Gobiernan para las transnacionales

05.09.2017 23:27
 

Luis Gaitán
 Rebelión 
 
Dos cosas ha mantenido históricamente la oligarquía de este país: por un lado, su profunda convicción antidemocrática, debido al miedo que le generan los cambios; por el otro, la protección sin agüero de las transnacionales, por encima de los intereses de las mayorías. Estas dos cosas, por supuesto, soportadas sobre el ejercicio de la violencia. 

Esta política se ve reflejada en la atención que han generado las consultas populares, pues le han empezado a generar molestia al gobierno y a las empresas que buscan explotar la tierra.

El gobierno se compromete

A partir del auge de las consultas populares, la preocupación del gobierno y su férrea defensa de los inversores extranjeros se ha puesto de manifiesto en el escenario público. Tanto así que el pasado 1 de agosto, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas se comprometió a presentar ante el Congreso un proyecto de ley que le quite dientes a las consultas.

En palabras del ministro: “No puede ser que los intereses de unas minorías muy pequeñas, de un concejo municipal, se impongan sobre las necesidades de toda una sociedad.”

Una clara muestra de a quién responden los intereses del gobierno. Aparte de desconocer la voluntad popular, se pretende tratar a estas “minorías” como ignorantes, pues en sus argumentos nada tiene que ver la defensa del agua con la explotación de la tierra; según ellos  “no son incompatibles”, supuestamente quienes impulsan las consultas no entienden el desarrollo del país, que la minería responsable si existe, etc. Pero en la práctica se evidencia el daño y desolación como lo único que le queda a los territorios luego de que una transnacional se roba sus riquezas.

Han insistido en el bienestar de las comunidades, sin embargo, ahora parece peligroso que, en varios territorios del país, la misma gente se los esté pensando con la vocación agrícola en primer plano. 

La soberanía es la discusión

Los tibios asomos de defensa de la soberanía del gobierno han sido mediatizados. Por un lado Nicaragua, el Galeón San José, la política de persecución a Venezuela, etc. Sin embargo, ante el peligro que representan las transnacionales para la economía del país, hay un gran silencio cómplice.

Gracias a décadas de gobiernos que se dedicaron a sacrificar la soberanía y ponerla en bandeja de plata al imperialismo, hoy casi que cualquier fallo en contra de una transnacional conlleva a una demanda que el Estado muy seguramente perderá.

Muestra de ello es el caso de la empresa Hupecol Operating Co. Dicha empresa tenía las licencias para exploración de Caño Cristales, y el gobierno se vio obligado a suspenderla gracias a la presión y movilización ciudadana. Sin embargo, hoy la empresa tiene una demanda por más de 83.000 millones de pesos debido a los incumplimientos de Colombia: a eso llaman “seguridad jurídica” de las empresas, según lo acordado en el TLC.

Esta es apenas una de las tantas demandas que tiene el Estado por haber entregado la soberanía a entidades privadas y extranjeras. Otro ejemplo se relaciona con el paro minero en Antioquia: la Gran Colombia Gold, que el pasado febrero anunció su intención de demandar al estado por 700 millones de dólares, reclama demoras en la ANLA y la alcaldía de Segovia al no expulsar a los mineros ilegales, a quienes considera invasores. 

Aquí acaban los discursos de responsabilidad social, hasta ahí llega el sentido de pertenencia que tienen por el país dichas transnacionales, pues ante sus intereses sacan los dientes incluso con el patrocinio de grupos paramilitares. La respuesta del gobierno no podría ser peor: les da  la razón a pesar de la arremetida jurídica emprendida hace más de un año. 

Presión social es el remedio

El caso del botadero de Doña Juana en Bogotá no escapa a esta la realidad.  Hace un par de meses el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) anunció su intención de que se aumentara al doble el precio que paga la ciudad por tonelada. A pesar de que el daño a la salud de miles de habitantes urbanos se ha evidenciado estos últimos días, la posición del distrito ha sido de respaldo a la concesión.

Queda claro que la defensa de la soberanía popular se hace con movilización social, y que lo último que hará el gobierno es darle la razón a la gente. Un punto más de la alergia que les causa la participación en un proceso de solución política.

En Segovia, Remedios y demás municipios del nordeste antioqueño, se ha levantado un fuerte movimiento cívico contra las multinacionales del oro y en defensa de la pequeña y mediana minería. También en Bogotá los vecinos protestan ante la grave crisis ambiental y de salubridad pública que genera el manejo irresponsable de la alcaldía. Tanto en un lado como en otro la respuesta gubernamental es la represión a la población y la defensa incondicional de los intereses de las empresas multinacionales.