ASESINATOS POR GOTEO DE LIDERES SOCIALES

05.09.2017 20:51

 

Es claro que en Colombia, durante los últimos cinco años, parte de la clase política, algunos medios de comunicación, ciertos sectores de la economía, y especialmente una porción importante de la sociedad civil, hemos aceptado progresivamente que vivimos un conflicto armado de larga data, que es fundamental hacer acuerdos de paz con grupos insurgentes, tal como el alcanzado entre el gobierno colombiano y las Farc – EP luego de cuatro años de diálogos en La Habana, y que un paso fundamental para lograr una paz estable y duradera es la reparación integral a las víctimas, la verdad de los hechos victimizantes y la materialización de la justicia transicional, social y ambiental. No obstante, a pesar de expresiones evidentes como la desmovilización y el desarme de las Farc – EP, proceso que ha incluido la aprobación de un paquete de normas ordinarias y reformas constitucionales que faciliten la reintegración de los excombatientes a la vida civil así como su tránsito a partido político, el proceso cada día se vuelve más frágil. Esta fragilidad no solo radica en la estrategia sistemática de sectores legales e ilegales de la ultraderecha, quienes se oponen intencionalmente a cualquier iniciativa relacionada con los acuerdos de La Habana y la restitución de tierras, sino porque durante el 1 de enero de 2016 y el 15 de marzo de 2017 han asesinado a 156 líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos que ejercían sus actividades principalmente en zonas rurales y periferias urbanas. 

Según el Informe especial de riesgo violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, estos asesinatos han ocurrido en los departamentos de Antioquia [25], Arauca [6], Atlántico [3], Bolívar [6], Caldas [1], Caquetá [2], Casanare [2], Cauca [44], Cesar [4], Córdoba [8], Cundinamarca [9], Chocó [3], Huila [1], La Guajira [2], Magdalena [3], Meta [2], Nariño [7], Norte de Santander [8], Putumayo [3], Risaralda [5], Santander [1], Tolima [4] y Valle del Cauca [7]. Además de los homicidios mencionados, el informe señala que durante el mismo periodo se han documentado 33 casos de atentados ocurridos en los departamentos de Antioquia [3], Arauca [1], Atlántico [1], Caquetá [1], Casanare [2], Cauca [1], Córdoba [1], Cundinamarca [1], Huila [1], La Guajira [1], Magdalena [1], Meta [1], Nariño [3], Norte de Santander [1], Putumayo [1], Quindío [2], Risaralda [7], Sucre [2] y Valle del Cauca [2]. El informe también admite que se registraron 5 casos de desaparición forzada de líderes en los municipios de Granada y Soacha (Cundinamarca), Vista Hermosa (Meta), El Zulia y Tibú (Norte de Santander), y que se han evidenciado al menos 500 casos de amenazas contra estas personas, de las cuales 61 corresponden a amenazas colectivas.

Esta situación, ampliamente denunciada por organizaciones de la sociedad civil, algunos medios de comunicación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, la cual está respaldada rigurosamente, según esta última entidad, por datos suministrados por organizaciones humanitarias, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH), el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos (PNGPDDH), Somos Defensores y la Comisión Colombiana de Juristas, entre otros, no solo muestra la existencia de una amenaza latente hacia la población civil, relacionada con la presencia de actores armados en los territorios (a veces en alianza), entre ellos grupos dedicados al despojo de tierras, al narcotráfico, a las economías ilegales y a las acciones de limpieza social paramilitar presentes desde hace décadas en el país. También muestra un aspecto dramático de este escenario de transición en el que algunos sectores parecen imponerse al anhelo de la paz, a través de múltiples formas de violencia: la naturalización de la muerte (por goteo) de las víctimas de la guerra.

La muerte (por goteo) de las víctimas del conflicto armado en la actualidad es un suceso evidente. En oposición a las masacres y a la deshumanización desbordada (teatralización del exceso según Elsa Blair) perpetrada a pobladores e integrantes de organizaciones de base, movimientos sociales y partidos de izquierda, tal como ocurrió tiempo atrás con el genocidio político de la Unión Patriótica, la actual estrategia busca eliminar a través de “hechos aislados” a personas que cumplen funciones estratégicas en la defensa de los derechos humanos y la movilización de las comunidades para exigir la restitución de sus tierras o la reparación integral. Al no ser una masacre o un evento espectacular para los medios de comunicación hegemónicos, y por el hecho de estar inscritos en una suerte de dispersión difusa de violencia en el territorio nacional, estos actos mortíferos se vuelven parte del paisaje, datos estadísticos según el Ministerio de Defensa o “amenazas para la paz” según el Ministerio del Interior. En el fondo, se trata de un imaginario latente en el que la sociedad naturaliza el sacrificio de estas personas subalternas, generalmente ubicadas en el lugar ontológico de los pobres, los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes y los jóvenes. En suma, sus figuras se convierten en inevitables cuotas que el mal reclama.

Franz Fanon, un intelectual y militante martiniqueño dedicado al psicoanálisis y el análisis histórico de la matriz colonial de Abya Yala (América Latina y el Caribe), explicó hace varios años en un libro titulado Los condenados de la tierra que los negros (término original) no solo fueron sometidos de manera estratégica a la esclavitud como parte de la economía extractivista europea, sino que su modo de ser enunciados por los colonizadores respondía a su supuesto carácter animal y residual. En otras palabras, en el marco de una organización de castas basada en la jerarquía de las razas y la posesión de la tierra, la sociedad confinó a los negros al espacio de lo subhumano, algo así como a una vida en el infierno, situación que admitía su sacrificio. Si bien podría parecer exagerado el símil, la situación de los líderes caídos así como de las comunidades que actualmente se encuentran en la lucha por sus derechos los convierte en los condenados de la tierra, pues no solo se trata de víctimas del conflicto que están en amenaza de muerte sino en individuos que pueden ser eliminados por su simple condición de sobrevivientes, quienes además están al margen del centro urbano-blanco-burgués-ilustrado-heterosexual.

La tarea del Estado en los territorios para proteger a estas personas y materializar los compromisos de la ley de víctimas, así como los acuerdos de La Habana, es inmensa. Tal vez se trata de un Estado que por fin haga presencia en aquellos lugares donde nunca ha permanecido para garantizar derechos (no para asistir y revictimizar). Sin embargo, más allá de las deudas jurídico-políticas de la institucionalidad con estas poblaciones, este fenómeno, en el que la sociedad naturaliza la eliminación por goteo de líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos, como una situación normal dada la condición ontológica de estas personas, y como parte de un síntoma social que coloca a los subalternos como cuotas de sacrificio humano, exige pensar otros caminos morales, culturales y educativos para la construcción de paz y reconciliación en Colombia.

Edición 557 – Semana del 1º al 7 de Septiembre de 2017