Justicia de la impunidad, memoria rebelde

13.09.2017 11:19
 

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La impunidad de crímenes de lesa humanidad en Colombia es una constante histórica. Aunque nos duela, es un resultado lógico: un sistema de genocidio continuo no se podría mantener si los propios órganos estatales encargados de administrar justicia castigaran de manera sistemática las atrocidades. 

Cuando eso pase comenzará el declive del genocidio. De ahí que la correa de transmisión del terrorismo de Estado sea la inoperancia judicial para ponerle freno. Por eso los miles de agentes de la guerra sucia tienen como complemento necesario a miles de funcionarios judiciales no sólo ineptos o que hacen la vista gorda, sino corruptos, cuando no abiertamente comprometidos con la represión oficial o encubierta de las fuerzas armadas o el paramilitarismo. 

Tal el caso de la exfiscal de Cartagena, María Bernarda Puentes, quien en marzo pasado judicializó a más de una docena de dirigentes sociales del sur de Bolívar, señalándoles de pertenecer al ELN. Su captura por vínculos paramilitares, sumada a las denuncias contra tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia que cobraron dineros en procesos relacionados con congresistas venales, pueden dar a pensar que en Colombia hay cambios de fondo en la justicia. Pero no es así: Lo sistemático y general es esconder las responsabilidades, dejar hacer a los más poderosos; no interferir en sus programas de violencia, saqueo, ratería y dominio. Quienes han desafiado esa lógica de impunidad desde instancias judiciales cumpliendo con su función legal, han recibido amenazas, debieron salir al exilio o han terminado asesinados. A ellos en algún momento habrá de serles reconocido su intento de cumplir su labor. Pero el grueso de la judicatura merece lo contrario: un juicio histórico por su papel en la descomposición del país. 

Pocos países han superado parcialmente la racionalidad del genocidio y su contrapartida: la impunidad. En Argentina hay varios casos de jueces o fiscales juzgados por su complicidad en los crímenes de la dictadura. Y unas vigorosas movilizaciones en mayo pasado echaron para atrás una aberrante decisión por la que se investiga hoy a tres jueces de la Corte Suprema que avalaron aplicar el beneficio conocido como 2x1 a un torturador. Es también famoso el juicio a abogados, jueces y fiscales de la Alemania nazi (el juicio de los jueces: USA vs. Josef Altstötter, et al.). Estados Unidos juzgando a una parte de los funcionarios nazis (a otra parte de esos funcionarios la cooptaría para sus propias estrategias llevándolos a su territorio para su servicio y protección). 

Esas soluciones limitadas pueden considerarse de segundo o tercer orden, parte de un nivel de debate judicial tardío. Como el que se proyecta en los próximos años en Colombia en el marco de los acuerdos del Régimen con las FARC. Cómo actuarán en ese ámbito, y en la Comisión de la Verdad que se creará, tanto las víctimas como las organizaciones consecuentes de defensa de los derechos humanos, será constatado en los resultados del desmonte -o no- de la maquinaria civil, judicial, policial, empresarial, paramilitar y militar de esa violencia del Régimen. El jesuita Javier Giraldo (http://www.javiergiraldo.org/), en juicioso análisis crítico de esos acuerdos (ver Expectativas, logros y frustraciones de un proceso de paz), especialmente en el relativo a la Justicia Especial para la Paz, señala con fundamento la matriz de fracasos y describe cómo el capítulo de garantías de no repetición “se hunde en retóricas vacías e ineficaces”. 

Quienes asuman una larga lucha por una justicia más auténtica para conseguir mayor verdad, reparación plena y garantías de no repetición, deberán resolver no solo problemas prácticos y jurídicos en una ventana de oportunidad, sino que tienen ante sí un primer orden de problemas, que son de naturaleza cultural, ética y política. Lo tienen esas organizaciones de víctimas y derechos humanos, y por supuesto lo tenemos como ELN, pues debemos afrontar un arco de disyuntivas que impelen a elegir. No hay escapatoria. 

 

Resistencia, también contra el olvido 

Después de dos décadas (los años 90 y la primera del siglo XXI) de ascenso de trabajos teóricos y prácticos en torno al derecho a la memoria histórica y colectiva, desde hace ya unos años se posiciona el llamado a olvidar, contra la memoria y la justicia. Muchos libros y recomendaciones van y vienen al respecto en muchos países. Colombia no es la excepción, más cuando gana terreno un discurso de reconciliación e impunidad que se afinca para pasar la página del horror, cuando éste en realidad subsiste de muchas maneras. 

Ese discurso pretende instalar la amnesia anulando el registro histórico del dolor de los más, de los sectores mayoritarios oprimidos; que desaparezca la referencia moral que se puede constituir con la sucesión de las luchas populares para el devenir. 

Frente a ello, desde la experiencia de intercambio con muchos interlocutores en esta Delegación de Diálogo, un concepto de resistencia nos ha sido trasladado para nuestra reflexión. Proviene de estudiosos del tema, especialmente en países donde también se lucha contra el olvido, como España, en compromisos epistemológicos, éticos y políticos. 

Se trata de la justicia anamnética: la memoria que señala la injusticia latente, el presente injusto. Esa memoria exige la coherencia de una política transformadora que no tiene más que recordar y hacer recordar por todos los medios legítimos posibles, confrontando el abandono de losvencidos, reivindicando su memoria, la nuestra, recuperando lo que pudo ser y no fue porque un proyecto de control social autoritario lo intentó cortar de raíz. 

En esa batalla de la memoria subversiva del sufrimiento y sus causas en la historia de este país, el ELN señala la necesidad de recordar todos los dolores, insistiendo: verdad toda, verdad todos.

 

Fuente original: https://www.eln-voces.com/index.php/voces-del-eln/militancia/1240-justicia-de-la-impunidad-memoria-rebelde