Un país que regala su petróleo

06.09.2017 23:56

 

 Ismael  Ardila

 Rebelión 

El petróleo es uno de los recursos naturales más importantes para el desarrollo económico y social; sin embargo, Colombia no aplica las mejores políticas para la explotación de hidrocarburos; éstas solo están diseñadas para atraer la inversión extrajera y no para beneficiar a la población.

La historia arcaica de la sumisión

Históricamente los recursos de hidrocarburos son propiedad de la Nación (decreto 24 de 1828, Constitución de 1858, Constitución de 1886, ley 30 de 1903). La historia también demuestra que en materia de hidrocarburos se ha legislado para favorecer intereses particulares (ley 38 de 1887).

En Colombia la explotación formal de petróleo inicia en 1896 [1]; ya desde entonces la actividad atrajo a petroleros norteamericanos. Para la época el gobierno no participaba en la administración de las operaciones de exploración y explotación; las concesiones oscilaban entre 30 y 50 años, con prórrogas de 10 a 20 años, y los impuestos establecidos no beneficiaban significativamente al país (3 a 14,5 por ciento). Este sistema funcionó hasta 1974, cuando el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978), quien lo abolió por medio del decreto ley 2310, pero las concesiones existentes permanecieron hasta la fecha en que pasaron a manos del Estado.

A pesar de esto, en la actualidad aún existe una concesión vigente extendida por más de 20 años y adjudicada por Álvaro Uribe en 2003 (concesión 2162, Yalea, empresa Perenco, fecha de finalización 05-03-2023, con un pago de regalías del 11,5 por ciento) [2].

Seguimos en las mismas

La historia no dista mucho de la realidad actual, aunque la legislación en materia de recursos de hidrocarburos ha venido evolucionando notablemente y se han creado empresas y entidades estatales como ECOPETROL y Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH. A pesar de ello, los cambios a favor de Colombia no son muchos; los contratos de concesión, por ejemplo, se empezaron a entregar de forma “asociada” y los impuestos de regalías solo llegaron a un 20 por ciento.

En otras palabras, Colombia, no ha tomado la administración total de los recursos petroleros, sus derivados y sus ganancias. Y así duró hasta 1999, cuando el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1970-1974). A partir de la ley 508, las regalías que recibe el Gobierno se dan de forma escalonada (5 al 25 por ciento). El 5 por ciento para campos con producción menores o iguales 5 mil barriles diarios, el 25 por ciento para producciones mayores de 600 mil barriles diarios. Claro, esas cifras de producción son utópicas, porque nunca se han dado.

La política colombiana en materia de hidrocarburos tiene una evolución amañada, que busca favorecer cada vez más al capital privado y extranjero, y no a los intereses del país. Antes de 1999 la renta petrolera le representaba al país un 20 por ciento de regalías sobre la producción, y a través de ECOPETROL recibía otro 40 por ciento; el otro 40 por ciento se lo quedaba el inversionista. En resumidas cuentas, al Estado le correspondía cerca del 80 por ciento.

Después de 1999, la participación del país en la producción petrolera se redujo al 30 por ciento, las regalías se redujeron a un 8 por ciento (ley 756 de 2002), en el mejor de los casos se recibe un 9 por ciento de regalías de los pozos descubiertos después de 2000. Estos cambios redujeron la participación del Estado en la renta petrolera a proporciones que van entre el 55 y el 60 por ciento.

En resumidas cuentas, al comparar los porcentajes de participación petrolera con los demás países latinoamericanos Colombia tiene el más bajo (38,62 por ciento). Ecuador en cambio tiene un 85,75 por ciento de participación; en este país las empresas son contratistas, no concesionarias. Bolivia tiene nacionalizados los hidrocarburos, la renta petrolera es del Estado y la participación de los antiguos contratos privados es del 72,7 por ciento. Venezuela tiene una renta petrolera del 70 por ciento; aunque tiene nacionalizado el petróleo, las empresas contratistas deben entregar a la nación la tercera parte de la producción como impuesto de extracción y regalías. En Argentina la renta petrolera es del 69,24 por ciento. Perú se queda con una renta petrolera del 60,87 por ciento. Brasil, con el 44,37 por ciento.

Un asunto de dignidad nacional

Los datos anteriores demuestran que Colombia tiene un sistema de participación en la renta petrolera que desdeña el interés nacional, en el que la mayor ganancia económica la obtienen las empresas concesionarias; eso demuestra que el desarrollo industrial, económico y social de la población colombiana es sólo una visión engañosa, difícil de alcanzar.

En próximas ediciones de nuestra Revista Insurrección analizaremos el comportamiento del precio del petróleo y los problemas estructurales (sociales, ambientales y culturales) que en el camino va dejando la explotación petrolera.

Notas

[1] Pérez Víctor Eduardo y Bueno Salazar Rafael “El Petróleo en Colombia”. Ecopetrol 50 años.

[2] Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos – AHN.