la comunidad internacional.

   

Tania González Peñas 

Miguel Urban Crespo 

Marina Albiol Guzman 

Paloma López Bermejo 

Xabier Benito Ziluaga 

Lidia Senra Rodriguez

Javier Couso Permuy 

Estefania Torres Martín 

Lola Sánchez Caldentey

Ernest Urtasun Domenech 

Florent Marcellesi

 
   

 

SEGURIDAD DEMOCRATICA, DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTORICA EN COLOMBIA

12.04.2018 11:57

En relación con el proceso de investigación desarrollado en la Maestría Comunicación-Educación, línea de Cultura Política, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el presente documento presenta las bases teóricas de la reflexión sobre los impactos en materia de Derechos Humanos de la Política de Seguridad Democrática del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Y documenta tres casos de asesinatos extrajudiciales de jóvenes del municipio de Soacha, Cundinamarca. 

En este sentido, se definen estos elementos como categorías con el objetivo de ser explicados y contrastados a través de varias fuentes documentales, las categorías son: Seguridad Democrática, Impactos negativos en materia Derechos Humanos, Memoria histórica y Cultura política en el conflicto armado colombiano y el estudio de caso de Soacha. 

Para el desarrollo se tuvo como referentes: indagaciones, informes y reflexiones de investigadores que han seguido de cerca el conflicto armado colombiano, como Jairo Libreros, Rodrigo Uprimny, Francisco Leal, Camilo Castellanos, Gonzalo Sánchez, entre otros, y documentos periodísticos del portal La Silla Vacía, Verdad Abierta y de la Corporación Nuevo Arco Iris. 


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COMUNICADO DE PRENSA

12.04.2018 11:08

 

LÍDERES DEL SUR DE BOLIVAR SE PRESENTAN VOLUNTARIAMENTE ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Tras más de un año de seguimientos, persecución, señalamientos y hostigamientos por parte de la fuerza pública y de autoridades judiciales de Cartagena; presiones contra sus familias y su entorno comunitario, cinco líderes comunitarios, directivos de diferentes organizaciones sociales y comunitarias, todas afiliadas a la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, tomaron la decisión de presentarse voluntariamente ante la Fiscalía para tratar de aclarar si la presión a la que están siendo sometidos obedece a algún requerimiento judicial.

Los líderes que se presentaron en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación son: Raúl Balmacea Neira, Julio Arboleda Hernández, Pablo de Jesús Santiago, Eugenio Gómez Quiñonez y Andrés Trillos Varela.

La diligencia se llevó a cabo hoy 11 de abril de 2018 en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata ubicada en el búnker de la Fiscalía en Bogotá. En el trámite fueron atendidos por la doctora Leonor Merchán, Fiscal Segunda Especializada Delegada para Seguridad Ciudadana. Realizada la consulta en los diferentes sistemas de antecedentes se constató que ninguno de los líderes que hicieron su presentación registra ningún tipo de requerimiento.

Lo anterior muestra que miembros de la fuerza pública que operan en la región pretenden atemorizar e intimidar a los líderes sociales mediante la difusión de falsos requerimientos judiciales contra ellos, para de esta manera debilitar y/o destruir su labor como líderes.

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COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE

12.04.2018 10:24

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo de nuevos hechos que corroboran nuestra anteriores constancias y que evidencian la persistencia de políticas estatales de carácter criminal, las cuales, aunque sean negadas reiteradamente por el gobierno y las instituciones del Estado colombiano, sin embargo se continúan desarrollando en la realidad real y de ninguna manera pasan desapercibidas para las víctimas, quienes tenemos que sufrir sus consecuencias desastrosas de manera permanente.

·      El30 de marzo de 2018, Viernes Santo, cuando un numeroso grupo de integrantes de nuestra Comunidad de Paz se desplazaba entre las veredas La Esperanza y Mulatos Medio, en un recorrido por los caminos ensangrentados de nuestras montañas donde el Estado colombiano ha masacrado a centenares de nuestros compañeros, caminos que habitualmente recorremos en memoria de la Pasión de Cristo reproducida en la Pasión de Nuestro Pueblo y de Nuestra Comunidad, pudimos encontrar un campamento de paramilitares en terrenos de la FINCA DEL SEÑOR  MUÑOZ. El testimonio fotográfico de este hecho lo difundimos pocas horas después por las redes sociales.

 

·      Eldomingo 1° de abril de 2018, cuando un grupo grande de integrantes de nuestra Comunidad de Paz regresaba del recorrido del Via Crucis hacia San Josesito y otras veredas, pudo comprobar la presencia de un conjunto de paramilitares en la vereda Mulatos Cabecera.

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¿Por qué “Santrich” sí y “Popeye” no?

11.04.2018 12:13

Pregunta: si las encuestas señalaran que el candidato con mayor opción de ganar la carrera por la Presidencia de la República fuera, por ejemplo, Humberto de la Calle o Sergio Fajardo, ¿Estados Unidos habría escogido este momento electoral para pedir la captura de Jesús Santrich e iniciar su proceso de extradición? Dicho de otro modo, el rimbombante e innecesario operativo que montó el fiscal general para detener a quien hubiera podido ser simplemente esposado por uno de sus escoltas policiales, ¿impacta la campaña y le asegura el triunfo a la ultraderecha personificada en el uribismo, o a la derecha casi extrema del vargasllerismo? Visto desde otro lado: ¿el apoyo que varios millones de colombianos le hemos dado al desmonte de las Farc como guerrilla y a su paso a la legalidad política queda disminuido con la acusación de que uno de sus negociadores en La Habana era, en realidad, un gran capo del narcotráfico?

No deja de ser una curiosa coincidencia que una operación encubierta de la fuerza extranjera DEA en nuestro territorio, habiendo comenzado en junio de 2017 según reza el indictment publicado, se active solo ahora y en forma tan espectacular, a tan solo seis semanas de celebrarse la votación para la primera vuelta y cuando los sondeos indican que el favoritismo de los electores se concentra en el pupilo del mayor enemigo de la paz. No hay que olvidar que el rival más fuerte de Duque es el candidato Gustavo Petro quien ha sido sindicado por la misma ultraderecha de ser el Maduro de Colombia, una historieta que difunden complacidos los partidarios de aumentar votos poniéndoles combustible al miedo y al odio.

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COMUNICADO DE PRENSA ONU

10.04.2018 15:49

Bogotá, Abril 9 de 2018 - La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia está dando seguimiento a los acontecimientos de las últimas horas relativos a la captura el día de hoy del señor Seuxis Paucis Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, así como a las reacciones en los Espacios Territoriales donde se adelanta el proceso de reincorporación de los miembros de la FARC. 

De acuerdo con la declaración del Fiscal General, la detención se da en cumplimiento de una orden internacional expedida a través de circular roja de la Interpol, con fines de extradición, por hechos ocurridos posterior a la firma del Acuerdo de Paz. 

La Misión de Verificación llama la atención sobre el Acto Legislativo que crea el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, revisado por la Corte Constitucional. En su artículo transitorio 19, relativo a la extradición, establece: “Cuando se alegue, respecto de un integrante de las FARC-EP o de una persona acusada de ser integrante de dicha organización, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado”. 

 

JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ

10.04.2018 13:35

 

La reciente renuncia del Secretario Ejecutivo de la Justicia Especial para la Paz (JEP),  Néstor Raúl Correa, tiene como antecedente una profunda disputa interna para definir el modelo de administración de este organismo, incluyendo el diseño y la contratación de una planta de más de 800 cargos.

·      Este es el panorama que revelan 22 correos privados entre los magistrados filtrados sobre el tema específico del papel de la Secretaría de la JEP y su rol decisorio frente al de los magistrados. La filtración también genera cuestionamientos sobre la conducta ética de dos de los magistrados del Tribunal de Paz de la JEP, incluyendo su presidenta Patricia Linares, quienes fueron escogidos para un periodo que se extiende hasta que funcione esta jurisdicción, es decir, como máximo 20 años.

Aunque en principio la renuncia de Correa fue presentada en otros medios como el resultado de roces con la Presidenta Linares por temas logísticos, como el tamaño de las oficinas, la falta de carros blindados y el oficio enviado por la Contraloría preguntando sobre la administración de recursos, su decisión de retirarse la Secretaría, según dijeron varias fuentes, tiene razones adicionales y de fondo acerca de cómo se está diseñando el organismo que funcionará como la columna vertebral del acuerdo de paz.

Se trata de un debate complejo sobre el modelo administrativo de la jurisdicción llamada a traer verdad, justicia y reparación para los delitos más graves cometidos en medio siglo de conflicto armado. Un debate entre crear una JEP parecida a las altas cortes colombianas, con despachos fuertes de magistrados muy poderosos que concentran el poder de contratación y una secretaría con poco poder de decisión; o una JEP más parecida a los tribunales internacionales como la Corte Interamericana, con un poder de contratación y administración de recursos más fuerte administrados por la secretaría, y despachos de magistrados con menos discrecionalidad en la administración, incluyendo la contratación de planta. Rodrigo Uprimny, de Dejusticia, anticipó esta disyuntiva en enero de este año en una columna en El Espectador, advirtiendo que de resolverse mal, lo que en opinión de Uprimny significa crear una corte a la colombiana, puede traer consecuencias “catastróficas” para el futuro de este tribunal. 

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MESA DE DIALOGOS 9 de ABRIL 2018

10.04.2018 11:04



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