Las empresas transnacionales en la arquitectura de la impunidad: poder, corrupción y derechos humanos

04.05.2017 05:25

Por: Pedro Ramiro y Erika González

 

Estafa, soborno, blanqueo de capitales, evasión de impuestos, posición abusiva de mercado, apropiación indebida, manipulación contable, fraude. Y también paraísos fiscales, ingeniería financiera, doble contabilidad, lobbies, diplomacia económica, pago de comisiones, puertas giratorias.

 

El modus operandi de las empresas transnacionales se compone de aquellas prácticas ilegales que se definen como delitos económicos y, al mismo tiempo, de todas esas otras que, sin contravenir la legalidad vigente, pueden ser incluidas dentro de una categoría, la corrupción, que no hace referencia tanto a una serie de excepciones como a la propia regla. Y es que, como se muestra al analizar la evolución histórica de las grandes corporaciones españolas, la corrupción no puede ser caracterizada como una mera consecuencia de las “malas prácticas” de ciertos políticos y empresarios: es una concepción de la economía política, una forma de gobierno, que hunde sus raíces en la propia base del capitalismo global.

Las big four  ayudando a cientos de multinacionales a montar complejas estructuras societarias para trasladar sus beneficios a Luxemburgo y así casi no pagar impuestos. Volkswagen reconociendo que manipuló el software instalado en once millones de automóviles para que sus emisiones de gases contaminantes parecieran menores que las reales. Goldman Sachs fichando como asesor a José Manuel Durão Barroso, expresidente de la Comisión Europea, cinco años después de que el vicepresidente de este banco de inversión, Mario Draghi, fuera nombrado máximo responsable del Banco Central Europeo. Las constructoras FCC, Sacyr y OHL donando importantes sumas de dinero al Partido Popular a la vez que les eran concedidos grandes contratos de obras públicas de infraestructura. Telefónica funcionando como una gran agencia de colocación de la clase político-empresarial que nos gobierna y fichando sucesivamente a Iñaki Urdangarín, Eduardo Zaplana, Rodrigo Rato y Trinidad Jiménez. Son apenas algunos ejemplos de un listado interminable de nombres propios que demuestra que, al fin y al cabo, lo que hemos dado en llamar corrupción no es otra cosa que la forma habitual de operar de las empresas transnacionales.

 

Multinacionales, corrupción y derechos humanos

“En su carrera por la acumulación de ganancias, todas las grandes  corporaciones  de todos los sectores se ven obligadas a romper las reglas en algún momento”, afirman en su libro La empresa criminal los profesores Steve Tombs y David Whyte. [2] Y, efectivamente, así es: en un contexto de fuerte competencia en el mercado mundial y con una constante presión de los accionistas y los fondos de inversión por aumentar sus ganancias, las grandes compañías están en una continua carrera a la baja —devaluación de los salarios, “flexibilización” de las condiciones laborales, externalización de las tareas y responsabilidades menos rentables, etc.— que implica, cuando la situación lo requiere para defender sus negocios, pasar por encima de las legislaciones nacionales y los pactos internacionales. La historia de la expansión global de las  multinacionales , desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, así lo evidencia.

 

A lo largo del siglo pasado, para que pudiera producirse el proceso de internacionalización de las grandes corporaciones industriales, extractivas y financieras, fue necesario disciplinar a los gobiernos, las comunidades locales y los movimientos sociales que se opusieron a este modelo de “desarrollo”. Y las empresas transnacionales, en el marco de una alianza estratégica con los Estados centrales —no en vano, como nos recuerdan Tombs y Whyte, “la corporación es una creación del Estado-nación y se mantiene sobre una obscena variedad de actividades estatales”— no dudaron en utilizar todos los medios a su alcance para conseguir sus propósitos. United Fruit Company —hoy Chiquita Brands—, por poner un ejemplo, fue responsable en 1928 de lo que en Colombia se conoce como “la masacre de las bananeras”  y, desde entonces, ha venido siendo denunciada por acaparamiento de tierras, condiciones esclavistas de trabajo y prácticas sistemáticas de soborno y corrupción para controlar gobiernos; sin ir más lejos, quedó acreditada su implicación en el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 y ya en este siglo ha sido condenada en Estados Unidos a pagar una multa de 25 millones de dólares por proporcionar armamento a grupos paramilitares colombianos.

Cuadro 1. Ejemplos de violaciones de derechos humanos cometidas por  empresas  transnacionales a lo largo del siglo XX.

 

 

 

 

 

La internacionalización de los negocios de estas empresas, como han venido investigando en las últimas décadas diversas organizaciones sociales y centros de estudios de todo el mundo, ha conllevado toda una serie de graves impactos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales. [5] Además, la creciente explotación de trabajadores y trabajadoras, la destrucción continuada de ecosistemas, la ampliación de los mecanismos de especulación financiera y acumulación por desposesión como vías para sostener el incremento de beneficios, la absoluta prioridad de la que gozan los mecanismos de reproducción del capital frente a los procesos que permiten el sostenimiento de la vida, en definitiva, han llevado a que quienes se enriquezcan con este modelo no sean precisamente las mayorías sociales, sino los grandes propietarios y los principales directivos de esas mismas compañías. Y la construcción de todo ese entramado económico, político, cultural y jurídico, a escala planetaria, únicamente se explica a través de la utilización sistemática de prácticas legales, alegales e ilegales para beneficiar a esa reducida minoría que controla el poder corporativo.

 

La arquitectura de la impunidad

La vinculación político-económica existente entre los Estados centrales y las empresas multinacionales, así como la presión que estas ejercen sobre las organizaciones internacionales económico-financieras, les permiten configurar políticas y legislaciones favorables a sus propios intereses. De hecho, el objetivo de lo que hemos llamado la arquitectura jurídica de la impunidad —que en las últimas décadas han venido construyendo las transnacionales, las instituciones y los Estados que las apoyan— es justamente asegurar los negocios de las multinacionales y blindar sus “derechos”, pasando por encima de los derechos fundamentales de las mayorías sociales, la soberanía de los pueblos y la propia democracia.

Las empresas transnacionales protegen sus derechos mediante un ordenamiento jurídico internacional basado en las reglas sobre comercio e inversiones, una nueva lex mercatoria compuesta por miles de normas: contratos de explotación y comercialización, tratados comerciales bilaterales y regionales, acuerdos de protección de inversiones, políticas de ajuste y préstamos condicionados, laudos arbitrales… Se trata de un Derecho duro —normativo, coercitivo, sancionador— que favorece los intereses de las grandes  corporaciones  y, al mismo tiempo, ofrece la otra cara de la moneda a la hora de regular cuáles son sus obligaciones. Y es que estas se remiten solo a las legislaciones nacionales —previamente sometidas a las políticas neoliberales—, a un Derecho Internacional de los Derechos  Humanos  que resulta ser manifiestamente frágil y, por último, a una “responsabilidad social” que no es sino un Derecho blando (soft law) articulado en torno a las ideas de voluntariedad, unilateralidad, no-exigibilidad jurídica y, en definitiva, autorregulación empresarial.

La construcción de esa armadura del  capitalismo  que privilegia los negocios corporativos por encima del interés general, eso sí, no habría sido posible sin contar con una participación decidida de las instituciones públicas y los organismos multilaterales en todo el proceso.  No olvidemos que, a la vez que se ha desregulado y “flexibilizado” todo aquello que podía resultar desfavorable para los intereses del capital transnacional —poniendo en marcha sucesivas reformas laborales y del sistema de pensiones, el adelgazamiento de la legislación ambiental, el deterioro de la prestación de servicios públicos como el agua, la sanidad y la educación para facilitar su posterior privatización, etc.—, el Estado ha sido esencial para las grandes empresas en lo que se refiere, por una parte, a la represión de las movilizaciones sociales en su contra y, por otra, a la producción legislativa para favorecer a esas mismas compañías.

Con ello, las empresas transnacionales pueden eludir prácticamente cualquier control, tanto público como ciudadano, gracias al poder económico-financiero que poseen, a su carácter transnacional, su versatilidad jurídica y las complejas estructuras que utilizan para sortear las diferentes leyes y regulaciones nacionales e internacionales. Asimismo, la consolidación y ampliación del extraordinario poder que han ido acumulando se lleva a cabo mediante una fuerte labor de lobby, poniendo en marcha think tanks y dedicando muchos esfuerzos a la construcción y difusión de un relato que legitime socialmente sus objetivos de negocio. A la vez, engrasan el mecanismo de las puertas giratorias, haciendo que toda una sucesión de gobernantes y empresarios vayan intercambiando sus posiciones entre el sector público y el privado y subordinando, de esta manera, las decisiones políticas a los intereses particulares de los grandes poderes económicos.

Cuadro 2. Dimensiones e impactos de las actividades de las empresas transnacionales, con ejemplos de  multinacionales  españolas.

 

 

La expansión de las grandes empresas españolas

El empresario Javier López Madrid, gran amigo de los reyes de España y consejero delegado del Grupo Villar Mir —conglomerado dueño de OHL y con participaciones en otras compañías como Abertis, Fertiberia y Colonial—, investigado en la operación Púnica por la financiación ilegal del Partido Popular en Madrid y acusado de apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. El presidente de FCC Construcción y el director de infraestructuras de Acciona en España, detenidos junto a otras once personas por el supuesto pago de comisiones a ejecutivos de la empresa estatal Acuamed a cambio de proyectos de infraestructuras y sobreprecios. Entre las compañías privadas que hacían donaciones a la fundación de Convergencia Democrática de Cataluña, Agbar era la que más dinero entregaba, y dejó de hacerlo tras no serle concedida la privatización de Aguas Ter-Llobregat. Día tras día, cientos de noticias como estas recientes hacen que la corrupción nunca deje de estar de actualidad y, más que una mera suma de irregularidades, lo que vienen a mostrar es el entramado de intereses de una élite político-empresarial que preside el modo en el que operan las grandes empresas españolas.

En realidad, lejos de ser una situación novedosa, la corrupción como modus operandi habitual de lo que hoy son las grandes multinacionales españolas, así como de buena parte de la clase político-empresarial que nos gobierna, se remonta a los inicios del desarrollismo franquista. Y es que fueron sobre todo el turismo y la construcción —también ciertos sectores industriales y energéticos—, contando con un fuerte apoyo de los grandes bancos, los que en buena medida contribuyeron a sostener el modelo de crecimiento económico del franquismo y permitieron el rápido enriquecimiento de las oligarquías nacionales. Este modelo de  capitalismo  familiar aún hoy controla un número significativo de las grandes compañías españolas.

En los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, los proyectos relacionados con la construcción de grandes infraestructuras fueron la vía más directa para favorecer a los dueños de las empresas más allegadas al régimen franquista. Y además de tener el apoyo del presupuesto público para desarrollar las obras, pudieron contar con mano de obra esclava, los presos republicanos, para construir pantanos y carreteras. Así es como la familia Entrecanales, propietaria de lo que hoy es Acciona, construyó un canal para evacuar los vertidos de los barrios ricos de Sevilla. Y de esa misma manera la empresa Dragados —integrada más tarde en ACS— abarató los costes de la construcción del embalse de Mediano en Huesca, al igual que Coviles —luego parte de OHL— en el embalse de Cenajo en Murcia,  entre muchas otras. Un puñado de grandes  corporaciones  y familias propietarias que, desde entonces, cuentan con una posición privilegiada en la economía española.

Con el final de la dictadura franquista no se produjo ninguna ruptura; al contrario, los Pactos de la Moncloa y las reformas económicas de los años setenta sentaron las bases para establecer una línea de continuidad con los privilegios y propiedades controlados por las clases dominantes desde la posguerra. De este modo, las patronales empresariales y los nombres clave del  capitalismo  familiar español mantuvieron el control sobre sus sectores y siguieron siendo muy influyentes a la hora de decidir quiénes pilotaban la Transición y cómo habrían de actuar los primeros gobiernos elegidos en democracia. Como recuerda el historiador Emmanuel Rodríguez, “hacia 1975, dos centenares de familias, con presencia en los consejos de los grandes bancos y las grandes empresas españolas, controlaban más de un tercio de las acciones cotizadas en bolsa”.

“Este es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo de toda Europa y quizás también de todo el mundo”, afirmaba en 1988 Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda y exponente de la cultura del pelotazo, refiriéndose a las grandes oportunidades de negocio que se abrieron en los años ochenta con la expansión de las políticas económicas iniciadas en ese periodo. Así, con la entrada de España en la  Comunidad  Económica Europea se impusieron multitud de reformas que configuraban el modelo económico neoliberal que ha llegado hasta nuestros días. Fue en los gobiernos “socialistas” de Felipe González (1982-96) cuando se promovió la mayor “liberalización” de la economía, el aumento de la “flexibilización” de las condiciones laborales y la privatización acelerada de las empresas estatales. Una labor que retomó con fuerza José María Aznar en sus años como presidente del gobierno (1996-2004), profundizando y extendiendo todas estas políticas con su “Programa de modernización del sector público empresarial”. Para cerrar el círculo, ambos mandatarios fueron contratados una década después como consejero y asesor de Gas Natural y Endesa, respectivamente, compañías multinacionales provenientes de empresas públicas privatizadas precisamente por sus mismos gobiernos.

Con todo ello, muchos empresarios amigos de los gobiernos de turno fueron situados en los consejos de administración y las direcciones de lo que luego serían las mayores multinacionales españolas: Telefónica, Gas Natural, Argentaria (BBVA), Repsol, Iberia, Endesa… Se conformaba así una renovada clase político-empresarial, complementaria y bien relacionada con los clanes históricos del capitalismo familiar, que sería la que dirigiría el proceso de internacionalización a finales de los años noventa y principios de este siglo. En permanente y constante sintonía, eso sí, con todos los políticos giratorios que, desde los sillones en las instituciones públicas o desde los asientos en los consejos de administración de las grandes compañías —desde 1977, el 40% de los ministros de los gobiernos de la democracia se ha incorporado a las direcciones de las grandes corporaciones privadas—, se fueron sumando a recoger los beneficios que este modelo de crecimiento económico proporcionaba a quienes lograran colocarse en lo más alto de las estructuras del poder político-económico. Las trayectorias paralelas del BBVA, Telefónica y Repsol, por ejemplo, se constituyen como casos paradigmáticos para entender cómo ha venido funcionando la maquinaria político-empresarial desde finales de la década de los noventa, la época dorada de las privatizaciones, hasta la fecha.

 

El “segundo desembarco” en América Latina

Las grandes empresas españolas y sus principales directivos quedaban así muy bien posicionados para dar el salto a nuevos mercados donde seguir con su lógica de crecimiento y acumulación. Además, la amenaza de compra por parte de algunos capitales europeos, a través de operaciones lideradas por corporaciones de gran envergadura y capitalización, cobraba mucha fuerza, con lo que la mejor defensa era seguir expandiéndose a otras regiones. Tenían las herramientas para ello, habían adquirido el tamaño y la capacidad financiera suficiente para expandirse fuera de las fronteras españolas; en ese mismo momento,  América  Latina estaba bajo la ortodoxia del Consenso de Washington y vivía una ola de privatizaciones y fusiones empresariales.

“Establecer y hacer cumplir un marco de reglas claras que reduzcan la incertidumbre es el mejor vehículo para canalizar la inversión hacia Latinoamérica”, recomendaba Manuel Pizarro, entonces presidente de Endesa —más tarde diputado nacional del PP—, en el Foro Latibex del año 2006. Una declaración que resulta paradójica cuando sabemos que las inversiones españolas en la región llegaron a niveles récord precisamente en ese período, en el que se daban continuos cambios en la regulación y se evidenciaba el incumplimiento gubernamental y empresarial de esas mismas normas. Y es que el boom privatizador que vivió  América  Latina en la década de los noventa representó un contexto perfecto para hacer de la corrupción no sólo una política económica sino también la mejor vía para la entrada masiva del capital transnacional.

En esta línea, los gobiernos que abrieron las economías latinoamericanas a la inversión extranjera se caracterizaron por crear un contexto económico que profundizaba las desigualdades, fortalecía una relación privilegiada entre el sector privado y la esfera política, y promovía el enriquecimiento de las élites nacionales y también transnacionales, mediante vías tanto legales como ilegales. Así fue para el caso de Brasil y el ejecutivo de Fernando Henrique Cardoso, que salvó con dinero público a bancos implicados en fraudes millonarios —y luego el “favor” le fue devuelto con donaciones ilegales—, albergó numerosos casos de corrupción y hasta compró votos para su reelección. Un panorama similar se vivió en Argentina con el gobierno de Carlos Menem, calificado como el presidente más corrupto de la historia del país por una larga lista de irregularidades en sus mandatos. Y qué decir de los ejemplos del gobierno mexicano de Ernesto Zedillo, del de Alberto Fujimori en Perú, etc. Como lo demuestra la forma en la que se llevó a cabo el segundo desembarco de las multinacionales españolas en  América  Latina, los entramados creados por la alianza entre los grandes capitales y los gobierno no solo beneficiaron a los cargos públicos corruptos, sino sobre todo a las empresas transnacionales que gracias a las privatizaciones asentaron sus posiciones de control de los sectores estratégicos de la economía de la región.

En esta reformulación de condiciones ventajosas para las empresas transnacionales se ha contemplado un amplio margen de políticas que, aunque no puede decirse que hayan sido ilegales, suponían sin duda un grave perjuicio para las mayorías sociales. Y cuando a través de vías legales no han podido obtener la rentabilidad deseada, multinacionales como Telefónica, Repsol, BBVA y Endesa, por citar solamente algunos casos, no han dudado en ampliar las posibilidades de negocio hacia el intercambio de favores, los sobornos, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Así es como, en resumen, las grandes empresas españolas se transformaron en multinacionales y llegaron a dominar los sectores clave de las economías latinoamericanas.

Cuadro 3. Cronología de algunas de las principales privatizaciones y ventas de empresas latinoamericanas a compañías españolas

 

En 2012, el rey Juan Carlos, en una visita diplomática a Brasil, ensalzaba la labor del gobierno de Dilma Roussef porque había “entendido bien que son las economías más abiertas y que mejor respetan el principio de seguridad jurídica las que más bienestar ofrecen a sus ciudadanos”. Lo decía en un encuentro empresarial en el que estuvo acompañado por los presidentes del Banco Santander, Iberdrola, Repsol y Telefónica. El monarca, eso sí, pasó por alto que una de las empresas allí presentes —Iberdrola, accionista principal de Neoenergía— es responsable de la destrucción del Amazonas por la construcción de la megapresa hidroeléctrica de Belo Monte;  tampoco hizo ninguna mención a los pagos que entonces realizaba Telefónica a quien fue ministro brasileño de Presidencia, José Dirceu, para garantizarse la obtención de contratos. “Seguridad jurídica”, en este contexto, parece ser un concepto únicamente referido a asegurar las condiciones de operación del capital transnacional, por encima de otras consideraciones como los derechos  humanos  y de la naturaleza.

Utilizar la corrupción para garantizar un negocio lucrativo no ha sido solo un episodio relacionado con las ventas de empresas latinoamericanas; se ha establecido como una forma de gobierno y una moneda de uso corriente en el desarrollo de las grandes actividades empresariales. Es apenas una parte del entramado político-empresarial que pone la función pública y los recursos del Estado a disposición de las empresas transnacionales, donde actúan la diplomacia económica y hasta las intervenciones militares con un papel destacado en la consolidación y ampliación de los negocios por todo el globo. Esta confusión entre intereses privados y el interés general ha sido manifiesta cuando algunos gobiernos latinoamericanos han intentado cambiar las condiciones de las que tanto se han beneficiado las multinacionales en las últimas décadas; veamos, sin ir más lejos, lo que ocurrió en 2006 con el decreto de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia y, en 2012, cuando el gobierno de Argentina expropió las acciones de Repsol en YPF. “Allí donde haya una empresa española, allí estará el gobierno defendiendo como propios sus intereses”, concluía el presidente Mariano Rajoy en una gira para promocionar la marca España.

 

Propuestas de control y alternativas

Prohibir la circulación sin obstáculos de altos cargos y representantes políticos entre el sector público y privado, la cooptación del proceso decisorio de las políticas públicas —la cooperación reguladora, la coescritura de legislación, la elaboración de normas tipo o de anteproyectos de leyes—, el soborno y otras prácticas de corrupción. Obligar a gobiernos y parlamentos a someter a consultas —tanto en línea como en audiencias públicas— con las empresas, grupos de presión, movimientos sociales, sindicatos, ONG y pueblos autóctonos, entre otros, las tomas de decisiones que afecten a sus intereses. Regular el complejo entramado de bancos, empresas, grupos de inversores, agencias, consultoras, comisionistas y otros actores que operan en los mercados financieros. Aprobar normas sobre la transparencia de las prácticas financieras; el control de capitales y de los servicios financieros; el control de los fondos de inversión (hedge funds), el fraude y la elusión fiscal, las agencias de calificación, la retribución de los altos directivos y el secreto bancario; la sanción a los flujos ilícitos de capital.

Estas son, junto a muchas otras que ya se están haciendo por parte de un buen número de organizaciones de la sociedad civil, algunas propuestas de control de las actividades de las grandes empresas que, desde hoy mismo, podrían ser aplicadas sin mayores impedimentos técnico-jurídicos si hubiera la voluntad política para hacerlo. Y es que, ante la falta de controles democráticos para frenar la corrupción que atraviesa todo el actual sistema socioeconómico, ha vuelto a ponerse en el centro del debate —aunque este viene al menos desde los años setenta—  la necesidad de establecer mecanismos de regulación para obligar a las corporaciones transnacionales a cumplir las garantías democráticas y respetar los derechos  humanos  en cualquier parte del mundo.

Bien es verdad que ya existen algunas medidas en relación al control democrático de las grandes empresas, pero a nuestro entender resultan ser parciales e ineficaces. Hablamos, por ejemplo, de los registros para los lobbies, como el Lobbying Disclosure Act de Estados Unidos y el Transparency Register de la Unión Europea; mientras el primero es obligatorio, el segundo es voluntario y no contempla sanciones cuando las corporaciones no se registren o lo hagan con datos inexactos. A escala español, hace tres años llegó a plantearse la aprobación de un registro de lobbies por parte del Congreso de los Diputados, con la intención declarada de “mejorar los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas y responsabilidad de las instituciones”—, [21] cosa que hasta la fecha no ha sucedido. Igualmente, existe una evidente debilidad para frenar las puertas giratorias: en el Estado español hay una ley que establece un período mínimo de dos años entre el cese de cargos públicos y las actividades en empresas privadas “relacionadas con el cargo desempeñado”; en la Unión Europea ese lapso de tiempo se reduce aún más y sólo se prolonga hasta el año y medio para los ex comisarios y comisarias europeas. Y a pesar de que se trata de una regulación muy laxa, ni siquiera se cumple: antes de que se hiciera efectivo el plazo estipulado en la normativa, la ex vicepresidenta Elena Salgado fue contratada por la filial de Endesa en Chile.

En este contexto, para contrarrestar la fuerza de la lex mercatoria y el enorme poder político, económico, cultural y jurídico de las empresas transnacionales, ha de invertirse la pirámide normativa, situando en el vértice los derechos de las mayorías sociales en lugar de los intereses privados de la clase político-empresarial que nos gobierna. Así, necesitamos un nuevo modelo donde las personas y el medio ambiente tengan prioridad sobre los beneficios y los intereses corporativos. En este sentido, viene reclamándose hace tiempo la aprobación de una normativa internacional jurídicamente vinculante para obligar a las multinacionales al respeto de los derechos  humanos  operen donde operen, así como la creación de un tribunal internacional para juzgar a las empresas transnacionales y la puesta en marcha de un centro para hacer un seguimiento de sus operaciones. Todas estas iniciativas que pueden plantearse son, a su vez, complementarias de otras como el Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales, “una propuesta alternativa de carácter radical — elaborada gracias al trabajo de los movimientos sociales y las redes de solidaridad internacional—, cuyos objetivos son, por un lado, proponer mecanismos de control para frenar las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales y, por otro, ofrecer un marco para el intercambio y la creación de alianzas entre comunidades y movimientos sociales para reclamar el espacio público, ahora ocupado por los poderes corporativos”. 

Pedro Ramiro y Erika González son investigadores del Observatorio de Multinacionales en  América  Latina (OMAL) – Paz con   Dignidad.

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