La expansión del Ubérrimo

13.05.2017 04:15

 

Por: Salomón Kalmanovitz

En junio de 2007 escribí una columna sobre las finanzas de Montería, en la que observaba que contaba con una excelente infraestructura de vías y que el entonces presidente Uribe había inaugurado un puente sobre el río Sinú, pagado por la Nación.

Las finanzas de la ciudad, sin embargo, eran exiguas: el impuesto predial que se cobraba era bajo y casi inexistente para las fértiles haciendas que rodean la ciudad. Insinué que el nuevo puente debió valorizar, entre otros, al Ubérrimo, propiedad del presidente y su familia, pues quedaba cerca del mismo.

El presidente me llamó a mi celular y me dijo que todo lo escrito era falso, colocando una presión indebida sobre este columnista. Le dije que si me mandaba la información que demostraba mis errores, haría la corrección del caso. Me hizo enviar entonces información catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que confirmaban que el impuesto predial rural que se pagaba al municipio de Montería era muy pequeño.

Traigo a cuenta lo anterior para señalar la gran preocupación de Uribe Vélez por la imagen pulcra que quería mantener ya durante su segundo mandato. Sin embargo, esa preocupación desapareció en sus actuaciones subsiguientes, como veremos.

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR-CDSA Nº 0660 de 2013) señala que el presidente y su familia resultaron beneficiados de inversiones por parte del Incoder y a cargo de Corpoica que privilegiaron el distrito de riego Mocarí. Allí se ubican los 59 predios que conforman la Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. (sociedad por acciones simplificada), que a la fecha suman 1.479 hectáreas. Según el representante Iván Cepeda, la familia Uribe Moreno adquirió 17 predios adicionales entre 2008 y 2012. Antes de eso, se había beneficiado con cuatro terrenos baldíos y adquirido un predio de reforma agraria, sin esperar el plazo que prohíbe su enajenación.

La función del Incoder no era la de emprender inversiones en distritos de riego y drenaje, por lo cual su cambio de misión en la Ley de Desarrollo Rural fue declarado inexequible. Corpoica, por su parte, tiene como función la investigación y asistencia técnica y era ilegal que interviniera como contratante de obra en los distritos de riego. Sin embargo, el decreto 732 de 2008 privilegió a Mocarí para recibir inversiones públicas de Corpoica que beneficiaron el patrimonio familiar de los Uribe Moreno, sin que el presidente advirtiera que existía impedimento alguno cuando lo firmó, junto al entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. En un debate sobre el problema agrario que organizó Semana por esa época, el exministro Arias me acusó de mentiroso, pateando el tablero del debate.

Las inversiones públicas en Mocarí fueron del orden de $3.302 millones, de los cuales $1.411 millones se destinaron a canales de drenaje que beneficiaron predios de la mencionada sociedad. Hay que recordar que las S.A.S. fueron creadas por ley de diciembre 2008, no requieren de revisor fiscal y pueden declarar todos los costos que quieran con facturas simples, de tal modo que la mayor parte de ellas terminan exentas del impuesto a la renta. El actual director de la DIAN manifestó la inconveniencia de las S.A.S., pues se convirtieron en vehículo de evasión y elusión de impuestos.

De esta manera, el segundo gobierno de Uribe redujo el recaudo tributario, al tiempo que privilegiaba gasto público a favor del patrimonio familiar del gobernante.