“El juicio no es mi mayor preocupación”: director de Poligrow

24.05.2017 14:31

 
Fuente del Articulo El Espectador

El empresario italiano asegura que no ha cometido acciones ilegales para que las empresas que representa se queden con tierras de terceros, razón por la cual fue acusado por la Fiscalía por delitos como concierto para delinquir y fraude procesal.

Para el próximo 17 de agosto fue pospuesto el comienzo del juicio contra Carlo Vigna Taglianti, director de la multinacional italoespañola Poligrow en Colombia. El ente investigador asegura que el empresario es uno de los responsables de un fraude que se habría gestado para quedarse con 1.000 hectáreas en zona rural de Mapiripán (Meta) que años atrás el dueño original de la tierra, Argemiro Mesa, había entregado a un hombre llamado Alfonso Caro Venegas como pago de una deuda. El Espectador entrevistó a Vigna sobre este y otros temas que lo tienen a él y a Poligrow bajo la lupa de las autoridades, como la supuesta acumulación anómala de baldíos en la Altillanura que denunció hace poco la Contraloría General de la República.

Alfonso Caro le pidió a usted audiencia, le dijo que se habían reunido en 2008 o 2009 y usted le respondió que eso no era cierto. ¿No lo conoció entonces?

Creo que conocí al señor (Alfonso) Caro en una reunión en 2009, donde estaban todos los herederos de la familia Mesa. Luego, en el año 2013, el señor Caro me escribió una carta de la nada diciéndome: “Yo soy dueño de estas 1.000 hectáreas que usted compró sin mi autorización”. Yo le dije: “Señor Caro, mis asesores hicieron todos los estudios de títulos y del certificado de libertad y tradición, usted no aparece en ningún lado”. Obviamente puedo tener negociaciones sólo con quien tiene un documento que lo valide como dueño, no con quien viene a decirme que es dueño dos años después (de la compraventa). Le dije que si de verdad tenía un documento que lo acreditara como dueño de parte de Barandales, me lo hiciera llegar, que con gusto lo revisaba. En Colombia hay jurisprudencia, hay normas que dicen si uno es propietario o no. Eso no me lo invento yo.

¿Cómo fue el proceso de compra con la familia Mesa Cárdenas, del Meta?

Yo le pedí a la familia Mesa que contrataran una firma reconocida para que hiciera un avalúo. Así se hizo. El avalúo de la finca (2.590 hectáreas en total) fue de $675 millones ($260.000 por hectárea). Pero El Espectador dice que yo compré por $16,5 millones.

Es el valor que aparece registrado en la Oficina de Instrumentos Públicos de San Martín, Meta.

Puedo demostrar todos los pasos que seguimos, uno a uno. Pero yo no puedo responder por documentos que se firmaron antes de mi llegada al país, como Mesa Cárdenas & Garcés S.A.S. Esa S.A.S. se constituyó en 2009; yo no hacía parte de ella ni Ita Aceites Vegetales. Y aquí me parece supremamente importante aclarar que yo tampoco participé en la transferencia del título de propiedad de Barandales a la S.A.S.; Ita Aceites Vegetales (que yo representaba legalmente) no hizo parte de ese movimiento.

¿En qué año Ita Aceites Vegetales compró el 50 % de Mesa Cárdenas & Garcés S.A.S.?

Como lo prueba el acta 06 del 27 de junio de 2012, en marzo de 2012 se aprobó que se emitieran 15.000 acciones por un valor de $45.000 cada una. Así fue como pagamos los $675 millones y quedamos siendo socios de ellos, pero que quede claro que Ita nada tuvo que ver con el negocio de la tierra. Cuando llegamos a la sociedad, ese activo ya estaba ahí.

La Fiscalía asegura que usted y los Mesa Cárdenas hicieron “maniobras engañosas” para quedarse con 1.000 hectáreas en esa región que le pertenecían a Alfonso Caro Venegas. ¿Qué responde?

En 2012, cuando la familia Mesa —la cual tenía el 50 % de las acciones en Mesa Cárdenas y Garcés S.A.S.— tomó la decisión de no seguir con sus negocios en Barandales, por diferentes situaciones que ocurrieron dentro de esa familia, Ita Aceites Vegetales se quedó con la otra mitad. Esta maniobra es legal. Una operación normalísima que fue hecha de la mano de varios abogados.

¿Qué piensa sobre el negocio que hizo con los Mesa Cárdenas y de como manejaron el tema con Alfonso Caro Venegas que hoy lo tiene en problemas con la Fiscalía?

Ellos ya no son mis socios. Hoy no tengo ningún tipo de relación, pero no tengo nada negativo que decir respecto a ellos. Sólo sé que el señor Caro apareció de la nada e intentó pescar en río revuelto. Los reclamos que él hacía a Ita Aceites no eran válidos y la sociedad Mesa Cárdenas mucho menos. El traspaso de la tierra se había hecho mientras la sociedad hacía parte exclusivamente de la familia Mesa Cárdenas. Ita Aceites entró posteriormente.

¿Usted cree en la justicia colombiana?

Totalmente.

¿No le preocupa este asunto?

No es mi mayor preocupación.

Durante las negociaciones que hizo con los Mesa Cárdenas, ¿ellos le comentaron algo sobre Alfonso Caro Venegas?

No, para nada. Sólo me enteré en el año 2013. Cuando recibí las comunicaciones de Alfonso Caro, le expliqué que los negocios que hice con la familia Mesa Cárdenas se ajustaban a lo que está estipulado en la ley colombiana.

¿Cuál es la relación entre Ita Aceites y Poligrow?

Hacen parte del primer grupo empresarial, pero nacen como sociedades totalmente diferentes y con accionistas distintos para desarrollar un proyecto con alianzas estratégicas.

Cuéntenos sobre la sanción que recibió Poligrow por daños ambientales en marzo pasado. Según Cormacarena, Poligrow se aprovechó de las aguas superficiales de la fuente caño Macondo para uso doméstico e industrial sin permiso y, además, arrojaba las aguas residuales industriales generadas por su planta extractora de aceite de palma sin debido tratamiento.

Se tenía un permiso para uso agrícola con una vigencia desde 2008 que vencía en 2013. Pedimos la renovación ese año, pero no recibimos contestación hasta dos semanas atrás, cuando la renovaron por otros cinco años. Los $47 millones que nos impusieron como multa, los pagamos. En el recurso de reposición que le presentamos a la autoridad ambiental, respondimos que, según la ley colombiana, el permiso de vertimiento se tiene que hacer para empresas que superen las 20.000 toneladas de residuo al año, cifra que nuestra empresa no genera y que sustentamos con los debidos cálculos. Esperemos que con esta evidencia el proceso sancionatorio sea cancelado y devuelvan el dinero a la empresa.

¿Cómo adquirió Poligrow los predios Macondo I, II y III? Ahí es donde la Contraloría señala posibles irregularidades por acumulación de baldío.

En 2008 y 2009 compramos los tres predios a Ángela María Mejía Santamaría y a Luis Carlos Quinchía Restrepo y se registró todo en orden ante la oficina de instrumentos de registro. En 1988, el Incora se los adjudicó a dos campesinos, es decir, mucho tiempo antes de que se promulgara la Ley 160 de 1994, que introduce todo lo relacionado a la Unidad Agrícola Familiar.

¿Cuál es su relación actual con Gabriel Jairo Ángel Bernal (esposo de Ángela María Mejía Santamaría)?

En el primer acuerdo que hicimos con Vadid Aljure por la compraventa de la finca Santa Ana, él me asesoró. Yo apenas estaba llegando a Colombia. Estamos hablando del 2008. Esa fue la última vez que tuve contacto con él.

Poligrow tiene tierras en Mapiripán que les pertenecían a los descendientes del guerrillero liberal Dumar Aljure, las cuales están en disputa por ese tema. ¿Cuál fue el rol de la multinacional en este negocio?

En esa disputa nosotros como Poligrow no hacemos parte. Confirmamos que compramos legítimamente, de manera totalmente transparente y legal, a don Vadid Aljure, quien tenía todos los poderes verificados para actuar en nombre propio con toda la legitimidad en el contrato que se firmó en el 2011. Sería bueno escuchar su versión. En la versión que sacó El Espectador se habla de la disputa que tienen los hermanos Dumar y William Aljure con su tío Vadid Aljure, y mencionan a Poligrow como si fuera parte del pleito, pero nunca se menciona que para tener un pleito jurídico es fundamental que haya una demanda en el país o afuera, y a la fecha, a mí nunca me han citado, ni personalmente ni como representante de la sociedad (Poligrow). Del artículo interpreto que es como si Vadid Aljure hubiera estafado a sus sobrinos Dumar y William Aljure, negociando con poderes de ellos que ya no estaban vigentes. Las pretensiones de William Aljure y las acusaciones que lanza sobre el despojo por parte de la empresa son totalmente infundadas. No hay ningún pleito entre Poligrow y la familia Aljure.

Para tener claridad: ¿cuántas hectáreas tiene Poligrow que eran de los Aljure?

Hoy tenemos la Santa Ana 1. Son 20.000 hectáreas.

Allí es donde usted, junto con Vadid Aljure, tiene una sociedad ganadera. ¿Desde qué año?

Sí, en la que no tiene nada que ver Poligrow. Ellos eran socios al principio, pero yo compré su parte. Es mi negocio personal; tenemos unas 250 cabezas de ganado. Creamos la sociedad en 2009 y sigue vigente.

Pero las tierras son de Poligrow.

Sí.

¿Poligrow no compró ese terreno para sembrar palma?

Poligrow tiene ahí 20 hectáreas de manera experimental. Obviamente había una intención de sembrar palma, que a la fecha no se ha concretado y la veo muy lejos de concretarse. Lo vemos más como proyecto de investigación.

¿Un proyecto experimental de qué tipo?

Para ver la reacción de la palma y conocer si se puede dar, cuáles son los rendimientos, los costos, y proyectar un plan de negocios. El proyecto comenzó en 2003 y los resultados se ven casi en siete u ocho años. Pero en este momento no hay ningún interés por parte de la empresa en sembrar esta tierra de palma.

¿Por qué?

Porque habría que armar un proyecto totalmente diferente. Nos concentramos en el proyecto que tenemos alrededor de Mapiripán, donde construimos una planta extractora. (Santa Ana 1) está a 60 kilómetros de la plantación actual, entonces habría que organizar un proyecto nuevo y separado del actual, que necesitaría otra infraestructura. Cuando se firmó el contrato (de compraventa de Santa Ana 1 con los Aljure) en 2011 ya había empezado el proyecto alrededor de Mapiripán. La palma requiere mucha inversión.

Entonces, ¿cuál es el plan de la empresa con esa tierra? Son muchas hectáreas.

Todavía no tenemos definido el proyecto que se va a desarrollar o si se desarrollará algún proyecto. En ese momento estamos focalizados, tenemos una inversión ya hecha de más o menos US$50 millones. Entonces necesitamos concentrarnos en lo que tenemos. Además, las condiciones que estaban en 2008, cuando llegamos, eran diferentes.

¿En qué sentido?

El Gobierno cambió las reglas. Ya no se reconoce beneficio por cultivos perdidos, los costos de logística son más altos. En 2015, con la reforma tributaria, se modificaron muchos puntos. Hay que sumarle la política de biocombustibles: hoy en día Colombia debería tener una mezcla del 20 %, pero todavía va en el 9 %. Es un consumo interno diferente a lo que se diseñó con los Conpes de 2005 y 2007. En un futuro se decidirá qué hacer.