LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN COLOMBIA ES UN PARAÍSO DE LAS CUOTAS POLÍTICAS DEL PARAMILITARISMO, DE EX POLICÍAS, Y EX MILITARES, INSTITUIDA PARA LEGALIZAR LA VIOLENCIA DEL ESTADO POLICIAL JUDICIAL Y EL TERRORISMO DE ESTADO.

18.07.2017 08:54

La fiscal presa por favorecer con sus decisiones a paramilitares tiene dos familiares en la misma unidad que la está investigando y su esposo y compañero de proceso, quien fue reo en Estados Unidos, también tiene a un primo.

La Fiscalía es uno de los entes instituidos por el gobierno, para para proteger y resguardar su enriquecimiento y su servicio a las grandes multinacionales, y, en virtud de ello, los muchos hechos que el código penal castiga son los que ofenden los privilegios de las clases dominantes, cuando el delito debería corresponder a toda acción que tienda a aumentar voluntariamente el dolor humano, a la violación del derecho de todos a una igual libertad y al goce del máximo posible de bienes morales y materiales

Y en función de ello, es preciso tener en cuenta que, la Fiscalía General de la Nación, funciona bajo directrices de la USAID, que por demás, implementó el sistema acusatorio en Colombia, el cual emula los tribunales de la época de inquisición, confiriéndole poderes suprahumanos a jueces disfrazados con sotana, y a fiscales especializados en dogma carcelero, quienes orquestan investigaciones reservadas dirigidas al falso positivo, haciendo con ello, una vil copia del sistema norteamericano, muy alejado de nuestra realidad social, y humana.

Al efecto, es importante, destacar que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), no es otra cosa que una fachada de la CIA, que se encarga de la intervención norteamericana en políticas extraregionales en países de América Latina, y que además, es utilizada por la CIA para entrenar, financiar y armar a más de un millón de policías y paramilitares, en América Latina, Asia y el Medio Oriente para un programa secreto de contrainsurgencia, invasión, saqueo de recursos naturales y de pacificación de naciones víctimas de la agresión militar norteamericana, que en sus tácticas de contrainsurgencia incluyen el uso de un conflicto armado para fomentar subversión, operaciones psicológicas y sabotaje económico para lograr neutralizar el adversario, y para ello, , trabaja de manera cercana con organizaciones privadas, grupos indígenas, asociaciones de profesionales, organizaciones de fé y otras agencias gubernamentales hasta el punto que en Colombia tiene injerencia en todas las instituciones de la justicia especialmente en la Fiscalía.

En sí las directrices estratégicas a que se refiere la misión de la USAID, son realmente la razón de ser de la entidad y van dirigidas a imponer la voluntad de las autoridades estadounidenses en los países donde opera, a través de programas con fachada humanitaria

Ahora bien, dilucidado lo anterior, encontramos que la Fiscalía para su funcionamiento necesita funcionarios y empleados serviles al sistema represivo, y policial que protege al gobierno y su corrupción, razón por la cual sus operadores son elegidos por su mediocridad, ineptitud, obediencia, docilidad y falta de sentido crítico, gente alienada que reduce su existencia a competir con el otro sin importar asesinarlo, aniquilarlo, o reducirlo , en aras de obtener irrisorio poder y dinero, estás alimañas trabajan como esclavos resentidos en todos los niveles, en todas las seudo profesiones, son los esquiroles, la escoria del sistema, estudian para escapar de la pobreza y para convertirse en funcionarios del Estado o en el empleado de un patrón, saltan de ser miserables a la despreciable clase media, que es la clase que sostiene al capitalismo y sus lastres, circunstancia por la que se aferran a sus puestos y nunca querrán perder sus irrisorios privilegios. 

La Fiscalía General de la Nación, está condicionada en sus acciones por las intromisiones de diversos actores de poder y este tipo de presiones políticas determina que sus funcionarios y empleados sean reclutados por recomendación política. Así mismo, como colateral a lo anterior, es de tener en cuenta, que la designación del Fiscal General de la Nación para el ejecutivo es claramente partidista o clientelar, y, por la continuidad de vínculos en el mismo sentido, los funcionarios escogidos tienen poderosos incentivos para no siempre investigar o llevar adelante, de manera adecuada procesos que puedan afectar a alguno de sus aliados políticos. 

Con base en el anterior enfoque, se tiene que la Fiscalía General de la Nación tiene presiones externas que influyen en las decisiones que profiere, estos es, las realizadas por otras ramas del poder público, por la Fuerza Pública y por los Paramilitares. Además de que en el interior de la propia Fiscalía los funcionarios tienen presiones propiciadas por la estructura jerárquica. 

Las presiones y el tráfico de influencias en Fiscalía, se dan muy a pesar de que uno de los fundamentos esenciales de un Estado social y democrático de derecho, es la independencia entre las distintas ramas del poder público, pues, así lo consagra el artículo 113 de la Constitución. En particular, la independencia de la rama judicial es presupuesto básico para la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Es por eso que el artículo 228 de la Constitución estipula que la administración de justicia es función pública y sus decisiones deben ser independientes. Por su parte el artículo 230 establece que “los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley”. Esto quiere decir que los jueces en sus decisiones son absolutamente independientes y que su referente principal debe ser la Constitución y la ley. Así mismo, el artículo 249 de la Constitución Colombiana establece, a su vez, que la Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial aunque tiene garantizada su autonomía administrativa y presupuestal. Esto conlleva que si bien la Fiscalía cuenta con un reconocimiento especial de su autonomía parcial como órgano público, sus funciones judiciales, en cuanto sujetas a los principios constitucionales y legales, deben ser igualmente independientes, libres de cualquier presión por parte de cualquiera de las otras ramas del poder público o cualquier otro agente externo a ella, así como a nivel interno respecto de los superiores jerárquicos, al menos, al margen del sistema de recursos establecidos legalmente.

Si bien es cierto, la independencia judicial es un principio jurídico aceptado internacionalmente de acuerdo con los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985, aquella implica el reconocimiento y las garantías adecuadas para que :“ Los jueces “ resuelvan “ los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”, en Colombia regida por una dictadura narco paramilitar disfrazada de democracia, no aplica, pues, como ya se dijo, la Fiscalía, es un ente del gobierno que maneja a su favor, y, esto sin contar con la corrupción y tráfico de influencias que se dan al interior de la institución.

Tanto en la Constitución de 1991 como en el acto legislativo 03 de 2002 se estableció que las funciones de investigación de los delitos y de persecución penal están bajo la Fiscalía General. De esta manera, el ejercicio punitivo del Estado de castigar penalmente a quienes cometan un delito, se ve mediado por la actividad de la Fiscalía quien deberá decidir si investiga y acusa los diferentes hechos que llegan a su conocimiento, además de resolver sobre la libertad de las personas a quienes investiga. De este modo el ejercicio del poder punitivo que ejerce la Fiscalía a través de sus competencias explica que los diferentes actores de poder tengan interés en influirla para su propio beneficio, ya sea evitando la investigación de las conductas que ellos o actores relacionados han cometido o provocando la investigación de conductas de quienes poseen intereses rivales.

Son varios los actores externos a la rama que pueden interferir en la independencia de los fiscales. De un lado están las restantes ramas del poder público, como lo son el poder ejecutivo y el legislativo, incluyéndose dentro del primero el rol particular de las fuerzas armadas del Estado. Del otro encontramos los grupos paramilitares.

INJERENCIA DE LOS GRUPOS PARAMILITARES EN LA FISCALÍA,

Respecto a la injerencia de los Grupos Paramilitares en la Fiscalía, se tiene que como sector de poder, tienen el interés de influenciar la acción de la Fiscalía y los medios (económicos y logísticos) para hacerlo. De manera general puede decirse que la forma en que este actor incide en las decisiones de los funcionarios de la fiscalía se basa en la infiltración, y, los sobornos, los cuales no constituyen la forma más característica de intrusión.

En el caso del paramilitarismo, la manera más grave de desconocimiento a la independencia de la fiscalía es la infiltración. Es de notar que en el gobierno del presidente Narco paramilitar Alvaro Uribe, este personaje facilitó el nombramiento de paramilitares desmovilizados, ex militares, ex policías en la Fiscalía, personajes que aún permanecen en sus cargos, al igual que actualmente personas relacionadas con anterioridad al paramilitarismo, son nombradas fiscales, y, una vez establecidos en estos cargos tratan de que sus decisiones sean favorables a los intereses de este actor.

Uno de los casos de infiltración más relevante en Colombia, fue el realizado por el paramilitarismo en la zona de Cúcuta. En efecto, desde el año 2002 el Representante a la Cámara Gustavo Petro realizó una serie de denuncias sobre la infiltración de paramilitares en la Fiscalía de Cúcuta. 

Otro de los casos denunciados por el Representante fue en noviembre de 2002 cuando este hizo público un documento elaborado por un investigador del CTI en donde luego de realizar un cruce entre varios números de celulares de funcionarios de la fiscalía y paramilitares se detectaron 52 funcionarios que se comunicaron de manera permanente con jefes paramilitares. Sobre la infiltración en Cúcuta el mismo Vicefiscal General de la Nación, Andrés Fernando Ramírez Moncayo, aceptó la infiltración de paramilitares. 

Uno de los casos más sonados denunciados por el Representante tiene que ver con la ex Directora Seccional de Fiscalías de Cúcuta, Ana María Flórez Silva, quien al parecer tiene relaciones cercanas con grupos paramilitares. El caso se publicitó en marzo de 2004 a raíz de las denuncias de una funcionaria de la fiscalía quien señaló que dicha fiscal le había ordenado infiltrarse en el grupo paramilitar. Por estos hechos la Fiscalía inició investigación penal en contra de varios de los implicados, y aunque Ana María Flórez fue llamada a indagatoria no le fue dictada orden de captura. Solo con posterioridad un Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia dictó la orden de detención preventiva sin beneficio de excarcelación. La funcionaria habría renunciado con anterioridad a su cargo, actualmente se encuentra fugada de la justicia y fuera del país.

Un caso más reciente es el de Rubén Darío Muñoz, fiscal 128 de la Unidad Tercera de Vida de Medellín, denunciado por el Representante Petro de haber participado en la elaboración de la propuesta de desmovilización que las autodefensas habían presentado al gobierno en el marco del proceso de negociación. El abogado Gustavo Salazar quien diseñó la propuesta, aceptó que subcontrató al ex fiscal en su tiempo de vacaciones, pero afirmó que solo le ayudó en tareas secretariales. Este fiscal fue destituido de su cargo.

INJERENCIA DE LAS ORGANIZACIONES DEL NARCOTRAFICO EN LA FISCALÍA
De igual manera las Organizaciones del narcotráfico, que en su mayoría están a cargo de paramilitares y políticos, inciden en las decisiones proferidas por los fiscales, a través del pago de cuantiosas sumas de dinero directamente pagadas a los fiscales que conocen los procesos o a los superiores jerárquicos de estos fiscales para que por virtud de su jerarquía incidan en la determinación de los procesos. 

INJERENCIA DEL PODER EJECUTIVO EN LA FISCALÍA

Respecto a la injerencia del poder ejecutivo en la fiscalía, es de advertir que el poder ejecutivo, tiene intereses para supeditar la interpretación y aplicación de la constitución y las leyes vigentes a intereses partidistas, ideológicos, de grupo de interés o simplemente personales. Es así como el ejecutivo puede tratar de interferir en el judicial a través de presiones directas o indirectas para obtener decisiones favorables en apoyo de sus políticas, aun cuando sean inconstitucionales o cuestionar indebidamente decisiones tomadas en derecho por los funcionarios judiciales. Otra forma de acción que sin ser una interferencia puede afectar el ejercicio adecuado de la independencia es el intento de copar instituciones judiciales seleccionando personas cercanas a las ideas o partido del gobierno.

A este nivel, el actual diseño constitucional que define el procedimiento de selección del Fiscal, puede dificultar la generación de condiciones adecuadas para el ejercicio de la independencia. En efecto, el artículo 249 de la Constitución Política de Colombia señala que “el Fiscal General de la Nación será elegido para un periodo de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido”. Los requisitos para ser elegido Fiscal, son los mismos que los previstos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y dentro de ellos no se incluye el cumplimiento de ciertas cualificaciones que expresen las capacidades y formación necesarias para dirigir el órgano de investigación y acusación penal. Por su parte, no existe un procedimiento meritocrático ni público para el proceso de selección.

A partir de un diseño institucional como este, el proceso de selección puede verse influenciado de manera excesiva por criterios ante todo partidistas o de vinculación político ideológica. Es así como el presidente puede conformar su terna teniendo en cuenta el nivel de afinidad y lealtad política de sus candidatos. Por su parte, al no existir obligación por el presidente, ni por la Corte que elige, de considerar factores aparte de los meramente formales establecidos en la constitución, es altamente probable que el Fiscal General sea finalmente elegido fundamentalmente por sus vínculos políticos.

Una situación como esta no genera condiciones adecuadas para el ejercicio de la independencia. Un Fiscal seleccionado por razones fundamentalmente políticas, puede ser menos imparcial respecto de los actos y políticas del gobernante que participó de su elección. Por otra parte, un Fiscal seleccionado en estas condiciones tiende a defender poco su independencia en cuanto el cálculo político está por encima del debido apego a sus funciones. 

INJERENCIA DEL PODER LEGISLATIVO EN LA FISCALÍA

En lo que hace a la injerencia del legislativo, en la Fiscalía, tenemos que decir que los intereses político- partidistas que se mueven en la arena legislativa en todos los niveles son en principio un terreno abonado para querer influir de manera inapropiada en el accionar de los órganos judiciales. Tal interés se puede expresar en la tramitación de reformas normativas que transformen las condiciones institucionales para la independencia judicial, tales como los periodos de los funcionarios judiciales, sus competencias, etc. También existen incentivos para influenciar investigaciones que comprometen a sectores o personas cercanas a los partidos políticos o a los parlamentarios. Uno de los mecanismos más comunes es la presión para la obtención de cargos en algunos órganos judiciales donde no opera el sistema de carrera.

Este último parece ser el caso del nombramiento de algunos fiscales afines al paramilitarismo. Es así como muchos de los cargos regionales de la Fiscalía General de la Nación, son ocupados por personas que más que por su merecimiento son ubicados como resultado de la presión de un político paramilitar que los respalda, razón por la cual los Fiscales que son nombrados directamente por el Fiscal General de la Nación, tienen relaciones estrechas con importantes sectores políticos a nivel nacional y el paramilitarismo, y por su experiencia y trayectoria, no tienen las condiciones necesarias para el ejercicio de su cargo razón por la que los funcionarios escogidos tienen poderosos incentivos para no siempre investigar o llevar adelante, de manera adecuada procesos que puedan afectar a alguno de sus aliados políticos.

INJERENCIA DE LA FUERZA PÚBLICA EN LA FISCALÍA

En cuanto a la injerencia de la Fuerza Pública, en los Fiscales, que pone en tela de juicio la independencia judicial de los fiscales, tiene que ver con el fenómeno de las detenciones masivas. Es así como dentro de la política de Seguridad Democrática del gobierno del presidente Narco paramilitar Alvaro Uribe, muchas organizaciones denunciaron la captura masiva de personas sindicadas de pertenecer a grupos al margen de la ley. Al respecto se ha denunciado el papel pasivo de la Fiscalía General de la Nación en el manejo de estos operativos, especialmente en lo que al manejo probatorio se refiere así como a las irregularidades que se presentan en la emisión de las capturas.

Así, las pruebas en que se basan para dictar las órdenes de captura son fundamentalmente el señalamiento de encapuchados, al testimonio de “reinsertados” o de “red de informantes”, las declaraciones e informes de la Fuerza Pública, la clonación de testigos y las declaraciones de testigos criminales de guerra. En la mayoría de los casos estas pruebas no son sometidas a verificación previa a la orden de captura, sino que se dictan masivamente y solo en forma posterior cuando se verifica la información y no se encuentra mérito para la captura las personas son dejadas en libertad.

Por su parte, las irregularidades en los operativos y el limitado accionar de algunos fiscales al respecto, ha sido reconocido por el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia quien ha señalado que:

“La oficina en Colombia ha recibido numerosas denuncias por la actuación de los funcionarios de la Fiscalía en varias de esas diligencias (...) además, la oficina conoció quejas en las cuales se daba parte de casos en que las órdenes de captura fueron elaboradas después de que el detenido había sido objeto de señalamiento por antiguos guerrilleros reinsertados. Estas prácticas irregulares se habrían dado en el interior de instalaciones militares con la colaboración de la Fiscalía” .....” “En otros casos se cuestionó la actuación de la Fiscalía porque las órdenes de captura se elaboraron una vez realizada la diligencia, o de manera irregular por no identificar previamente a las personas, o estar basadas en informes de inteligencia o meros señalamientos, aún de personas encapuchadas” 

Las irregularidades anotadas en el accionar de la Fiscalía demuestran la escasa independencia de algunos fiscales, los cuales terminan por convertirse en meros notarios de lo decidido por unidades de la Fuerza Pública de forma tal que se niegan las garantías del debido proceso y la defensa de los derechos de los inculpados.

Otro aspecto que bien merece llamar la atención, y que determina las decisiones de los fiscales en la investigación, considerados individualmente, tiene que ver con el hecho de que en algunos lugares del país, están despachando desde brigadas militares. Al respecto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, señaló que:

“… asimismo, la independencia de los investigadores judiciales se ha visto cuestionada por la existencia de oficinas de la fiscalía en instalaciones militares, como por ejemplo en Arauca” .

Precisamente el caso de Arauca es reseñado por la Procuraduría General de la Nación, en el “Informe Especial de la zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca”, donde se describe una de las Estructuras de Apoyo de la Fiscalía General de la Nación, que es creada a través de la resolución 02033 del 23 de noviembre de 2001, para las investigaciones penales por los atentados contra la infraestructura del oleoducto Caño Limón Coveñas, la cual tiene su sede en la Brigada XVIII de la capital de Arauca. En el informe se advierte sobre la incidencia, que la ubicación de esta estructura de apoyo de la Fiscalía pueda tener, en términos de independencia e imparcialidad de los fiscales.

“3. El funcionamiento de la estructura de Apoyo de la fiscalía General de la Nación en las instalaciones de la Brigada XVIII con sede en la ciudad de Arauca, dada la dinámica que en la práctica ha adquirido, pone en entredicho la realización plena de principios constitucionales y legales relativos a la autonomía, imparcialidad e independencia judiciales”.

Sobre este acápite, es preciso, referenciar sobre la UTILIZACION DE UNIFORMES DE USO PRIVATIVO DE LA FUERZA PUBLICA POR LOS MIEMBROS DE LA FISCALIA ESPECILIZADA DE LA ESTRUCTURA DE APOYO DE ARAUCA, tal como ocurrió el 3 de abril del 2002 en diligencia realizadas por el Juzgado de Instrucción Penal Militar número 46, en la Vereda Miramar, Jurisdicción del Municipio de Saravena, en donde se evidenció la matanza de supuestos subversivos menores de edad que estaban en sumergidos en un estero con las manos alzadas en señal de rendición, a la que asistieron MARIA STELLA AGUILAR VERGARA, Fiscal de la Unidad de Especializada Estructura de Apoyo, los Técnico Judiciales (Fiscalía) y miembros de la Policía Judicial del C.T.I. y DAS asignados a la Unidad Especializada de Estructura de Apoyo con sede en Arauca vistiendo uniforme camuflado de uso privativo del Ejército, además de portar armas de fuego. Ante este hecho y otros sucedidos, la comunidad interpuso una queja ante el Procuador de derechos Humanos, pero el VICEPROCURADOR, CARLOS ARTURO GOMEZ PAVAJEU, ordenó archivar la investigación.

De igual manera para la época del 2002, esta comitiva de fiscales , técnicos, policía judicial del CTI y DAS, de la estructura de apoyo, junto con ejército, policía, paramilitares, y reinsertados, organizaban operativos para hacer capturas masivas y salían al campo y la ciudad de Arauca a matar guerrilleros, con colaboración de funcionarios de ENELAR, apagaban la luz, propiciaban un tiroteo y aparecían muertos. 

La misma recomendación se hizo para la zona de rehabilitación y consolidación de Bolivar-Sucre donde, con base en la resolución 175 del 3 de octubre de 2002, se creó “una Fiscalía delegada para la zona de rehabilitación con sede en la Primera Brigada de Infantería de Marina en Corozal” .

Si bien el hecho de que los funcionarios de la Fiscalía trabajen desde instalaciones militares se ha justificado con base en la necesidad de garantizar su seguridad en zonas de especial riesgo, dicha seguridad no se puede lograr sacrificando la misma independencia que se quiere garantizar favoreciendo la cercanía entre la Fuerza Pública, y paramilitares, y, la Fiscalía, pues de este modo solo se les aleja de un actor de injerencia, acercándolos a otro.

Trasladar a estos funcionarios a instalaciones militares es una medida coyuntural que no resuelve el problema de seguridad, pues, parte de un concepto equivocado de él. Toda vez que, los funcionarios judiciales que hacen parte de la población civil, al trasladarse a estas unidades pueden ser percibidos por los actores armados como parte del conflicto, lo que lejos de garantizarles seguridad, la reduce.

Un último punto relacionado con la injerencia de la Fuerza Pública en la independencia de la Fiscalía tiene que ver con el programa del Ejército dirigido a los funcionarios públicos para que se entrenen como oficiales de la reserva. Los cursos son gratis e incluyen entrenamiento militar por algunos meses para estos servidores públicos los cuales adquieren la condición de oficiales de la reserva. A través de las entrevistas realizadas a ex fiscales se pudo establecer que en un caso un fiscal incluso asistía a su despacho con uniforme militar. Este hecho puede afectar seriamente la independencia de los fiscales en la medida en que se puede estar creando un vínculo de cuerpo respecto de las fuerzas armadas que puede poner en tela de juicio la imparcialidad a la hora de investigaciones que comprometan a la fuerza pública. De hecho, la actual ley estatutaria de la justicia, incluye dentro de su régimen de incompatibilidades, la pertenencia a las fuerzas militares de algún miembro de la administración de justicia. 

Y como consecuente, a la injerencia militar en la Fiscalía, se tiene la injerencia de la policía, institución en la que han sido vinculados ex paramilitres supuestamente desmovilizados, pues, curiosamente en Arauca, Arauca, se vinculan a las mujeres e hijos de estos policías al CTI y como fiscales, de igual manera, se presta personal de la policía para que haga inteligencia desde el CTI de la Fiscalía desempeñando cargos de investigadores o auxiliares de fiscalía.

LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN SU RÉGIMEN INTERNO ES UNA DICTADURA 

En cuanto a la injerencia del Fiscal General sobre las investigaciones adelantadas por los subalternos fiscales, están especialmente enmarcadas en la actual configuración institucional que le permiten una importante cantidad de atribuciones discrecionales y a otros superiores jerárquicos.

En efecto, el régimen legal de la Fiscalía establece que las funciones por ella desempeñadas están sujetas a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Por su parte, el acto legislativo numero 3 del 19 de diciembre del año 2002 modificó la Constitución en el artículo 251 para autorizar al Fiscal General de la Nación a asumir cualquier investigación o proceso, en el estado en el cual se encuentre. Si ya las funciones que estipulaba el decreto 261 de 2000 respecto del Fiscal General eran lo suficientemente amplias de manera tal que, por ejemplo, el fiscal podía despedir a cualquier fiscal o investigador sin necesidad de explicar los motivos, con esta nueva atribución el poder discrecional es desde luego mucho mayor.

Un marco institucional como el anterior genera condiciones muy pobres para la independencia personal de las decisiones de los fiscales. En efecto, en cualquier momento la investigación que vienen desarrollando les puede ser suspendida o trasladada por órdenes superiores. En caso de discusiones o diferencias ante tal decisión, la ausencia de una carrera judicial hace que el fiscal disidente a las políticas del fiscal general pueda enfrentar su inminente cese por decisión de éste último.

Además, “La organización de unidades con competencia nacional en la Fiscalía General de la Nación, que atienden casos de indudable importancia política –por ejemplo, la unidad nacional de delitos contra la administración pública no parece contar con mayor justificación desde el punto de vista de la eficiencia del órgano acusador, al contrario, encarece los costos de la investigación, puede dificultar el acceso a la justicia y la realización del derecho de defensa, pero en cambio posee la potencialidad de facilitar un férreo control político y jurídico de las autoridades superiores de la Fiscalía General de la Nación sobre los procesos más sensibles a fin de favorecer interés políticos, tal como ha acontecido al Alcalde de Arauca, BEMJAMIN SOCADUGUI, a quien la Fiscalía dio un falso positivo a instancias de sus enemigos, el estado, (Políticos, Juez, Fiscal, Procuraduría, Ejército y Policía) y, la mafia corrupta paramilitar (Julio Acosta, Luis Emilio Tovar, Edgar Tovar).

Así mismo es de hacer notar, que el procedimiento de evaluación del trabajo de los fiscales, se plasma en las estadísticas que rinden estos funcionarios donde se le atribuye mayor valor a las decisiones que sean contrarias a los intereses del procesado, de acuerdo a intereses políticos y paramilitares, lo que desde luego conspira contra imparcialidad de la justicia.

De modo adicional, con un sino autoritario, el sistema de evaluación contiene un componente referido a la lealtad institucional del fiscal, que permite calificar o descalificar al funcionario según su mayor o menor fidelidad con las políticas institucionales de la Fiscalía General de la Nación, y, la persona del fiscal general, lo que equivale a sancionar el disenso e institucionalizar la censura e, incluso, a las libertades de conciencia y expresión, pero que en cambio es un renglón que nada tiene que ver con la calidad de la labor de un funcionario al administrar justicia. De modo paralelo, es ilustrativo que este componente sea objeto de evaluación, lo mismo que aspectos como la ortografía y, en cambio, el celo del fiscal en procura del amparo de los derechos fundamentales de la población constituya un ítem ausente en el proceso de evaluación.

Los riesgos venidos de un marco como este, son más que potenciales si se tienen en cuenta los varios casos en que el Fiscal General ha retomado el conocimiento de determinadas investigaciones sensibles o ha dejado cesantes a Fiscales de determinadas unidades.

Para concluir se tiene que en Colombia la Fiscalía, el poder, estatal y no estatal, tiende a supeditar o abrogar la constitución y las leyes a sus intereses grupales o individuales de mediano y largo plazo, deficiencias que en la Fiscalía conllevan riesgos muy serios para la garantía de los derechos, pues, estos terminan supeditándose a los intereses de actores armados, legales o ilegales es decir paramilitares, o de actores poderosos con capacidad de influencia, o de los políticos y el mismo gobierno.

Los actores armados ejército, policía y paramilitares, con sus organizaciones de narcotráfico, son los principales agentes de intervención indebida respecto al ámbito de decisión de los fiscales.

Los fiscales se han convertido en simples notarios y avalantes de las detenciones masivas planeadas y dirigidas por la Fuerza Pública. Así mismo, el despacho de los fiscales desde sedes militares pone en tela de juicio sus posibilidades reales de independencia a la hora de investigar delitos y tomar decisiones como operadores de justicia, situación que es similar a los efectos de la integración a la reserva del ejército de fiscales activos, como producto de las campañas de formación militar promovidas por este ente armado.

 

Con una Fiscalía narcoparamilitarizada como la de Colombia, lo que se está poniendo en juego no solo es el quebrantamiento de un principio constitucional de independencia, sino una de las condiciones básicas para la garantía adecuada de los derechos humanos de todos los colombianos y colombianas.