La estrategia del despojo

18.04.2017 12:39

Por: Alfredo Molano Bravo

Uno de los argumentos de Uribe para hacer la guerra —con todos sus horrores— era que no se podía entrar a ciertas regiones para sacar carbón, petróleo, oro, madera.

Quizá se gastó en esa obsesión más —en vidas y en plata— de lo que habría podido sacar. La paz de Santos buscaría lo mismo, pero sin guerra, a juzgar por las declaraciones que hizo el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, en una rueda de prensa: “Con la paz esperaríamos tener la posibilidad de entrar a Caquetá más fuerte, a Putumayo mucho más fuerte, a Arauca mucho más fuerte. A Catatumbo más fuerte”. Una declaración de guerra al medio ambiente.

El primer capítulo de esta nueva estrategia sería la licencia que el tartamudeante y banal Iregui, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), le extendió a Hupecol Operating Co. para la exploración petrolera en 150 sitios en el área de manejo especial de La Macarena. La exploración sísmica de petróleo requiere construir trochas, hacer huecos profundos —dos o tres kilómetros bajo tierra—, meter explosivos, explotarlos para medir si allá abajo está el pozo negro esperando. Si el resultado es positivo, se agrandan los huecos, se instalan bombas para subir la melcocha negra y luego se llenan los carrotanques para llevar el tesoro a la refinería. En general, tal operativo requeriría licencias ambientales, que con Iregui parecen facilísimas de conseguir. Por lo demás, Hupecol tiene fama de obtener todo lo que sus socios quieren.

Frente al brinco que pegaron Parques Nacionales, Comacarena, los ambientalistas y el pueblo de Meta, Santos pidió una tregua y el ministro de Medio Ambiente aceptó suspender —no revocar— la orden de Iregui. El jueves Pablo Correa denunció en El Espectador que se está construyendo una carretera entre el río Lozada y San José del Guaviare para sacar el crudo. Vía que no tiene licencia ambiental porque los gobernadores la han ido abriendo poquito a poquito y hoy se puede llegar en carro al pueblo de La Macarena. Sobre este trazo se construirá una autopista de cuarta generación que no necesitará licencia por tratarse de una ampliación. Todo está fríamente calculado.

Debo confesar que, pese a todo, la alternativa es menos gravosa ambientalmente que el proyecto que tienen los petroleros y los grandes empresarios agropecuarios de construir la 4G atravesando los valles de los ríos Duda, Guayabero alto y Lozada hasta La Uribe y de allí hasta Colombia, Huila. Toda la región, se dice, no sólo es riquísima en petróleo, sino en tierras fértiles, tan fértiles que a los empresarios de biocombustibles se les hace la boca agua cuando oyen el nombre del río Duda. Los empresarios saben a ciencia cierta que este valle es más fértil que el Valle del Cauca. Así, La Macarena se convertiría en una isla rodeada de palma y caña por todas partes. Ya lo está por el Ariari.

El problema no es ni será solo ambiental, sino también social. Toda la región ha sido colonizada por campesinos expulsados de otras regiones y durante muchos años, a pesar de la guerra que han sufrido, o precisamente por ella, han conservado sus tierras. Los empresarios confiaban en que a cañonazos podían invertir; desengañados, ahora se alistan a que la paz permita someter esas codiciadas fincas a la ley de la oferta y la demanda para quedarse con ellas. Fácil y barato. Hasta se ahorran los impuestos y peajes de guerra. ¿Qué va a pasar con esos miles de colonos? Pues, fácil también: a unos los emplearán como peones y a la mayoría la empujarán a rebuscarse en las ciudades. Lo de siempre.

 

La paz se convierte en una estrategia de ocupación como antes fue la guerra. Y lo que va a pasar en La Macarena pasará también Catatumbo, el Magdalena Medio, Chocó, para completar la lista que tiene entre el bolsillo el doctor Echeverry. A todas estas: ¿Qué dirán las guerrillas frente a la amenazante estrategia de despojo que prepara el Estado? La construcción de vías, la concesión de licencias ambientales y los acuerdos de paz alcanzarán lo que buscan los empresarios: librar las tierras de los campesinos y colonos a las furias del mercado. Es evidente que por esa razón el Gobierno se opone a los territorios de paz que proponen las Farc, por eso se oponen los empresarios y los militares a las zonas de reserva campesina y por eso se prepara una gran cruzada política contra la iniciativa legislativa de la izquierda para que al campesino se le reconozca como sujeto de derechos políticos, tal como se hace con indígenas, negros y gitanos.