CUATRO PERIODOS DE CORRUPCIÓN

04.07.2017 01:06

 

1994-1998 - Ernesto Samper Pizano

 1998-2002 - Andrés Pastrana Arango

                                                 2002- 2010 - Álvaro Uribe Vélez

      2010-  -    Juan Manuel Santos Calderón

2017

·       Escándalo en la Justicia del Meta. Una redada llevada a cabo a finales de junio en la ciudad de VillavicencioMeta, por parte de agentes de la DIJIN (división de la policía colombiana que realiza labores de policía judicial), concluyó con la captura de dos fiscales Seccionales, dos jueces, un exjuez, un médico del Instituto Nacional de Medicina Legal (entidad estatal encargada de la actividad forense en el país), un asesor jurídico de la cárcel de Villavicencio, dos investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI (policía judicial de la fiscalía colombiana), y un exfuncionario de la Fiscalía; todos ellos, supuestamente, estarían realizando maniobras dilatorias para entorpecer investigaciones que, en teoría, debieron llevar a la cárcel hace tiempo a integrantes de Bandas Criminales (BACRIM) de esta zona del país.8 Al mismo tiempo, la Fiscalía realizó 24 capturas a miembros de la rama judicial, entre ellos, tres magistados del Tribunal Superior de Justicia en el departamento del Meta, funcionarios del INPEC (entidad estatal que vigila y regula las cárceles del pais), abogados y particulares; a todos ellos, se les imputaron los delitos de concierto para delinquirfalsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer y prevaricato por acción en concurso homogéneo, al comprobarse que estos funcionarios conformaban desde 2013 una "empresa criminal" que otorgaba de manera irregular, a cambio de sobornos, redenciones de pena, sustituciones de medida de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias a autores de delitos como homicidio, concierto para delinquir y narcotráfico.9

·       Escándalo en la Fiscalía. El 27 de junio fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en su propia oficina y frente a sus empleados, el que fuera hasta ese día el Jefe de la Unidad Anticorrupción del ente acusador; Luis Gustavo Moreno Rivera, acusado, junto a un abogado llamado Leonardo Pinilla, de pedirle dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de desviar indagaciones que cursan en su contra por posible malversación de recursos que superan los $10.000 millones de pesos(USD$3.322.260 dólares), de lo cual sería investigado formalmente por delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Lyons, quien pasó a ser cooperante del Departamento de Justicia de Estados Unidos, denunció que el abogado Pinilla y el Jefe Anticorrupción Moreno (quien apenas llevaba un mes en el cargo) se le habían acercado para pedirle $100 millones (USD$33.200 dolares) a cambio de entregarle copias de declaraciones juradas de testigos que habían hablado en la Fiscalía en su contra. La DEA le preparó una trampa a Moreno en Miami, donde le dió a Lyons USD$10.000 dólares para entregarle a Moreno con billetes marcados para rastrear. La Fiscalía de Colombia, sabiendo de antemano la operación de la DEA, envía a Moreno para entrevistarse con Lyons; luego, el dinero marcado es descubierto en manos del Jefe Anticorrupción y sus familiares en el vuelo de regreso a Colombia. El Departamento de Justicia estadounidense descubrió que Pinilla y Moreno, este último aprovechándose de su cargo, inundarían a sus fiscales con trabajo para que no pudieran concentrarse en el expediente del cooperante Lyons a cambio de $400 millones (USD$132.890 dolares) y una “adición” de USD$30.000 dólares que aspiraba recibir antes de irse de Estados Unidos. Por estos hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida le va a endilgar a Moreno y a Pinilla los cargos de conspiración para lavar dinero con la intención de promover un soborno, haciéndo formal la solicitud de extradicción a Colombia,10 además de la investigación que se les abrió en el pais por el delito de concusión. Luego de este suceso, la Fiscalía ha procedido a capturar más de 50 de sus funcionarios a nivel nacional por hechos similares, varios de ellos podrían ser solicitados en extradicción por Estados Unidos.11

·       Escándalo en Colpensiones. A comienzos de junio, una juez especializada de control de garantías envió a prisión a 8 de 11 personas capturadas por la Fiscalía General de la Nación (las otras 3 se les dió detención domiciliaria) por los delitos de concierto para delinquir, estafa, acceso abusivo, violación de datos personales y fraude procesal, debido a un desfalco cometido por estas personas, quienes laboraban como contratistas en la parte de sistemas de la entidad estatal encargada del Régimen de Prima Media para las pensiones en Colombia (Colpensiones). La investigación comenzó el 8 de mayo de 2014, momento en el cual uno de los directivos de la entidad denunció presuntas irregularidades en el sistema informático de la empresa de pensiones. Se presume que los contratistas crearon una red delincuencial que cobraba por la modificación de los historiales laborales entre $10 y $100 millones de pesos (entre USD$3.000 y USD$33.000 dolares), según la complejidad del trabajo y el ingreso que representara. Los contratistas crearon dos modalidades de delinquir: la primera, consistía en inventar desde cero el historial laboral de una persona que nunca hubiese estado afiliada al Seguro Social (antigua entidad encargada del sistema pensional) ni a Colpensiones; la segunda, consistía en modificar el número de semanas cotizadas por trabajadores reales para que pudieran pensionarse antes de lo estipulado. La Fiscalía continúa la investigación.12

·       Escándalo de Llanopetrol. El 19 de mayo se realizó la imputación de cargos a 4 detenidos por el desfalco en la Refinería del Meta, a través de la empresa estatal Llanopetrol. Se les acuso de apropiarse ilicitamente de más de $18.000 millones de pesos (USD$6.138.825 dolares) durante el mandato del gobernador Alan Jara entre los años 2012 y 2015, quien sería responsable de revivir el proyecto. El caso se descubrió en la Jornada Anticorrupción en Meta realizada el 5 de mayo, la Fiscalía dijo que los detenidos seguían ordenes de altos cargos y que esperaba emitir más ordenes de captura a más responsables. Ninguno de los implicados aceptó los cargos. A pesar de 3 plazos de adición presupuestal, donde la empresa incumplió, la gobernación del departamento giro los recursos considerados injustificados.13

·       El Cartel de los Abuelos. El 18 de mayo se realizó la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos a ocho implicados en irregularidades en los Centros de Bienestar del Adulto Mayor en Pereira, donde se atienden 93 personas, el caso fue denunciado por la Personería de la ciudad con ayuda de la Fiscalía Seccional de Risaralda. Hasta el momento, la Fiscalía ha investigado 4 de 13 contratos en el Programa del Adulto Mayor, pero las irregularidades superan los $700 millones de pesos (USD$238.732 dolares). Entre los imputados están el exsecretario de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía; John Lemus, quien dice no tener responsabilidad en los cargos que le imputaron. De los 8 implicados, el fiscal solicito la medida de aseguramiento para 7 de ellos; una de las contratistas, que aceptó cargos, podría tener una rebaja en la pena del 50% y detención domiciliaria.14

·       Caso Judy Pinzón. El 17 de mayo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá pidió a la Personería Distrital realizar las indagaciones correspondientes por presuntas irregularidades en la contratación con 5 alcaldías locales de la ciudad por parte de la Fundación para el Desarrollo Sociocultural Deportivo y Comunitario (Fundesco), dirigida por la exconcejal Judy Pinzón. La fundación logró contratos superiores a los $4.300 millones de pesos (USD$1.466.497 dolares), en un documento se pone en conocimiento que la fundación contrato con las alcaldías para la instalación de equipos de computo, campañas de prevención contra la violencia e incluso la celebración del bicentenerio de una localidad; en estos contratos tan similares se cree que se pudo beneficiar a alguien. Pinzón (Directora de la fundación) ya habia sido condenada, junto a otros 2 exconcejales, a 6 años de prisión en 2004, además de 20 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos por haber recibido coimas de $100 millones de pesos (USD$34.806 dolares) para modificar el Código de Polícia y permitir las ventas ambulantes.15

·       Captura de exalcalde de Coveñas. El 11 de mayo el CTI de Bogotá, con apoyo de la policía, capturó al exalcalde de CoveñasSucre; César Serrano, por supuestos actos de corrupción en el contrato de erosión de playas, celebrado en octubre de 2013 entre el municipio y el Consorcio Playas Coveñas y Tolú por un valor de más de $14.000 millones de pesos (USD$4.774.641 dolares); de manera afortunadamente, sólo fueron pagados de manera anticipada $7 millones de pesos (USD$2.436 dolares). El exalcalde abría pasado por alto la falta de planeación del proyecto y del permiso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA (entidad estatal que otorga licencias ambientales en proyectos que afecten el medio ambiente), por ser una zona costera de impacto ambiental, además fue capturado el exsecretario de planeación, el exjefe de contratación de Coveñas y otra personas más.

·       Caso Sandra Bonilla. A principios de mayo, fue condenada a 90 meses de prisión por peculado por apropiación, además de una multa de más de $400 millones de pesos (USD$134.816 dolares), a la extesorera de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente; Sandra Bonilla, por una transferencia de más de $800 millones de pesos (USD$269.632 dolares) a cuentas de sus familiares entre 2009 y 2014. Además, fueron condenadas también otras 4 personas que deben pagar penas de 35 a 50 meses de prisión y multas de $20 a $160 millones pesos (de USD$6.750 a USD$53.900 dolares) por complicidad en el delito.

·       Escándalo de Corpourabá. Luego de 2 días de audiencia, en el mes de mayo, tres exempleados del área financiera de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible de Urabá, Corpouraba (entidad estatal que ejerce como autoridad ambiental de la región), aceptaron los cargos de peculado por apropiación en provecho propio y falsedad ideológica en documento público imputados por la Fiscalia. Presuntamente, se habrian apropiado de $2.648 millones de pesos en dineros públicos (USD$903.089 dolares) entre 2010 y 2016. Esta investigación comenzó en mayo del año anterior, luego de una denuncia por los malos manejos dentro de la institución; además, hay una orden de captura vigente a la extesorera de la entidad.

·       Escándalo en Coljuegos. A finales de marzo, en desarrollo de una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en varias ciudades del eje cafetero y luego de una investigación de 1 año, se hicieron efectivas 31 órdenes de captura, de ellas 8 en flagrancia, contra funcionarios y exfuncionarios de Coljuegos (entidad del estado encargada de regular los juegos de azar en el país); de estas capturas, 3 fueron contra exdirectores de la entidad. Se descubrió que, a través de empresas de papel, funcionarios de Coljuegos engañaron al Estado generando detrimento patrimonial superior a los $2.000 millones de pesos colombianos (USD$ 686.464 dolares) entregando contratos "a dedo" para activar unas máquinas tragamonedas que habían sido dadas de baja después de haber sido incautadas por Etesa (entidad predecesora de Coljuegos). Por alguna razón que se desconoce, las máquinas decomisadas no fueron destruidas como lo exige el protocolo de seguridad de la entidad cuando no están registradas, en su lugar habrían sido habilitadas y puestas de nuevo en circulación en casinos a través de concesiones.16 17 A los capturados se les imputaran los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración indebida de contratos, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.18

·       Escándalo en Secretaría de Movilidad de Medellín. El 1 de marzo, la Fiscalía General de la Nación capturó en Medellín a 17 personas: 15 tramitadores privados y 2 inspectores de tránsito de la Secretaría de Movilidad de la capital antioqueña, que se dedicaban a falsificar o alterar infracciones de tránsito de la ciudad, así como documentos propios de la entidad, licencias de conducir y seguros para accidentes de tránsito (SOAT) a cambio de dinero. A los detenidos, quienes se les venia haciendo seguimiento de sus actividades desde el 2014, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público y privado, con penas que van entre los 8 y 12 años de prisión.19

·       Captura de alcaldesa de Ocaña. En febrero fueron capturados por la Fiscalía General de la Nación la alcaldesa en ejercicio del municipio nortesantandereano de OcañaMiriam Prado Carrascal, junto a sus Secretarios de Gobierno, Juan Pablo Bacca, y de Movilidad, Albert Urquijo, por los delitos de violación del régimen de inhabilidades y celebración indebida de contratos, con la respectiva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a cada uno por parte de un juez. Según la investigación, hecha a raíz de una denuncia instaurada por un habitante del municipio, la alcaldesa firmó un contrato por $80 millones de pesos (USD$27.557 dolares) con un contratista que habría financiado su campaña electoral para la alcaldía. El denunciante aseguró que, con este accionar, la mandataria municipal vulneró una ley colombiana del año 2011, que fija prohibiciones para la entrega de contratos a financiadores de campañas electorales. Por estas mismas acciones, se radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación.20 21 En Mayo fue revocada la medida de aseguramiento, al no encontrar una posible obstrucción de la justicia por parte de Prado Carrscal.22

·       El Cartel de la Chatarrización. La Fiscalía General de la Nación ordenó, a mediados de febrero, la captura de 28 personas, entre policías, funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Transporte, tramitadores privados y líderes sindicales del sector camionero, por hacer parte de una "organización criminal" dedicada a defraudar al estado en el proceso de desintegración de vehículos de carga. El Gobierno Nacional, para controlar el crecimiento del parque automotor de carga en el país, implementó la Política de Chatarrización a vehículos de carga en el año 2008: Si el propietario de un camión o empresa quería comprar un vehículo, debía chatarrizar o desmantelar otro de más de 20 años; si no regresa al negocio, se paga un incentivo de $89 millones de pesos (USD$30.945 dolares) por vehículo; si se chatarriza, pero compran otro camión, reciben un estímulo monetario menor y el cupo de su nuevo camión. Según fuentes de la Fiscalía, el Cartel de la Chatarrización aplicó varios métodos para evadir la normativa: La chatarrización virtual, que implicaba que funcionarios dentro del Ministerio y de otras dependencias manipulaban la información de un vehículo en la base de datos para hacerlo aparecer apto para reposición; la chatarrización de camiones inexistentes, armando vehículos por partes para este fin y la desintegración usando carpetas de vehículos legales y activos cuyos propietarios, en muchas ocasiones, ni sabían de la manipulación que era objeto la información de sus vehículos. Se estima que esta organización chatarrizó de manera fraudulenta, desde hace varios años, un total de 12.000 camiones, lo que ocasionó pérdidas al estado en más de $600 mil millones de pesos (más de USD$208 millones 680 mil dolares), a razón de $50 millones de pesos (USD$17.385 dolares) por camión.23 24 A los capturados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con fraude procesal y en concurso con el de uso de documento falso, además del delito de supresión u ocultamiento de documento público.25

·       Captura del alcalde de Mogotes. La Fiscalía General de la Nación ordenó la captura en enero, con la respectiva medida de aseguramiento en prisión por parte de un Juez, del alcalde en ejercicio del municipio santandereano de Mogotes, Doryam Jovanny Rodríguez Avellaneda, por los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y prevaricato por omisión. La Fiscalía se basó en la investigación fiscal hecha por la Contraloria General de la Nación, donde se comprobaron irregularidades en dos contratos firmados en los años 2008-2011 por el alcalde, que para la época se desempeñaba como Secretario de Gobierno del municipio de Onzaga (Santander). En el primero, se hallaron irregularidades en la etapa precontractual, ya que el Informe de Conveniencia y Oportunidad (documento exigido por la ley colombiana para la realización de un contrato) no indicaba el valor a contratar y se tomó como base el valor del único proponente ($18 millones de pesos, USD$6.142 dolares) sin existir análisis o estudio de otras propuestas, además de no cumplir con su labor como supervisor de vigilar y controlar la ejecución del mencionado contrato. El otro contrato, por valor de $31 millones de pesos (USD$10.580 dolares), firmado con una cooperativa llamada Gente Líder, cuyo objeto era la "Realización de la capacitación y asesoría en el proceso financiero relacionado con el marco fiscal de mediano plazo, su relación con el presupuesto y el fortalecimiento de la capacidad técnica de la Secretaría", se descubrió que en 2008 ya se había realizado otro contrato con el mismo objeto, lo cual no está permitido por la ley colombiana; se descubrió, además, que el objeto del contrato debía ser realizado directamente por personal de la secretaría contratante y no por particulares.26 En Marzo es dejado libre retornando a su cargo, aunque el juicio seguirá su marcha.27

·       El Cartél de las Regalías. En enero fue capturado por la Fiscalía el actual Secretario de Planeación del departamento de Córdoba y exdirector del Fondo de Ciencia y Tecnología de Regalías; Manuel Benjumea quien, según el ente acusador, desvió $150.000 millones de pesos (USD$51.156.874 dolares) producto de regalías departamentales a favor del también detenido contratista de la gobernación; Jesús Henao Sarmiento quien, a través de fundaciones dirigidas por sus socios, obtuvo contratos con el objeto de desarrollar proyectos agropecuarios para, supuestamente, enfrentar los retos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, proyectos que no se ejecutaron de manera completa, según denuncia del gobernador en ejercició; Edwin Besaile, causando detrimento patrimonial al departamento al haber sido girados la casí totalidad de los recursos por el anterior gobernador Alejandro Lyons. Los detenidos, además de los socios de Henao, fueron acusados de peculado por apropiación y en concurso heterogéneo además de celebración indebida de contratos. Maximiliano García Bazanta, quien trabajó con el director de regalías departamentales; Jairo Zapa, asesinado al descubrir las irregularidades, también está vinculado a este proceso, además de estar investigado por el asesinato de su jefe igual que Henao Sarmiento.28

·       Caso Odebrecht. A finales de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado sobornos a funcionarios públicos de los gobiernos de 12 países para obtener beneficios en contrataciones públicas, entre ellos, Colombia.29 Luego del anuncio, el entonces Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció el comienzo de la investigación y luego de revisar la información dada a conocer por Estados Unidos, junto al trabajo hecho por fiscales e investigadores del país, a comienzos de enero se produjo la primera captura de este caso, la del exviceministro de Transporte en el período de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, imputándole cargos de enriquecimiento ilícitocohecho y celebración indebida de contratos. La Fiscalía comprobó que García Morales exigió la suma de USD$6.5 millones de dólares a Odebrecht para garantizar que fuera la firma adjudicataria de la Ruta del Sol Tramo Dos, excluyendo a otros competidores. Según el Departamento de Justicia estadounidense, el monto total de los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia rodea los USD$11 millones de dólares entre los años 2009 y 2014.30 La segunda captura por este caso fue realizada a mediados de enero en contra del exsenador Otto Nicolás Bula; según investigación de la Fiscalía, Bula fue contratado por la sucursal de Odebrecht en Colombia el 5 de agosto de 2013, con el fin de que el exsenador obtuviera el contrato para hacer la vía Ocaña-Gamarra en favor de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., del cual Odebrecht es parte. Para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato, Bula habría materializado el segundo soborno de la firma por valor de USD$4.6 millones de dólares para que el proyecto no fuese sometido a una licitación como estipula la ley, sino que se realizara en forma directa a través de un convenio que se logró el 14 de marzo de 2014. La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exsenador Bula por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito.31 El proceso aún continua en etapa de investigación, en búsqueda de más implicados y capturas. La gravedad de este escándalo es tal que la Fiscalía está investigando si Odebrecht financió la campaña electoral de 2014 en segunda vuelta a favor de los candidatos que la disputaban: Juan Manuel Santos (presidente electo) y Oscar Ivan Zuluaga.32 En mayo de 2017, se le imputaron nuevos cargos a Bula por cohecho y asociación para cometer delitos contra la administración pública, al supuestamente entregar un apartamento en el norte de Bogotá al fiscal anticorrupción, Rodrigo Aldana (quien en abril le fueron imputados los cargos de cohecho propio, prevaricato por omisión y concertación para cometer delitos contra la administración pública), para que emitiera una resolución de extinción de dominio a tres haciendas en el departamento de Córdoba. Bula no aceptó los cargos y se declaro inocente.33

2016[editar]

·       Escándalo en la Contraloría de Bogotá. A finales de diciembre, la Fiscalía General de la Nación expidió tres órdenes de captura, haciéndolas efectivas de manera inmediata, contra tres funcionarios de la Contraloría Distrital de Bogotá, debido a unas grabaciones dadas a conocer por la periodista Darcy Quinn de Caracol Radio, donde se expone a una de las capturadas, Hermelina Angulo, exigiendo $60 millones de pesos colombianos (USD$20.000 dólares a esa fecha) a un interventor de obras en la capital, para archivarle una investigación por presuntas irregularidades encontradas en auditorías hechas por el ente fiscalizador. La Fiscalía descubrió además una "red de sobornos" que operaban en varias localidades de la capital del país, en cabeza de estos funcionarios.34 35 36

·       Escándalo en la CAS. A finales de diciembre, la Fiscalía General de la Nación capturó y envió a la cárcel, después de la audiencia de imputación de cargos, a cuatro (4) funcionarios y exfuncionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS (entidad estatal encargada de ejercer la autoridad ambiental en el departamento de Santander); entre ellos, la entonces directora del la entidad, Flor María Rangel, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público, debido a irregularidades encontradas en un contrato por un valor de $3.400 millones de pesos (más de USD$ 1.130.000 a la tasa de 2016), donde se le entregó casi la totalidad de la plata al contratista (Unión Temporal Barrancabermeja) sin que este hubiese ejecutado ni el 50% del objeto del contrato que era la "reforestación e intervención de zonas estratégicas para el medio ambiente". La Fiscalía descubrió también que se habrían presentado irregularidades en la suscripción del contrato, pues al momento de celebrarlo, la CAS no habría pedido al contratista que certificara su experiencia en el sector. Además, no se realizaron los estudios previos de manera adecuada y no hubo supervisión o interventoría que verificara la ejecución de las obras.37 38

·       Escándalo en el Hospital Universitario del Valle. A mediados de diciembre, fueron capturadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Físcalia General de la Nación, siete (7) extrabajadores del Hospital Universitario del Valle de Cali, por presunta celebración indebida de contratos en el centro asistencial, lo que originó un detrimento patrimonial en esta entidad del estado que la obligó a entrar a la Ley de Quiebras de la nación (Ley 550) para reestructurarla. En julio pasado, la Contraloría General de la Repúblicahabía alertado sobre un posible detrimento patrimonial en el Hospital Universitario del Valle por $123.783 millones de pesos (más de USD$41.700.000 dólares a la tasa de 2016). Tras una auditoría que duró 40 días, se encontraron pruebas del detrimento a las arcas del centro médico y se declararon los estados contables de la institución como negativos. Entre los capturados se encuentra el exdirector de la institución, Jaime Rubiano.39

·       Escándalo en la Policía de Barranquilla. En noviembre fueron capturados, en un operativo conjunto entre Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, 19 policías activos que eran parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla y 2 personas civiles que habrían cometido delitos en la ciudad: 15 que utilizaban la base de datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), aprovechando su condición de autoridad de tránsito, para chantajear a aquellos que no tuvieran documentación al día a cambio de dádivas o sobornos, utilizando personal civil como operadores de radio, 3 que permitían el microtráfico a una banda delincuencial en dos barrios y 1 que había asaltado unos días atrás, en compañía de un exagente de la institución, una tienda de barrio.40

·       Caso Pretelt. En febrero de 2015, el entonces magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, radicó una acusación ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra su colega magistrado y entonces presidente de la misma corte, Jorge Pretelt, quien supuestamente habría pedido $500 millones de pesos (más de USD$200.000 dolares a la tasa de febrero de 2015) al abogado Victor Pacheco, para fallar una tutela que debía resolver la Corte a favor de la firma Fidupetrol.41 Pretelt negó rotundamente estas acusaciones, pese a que se comprobó posteriormente que el abogado Pacheco, condenado por este hecho, entregó el dinero al magistrado para que este influyera entre sus colegas y, de esta manera, en consenso aceptaran y fallaran a su favor un acción de tutela de Fidupetrol, que hubiera revertido una decisión judicial que le imponía a la desaparecida firma fiduciaria pagar una suma de $22.500 millones de pesos (USD$9.000.000 de dólares de la época) al departamento del Casanare, por manejos irregulares del dinero departamental (por este hecho, fue condenado en 2013 el exgobernador de Casanare, Whitman Porras). Luego de meses de interrogatorios a los involucrados y deliberaciones, la Comisión de Acusaciones formuló cargos contra el magistrado Pretelt y el Senado de la República en pleno lo suspendió de su cargo, perdiendo de esta manera su investidura como magistrado. En consecuencia, el ya exmagistrado Pretelt pasó a juicio por cohecho en la Corte Suprema de Justicia.42 Por estos hechos, también fueron acusados por la Fiscalía el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil,43 el presidente de Fidupetrol, Abel Guillermo Caballero Lozano44 y el máximo accionista de la fiducia, Hélbert Otero;45 a los tres se les imputó el cargo de tráfico de influencias. Pese a la comprobación en la participación de Jorge Pretelt del delito por parte de la Fiscalía, se habla de un trasfondo político en el caso, debido a la amistad del exmagistrado Pretelt con el expresidente de la república y Senador Álvaro Uribe Vélez, rival político del presidente en ejercicio Juan Manuel Santos.46

·       Escándalo de Reficar. Estalló luego de la investigación hecha por la Contraloría General de la República, en cabeza de Edgardo Maya Villazón, la cual detectó sobrecostos injustificados por cerca de $8.5 billones de pesos colombianos (unos USD$2.879 millones de dólares) en la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar). Es posiblemente el escándalo de corrupción más grande en la historia de Colombia, con un detrimento patrimonial equivalente a un 5% del presupuesto nacional del país en 2016, que se terminaría de pagar en el año 2046, según datos de la entidad fiscalizadora.47 Aunque la Contraloría sacó a la luz pública el escándalo, un año atrás, la Procuraduría General de la Nación había iniciado investigaciones disciplinarias contra 12 directivos y exdirectivos de Reficar, por su presunta responsabilidad en el detrimento patrimonial.48 Por su parte, la Fiscalía General de la Nación inició en enero la investigación penal sobre el desfalco, realizando pesquisas a los archivos de Reficar y de los contratistas de la obra, así como copia de la investigación hecha por la Contraloría, buscando comprobar si hubo un posible peculado por apropiación; en diciembre comunicó que quedaban exentos de responsabilidades penales los entonces Ministro de HaciendaMauricio Cárdenas, y Presidente de EcopetrolJuan Carlos Echeverry.49 50 51 A finales de abril de 2017, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, anunció la imputación de cargos contra 8 altos ejecutivos de Reficar: 2 expresidentes, 1 Vicepresidente Jurídico, 1 Revisor Fiscal y 6 representantes de los contratistas (Downstream Ecopetrol 2008, Grupo Legal Reficar y CB&I); todos ellos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos. Según Martínez, el costo del peculado esta en el orden de $610.000 millones de pesos (casi USD$207 millones de dolares a la fecha), cifra que difiere de la presentada por la Contraloría. Así mismo, Martínez anunció el llamado a indagatoria de 8 personas más, entre ellos 2 expresidentes de Ecopetrol, y 13 a declaración jurada, búscando más responsables.52

·       El Cartel de la Hemofilia. Escándalo que estalló en julio luego de una investigación hecha por la Contraloría General de la Nación, donde descubrió nombres de personas vinculadas al Régimen Subsidiado del sistema de salud que las hacían pasar como enfermos de hemofilia, para luego cobrar millonarios recursos al gobierno en tratamientos NO-POS (Plan Obligatorio de Salud). Luego que la Fiscalía asumiera la investigación, concluyó que se trataba de una "empresa criminal" gestada en los departamentos de Córdoba (donde más se presentaron casos), SucreBolívar y La Guajira, donde, a través de falsas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), falsificaban listas de enfermos, evitando que verdaderos pacientes afectados con esta enfermedad fueran atendidos. Por este hecho, la Fiscalía ha capturado, hasta el momento, a tres (3) personas que trabajaron en la gobernación de Córdoba para la época de los hechos (2013 a 2015). El desfalco a la salud por este caso de corrupción estaría, según cálculos de la Fiscalía, en $80 mil millones de pesos (más de USD$26 millones 600 mil dolares a la tasa de 2016).53 54

·       El Cartel del Síndrome de Down. Otro escandalo que involucra al departamento de Córdoba en el sector salud, al ser detectadas irregularidades por parte de la Contraloría General de la Nación en el pago, por parte de la gobernación departamental, a 4 Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud (IPS) por $10.000 millones de pesos (más de USD$3.500.000 dolares a la época) en la atención a niños con síndrome de Down o autismo. La Contraloría descubrió que los tratamientos a estos pacientes nunca se realizaron, pero aún asi, se pagaron dado que se facturaron por paquetes y no de manera individual, además que la mitad de estos recursos debieron ser costeados por el Plan Obligatorio de Salud (POS) en lugar del departamento; adicional a esto, nunca fueron autorizados por las respectivas Entidades Promotoras de Salud (EPS). Solo una de estas IPS´s recibió cerca de $7.000 millones de pesos (USD$2.470.000 dolares) sin tener un contrato formal con el departamento.55

·       Escándalo de las libranzas en Colombia. Miles de inversionistas fueran estafados al invertir en el mercado secundario de libranzas, a través de empresas como Estraval y Elite, aliadas con ciertas cooperativas de libranzas. Los pagarés-libranza ofrecidos por Estraval y Elite resultaron no estar respaldados por los montos establecidos. Según la Fiscalía General de la Nación, esto no fue por omisión, sino que estas empresas modificaron el mercado secundario, para introducirse y hacer captación masiva e ilegal de fondos; básicamente, un esquema de pirámide. Este desfalco llevó al cese de pagos a los inversionistas y la perdida de sus ahorros. Se estima que las perdidas pueden ascender a más de $1.5 billones de pesos colombianos56 (aprox $436 millones 681 mil dólares a la tasa de 2016) de más de 10.000 pequeños ahorradores o personas naturales, así como de grandes instituciones y fondos de pensiones.57 58 59 60 61 62 63 64 Por este hecho, la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) inició acciones contra Estraval y Élite desde agosto de 2015. La Superintendencia de Economía Solidaria, Supersolidaria, ha liquidado a 6 cooperativas de libranzas, y ha abierto investigaciones a más de 12 cooperativas por el caso Estraval, y 12 por el caso Elite.65 66 En cuanto a las dos sociedades, la Supersociedades ordenó la liquidación de sus bienes en agosto de 2016 para Élite y septiembre del mismo año para Estraval, con el objetivo de restituir el dinero a sus víctimas.67 68 La Físcalia imputó cargos contra miembros de Estraval y Elite por captación masiva e ilegal de dinero.69

·       Escándalo de la Gobernación de la Guajira. Estalló luego de la destitución de Oneida Pinto, por parte del Consejo de Estado de Colombia, como gobernadora del departamento a solo cinco meses de haber comenzado su mandato por una inhabilidad para ser candidata a la gobernación.70 71 72 En su lugar, el gobernador encargado Jorge Enrique Vélez,73 ha destapado numerosas irregularidades que involucran miles de millones de pesos perdidos por el departamento, por las cuales ha recibido amenazas de muerte.74 Este escándalo resulta aún más aberrante, cuando se sabe de las altas sumas de dinero perdido por la corrupción, mientras el departamento sufre una crisis humanitaria por desnutrición y muerte generalizada de niños, entre otros problemas.75 En octubre, la Fiscalía General de la Nación capturó a 20 personas involucradas en el escándalo, entre ellos, un exalcalde de Riohacha (Rafael Ceballos Sierra) y un exgobernador departamental (Jorge Pérez Bernier), además de involucrar en la investigación a 21 personas más, entre funcionarios y exfuncionarios nacionales, departamentales y contratistas.76 Además, la Fiscalía imputó cargos en enero de 2017 a Oneida Pinto por celebración indebida de contratos y falsedad en documento público y privado, al conocer las irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del contrato que tenía como objetivo reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania (La Guajira), cuando ella se desempeñaba como alcaldesa. También se le imputó cargos en enero de 2017 al gobernador en ejercicio, Wilmer González Brito, por presuntas irregularidades en su elección luego de la destitución de Oneida Pinto, por los delitos de cohecho propio y corrupción al sufragante (convencer, mediante coimas, a los electores para que voten por determinada persona; en este caso, por él mismo) y en Febrero de ese año, fue enviado a prisión, como medida necesaria para garantizar las investigaciones de la Fiscalia.77 78 Igualmente, en enero de 2017 la Fiscalía capturó al alcalde en ejercicio de Riohacha, Fabio Velásquez, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del municipio por valor de $5.713 millones de pesos (USD$1.899.900 dolares en 2016), al comprobarse que a los niños beneficiados no les estaba llegando la respectiva alimentación del programa de manera real, generando rechazo e indignación.79

·       La Comunidad del Anillo. En febrero se denunció en la emisora radial La FM, por parte de la periodista Vicky Dávila, una "red de prostitución homosexual masculina" que funcionaba en la Policía Nacional desde la Escuela de Cadetes General Santander, a cargo del entonces director de la escuela, coronel Jerson Castellanos, donde algunos cadetes víctimas de esta red denunciaron haber sido abusados por el Coronel Castellanos, además de ser obligados a brindar servicios sexuales a altos oficiales de policía, congresistas y funcionarios enquistados en altos cargos del gobierno.80 La periodista dio a conocer en su programa de radio una grabación del año 2008, donde se ve al entonces senador, Carlos Ferro, sosteniendo una conversación de tipo homosexual con el entonces subteniente y miembro de su escolta, Ányelo Palacios. Por este hecho, Vicky Dávila fue obligada a presentar su renuncia como directora de La FM y también como presentadora de Noticias RCN, denunciando una "persecución" y un "atentando a la libertad de prensa" desde el gobierno.81 82 No obstante, las declaraciones de las víctimas sirvieron como base a la Procuraduría General de la Nación para iniciar investigaciones disciplinarias contra los involucrados en este escándalo, entre ellos, el entonces Director de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino,83 quien se vio obligado a pedir la baja del servicio activo y renunciar a su cargo, dejando a la institución en el momento más crítico de su historia.84 El protagonista del vídeo, Carlos Ferro, quien se venía desempeñando como Viceministro de Relaciones Públicas del Ministerio del Interior, presentó su renuncia al conocerse el mismo; además que la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria por proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas.85 El autor del vídeo y denunciante de esta red de prostitución, capitán Ányelo Palacios, fue destituido e inhabilitado por parte de la Inspección General de la Policía Nacional debido a supuestas acciones irregulares cuando ejercía como Comandante de Policía en Florencia, Caquetá, llevándolo a un estado depresivo que casi termina en suicidio del oficial.86 87

2015[editar]

·       Desfalco a Colpensiones. En noviembre fueron capturadas en Armenia por la Fiscalía 15 personas sospechosas de integrar una red que cometió un millonario desfalco a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a quienes se les imputaron los delitos de fraude procesal, falsedad en documento y estafa. Según las autoridades, los detenidos hacian parte de una banda integrada por 25 personas, quienes habrían conspirado para apropiarse de unos $1.400 millones de pesos (USD$593.200 dolares) de Colpensiones,88 aunque la cifra podría llegar a los $75.000 millones (cerca de USD$31.800.000 dolares), debido a que la entidad fue defraudada durante varios años por esta organización delincuencial encabezada por un abogado. Este buscaba a personas mayores que fueran pensionadas o estuvieran tramitando ese derecho argumentándoles que podía conseguir una reliquidación de su pensión y, además, obtener un dinero adicional argumentando una discapacidad o invalidez. El sujeto y sus cómplices conseguían historias clínicas falsas de los supuestos reclamantes, en las cuales se incluían dictámenes ficticios que servían de soporte para sustentar una presunta pérdida de capacidad laboral. En muchos casos presentaban diagnósticos de enfermedades graves, crónicas o incluso terminales. Con estos documentos, el acusado y sus secuaces realizaban los trámites ante la división correspondiente de Colpensiones en donde, tras estudiar el caso, se autorizaba el pago de mesadas retroactivas. Cuando esto no funcionaba y si la entidad negaba la solicitud, el abogado acudía a juzgados y con estos documentos falsos engañaba a los jueces para que dictaran fallos que obligaba a Colpensiones a pagar estas pretensiones.89

·       Captura del alcalde de San Gil. En noviembre fue capturado el alcalde en ejercicio del municipio de San Gil (Santander); Alvaro Agón Martínez, por los delitos de fraude al sufragante, concierto para delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva e ilegal de dinero, no devolución de lo captado y prevaricato por acción. La Fiscalía comprobó que Álvaro Agón, junto a su hermano el exalcalde de San Gil; Javier Agón (condenado por celebración indebida de contratos durante su administración) estafaron a más de 500 personas por el orden de los $1.800 millones de pesos (USD$ 536.362 dólares de la época) con un proyecto de vivienda llamado "Asociación de Vivienda Brisas del Porvenir" (Asovibrisas). Los estafados pagaron por la administración de un lote destinado a este proyecto de vivienda, el cual está declarado como reserva forestal, motivo por el cual no se puede desarrollar construcción alguna en este lugar. Sabiendo esto, los hermanos Agón convencieron a las familias para el desarrollo del proyecto de vivienda y aprovechándose de su cargo como alcalde, Álvaro Agón autorizó la conformación de la asociación para que los afectados empezaran a invertir en pagos mensuales al supuesto proyecto habitacional que nunca se desarrolló; en su lugar, el dinero recogido fue utilizado para beneficio personal de los Agón.90 En abril de 2017, Javier Agón fue condenado a 12 años de prisión, condena apelada por los afectados quienes la consideran "muy baja" por el daño ocasionado a quienes invirtieron.91

·       Escándalo en los Juegos Nacionales. El escándalo estalló por el incumplimiento del municipio de Ibague, capital del departamento del Tolima, en la construcción de algunos escenarios deportivos requeridos para la realización de los XX Juegos Nacionales y IV Juegos Paranacionales, en los cuales el Gobierno Nacional, a través de la entidad reguladora del deporte en el país (Coldeportes), invirtió $258.910 millones de pesos (USD$ 94.389.355 dólares); de los cuales, según una investigación hecha por la Contraloría General de la República, se habrían perdido unos $66.000 millones (USD$24.061.247 dolares), dejando inconclusos los escenarios para las justas deportivas. Luego que la Fiscalía asumiera la investigación, se comprobaron irregularidades en los diseños de los escenarios deportivos y sobrecostos injustificados en su construcción.92 Hasta el momento se ha ordenado la captura de 7 personas por el desfalco, entre contratistas de las obras y exfuncionarios de la alcaldía de Ibague; de estas personas, hay dos que ya están condenadas, la condena más severa cayó sobre el llamado "cerebro" de esta defraudación: El abogado Orlando Arciniegas Lagos, exasesor externo de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Ibagué, quien fue condenado por la justicia en marzo de 2017 a 36 años y 4 meses de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícitopeculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, celebración indebida de contratos y concusión, al defraudar al estado en más de $11.500 millones de pesos (USD$4.192.490 dolares), condenado además a pagar una multa de $22.000 millones de pesos (USD$8.020.416 dolares). Las investigaciones a 2017 siguen en curso buscando más responsables.93 94 En Mayo del mismo año, se le imputo una nueva condena al ex gerente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué (Imdri) Carlos Ángel, por 5 años y 5 meses en prisión además de una multa de $61 millones de pesos, que se suma a la condena ya impuesta de 12 años y $855 millones de pesos en multa.95

·       Escándalo en el sistema judicial de Barranquilla. En agosto fueron capturados 11 miembros de la Rama Judicial de Barranquilla, entre juecesfiscales, comisarios de familia y abogados litigantes, todos por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción agravada y falsedad ideológica en documento público.96 La Fiscalía descubrió, luego de pesquisas a procesos judiciales, que los funcionarios dictaban fallos que favorecían a peligrosos delincuentes de la ciudad a cambio de dinero, conformando una auténtica "empresa criminal" en el interior del poder judicial de Barranquilla.97

·       Carrusel de las alcaldías locales de Bogotá. Estalló debido a irregularidades halladas por la contratación "a dedo" de fundaciones "de papel" y de "objeto social amplio" de parte de las alcaldías locales o menores de Bogotá, para realizar todo clase de servicios sin pasar por los procesos regulares de licitación establecidos por la ley.98 99 100 Por estos hechos, la Fiscalía ordenó la captura de las entonces alcaldesas locales de Usaquén, Julieta Naranjo; de Bosa, Diana Calderón Robles; de Suba, Marisol Perilla Gómez, y los exalcaldes locales de Kennedy, Jesús Antonio Mateus y de Los Mártires, Ernesto Rincón; a todos se les imputó el delito de celebración indebida de contratos. Las 20 alcaldías locales o menores de Bogotá, adscritas a la Alcaldía Mayor, manejan en conjunto un presupuesto anual aproximado de $300.000 millones de pesos (USD$98.880.000 dolares) a razón de $15.000 millones por localidad (USD$4.944.000 dolares), de los cuales se busca determinar cuanto dinero terminó en manos de las fundaciones "de papel" por contratos "a dedo".101

·       Carrusel de la educación en Córdoba. Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación capturaron en octubre a 17 personas que estaban involucradas en una red que tramitaba pagos irregulares de pensiones a educadores en el departamento de Córdoba, los cuales habrían llegado a los $164 mil millones de pesos colombianos (más de USD$48.800.000 dolares en 2015). Estos casos ocurrieron entre 2010 y 2012, donde varios abogados, con la complicidad de jueces y funcionarios del departamento, falsificaron poderes y documentos de la Secretaría de Educación de Córdoba y del municipio de Lorica, con los que tramitaban el pago o aumento de mesadas pensionales. Esta operación afectó las finanzas de la Entidad Administradora de Recursos del Ministerio de Educación (Fiduprevisora).102 Entre los involucrados está el senador Armando Benedetti, por lo cual la Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió indagación preliminar en su contra.103

·       Escándalo de la salud en el Huila. En junio la Fiscalía capturó a 9 personas, entre funcionarios de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), funcionarios de Entidades Promotoras de Salud (EPS) y exalcaldes de municipios del departamento del Huila, imputándoles cargos de celebración indebida de contatos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito con la respectiva detención en establecimiento carcelario. Esto debido a unas irregularidades halladas en contratos entre la Caja de Compensación Familiar del Huila (Comfamiliar) y Medilaser, una IPS del departamento que no contaba con personal médico suficiente para atender la población de este departamento; estos contratos estaban por un valor aproximado a los $25.000 millones de pesos (USD$96.600.000 dolares), dineros públicos que debian ser destinados a la atención de personas inscritas en el Sisben (un sistema estatal de atención en salud para personas de escasos recursos a través del Régimen Subsidiado). La Fiscalía señaló que los capturados se asociaron para "quedarse con el dinero de las personas más pobres que dependen del Sisbén para acceder a los servicios de salud". Además de ello, se descubrió que Comfamiliar realizó contratos con hospitales, clínicas y centros de salud de los municipios de Garzón y La Plata por valor de $6.000 millones de pesos (USD$2.320.000 dolares) bajo la modalidad de "eventos controlados", limitando los servicios de salud a los usuarios del Régimen Subsidiado.104 En julio se capturaron 2 personas más involucradas en el escándalo, representantes legales de otra IPS que no cumplía con las facultades legales ni con la infraestructura necesaria para la atención de usuarios (Revivir IPS Clínica Valle de Laboyos), firmando contratos con Comfamiliar por valor de $3.000 millones de pesos (USD$1.160.000 dolares).105

2014[editar]

·       Casos Andrómeda y Andrés Sepúlveda. El 5 de mayo, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación allanaron un local en un sector residencial de Bogotá con el nombre de "Restaurante Andrómeda", que resultó ser una fachada de una central de inteligencia de la Fuerza Pública, que realizaba interceptaciones de manera ilegal a teléfonos celulares y correos electrónicos de diferentes personalidades, entre ellos, los miembros del equipo negociador del gobierno con la FARC en el marco de los diálogos de paz de La Habana; en este lugar se hallaron videocámaras, cajas fuertes, memorias USD, planos de diagramas para crear páginas electrónicas, agendas y cientos de documentos, entre otras cosas.106 En el allanamiento, el CTI capturó al hacker Andrés Sepúlveda, quien supuestamente compró información de manera ilícita a Andrómeda sobre el proceso de paz, para utilizarla en favor de la campaña presidencial del entonces candidato del Centro Democrático Oscar Iván Zuluaga.107 Un colaborador de Sepúlveda, el ecuatoriano Daniel Bajaña Barragán, fue capturado en junio por interceptar ilegalmente al exvicepresidente Francisco Santos.108 En el caso de Andrómeda, la Fiscalía capturó en octubre a 3 miembros de la Fuerza Pública por los seguimientos irregulares y por sus nexos con Andrés Sepúlveda, además de anunciar la captura de 4 miembros más.109 110 Finalmente, un informe de una comisión especial creada por el Ministerio de Defensa, concluyó que no se cumplieron con los protocolos de seguridad, hubo desorden en el manejo de la información y no hubo control que permitiera a civiles tener acceso a la fachada Andromeda, por lo que se determinó separar de labores de inteligencia a 20 uniformados relacionados con la central de espionaje, de los cuales, a 5 se le solicitó su retiro de la Fuerza Pública. A pesar de estos hallazgos, la comisión ratificó que Andrómeda era una operación legal de inteligencia.111

·       Carrusel de contratos en Bucaramanga. En octubre, la Fiscalía capturó al exalcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, imputándole cargos de falsedad en documento público y privado, falsedad por ocultamiento, peculado por apropiación y celebración indebida de contratos,112 ya que en el tiempo que estuvo a cargo de la administración de la ciudad luego de la destitución del alcalde titular por parte de la Procuraduría General de la NaciónFernando Vargas Mendoza (de octubre a diciembre de 2011), firmó contratos por más de $2.000 millones de pesos (más de USD$800.000 dólares de la época) sin haber pasado por el proceso de licitación respectivo. Además, se descubrió que muchos de los objetos contractuales firmados nunca se realizaron y, aún así, se entregaron certificaciones de cumplimiento por parte de los supervisores o interventores para el cobro de los mismos. También se descubrieron contratos donde el contratista no cumplía con los requisitos mínimos o la experiencia requerida para el objeto del contrato.113 El exalcalde Moreno Galvis firmó en 2016 un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando la mayoría de los delitos imputados, recibiendo beneficio de detención domiciliaria;114 en el mismo año 2016, también fueron condenados dos de los supervisores o interventores de los contratos cuestionados, Libardo Jaramillo y Ulises Dueñas, a 5 y 6 años de prisión respectivamente.115

·       Caso Villarraga. Caso ocurrido en octubre de 2013, cuando unas grabaciones fueron reveladas a la opinión pública. En una de ellas, hay una conversación entre el entonces magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, y el coronel (r) Róbinson González del Río (posteriormente condenado en julio de 2014 por nexos con bandas criminales), donde el magistrado ofrece ayudarlo con un proceso en su contra a cambio de $400 millones de pesos (USD$163.000 dolares en 2014); del Río tenía dos investigaciones en su contra, una por "falsos positivos" (asesinato de civiles haciéndolos pasar por guerrilleros) y otra por presuntas irregularidades en contratación. En las grabaciones hablan sobre un almuerzo al que, supuestamente, iban a asistir los magistrados Angelino Lizcano Rivera, Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón y la posibilidad de lograr, al parecer, con la ayuda de estos altos funcionarios judiciales, que el proceso en contra del oficial retirado por falsos positivos quedara en manos de la Justicia Penal Militar, donde las penas son menos severas que en la justicia ordinaria. Al respecto, los magistrados mencionados han dicho en reiteradas ocasiones que tal encuentro nunca tuvo lugar y que no actuaron de forma ilegal. La investigación quedó en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, llamando a indagatoria en 2014 a los magistrados implicados en este caso,116 provocando la renuncia, tiempo después, del magistrado Villarraga ante el Senado de la República, renuncia aceptada por el Congreso en pleno.

2013[editar]

·       Escándalo de la Gobernación del Casanare. El gobernador de Casanare, en el periodo comprendido de septiembre de 2006 y diciembre de 2007, Witman Herney Porras, fue condenado en marzo por la Corte Suprema de Justicia a 18 años de cárcel e inhabilitado para ejercer cargos en el sector público de por vida, debido a la pérdida injustificada de $63.000 millones de pesos (más de USD$34 millones 700 mil dolares de la época) correspondientes a las regalías petroleras del departamento en fiduciarias. Acusado por peculadopor apropiación y celebración indebida de contratos, Witman Porras autorizó el traslado de $38.000 millones de pesos (USD$20.967.000 dolares) del departamento a cinco patrimonios autónomos constituidos en Fiduagraria; además de otra operación ilegal en septiembre de 2007 por $25.000 millones de pesos (USD$13.794.000 dolares) al patrimonio de Fidupetrol (posteriormente condenada por la Corte a reembolsar este dinero al departamento, provocando su quiebra) y UT Carbones Likuen. El agravante en las acciones de Porras consistió en que entregó estos dineros "sin contar con la más mínima garantía" a favor del departamento. De esos $63.000 millones, siguen perdidos $46.000 millones (USD$25.381.000 dolares).117

2012[editar]

·       Caso Santoyo. El General Retirado de la Policía Nacional, Mauricio Santoyo, Jefe de Seguridad del entonces Presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quien estaba siendo investigado por narcotráfico en Estados Unidos, admitió en agosto en una corte del Distrito de Virginia haber ayudado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).118 119 120 Debido a la controversia, Uribe indicó121 que desconocía las "andanzas" de su exfuncionario y que estába "decepcionado" de este, además de que no había influido en la elección de Santoyo como su Jefe de Seguridad ni en su promoción de coronel a general.122 Sin embargo, sectores políticos de izquierda y algunos periodistas manifestaron que Uribe si había intervenido en la promoción de Santoyo y que éste contribuyó en el establecimiento de la relación del entonces presidente con el narcoparamilitarismo.123 Añadieron que, aparte de Uribe, el actual presidente del país, Juan Manuel Santos (para entonces era Ministro de Defensa), Luis Carlos Restrepo (Comisionado de Paz de Uribe, prófugo de la justicia desde 2012) y el exdirector de la Policía, Óscar Naranjo, también sabían de lo que hizo Santoyo en su momento. El sindicado llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, por el cual solo pagaría de 10 a 15 años de cárcel y la posibilidad del otorgarle libertad bajo fianza, además de protección para su familia en territorio norteamericano. Mientras tanto, la Fiscalía de Colombia ejecutó el proceso de extinción de dominio124 a todas las propiedades de Santoyo y su familia.125 126

·       Escándalo de Interbolsa. Estalló el escándalo por el descubrimiento del desvío de millonarias sumas de dinero por parte de la directiva de Interbolsa (principal corredor de bolsa del mercado bursátil colombiano) de su "Fondo Premium" para su uso personal. Se estima que los perjuicios ascienden a más de $340.000 millones de pesos (unos $170 millones de dólares a la tasa de 2012), perjudicando a más de 1.200 inversionistas, originando también su intervención por parte de la Superfinanciera y posterior quiebra.127 128 129 130 131132 133 134 135 136 Por este hecho fueron enviados a la cárcel los miembros de la Junta Directiva de Interbolsa Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, además de otras personas vinculadas con la entidad.137 También por este hecho fue condenado a prisión el expresidente de Interbolsa; Rodrigo Jaramillo, además del pago de una multa de $7.000 millones de pesos (USD$3.600.000 de 2012), pese a la inconformidad de las víctimas de esta estafa, porque el condenado tendría prisión domiciliaria debido a su avanzada edad.138

·       Escándalo de Termorrío. Debido a un laudo arbitral del Tribunal Internacional de Arbitramento, emitido el 22 de diciembre, que condena a la Nación a pagar la suma de USD$ 60.3 millones, por concepto de indemnización al Consorcio Termorío S.A. E.S.P., por el presunto incumplimiento de un contrato por parte de Electranta, empresa subsidiaria de Corelca, una generadora de energía de propiedad del estado. Esa suma equivale al monto del presupuesto anual para el programa de vivienda de interés social (VIS) del Gobierno Nacional. Por este escándalo la justicia condenó a 134 meses de prisión al exsuperintendente de Servicios Públicos, Enrique Ramírez Yáñez, al abogado Marino Zuluaga y a la señora Marlén Valderrama, por los delitos de peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos, además de una multa de $111 millones de pesos a cada uno (USD$57.000 de la época).139

·       Carrusel de pensiones del Consejo Superior de la Judicatura. Escándalo destapado por la entonces Magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López Mora, al descubrir que magistrados colegas de ella en esta corporación nombraron, supuestamente, a personas allegadas a ellos para que, en períodos cortos, se hicieran acreedores a pensiones que podían triplicar el salario que devengaban antes de llegar a la Judicatura. En manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes(cuestionada desde la absolución del entonces presidente Ernesto Samper en el caso del llamado "Proceso 8000") estaba la misión de investigar a los magistrados de la Judicatura que habrían promovido este ‘chanchullo’. Sin embargo, en 2013 la Comisión decidió archivar el proceso.140 Pese a ello, la Contraloría General de la República abrió investigación fiscal en 2012 a los magistrados implicados por detrimento patrimonial al estado en más de $3.421 millones de pesos (USD$17.600.000 dolares de ese año),141 investigación que fue anulada por la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la Contraloría no tiene la jurisdicción para investigar a los magistrados de las altas cortes (en Colombia, el fiscal de estos magistrados, al igual que el del Presidente y el Vicepresidente de la República, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y quien los destituye de sus cargos es el Congreso de la República para que luego sean investigados, ya sin investidura, por parte de los respectivos entes de control).142

2011[editar]

·       Condena a exalcaldes de Barranquilla. En octubre, los exalcaldes de Barranquilla Bernardo Hoyos Montoya y Guillermo Hoenisberg, fueron condenados por la justicia a 4 años de prisión cada uno por los delitos de peculado y celebración indebida de contratos, debido a presuntas anomalías en la compra, el 20 de agosto de 1998, de dos lotes que iban a ser utilizados para Vivienda de Interés Social (VIS) en la capital del Atlántico y el municipio de Galapa. La Fiscalía comprobó que el Distrito le adelantó $1.120 millones de pesos (USD$ 606.388 a la tasa de 2011) del total de $4.500 millones (USD$ 2.436.383 en 2011) a Juan Cure Vilaró, dueño de los predios a comprar; los cuales se comprobaron, posteriormente, que no eran idóneos para la realización del proyecto porque presentaban problemas de inundaciones. Aunque el proyecto no se ejecutó, el anticipo no fue devuelto por parte del vendedor ni se hicieron los trámites por parte del Distrito para recuperar esos dineros. Para la época de los hechos, Hoyos era alcalde de la ciudad y Hoenisberg era su Secretario de Hacienda.143 Los dos exalcaldes también fueron procesados penalmente en 2006 por irregularidades en la remodelación del edificio de la alcaldía de Barranquilla en 1993, calculado inicialmente en $1.500 millones de pesos (USD$ 812.127 a 2011), y que terminó con sobrecostos por el orden de los $4 mil millones de pesos (USD$ 2.165.674 en 2011); igual que con el proceso de los lotes, Hoyos era en ese momento alcalde de la ciudad y Hoenisberg Secretario de Hacienda.144

·       Destitución del Alcalde de Bucaramanga. En julio, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 10 años al alcalde en ejercicio de BucaramangaFernando Vargas Mendoza, por irregularidades cometidas en la firma de un convenio con el Instituto Universitario para la Paz (Unipaz), al no haber realizado una licitación pública en la celebración del contrato, el cual lo hizo pasar como convenio para no licitarlo, por la suma de $900 millones de pesos (USD$487.300 dolares a la tasa de 2011), que tenía como fin brindar capacitaciones a docentes y mejorar las condiciones tecnológicas del municipio. Por hechos similares, la Procuraduría también destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos a funcionarios de alto rango del entonces alcalde Vargas; la más drástica, contra la exsecretaria de Desarrollo Social del municipio, Paola Andrea Carvajal, inhabilitada por 12 años al dividir un contrato de gran cuantía en varios contratos de pequeña cuantía, los cuales no se requieren de procesos licitatorios por la ley colombiana.145En enero de 2015, el exalcalde Vargas recibió otra sanción, por parte de la Procuraduría, para ejercer cargos públicos por 11 años, debido a irregularidades contractuales presentadas en la construcción de la Fase I del Parque Integral Metropolitano de Bucaramanga. Según el ente de control "El exalcalde intervino en la celebración del citado contrato de obra pública sin contar previamente con estudios técnicos y económicos precisos, serios y completos, teniendo en cuenta que los estudios geotécnicos no tuvieron el alcance necesario y de cubrimiento de gran parte del área donde se concibió construir el parque"; también fue sancionado su exsecretario de Infraestructura, Álvaro Ramírez Herrera, con 12 años sin ejercer cargos públicos.146

·       Escándalo de la DIAN. Estalló por el descubrimiento de operaciones fraudulentas de funcionarios de la DIAN con las que se apropiaban de recursos del Estado enmascarándolos, por medio de cifras infladas, como devolución de IVA. Incluso, involucró el soborno a los investigadores iniciales por $1.400 millones de pesos (USD$ 350.000 dolares en 2016). Se estima que los perjuicios totales a la nación llegaban a más de $400.000 millones de pesos colombianos (más de $133 millones de dólares a la tasa de diciembre de 2016).147Por estos hechos, fueron detenidos 12 funcionarios de la DIAN que podrían afrontar penas de hasta 18 años de cárcel.148

·       Escándalo de la Salud en Colombia. En el mes de mayo, el presidente Juan Manuel Santos anunció el descubrimiento de un desfalco a los dineros de la salud, gestado desde hace varios años que podrían superar no millones, sino billones de pesos en el Ministerio de la Protección Social. A través de un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y la Presidencia, se logró detectar a un grupo de funcionarios del Ministerio de la Protección Social que organizaron un verdadero grupo delictivo mediante el cual presentaban reclamaciones fraudulentas al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), con el que se financia la salud de los más pobres en Colombia. Una de las modalidades de fraude consistía en “autorizarles los pagos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que habrían sido retenidos”; esto significa que, la ‘‘organización delictiva’’ negaba el derecho de los pacientes a acceder a los medicamentos y tratamientos a través del Plan Obligatorio de Salud (POS), y con esto desviaban el servicio obligando a un reembolso de la prestación de los servicios por el NO-POS (por el que responde directamente el Gobierno), lo que obligaba al Fosyga a disponer de los recursos y generar un doble cobro. Otra modalidad era colocar "personas fallecidas que recibieran los beneficios de sobrecostos monumentales o personas que interponían una tutela para que les pagaran por los tratamientos, ganaban la tutela, les pagaban y resulta que esas personas nunca recibían la plata, sino que eran personas que esta mafia ponían a cobrar sin que las beneficiarias se enteraran". Por estas acciones fueron capturadas siete (7) personas, entre funcionarios del Ministerio, particulares y trabajadores de EPS´s.149 Este hecho provocó, con el pasar de los años, que muchas EPS´s en Colombia se encuentren en grave crisis económica, ya que ellas dependen para sus gastos de funcionamiento y pago a sus proveedores de los recobros al FOSYGA que, debido al escándalo, ahora tardan mucho tiempo para hacerse efectivo, mientras se estudia el cumplimiento de los requisitos para el desembolso. Mientras tanto, las EPS´s incumplen las respectivas obligaciones con sus acreedores y, en consecuencia, se genera la suspensión de sus servicios en las clínicas y hospitales públicos y privados. En algunas EPS´s la crisis es tan grave que la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha debido intervenirlas para, o reestructurar sus deudas o liquidarlas, como los casos de Caprecom y Saludcoop (que eran en su momento las más grandes de país). Las deudas de las EPS´s a las clínicas y hospitales del país suman, a finales de 2015, unos $4 billones de pesos (cerca de USD$1.200 millones a la tasa de 2015).150

2010[editar]

·       Escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Escándalo que se destapó por una investigación hecha sobre dos bienes incautados al capo del extinto Cartel de MedellínRoberto Escobar Gaviria, alias "El Osito", hermano del fallecido jefe del cartel, Pablo Escobar. Se descubrió que alias "El Osito" habría retomado el control de esos bienes a través de los depositarios de los inmuebles e intermediarios, quienes firmaron entre si contratos de arriendo por 50 años para diferentes proyectos productivos y sociales en esos terrenos; todo esto, con la complicidad y beneplácito de servidores públicos.151 Se descubrió también que ese mismo "modus operandi" fue utilizado por otros narcotraficantes y jefes del crimen organizado en más bienes incautados por la Fiscalía General de la Nacióna través de la extinción de dominio, y entregados en custodia a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), un órgano estatal. Este escándalo llevó al gobierno nacional a intervenir de manera directa la DNE,152 ordenando la liquidación de la entidad que concluyó en el año 2014; al mismo tiempo, la Fiscalía investigó penalmente, a junio de 2014, a 41 personas involucradas en el escándalo, entre directores, subdirectores y asesores de la DNE, así como congresistas (los cuales, por su cargo, debían ser investigados por la Corte Suprema de Justicia) y particulares que actuaban como testaferros e intermediarios, de los cuales ya existen condenas contra varios de los implicados. Se descubrió que el sistema F.A.R.O (Fácil Acceso, Rápido y Oportuno), que era el sistema de seguridad de información usado por la DNE para los bienes incautados por la Fiscalía, era tan vulnerable que se podrían alterar fácilmente datos como los nombres de los propietarios, quien los custodia y el avalúo de los mismos. Todos los bienes incautados que estaban en manos de la DNE, calculados en 70.000 propiedades, pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), una filial de la empresa de economía mixta Central de Inversiones S.A. (CISA), encargada de negociar activos de y para el Estado.153 154 A 2016, aún continua la investigación en busca de más implicados.155

·       Carrusel de la Contratación en Bogotá. Estalló en junio debido al descubrimiento de asignaciones fraudulentas de millonarios contratos para la construcción de la tercera fase del sistema de transporte público TransMilenio de Bogotá, entre otros contratos para la ciudad. Por este caso, están condenados el exalcalde de la ciudad Samuel Moreno y su hermano, el excongresista Iván Moreno Rojas, igual que el excongresista Germán Olano y otros antiguos altos funcionarios distritales y empresarios colombianos (el Grupo Nule, conformado por los primos Manuel, Miguel y Guido Nule).156 El detrimento patrimonial se estima en $2,2 billones de pesos colombianos (USD$1.100 millones de dólares a 2011).

·       Gobernadores y exgobernadores de Colombia destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos. A continuación se relaciona una lista de gobernadores departamentales en ejercicio y exgobernadores destituidos e inhabilitados en los últimos 2 años por la Procuraduría General de la Nación para ejercer cargos públicos, debido a irregularidades cometidas en sus mandatos que involucran violación del régimen de inhabilidades de la ley colombiana para cargos de elección popular, contratos suscritos de manera indebida, delitos electorales y vínculos con bandas criminales y personas y empresas de dudosa reputación (en los 3 últimos casos, los mandatarios y exmandatarios respondieron también penalmente en la Fiscalía). Gobernadores en ejercicio: Juan Carlos Abadía, gobernador del Valle del Cauca; Oscar Raúl Flórez, gobernador del Casanare; Joaco Berrío, gobernador de Bolívar; Felipe Alonso Guzmán, gobernador del Putumayo; Fredy Forero Renquiva, gobernador de Arauca; Guillermo Alberto González, gobernador del Cauca; Blas Arvelio Ortiz, gobernador del Vichada; Oscar López, gobernador del Guaviare; Patrocinio Sánchez Montes de Oca, gobernador del Chocó. Exgobernadores: Jorge Eduardo Londoño, exgobernador de Boyacá; Efrén de Jesús Ramírez exgobernador de GuainíaLuis Carlos Torres Rueda, exgobernador del Meta; William Pérez Espinel, exgobernador del Casanare.157 Cabe destacar que, en el periodo de Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación (2009-2016), se han sancionado por irregularidades cometidas en sus mandatos e inhabilidades para ejercer cargos públicos a 2.806 funcionarios, entre gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y congresistas;158 mientras que en el periodo de Edgardo Maya (2004-2008) se destituyeron e inhabilitaron de ejercer cargos públicos a 460 funcionarios de elección popular por las mismas razones expuestas por su sucesor.159

2009[editar]

·       Escándalo de Agro Ingreso Seguro. Estalló por irregularidades en el diseño e implementación del programa que debía ser destinado a familias campesinas de escasos recursos, el cual terminó asignando subsidios rurales por más de $200.000 millones de pesos colombianos (unos $77 millones de dólares, a la tasa de 2009) a narcotraficantes160 y prestantes familias del Magdalena y del Valle del Cauca, entre ellas la exseñorita Colombia Valerie Domínguez, su entonces novio, cuñada y suegros.161 Por este caso, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia el exministro de Agricultura Andres Felipe Arias, hallándolo culpable de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros,162 163 164 por lo cual fue condenado a 17 años y 4 meses de prisión.165 166 167 Después de haberle sido concedida casa por cárcel, el exministro Arias escapó a Estados Unidos, siendo capturado por la Policía migratoria de ese país y dejado en libertad bajo fianza pero con vigilancia judicial, mientras se estudia la viabilidad o no de su extradición a Colombia.168 169 170

·       Escándalo de las chuzadas. El 21 de febrero de 2009, la revista Semana publicó un informe en el que se detallaba cómo funcionarios del DAS (antigua agencia de inteligencia del Estado colombiano) grababan de manera ilegal conversaciones telefónicas a líderes de oposición, magistrados, periodistas y funcionarios del Estado.171 Una vez presentadas las pruebas por la Fiscalía, la situación fue calificada de una «empresa criminal» dirigida por Álvaro Uribe Vélez desde la Casa de Nariño, por parte de representantes de la Corte Suprema de Justicia.172 Por este caso, fueron capturados importantes funcionarios del gobierno de Uribe, entre otros, la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Este escándalo fue determinante para que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decretara en 2011 la desaparición del DAS.

2008[editar]

·       Condena a exgobernador de Santander. En febrero, fue capturado por la Fiscalía General de la Nación en Bogotá el exgobernador del departamento de Santander, Mario Camacho Prada, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 7 años y 6 meses de prisión por los delitos de peculado por aplicación oficial diferente, celebración indebida de contratos y prevaricato por acción. La investigación comenzó después de la denuncia que instauró en la Fiscalía Óscar Poveda Velandia, exfuncionario de la Gobernación de Santander, que llevó a cabo el 2 de octubre de 1998. Poveda denunció que en la compra del Hotel Bella Isla del municipio de San Gil, por parte del departamento, hubo irregularidades: No contaba con disponibilidad presupuestal el departamento para una inversión de esta naturaleza, no estaba previsto en el presupuesto aprobado para 1995 ni era parte del programa de gobierno de Camacho Prada para el departamento. Poveda denunció que Camacho Prada dispuso de recursos departamentales por $1.404 millones de pesos (USD$713.777 a la tasa de 2008) para la compra del hotel y después lo adicionó al presupuesto, sin contar con la autorización del entonces Contralor Departamental para pedir un crédito adicional; y en octubre de 1995 negoció con el Banco de Occidente un crédito para la Tesorería departamental por la suma de $700 millones de pesos (USD$355.871 dolares en 2008), dinero que giró directamente a Inversiones Bella Isla, como pago del primer anticipo en la compra del hotel.173 En 2001, Camacho Prada había sido condenado a 52 meses de prisión por violar el régimen de inhabilidad, al comprobarse que respaldó un contrato departamental para una empresa propiedad de familiares de su secretaria privada.174

·       La Yidispolítica. La Corte Suprema de Justicia determinó que la representante a la Cámara Yidis Medina dio su voto a cambio de prebendas a su ciudad de origen, Barrancabermeja, para aprobar el proyecto de reforma constitucional que permitiría a Álvaro Uribe y a futuros presidentes, aspirar a un segundo mandato de manera inmediata. Yidis Medina fue sentenciada a 47 meses de detención domiciliaria por el delito de cohecho.175 Además de la congresista, fueron condenados por este caso altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe (los exministros Sabas Pretelt de la VegaDiego Palacio y el exsecretario de la Presidencia Alberto Velásquez).176 Por este caso, también fueron condenados los congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus.177

·       La Farcpolítica. En el marco de la Operación Fénix, que terminó con la muerte del miembro del Secretariado de las FARC, alias Raúl Reyes, en el mismo lugar donde fue abatido se hallaron computadores portátiles que pertenecían al líder guerrillero, donde existía supuesta información que involucraba líderes políticos nacionales e internacionales con el grupo subversivo, entre estos líderes se encontraba supuestamente la entonces senadora Piedad Córdoba con el seudónimo de «Teodora de Bolívar»,178 y el entonces presidente de VenezuelaHugo Chávez, con el seudónimo de «Ángel». El investigador del grupo antiterrorista de la Dijín, Ronald Hayden Coy Ortiz, aceptó ante un juez especializado y en audiencia pública, que se rompió la cadena de custodia en los computadores de Raúl Reyes; es decir, en un determinado tiempo, los computadores estuvieron expuestos a posibles manipulaciones.179 Esto hace que cualquier información que se quiera tomar de los computadores no se pueda tomar como evidencia para un caso judicial, ya que no existen las certificaciones necesarias de la cadena de custodia, las cuales certifiquen que no se produjeron manipulaciones a los equipos incautados.180 Sin embargo, este material fue suficiente para que el entonces jefe de la Procuraduría General de la NaciónAlejandro Ordóñez, destituyera e inhabilitara de ejercer cárgos públicos a la senadora Córdoba por 18 años, fallo anulado en 2016 por el Consejo de Estado.181

·       Escándalo de los falsos positivos. Estalló a raíz de unas revelaciones hechas sobre el involucramiento de miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles inocentes haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate, en el marco de la lucha contra grupos armados irregulares promovida por el presidente Álvaro Uribe y conocida como Política de Seguridad Democrática (PSD). Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados al gobierno por parte de las brigadas de combate.182 A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como Homicidio en Persona Protegida.183 Por dicha denuncia han sido destituidos e investigados disciplinaria y penalmente muchos oficiales y suboficiales del Ejército.184 Por este escándalo, el Comandante del Ejército, General Mario Montoya, pidió la baja del servicio activo y renunció a su cargo; ya como civil, fue nombrado por el entonces presidente Uribe Embajador en República Dominicana.185 186Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio, según los críticos del expresidente Uribe, algunos procedimientos de la PSD emprendida desde el gobierno nacional.187 La Fiscalía General de la Nación tenía bajo investigación 946 casos relacionados con posibles "falsos positivos" y la Procuraduría 1043.182 Para abril de 2015, la Fiscalía adelantaba 3.430 investigaciones por estos hechos. Sin embargo a pesar de todo el escándalo provocado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos.188 189 En abril de 2017, un juez de Cundinamarca condenó a 21 militares que estaban involucrados en la desaparición y muerte de 5 jóvenes de Soacha, entre ellos un coronel retirado que fue condenado a 46 años de prisión; a los demás militares, sus condenas oscilaron entre los 37 y 52 años de cárcel. El mismo juez declaró estos crímenes relacionados a los falsos positivos como delitos de lesa humanidad, al encontrar que fue un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, población que además era vulnerable y que de alguna manera era considerada de poca importancia para los victimarios.190

·       Crisis de las pirámides en Colombia. En esta ocasión el estado tuvo que intervenir drásticamente, declarando el estado de emergencia social en el país, debido a una serie de acontecimientos ocurridos a raíz de la quiebra de varias empresas que, bajo diferentes figuras, ofrecían grandes retornos de inversión a sus clientes y que han sido acusadas por las autoridades colombianas de actividades ilegales como esquemas piramidales, captación masiva e ilegal de dinero y lavado de activos (las más importantes y protagonistas de este escándalo; Proyecciones D.R.F.E. y D.M.G. Grupo Holding S.A.). La sospecha de inversiones en pirámide ha hecho que los medios de comunicación se refieran originalmente a todas estas empresas como Pirámides, aunque se sospecha que algunas de ellas escondían otro tipo de delitos como lavado de dinero, producto de otras actividades ilegales como el narcotráfico.191 192 193 Estas empresas no solo lograrón afectar la economía de varios departamentos como PutumayoNariñoCaucaValleCundinamarcaAntioquiay las regiones del Tolima Grande, el Eje Cafetero y la Costa Caribe,194 sino que a su vez logró afectar la economía del país. Se estima que el dinero invertido por los afectados en estas empresas oscila en los $2.16 billones de pesos (más de USD$900 millones a la tasa de 2008).195 196 197 198

·       La DMGpolítica. Suscitada a raíz de la intervención, por parte del Estado, de la empresa de esquema piramidal D.M.G. Grupo Holding S.A., luego de la crisis económica, social y de orden público generada por esta clase de empresas en Colombia.199 La W, emisora radial del país, dio a conocer unas grabaciones en las que David Murcia Guzmán, gerente de D.M.G., conversa con su cuñado William Suárez (ambos capturados por la justicia), dejando en evidencia la presunta entrega de $400 millones de pesos (USD$ 167.000 a la tasa monetaria de 2008) como contribución a la campaña política del excandidato a la gobernación de Boyacá y luego Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria Buitrago (a quien nunca se le abrió investigación por estos hechos).200 En dicha grabación, Murcia Guzmán manifestó haber apoyado a 10 políticos ganadores en las elecciones de 2007.200 Asimismo, la Fiscalía advirtió que también existirían nexos entre D.M.G. y algunos congresistas para favorecer, mediante leyes, intereses comerciales de la compañía.200 El entonces Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, anunció investigación disciplinaria contra gobernadores, diputados y alcaldes que estuvieran vinculados a este escándalo y anuncio también que le pedirá al Consejo Nacional Electoral los resultados financieros de los campañas para gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, con el propósito de establecer si estas campañas recibieron dineros de D.M.G.201 202 De estas investigaciones, sólo una dio frutos al destituir e inhabilitar para ejercer cargos públicos al expersonero de Bogotá; Francisco Rojas Birry, además de ser enviado a prisión por 8 años.203 De igual manera, la Fiscalía abrió investigación contra los entonces gobernadores de Bolívar, Joaco Berrío, y Magdalena, Omar Díazgranados, por sus presuntos vínculos con D.M.G.204

2007[editar]

·       Escándalo de Commsa. Pleito iniciado por el estado en los años 1990 con la firma colombo-española Commsa (que tiene entre sus accionistas a Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid), debido a la no construcción de una carretera clave para el país (la Troncal del Magdalena), del cual Commsa ofreció pagar una indemnización de $119 mil 987 millones de pesos (más de USD$ 53 millones de dólares en ese año) para acabar el pleito, por lo cual los organismos de control del estado denunciaban que este podría perder dinero, y en consecuencia haber detrimento patrimonial, si se aceptaba este pago de la firma constructora.205 Al final, se concretó el acuerdo y las investigaciones por el supuesto detrimento patrimonial se archivaron.206

2006[editar]

·       Destitución del Alcalde de Cali. En diciembre, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 16 años al alcalde en ejercicio de la ciudad de CaliApolinar Salcedo, por irregularidades en la celebración de un contrato que entregó a particulares el recaudo de los impuestos de la capital del Valle del Cauca. El ente de control confirmó que el contrato se firmó por fuera de los tiempos autorizados, que el contratista no ofrecía las suficientes garantías y que el Alcalde desconoció abiertamente los principios de transparencia y objetividad. No obstante, el Concejo de la ciudad, la División de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, la Procuraduría Regional y las veedurías ciudadanas le habían advertido de la inconveniencia de realizar este contrato; aún así, el alcalde lo firmó el año anterior. Por este hecho, su Secretaria de Hacienda, María del Rosario Peña, también fue destituida e inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos.207 En 2013, el exalcalde Salcedo demandó a la Procuraduría ante el Consejo de Estado para retirar la sanción interpuesta por el ente de control, reclamando además los sueldos que dejó de devengar.208

·       La Parapolítica. Escándalo de corrupción política en el que se descubrieron vínculos de políticos con paramilitares posterior al proceso de desmovilización que adelantaron las Autodefensas Unidas de Colombia, mediante un documento firmado por los implicados y conocido por la opinión pública como el Pacto de Ralito. Se descubrió, entre otras cosas, que el exdirector del DAS, Jorge Noguera, habría puesto el organismo de seguridad a disposición del paramilitar Jorge 40; por este hecho, fue privado de la libertad y condenado por concierto para delinquir y homicidio agravado.209 Adicionalmente, por este hecho han sido condenados más de 50 congresistas, entre senadores y representantes a la cámara, del periodo de Álvaro Uribe;210 además de funcionarios del gobierno, departamentales y municipales.

·       Desfalcos a Cajanal. Los abogados Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo Gutiérrez, mediante tutelas y otros documentos irregulares, utilizaban a particulares para que cobraran pensiones de la liquidada entidad estatal Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), tramitando además de manera irregular ante la justicia estas pensiones de gracia para supuestos docentes que no lo eran realmente, apropiándose de más de $50 mil millones de pesos, sin contar el dinero que salió de las arcas de Cajanal para el pago de dichas mesadas durante varios años (en total el desfalco podría sumar unos $600.000 millones de pesos colombianos, más de USD$ 220 millones en 2006). Los beneficiarios recibían el 50% del pago y los penalistas guardaban el resto del dinero en cajas fuertes. Aunque las investigaciones comenzaron en 2006, los 2 implicados fueron condenados en 2013 por el Tribunal Superior de Bogotá a 8 años y 6 meses de prisión a Cabrera Polanco y a 7 años y 6 meses a Guilombo Gutiérrez, además del pago de una multa a los dos de $269 mil 622 millones de pesos (más de USD$ 102 millones a la tasa de 2006).211 Uno de los implicados, Armando Cabrera, ya había sido condenado por hechos similares a la misma entidad en 1989, esta vez junto a su hermano Omar Cabrera Polanco, quienes a través de falsificaciones de fallos judiciales y con la complicidad de algunos jueces, lograron desfalcar en más de $5.000 millones de pesos a la desaparecida Cajanal (más de USD$ 11 millones de la época), a través de cobros ilegítimos de acreencias laborales.212 213Este escándalo incluso logró salpicar al entonces senador Hernán Andrade, por lo que la Corte Suprema de Justicia lo investigó en 2008,214 absolviéndolo en 2014 por falta de pruebas.215 En 2016 se abrió investigación por parte de la Fiscalía contra otro abogado que participó en otro desfalco a Cajanal en Cartagena, Manlio Aristio Barrios Buelvas, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación en calidad de interviniente y fraude procesal en calidad de autor, como supuesto responsable de un desfalco a Cajanal por cerca $9 mil millones de pesos en 2006 (USD$ 3.679.000 de ese año). Según el ente acusador, Barrios Buelvas presentó ante el Juzgado 7 Laboral del Circuito de Cartagena una acción de tutela por la que fueron favorecidos 21 docentes del orden nacional que él representaba; estos docentes les fue otorgada una pensión de gracia por parte de Cajanal a la que; por ley, solo tienen derecho profesores que dependen salarialmente de gobernaciones y alcaldías. Según la Fiscalía, aunque el fraude a Cajanal fue de $9 mil millones de pesos, la cifra ha aumentado con el pasar de los años y se calcula que se incrementó a 2016 en alrededor de 40 mil millones de pesos (más de USD$ 13.700.000 a diciembre de 2016).216

2004[editar]

·       Escándalo de Invercolsa. Estalló durante el período de Fernando Londoño como Ministro del Interior y de Justicia, en el período presidencial de Álvaro Uribe. La Superintendencia de Sociedades le impuso una sanción a Londoño por adquirir de manera indebida 145 millones de acciones de la firma Invercolsa por un monto de $9.000 millones de pesos en mayo de 1997 (casi USD$7 millones de dolares en ese año), obligándolo a presentar su renuncia al cargo de ministro en 2004.217 Invercolsa era una empresa de la petrolera estatal Ecopetrol que manejaba inversiones en campos petroleros. En febrero de 2007, una sentencia judicial ordenó a Londoño restituir las acciones de Invercolsa adquiridas, al ratificar que el exministro presentó una certificación falsa que lo acreditaba como propietario de esas acciones. El Juzgado determinó que Fernando Londoño Hoyos no adquirió ni fue poseedor de buena fe de los 145 millones de acciones de Invercolsa S.A. y ordenó que, en término de 5 días, el exministro Londoño debía restituir a Ecopetrol los dividendos recibidos de Invercolsa por cada uno de los períodos en que los percibió.218 Decisión que fue inmediatamente apelada por el exministro y en 2005, una sala de conjueces del Consejo de Estado dejó sin efecto la sentencia, ante lo cual Ecopetrol y la Procuraduría siguieron insistiendo. Finalmente, la Corte Constitucional les dio la razón a ambas entidades, aunque al día de hoy (2016) las acciones no han sido devueltas.219

1999[editar]

·       Escándalo de Dragacol. Suscitado por el pago de $1.2 billones de pesos colombianos (casi USD$600 millones de dólares en 1999) de un contrato firmado entre entidades del estado y la empresa Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A (Dragacol), en marzo de 1999. Dragacol no cumplió con el contrato para la ejecución de dragados en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, al río Magdalena y al canal de acceso del puerto de Buenaventura. En la conciliación laboral entre Dragacol y el Ministerio del Trabajo por incumplimiento del contratista, se llegó a un acuerdo económico por cerca de $26 mil millones de pesos colombianos (casi USD$13 millones de dólares) a favor del estado, firmado el 6 de noviembre de 1998, haciendo evidente una falla en las exigencias económicas al contratista. Fue denunciado en el Congreso de Colombia por el entonces senador Javier Cáceres Leal (condenado años después por el escándalo de la parapolítica). Más de 30 funcionarios fueron investigados a raíz de estos hechos.220

·       Escándalo de Foncolpuertos. En el que un gran número de personas, entre empleados públicos y del común, fueron condenadas por falsificar documentos públicos, prevaricato, peculado por apropiación y concierto para delinquir, ya que cobraban de forma fraudulenta pensiones de la liquidada empresa del estado "Puertos de Colombia" a través de su fondo de pensiones (Foncolpuertos).221 Un saqueo a la nación calculado en más de $11 mil millones de pesos (cerca de USD$5 millones 500 mil dolares de la época).222El caso fue discutido ampliamente en el Congreso de Colombia, en el que se destacaron las palabras de la entonces senadora Íngrid Betancourt, acusando directamente a los expresidentes Ernesto Samper y César Gaviria.223

·       Escándalo de Chambacú. Descubierto durante el gobierno de Andrés Pastrana, pero que afectó también a funcionarios de las administraciones de César Gaviria y Ernesto Samper, en el que se acusó principalmente a los exministros de DesarrolloFernando Araújo Perdomo y Luis Alberto Moreno de, supuestamente, habersen aprovechado de sus cargos, según denuncias públicas hechas contra ellos, para negociar en términos favorables a la entonces entidad estatal encargada de los proyectos de Vivienda de Interés Social en el país (Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE), y al Consorcio Chambacú de Indias S.A., del cual eran socios, un lote para desarrollar un proyecto de construcción llamado "Chambacú" en la ciudad de Cartagena de Indias, cuyo objetivo era presentar una "imagen más amable" a los turistas de este sector (conocido también como Chambacú), desalojando a la población afrodescendiente que vivía en el lugar formando asentamientos irregulares de extrema pobreza. El sector era codiciado desde hace años por su estratégica ubicación entre los principales atractivos turísticos de Cartagena, el Castillo de San Felipe y la Ciudad Amurrallada o Centro Histórico.224 El periodista Ignacio Gómez publicó un artículo denunciando el drama de 35 familias afrocolombianasque, a través del Estado, habían sido despojadas de sus tierras en la zona de Chambacú conocida como Papayal, de las cuales no aparecieron los registros catastrales en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (entidad del estado que maneja el inventario nacional de inmuebles públicos y privados del país) aún teniendo los títulos de propiedad en sus manos. El 1 de marzo, el entonces Fiscal General de la NaciónAlfonso Gómez Méndez, y Procurador General, Jaime Bernal Cuellar, anunciaron que se abrirían indagaciones penales y disciplinarias por irregularidades y conflicto de intereses a todos los funcionarios involucrados en el escándalo, entre ellos, Araújo y Moreno. Durante su secuestro de 7 años a manos de las FARC, los cargos contra Fernando Araújo precluyeron, igual que los existentes contra Luis Alberto Moreno.

1995[editar]

·       Proceso 8000. Se investigó y condenó a prisión a congresistas, candidatos y ministros en el mandato de Ernesto Samper. Este proceso se abrió cuando se descubrió el financiamiento del Cartel de Cali a la campaña del entonces candidato presidencial Ernesto Samper;225 226 al ser el presidente en ejercicio, no podía ser investigado ni juzgado por la justicia ordinaria sino por el Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Luego de 4 años de su periodo presidencial y con todas las pruebas y testimonios para ser inhabilitado de su cargo, la comisión absuelve de manera polémica al presidente Samper, archivando el proceso.227

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